Concepción Vázquez Ramos
Expediente 1115/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1115/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Concepción Vázquez Ramos
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda, en el término legal, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de treinta y uno de agosto del año en curso; por lo tanto, se provee: ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: - La omisión de la Subdelegación y Oficina de Cobros Naucalpan, dependiente del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional del Estado de México Poniente, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de dar respuesta a su solicitud de pensión por viudez, presentada por medio de Correos de México el once de julio de dos mil veintitrés, y recepcionado el veintiuno de julio del año en curso. DESECHAMIENTO Este juzgador estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII,1 en relación con el diverso 8°2 de la Constitución Federal. De conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene el derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a la cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad 1Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 2Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. a quien se haya dirigido, teniendo la obligación de hacerlo del conocimiento del solicitante en breve término. En ese sentido, si el gobernado estima que su derecho de petición ha sido infringido por la omisión de la autoridad a dar respuesta a su solicitud, causándole con ello un perjuicio o agravio, puede acudir al juicio de amparo, a efecto de que le sea restituido el goce del derecho fundamental violado. No obstante, para instar la acción constitucional, como presupuesto de procedencia, el promovente debe acreditar que transcurrió al menos el lapso de tiempo necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle del conocimiento la determinación recaída. En otras palabras, para poder controvertir una omisión por parte de la autoridad responsable, es menester que haya trascurrido el plazo que la ley dispone para dar contestación a las peticiones. De este modo, para determinar si una autoridad omite contestar una petición hecha por un gobernado en breve término, debe atenderse a la naturaleza de la petición que se le hace, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud material y legal de poder emitir el acuerdo correspondiente. En principio, debe decirse que no se advierte que haya transcurrido en exceso el término para producir y hacer del conocimiento de la peticionaria del amparo, la respuesta a su solicitud presentada por Correos de México el once de julio de dos mil veintitrés, recepcionado el veintiuno de julio del año en curso (tal como aparece en el seguimiento de la guía correspondiente), al tomar en cuenta que la autoridad responsable necesita de un tiempo prudente para realizar las gestiones necesarias para dar contestación a la petición hecha por la parte quejosa. En ese orden de ideas, se torna necesario precisar que toda autoridad ante quien alguna persona formule, por escrito, cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición; debiéndose entender por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omisión de alguna cuestión, sin que existan consideraciones contrarias entre sí y respetando los principios de congruencia y, por lo segundo, que la respuesta debe emitirse en un lapso de tiempo en que, racionalmente, pueda estudiarse y acordarse una petición, y ésta debe darse a conocer al solicitante. En el caso concreto, la parte quejosa refiere que se duele de la omisión de la Subdelegación y Oficina de Cobros Naucalpan dependiente del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional del Estado de México Poniente, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de dar respuesta a su solicitud de pensión por viudez, presentada por Correos de México el once de julio de dos mil veintitrés, recepcionado el veintiuno de julio del año en curso, por lo que a la fecha de presentación de la demanda - treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés- transcurrieron veintiocho días hábiles para resolver sobre su solicitud, término que se encuentra dentro de los parámetros pertinentes para su análisis, conforme a la naturaleza de lo solicitado. Máxime que de un análisis integro de la demanda de amparo y de las constancias que adjuntó a la misma, se advierte que la parte quejosa pretende acreditar la recepción del escrito únicamente anexando un timbre de servicio postal y el seguimiento de la diligenciación, por lo que en estricto sentido, dicho timbre no puede equipararse al acuse que dé certeza de que la promovente realizó la solicitud de pensión de viudez, porque no existe evidencia de que la autoridad que refiere como responsable la haya recibido en la fecha que aparece en el seguimiento de envíos -veintiuno de julio de dos mil veintitrés-, tampoco que el contenido de dicho timbre sea la solicitud de la quejosa, inclusive, se reitera, que del timbre postal se aprecia como fechas de envío once de julio y de recepción en el servicio postal "Administración Postal Naucalpan de Juárez, Méx." veintiuno de julio, ambas del año en curso; de ahí que no ha transcurrido un plazo razonable para obtener respuesta de la responsable. Asimismo, a fin de robustecer que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no ha transcurrido un plazo excesivo para que la autoridad aquí señalada como responsable, de una respuesta a la petición hecha por la aquí quejosa, se invoca lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 29/2022, consistente en que la autoridad a la cual se solicita la pensión, cuenta con un lapso máximo de tres meses para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. Por lo tanto, en el supuesto de que la persona solicitante del beneficio pensionario no obtenga una respuesta en el lapso indicado, será entonces cuando esté en posibilidad de iniciar el procedimiento especial de seguridad social, sin que sea necesario exhibir la resolución de negativa de pensión, lo cual deberá precisar en los hechos que detalle en su demanda, pero acompañando la solicitud respectiva en la que conste de manera fehaciente la fecha de su presentación, a efecto de que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de valorar su admisión. