Concepcion Sofia Interian Castro
Expediente 1595/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1595/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Concepcion Sofia Interian Castro
Actuaciones
- Principal
MESA V. Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que comunica que recibió en ese Tribunal el recurso de queja interpuesto por CONCEPCIÓN SOFÍA INTERÍAN CASTRO, contra del auto de diecinueve de noviembre del año en curso, integrándose el Toca número 313/2019, de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA V. Agréguese a estos autos la copia del escrito de la quejosa CONCEPCION SOFIA INTERIAN CASTRO, mediante el cual interpone el recurso de queja en contra del auto de diecinueve de noviembre del año en curso, dictado en estos autos; en mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 97 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de diecinueve de noviembre del año en curso, se desechó la demanda de garantías en el presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. En tal virtud, remítase la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, sin que haya necesidad de otorgarle a la parte quejosa el plazo de tres días que consigna el artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de la naturaleza del acto que reclama, así como el escrito original de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, y la copia de éste que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, obténgase copia certificada del escrito de interposición del recurso de queja aludido y agréguese a estos autos, lo anterior a fin de que se pueda constatar la fecha en la que se interpuso tal recurso. Finalmente, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga.
- Principal
MESA V. Vista la demanda de amparo promovida por CONCEPCIÓN SOFIA INTERIAN CASTRO, contra actos que reclama de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. Ahora bien, de la lectura de la demanda que nos ocupa, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:... A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. De la transcripción anterior se desprende que regula el principio de definitividad respecto de actos reclamados de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley aplicable establezca para atacarlos, con la finalidad de modificarlos, revocarlos o nulificarlos. Lo anterior, siempre y cuando la ley que contemple esas vías suspenda los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la quejosa, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Por lo que, existiendo dichos medios ordinarios de impugnación sin que en su oportunidad sean interpuestos por el quejoso, el amparo es improcedente. Lo anterior obedece a la naturaleza del juicio de amparo, ya que es una vía extraordinaria, sui generis, para invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipótesis de su procedencia; lo cual significa que sólo prospera cuando ya se han recorrido todas las jurisdicciones y competencias ordinarias, en virtud del ejercicio de los recursos legales que procedan. Por consiguiente, si existiese la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso o medio ordinario de defensa, y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría el segundo, al convertirlo en otro medio común de defensa; lo anterior es así, ya que si el juicio de amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la pretendida actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado y, su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es inconcuso que, antes de intentarlo, la parte quejosa deba agotar los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación secundaria aplicable. Así, agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante de amparo. En el caso particular, la peticionaria de amparo aduce como antecedentes del acto reclamado que se le otorgó la concesión de pensión por jubilación el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, teniendo como cálculo la cantidad diaria de $717.16 pesos, equivalente a diez salarios mínimos, la cual fue incrementada en los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. Que desde que entró en vigor la Ley de Desindexación del Salario Mínimo en el año dos mil diecisiete, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin notificación previa fundada y motivada, adoptó las UMAS (unidades de Medida y Actualización, y realiza el pago de su pensión tasando el valor de diez veces las UMAS, en lugar de tasar diez veces el salario mínimo. De lo anterior se desprende que el acto reclamado se traduce en la determinación y cálculo del monto de la pensión que el Instituto realizó a la promovente, lo cual representa un tema de legalidad, pues si la intención de la quejosa al promover la protección constitucional, es que se determine que su pensión se redujo y que el Instituto responsable le reintegre las diferencias generadas con motivo de la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización, para dicho propósito debió de haber interpuesto juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En efecto, en los artículos 2, 24, 28, y 50 in fine, todos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se dispone: ... De los dispositivos trascritos se advierte que contra las resoluciones que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, procede el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual tiene como finalidad nulificar, revocar o modificar el acto administrativo combatido. En ese sentido, si la quejosa en esencia se duele de una incorrecta cuantificación de pensión, previo a acudir al juicio de amparo, debió gestionar ante la autoridad administrativa que su pensión le fuera tasada conforme a salarios mínimos y no UMAS y el reintegro de la cantidad diferenciada no pagada; esto, a efecto de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada y contra dicha determinación, impugnarlo a través del juicio de nulidad para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, pues la esencia del acto reclamado descansa en un tema relacionado con los cálculos de montos de la pensión que recibe. