Concepcion Serna Wilson

Expediente 335/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
335/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • Concepcion Serna Wilson

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación secretarial y el estado de los autos de los que se desprende que ha transcurrido en exceso el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por********************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, en relación con el numeral 98, ambos de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.********************En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada la parte quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido****************************************Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente.********************Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria.****************************************En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, quince de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón levantada por la actuaria de la adscripción de diez de mayo del presente año de la que se advierte que no le fue posible notificar personalmente a la quejosa ********************, albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de********************y/o********************y/o********************, el acuerdo de nueve de mayo del año en curso, por los motivos que expone; por tanto, con apoyo en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo notifíquese ese acuerdo, este y los autos subsecuentes a la parte quejosa por medio de lista así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. ___________________________________________________Visto el ocurso de cuenta firmado por Concepción Serna Wilson, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Ángela Wilson Wilson y/o María de los Ángeles Wilson y/o María de los Ángeles Wilson de Serna; personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada que acompaña, mediante el cual promueve demanda de amparo contra actos de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con domicilio en esta ciudad y de otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 335/2023-5A. De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De lo anterior se advierte que los referidos preceptos otorgan la facultad al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Ahora, este órgano jurisdiccional advierte que la parte quejosa reclama dos actos, siendo los siguientes: a) El acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós dictado en el juicio sucesorio intestamentario 213/2022 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, por el cual se determinó que se publicaran nuevamente edictos tanto en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, como en Álamos, Sonora, --por ser los últimos lugares donde el de cujus tuvo su domicilio--. b) La resolución de once de abril de dos mil veintitrés emitida en el toca 5/2023-F, mediante la cual confirmó el referido auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós. Ahora, por lo que hace al acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós en el que el juez señalado como responsable determinó que se publicaran nuevamente edictos tanto en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, como en Álamos, Sonora, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado. El citado numeral de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En efecto, la citada causa de improcedencia se materializa cuando la autoridad responsable, sin revocar o dejar insubsistente el acto reclamado, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo. Dicho de otra forma, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del justiciable, al concluir su actuación, pero ello no implica la paralización definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. En el caso, se reitera, Concepción Serna Wilson, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Ángela Wilson Wilson y/o María de los Ángeles Wilson y/o María de los Ángeles Wilson de Serna, reclama del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós. Sin embargo, dicho auto fue recurrido mediante recurso de apelación por la propia albacea, lo que dio origen el toca número 5/2023-F, y posteriormente la diversa autoridad responsable Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, mediante resolución de once de abril de dos mil veintitrés, confirmó el acuerdo materia de dicho recurso. Por tanto, si el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós fue confirmado en sus términos por la autoridad de segunda instancia; ello origina la improcedencia del presente juicio de amparo por cesación de efectos. En efecto, en este juicio de amparo dicha causal de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado, toda vez que el atribuido al juez señalado como responsable, dejó de existir (porque fue confirmado en segunda instancia), por tanto, sus efectos ya no podrán surtir en perjuicio de la parte quejosa, en relación con lo establecido por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Sobre el tópico, el artículo 77 de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional es un medio de control, pues tiene por objeto reparar las violaciones de derechos humanos que un acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos que le han sido transgredidos y, si la fracción XXI, del artículo 61, de la propia Ley, previene que el juicio resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, entonces, no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo si no puede alcanzarse su objetivo protector, ya que el propósito de esta causa se encuentra orientado hacia la imposibilidad de cristalizar el señalado fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo. Sirve de apoyo la tesis V.5o.1 K emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, página 845, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio". Por otra parte, por lo que respecta al diverso acto reclamado consistente en la resolución de once de abril de dos mil veintitrés emitida en el toca 5/2023-F, mediante la cual confirmó el referido auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXXIII en relación con la fracción V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, pues el acto reclamado no lesiona derechos sustantivos ni genera efectos de imposible reparación en detrimento de la parte quejosa. En efecto, los citados numerales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). De