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 36/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, junio de 2023, Tomo V, página 4152, registro digital 2026696, que dice: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA DEMANDA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 899-C, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES NECESARIO EXHIBIR LA RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO O NEGATIVA DE PENSIÓN O, EN SU CASO, ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE PENSIÓN RESPECTIVA CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NO OTORGUE UNA RESPUESTA EN EL PLAZO RAZONABLE DE TRES MESES. Hechos: En un conflicto individual de seguridad social una persona reclamó el otorgamiento y pago de una pensión de vejez. Al dar contestación, el Instituto Mexicano del Seguro Social sostuvo que la acción era improcedente al no exhibir la accionante en juicio la resolución de negativa de pensión, como lo exige el numeral 899-C de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien para la procedencia del juicio especial de seguridad social, la parte actora tiene la obligación de acompañar a la demanda la constancia relativa al otorgamiento o negativa de pensión por ser un requisito de procedibilidad, también lo es que puede presentarse la solicitud de pensión respectiva ante el Instituto, cuando éste no otorgue una respuesta en el plazo razonable de tres meses. Justificación: En la jurisprudencia 2a./J. 32/2019 (10a.), de rubro: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y LOS HECHOS QUE LA SUSTENTAN DEBEN OFRECERSE Y EXHIBIRSE CON LA DEMANDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", esta Segunda Sala estableció que de conformidad con el artículo 899-C, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, es obligación de la accionante exhibir con la demanda la constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión. Sin embargo, el cumplimiento del mencionado requisito queda sujeto a que el derechohabiente solicite el otorgamiento del beneficio pensionario y obtenga respuesta en un plazo razonable. Ahora bien, para determinar dicho plazo debe atenderse a la naturaleza administrativa del mencionado Instituto, por lo cual, de conformidad con lo previsto por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se estima que dicha autoridad cuenta con el lapso máximo de tres meses para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada, que deberá computarse a partir de que le sea presentada la solicitud respectiva, entendiéndose que en caso de exceder dicho plazo sin que sea emitida la resolución, se entenderá negado el otorgamiento del beneficio pensionario. Por tanto, en el supuesto de que la persona derechohabiente solicitante del beneficio pensionario no obtenga una respuesta en el lapso indicado, estará en posibilidad de iniciar el procedimiento especial de seguridad social, sin que sea necesario exhibir la resolución de negativa de pensión prevista en el mencionado precepto legal, lo cual deberá precisar en los hechos que detalle en su demanda, pero acompañando la solicitud respectiva en la que conste de manera fehaciente la fecha de su presentación, a efecto de que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de valorar su admisión." En consecuencia, este Juzgador considera que la omisión reclamada en esta vía constitucional, hasta ahora, no existe, pues como ya se indicó, en la especie aún no ha transcurrido el tiempo necesario para que la autoridad responsable analice la procedencia o no de la solicitud de la parte inconforme, dé contestación a la misma y notifique el acuerdo o acuerdos recaídos. Situación que no implica un detrimento en los derechos humanos de la parte quejosa, en virtud de que es necesario conceder debida oportunidad a la autoridad, a fin de realizar la tramitación correspondiente y, con ello, dar una respuesta congruente a la petición ante ella presentada. Ilustra lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible a foja 41, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXXXI, Tercera Parte, Sexta Época, con registro digital 266384, que establece: "PETICION, DERECHO DE. CUANDO NO SE CONSIDERA TRANSGREDIDO EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1955 al Semanario Judicial de la Federación expresa: ... "Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". Como se ve, la repetida tesis no establece que deban pasar más de cuatro meses sin contestación a una petición, para que deba considerarse transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto. El mismo precepto impone a los funcionarios y empleados públicos la obligación de respetar el derecho de petición y demanda que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Esas obligaciones no disminuyen porque las peticiones requieren un estudio cuidadoso de parte de la autoridad o la elaboración de un dictamen e inclusive es claro que el acuerdo respectivo, cuando ese estudio requiera de tiempo más o menos considerable, podrá consistir en el mandamiento de que se le haga saber así al peticionario." Aunado a que de considerarse el acto reclamado como una abierta dilación por parte de la responsable, se daría cabida a la promoción interminable de juicios de amparo, en los puestos en que no se acordaran de inmediato las solicitudes de las partes, lo que no desvirtuaría la finalidad del juicio constitucional, que lo es el de reparar violaciones a derechos sustantivos. Máxime que en el caso concreto, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que si la autoridad responsable persiste en su actitud omisa y se actualiza la abierta dilación, tiene expedito su derecho para promover el medio de defensa conducente. Incluso, admitir y dar trámite al juicio intentado, a nada práctico llevaría -jurídicamente-, razón por la cual, se considera oportuno que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido en el principio de prontitud en la impartición de justicia, prevista en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que la rigen, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En tales condiciones, es evidente la actualización de la causa de improcedencia en estudio y, por ende, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 de la normatividad de la materia. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito firmado vía electrónica por Sonia López Sánchez, representante especial del menor de edad de iniciales ********************, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos respecto a la vista otorgada en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, con el oficio y constancias enviadas por la autoridad responsable Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas los mismos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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