Concepción Velazquez Navarrete
Expediente 378/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/07/2016
Partes del expediente
- Concepción Velazquez Navarrete
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibida la demanda de amparo signada por xxx en su carácter de representante legal de, xxx, contra actos del: 1. Ayuntamiento Constitucional de Pedro Escobedo, Querétaro; 2. Presidenta Municipal de Pedro Escobedo, Querétaro; y, 3. Tesorero Municipal Encargado de las Finanzas Públicas municipales de Pedro Escobedo Querétaro. ANOTACIONES Se forma el expediente correspondiente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 378/2016-III-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en: La ilegal expedición de licencias municipales que, sin autorización como propietaria se pretende otorgar al señor xxx o a otros terceros, para la celebración de eventos y/o exhibición de espectáculos públicos en el Centro de Espectáculos EL PASO, que se encuentra en la parcela de mi propiedad, que es la número xxx, amparada con certificado de propiedad xxx expedido por el Registro Agrario Nacional. Lo anterior por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de Amparo Indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un medio de defensa establecido en la norma secundaria, en el caso, los preceptos 109 y 113 del Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, que establecen lo siguiente: Artículo 109. Los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas del Estado y municipios, así como de sus órganos descentralizados y fideicomisos, que pongan fin a un procedimiento o instancia, podrán interponer el recurso de revisión, siendo optativo agotarlo o acudir a la vía jurisdiccional contencioso administrativa. Artículo 113. La ejecución del acto reclamado se suspenderá, siempre que concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite expresamente el recurrente; II. Que el recurso sea admisible y se haya interpuesto en tiempo; III. Que no se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Que se garantice el interés fiscal, conforme al Código Fiscal del Estado de Querétaro. La autoridad administrativa deberá acordar, en su caso, el otorgamiento de la suspensión del acto o la denegación de la petición, dentro de los cinco días siguientes a la interposición del recurso. La falta de acuerdo se entenderá por otorgada la suspensión. Asimismo, la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, dispone en sus numerales 20 y 42, lo siguiente: Artículo 20. El juicio ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo es improcedente: I. Contra actos emanados de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como de autoridades en materia electoral y laboral; II. Contra actos del propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo; III. Contra actos o resoluciones que hayan sido materia de otro juicio contencioso administrativo, en el que exista identidad de partes y se trate del mismo acto Impugnado, aunque las violaciones reclamadas sean las mismas, siempre que exista sentencia ejecutoria que haya decidido el fondo del asunto; IV. Contra actos que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante la autoridad que lo emitió o ante el propio Tribunal, cuando exista identidad de partes y por el mismo acto administrativo, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; V. Contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del actor; VI. Contra actos o resoluciones que hayan sido tácita o expresamente consentidas; VII. Contra actos consumados de modo irreparable; VIII. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto alguno, legal o material, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal aplicable. Artículo 42. Sólo podrán iniciar un juicio o intervenir en él, las personas que tengan un interés jurídico o legítimo en que fundar su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público e interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto determinado como de los integrantes de un grupo de individuos diferenciado del conjunto general de la sociedad. [Énfasis propio]. De los enunciados normativo trascritos, se advierte que los actos reclamados, son recurribles o procede contra ellos el juicio contencioso administrativo local, a través de los medios de impugnación ordinarios establecidos en los artículos de las legislaciones precitadas. Ahora bien, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL, ha establecido como enunciado jurídico, que la definitividad deba ser agotado, siempre y cuando el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos lo siguiente: Sea efectivo; Idóneo; y Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la posibilidad real de interponer un recurso sencillo.Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, los medios de defensa -recurso de revisión o juicio contencioso administrativo- reúnen dichos requisitos, pues este es efectivo, en razón que están previstos en las normas referidas, en sus numerales transcritos; es sencillo su trámite, pues basta un escrito de la parte afectada, en el que se haga valer el acto impugnado. Es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene en su caso como fin revocar o anular la los actos impugnados, ya que se tramita, con un escrito de expresión de agravios, ante el superior de la autoridad que emitió el acto o tratándose del juicio contencioso administrativo, ante el juez de lo contencioso administrativo del distrito que corresponda, dentro de veinte días siguientes al de la notificación del acto reclamado si se trata del recurso de revisión o dentro de los quince días posteriores a la notificación del acto, si se trata del juicio contencioso administrativo. Asimismo, el acto reclamado no encuadra dentro de alguna de las excepciones que prevé la fracción en estudio del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues las normativas precitadas en sus partes aplicables, conceden la suspensión de los actos reclamados, tal como ha quedado transcrito respecto de la primera norma y, por cuanto a la segunda, dicha suspensión se encuentra contenida en los artículos 45 al 49. Dichos numerales establecen que la suspensión se concede de oficio y a petición de parte, incluso con efectos restitutorios; exigiendo únicamente que se garantice el interés fiscal si éste existiera, situación que es concordante con los artículos 125 y 135 de la Ley de Amparo. Asimismo, dichos numerales establecen que no se concederá la suspensión cuando causen perjuicio evidente al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, numeral que es de idéntico contenido al artículo 129 de la Ley de Amparo. Por tanto, al ser dichos medios de defensa ordinarios, idóneos, efectivos y resolverse en un plazo razonable, es evidente que la quejosa, previo a venir al juicio de amparo, tiene la obligación de agotar cualquiera de los medios ordinarios referidos, pues tiene a su disposición cualquiera de ellos, en forma optativa. Asimismo, el segundo de los ordenamientos precitados, en su artículo 42, establece que el juicio contencioso administrativo local, se puede iniciar aduciendo interés legítimo, como ocurre en el caso; por lo que la persona moral quejosa, tiene expedita su legitimación para instar cualquiera de los medios ordinarios referidos. En este orden de ideas, resulta obligatorio para la aquí quejosa, agotar el medio ordinario de defensa, previo a acudir al juicio de amparo. En tal situación, se desecha la demanda presentada por María Sofía Moreno Velázquez, en su carácter de representante legal de Concepción Velázquez Navarrete. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en xxx. Asimismo, se tiene por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia a xxx, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente con las facultades a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Amparo al resto de las personas que indica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene a la parte quejosa, oponiéndose a la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de julio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la 1. Subdirectora de Amparos, en representación de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (en su denominación correcta). Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, se tiene como delegados de la responsable, a las personas que señala en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.
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