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1101, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2017685, que a la letra dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada 2a. X/2003 y de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el Tribunal mencionado." Así como por identidad de razón la jurisprudencia número 2a./J. 78/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 988, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2003874, que señala: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo." Del mismo modo, resulta aplicable, en lo conducente la jurisprudencia número 2a./J. 111/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 326, Tomo XXII, Septiembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 177279, que a la letra dice: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." De lo anterior se colige que el medio ordinario que se debió agotar lo es el Juicio Contencioso Administrativo Federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del cual, existe la posibilidad de suspender el acto, en atención a lo dispuesto por el artículo 28 de le Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En efecto, los artículos 128, 129, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo, que establecen los requisitos para conceder la suspensión definitiva, disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. ..." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía." "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." Según se observa, en la parte que nos interesa, los artículos 128, 129 y 139 de la Ley de Amparo establecen los requisitos o condiciones bajo los cuales procede el otorgamiento de la suspensión, consistentes, a saber: I. Que la solicite el quejoso; II. Que su otorgamiento no produzca perjuicio al interés social, ni la contravención a disposiciones de orden público, el que se ocasionará, entre otros supuestos, cuando de concederse la suspensión, ocurran algunas de las hipótesis previstas en las fracciones I a la XIII, del artículo 129, antes inserto; y, III. Que en caso de no concederse la suspensión, la ejecución del acto reclamado pueda producir consecuencias de difícil reparación al quejoso. Por su parte, el artículo 132 dispone que en los casos en que la suspensión resulte procedente pero ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a un tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante, y que cuando dicha afectación no sea cuantificable en dinero, la garantía se fijará discrecionalmente. Por último, el numeral 135 establece que tratándose de la suspensión contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, ésta se concederá discrecionalmente y la misma surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. En contraste, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relativo a la suspensión de los actos administrativos, establece: "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda (sic) separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." De lo anteriormente transcrito, en lo que aquí interesa, se advierte que el artículo en mención prevé: Que la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado se concederá siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Que tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Que en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable, y que en caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Que en los demás casos, la suspensión se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. En este orden de ideas, se aprecia con claridad meridiana que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, que los consignados en los artículos 128, 129, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo. Así es, de la comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, se advierte que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la Ley de Amparo. Además, la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales, no exime al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos o medios de impugnación que estatuye la ley o reglamento ordinarios, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio constitucional de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. En consecuencia, este órgano de control constitucional concluye que si el acto que se reclama puede ser combatido mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva del acto impugnado, ni plazo mayor para resolver la suspensión provisional, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 502/2012, consultable en la página 988, del Libro XXI, junio de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2003874, cuyo rubro y texto dicen: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1446, Libro XXIV, Tomo 2, Septiembre de 2013, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2004553, que señala: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por CONCEPCIÓN SOFIA INTERIAN CASTRO, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del aludido ordenamiento legal. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, de la parte quejosa el que señala en su demanda de amparo, y como sus autorizados para tal fin, a José Jesús León Rivera, Rossana Rivera Palmero, Gerardo Gabriel Salazar Brito y Karla Arely Huchim Barrera, la segunda de los nombrados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y los restantes, con las limitaciones que señala el artículo antes invocado, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cuanto a la diversa solicitud de la parte quejosa en el sentido del uso de aparatos electrónicos para el seguimiento del presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para que pueda hacer uso de los medios electrónicos que alude en su escrito de cuenta al momento de la consulta del presente asunto. Asimismo, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la Materia, habilítese al actuario de la adscripción para que en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente y regístrese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.Esta foja corresponde a la parte final del acuerdo de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno bajo el número V-1595/2019, en términos de la minuta que se agrega. Conste.
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