conformidad con lo que establece el segundo de esos preceptos legales, el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendidos como tales, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente; determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. De las ejecutorias emitidas en las contradicciones de tesis aludidas, derivó la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Así como la diversa jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, cuyo rubro dice: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Se reitera, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa la resolución emitida el once de abril de dos mil veintitrés en el toca 5/2023-F, mediante la cual confirmó el auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós dictado en el juicio sucesorio intestamentario 213/2022 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa. De la narrativa de la demanda de amparo se advierte que el juicio sucesorio intestamentario de origen fue promovido por José Serna Aguirre y Concepción Serna Wilson a bienes de Ángela Wilson Wilson y/o María de los Ángeles Wilson y/o María de los Ángeles Wilson de Serna, el cual se encuentra en la etapa de partición y adjudicación; asimismo, que el juez primigenio después de recibir el proyecto de partición y adjudicación de herencia, emitió el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós --auto apelado--, en el que determinó que se publicaran nuevamente edictos tanto en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, como en Álamos, Sonora, por ser los últimos domicilios que tuvo la de cujus. De lo antes sintetizado, se advierte que el acto reclamado consistente en la resolución emitida el once de abril de dos mil veintitrés en el toca 5/2023-F, mediante la cual se confirmó el auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, no resulta de ejecución irreparable, puesto que no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, habida cuenta que se trata de una cuestión procesal y, por ende, las violaciones acontecidas durante su tramitación, serán impugnables contra la determinación que dé por concluida la etapa relativa a la partición y adjudicación de bienes dentro de la sucesión. En efecto, es dable precisar de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado tienen su origen en un juicio sucesorio intestamentario; por lo tanto, es importante mencionar que éste constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que su objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una o más personas determinadas. El juicio sucesorio se compone de cuatro etapas: I. La de sucesión (que en su caso comprende el reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos, y el nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores, incluidas las resoluciones sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de derechos). II. La de inventarios y avalúos; III. La de administración y rendición de cuentas; y IV. La de partición y adjudicación, con la que el juicio finaliza. Conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio. Entonces, cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos. En ese orden de ideas, las violaciones procesales habidas durante cada sección son impugnables en el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente. Luego, como se precisó con anterioridad el juicio de origen se encuentra en etapa de partición y adjudicación, para lo cual se traen a colación los artículos 1069 a 1089 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, los cuales refieren: "De la Partición Artículo 1069. Aprobados el inventario y la cuenta de administración, el albacea debe hacer enseguida la partición de la herencia. Artículo 1070. A ningún coheredero puede obligarse a permanecer en la indivisión de bienes, ni aún por prevención expresa del testador. Artículo 1071. Puede suspenderse la partición en virtud de convenio expreso de los interesados. Habiendo menores entre ellos, deberá oírse al tutor y al Ministerio Público y el auto en que se apruebe el convenio, determinará el tiempo que debe durar la indivisión. Artículo 1072. Si el autor de la herencia dispone en su testamento que a algún heredero o legatario se le entreguen determinados bienes, el albacea aprobado el inventario, les entregará esos bienes, siempre que garanticen suficientemente responder por los gastos y cargas generales de la herencia, en la proporción que les corresponda. Artículo 1073. Si el autor de la herencia hiciere la partición de los bienes en su testamento, a ella deberá estarse, salvo derecho de tercero. Artículo 1074. Si el autor de la sucesión no dispuso como debieran repartirse sus bienes y se trata de una negociación que forme una unidad agrícola, industrial o comercial, habiendo entre los herederos agricultores, industriales o comerciantes, a ellos se aplicará la negociación, siempre que puedan entregar en dinero a los otros coherederos la parte que les corresponda. El precio de la negociación se fijará por peritos. Lo dispuesto en este artículo, no impide que los coherederos celebren los convenios que estimen pertinentes. Artículo 1075. Los coherederos deben abonarse recíprocamente las rentas y frutos que cada uno haya recibido de los bienes hereditarios, los gastos útiles y necesarios y los daños ocasionados por malicia o negligencia. Artículo 1076. Si el testador hubiere legado alguna pensión o renta vitalicia, sin gravar con ella en particular a algún heredero o legatario, se capitalizará al nueve por ciento y se separará un capital o fondo de igual valor, que se entregará a la persona que deba percibir la pensión o renta, quien tendrá todas las obligaciones de mero usufructuario. Lo mismo se observará cuando se trate de las pensiones alimenticias a que se refiere el artículo 690 de este Código. Artículo 1077. En el proyecto de partición se expresará la parte que del capital o fondo afecto a la pensión, corresponderá a cada uno de los herederos en cuanto aquélla se extinga. Artículo 1078. Cuando todos los herederos sean mayores, y el interés del fisco, si lo hubiere, esté cubierto, podrán los interesados separarse de la prosecución del juicio y adoptar los acuerdos que estimen convenientes para el arreglo y terminación de la testamentaría o del intestado. Cuando haya menores o mayores incapacitados, podrán separarse, si están debidamente representados y el Ministerio Público da su conformidad. En este caso, los acuerdos que tomen se denunciarán al juez y éste, oyendo al Ministerio Público, dará su aprobación, si no se lesionan los derechos de los menores. Artículo 1079. La partición constará en escritura pública, siempre que en la herencia haya bienes cuya enajenación deba hacerse con esa formalidad. Artículo 1080. Los gastos de la partición se rebajarán del fondo común; los que se hagan por el interés particular de algunos herederos o legatarios, se imputarán a su haber". De los Efectos de la Partición Artículo 1081. La partición legalmente hecha, fija la porción de bienes hereditarios que corresponde a cada uno de los herederos. Artículo 1082. Cuando por causas anteriores a la partición, alguno de los coherederos fuese privado de todo o de parte de su haber, los otros coherederos están obligados a indemnizarle de esa pérdida, en proporción a sus derechos hereditarios. Artículo 1083. La porción que deberá pagarse al que pierda su parte, no será la que represente su haber primitivo, sino la que corresponda, deduciendo del total de la herencia la parte perdida. Artículo 1084. Si alguno de los coherederos estuviera insolvente, la cuota con que debía contribuir se repartirá entre los demás, incluso el que perdió su parte. Artículo 1085. Los que pagaren por el insolvente, conservarán su acción contra él, para cuando mejore de fortuna. Artículo 1086. La obligación a que se refiere el artículo 1082 de este Código, sólo cesará en los casos siguientes: I. Cuando se hubieren dejado al heredero bienes individualmente determinados, de los cuales es privado; II. Cuando al hacerse la partición, los coherederos renuncien expresamente al derecho a ser indemnizados; y, III. Cuando la pérdida fuere ocasionada por culpa del heredero que la sufre. Artículo 1087. Si se adjudica como cobrable un crédito, los coherederos no responden de la insolvencia posterior del deudor hereditario y sólo son responsables de su solvencia al tiempo de hacerse la partición. Artículo 1088. Por los créditos incobrables no hay responsabilidad. Artículo 1089. El heredero cuyos bienes hereditarios fueren embargados, o contra quien se pronunciare sentencia en juicio por causa de ellos, tiene derecho a pedir que sus coherederos caucionen la responsabilidad que pueda resultarles y, en caso contrario, que se les prohíba enajenar los bienes que recibieron". De los numerales transcritos, podemos advertir la tramitación establecida en la etapa de partición y adjudicación de los juicios sucesorios, en específico, que una vez aprobado el inventario y la cuenta de administración, el albacea debe hacer enseguida la partición de la herencia; asimismo, que en el proyecto de partición se expresará la parte que del capital o fondo afecto a la pensión, que la partición deberá constar en escritura pública dado que tal partición fija la porción de bienes hereditarios que corresponde a cada uno de los herederos y finalmente, que si se adjudica como cobrable un crédito, los coherederos no responden de la insolvencia posterior del deudor hereditario y sólo son responsables de su solvencia al tiempo de hacerse la partición. En el caso que nos ocupa, como se precisó, se advierte que la resolución reclamada se emitió dentro de la cuarta etapa denominada de partición y adjudicación de cuentas del juicio sucesorio de origen. Luego, se tiene que los juicios sucesorios, constan de diversas etapas, en las cuales se dicta una resolución que culmina con la misma. Así del Código Familiar del Estado de Sinaloa, se advierten las etapas que integran las sucesiones en la división de los capítulos correspondientes a dicho procedimiento, esto es, sucesión; inventario y avalúo; administración; y la de partición y adjudicación de la herencia. Cada una de las etapas de los juicios sucesorios, es impugnable a través del juicio de amparo indirecto o del directo, según corresponda y, por ende, las violaciones acontecidas durante la tramitación respectiva, serán impugnables contra la determinación que dé por concluida la etapa relativa, siendo así, la decisión que concluye la cuarta sección es la relativa a la adjudicación de los bienes. De esta forma, la resolución reclamada emitida el once de abril de dos mil veintitrés en el toca 5/2023-F, mediante la cual confirmó el auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós en el que el juez primigenio ordenó que se publicaran nuevamente edictos tanto en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, como en Álamos, Sonora, no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos intraprocesales, toda vez que no se afectan de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, en todo caso, las consecuencias del acto reclamado podrían constituir una violación procesal, es decir, aquellas que no tienen sobre las personas una ejecución irreparable, en tanto producen exclusivamente efectos de carácter formal, susceptibles de desaparecer sin dejar huella en la esfera jurídica del afectado cuando éste logra que queden satisfechas sus pretensiones con el dictado de una resolución favorable, como lo es la resolución final que en su momento se emita en la etapa respectiva (la de adjudicación de los bienes). Además, no se advierte que la resolución reclamada afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la libertad, la propiedad, entre otros, porque, en todo caso, dicha resolución interlocutoria implica únicamente una violación de carácter formal que sólo afecta en el trámite de esta cuarta etapa del juicio natural, por lo cual, contra dicha violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Así, en aquella resolución, en todo caso, se podrán hacer valer tales cuestiones a través del juicio de amparo que se llegase a promover en contra de aquélla en caso de que el acto le resultara adverso (previa observancia del principio de definitividad que lo rige). En esas condiciones, es dable determinar que el juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución de once de abril de dos mil veintitrés en el toca 5/2023-F, resulta improcedente, ya que se trata de un acto emitido dentro de un procedimiento judicial -la cuarta etapa del juicio sucesorio- en la cual no se ha emitido la resolución definitiva que la concluya, y que no es susceptible de afectar materialmente derechos sustantivos. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o.C. J/316, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que se comparte, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, página mil trescientos once, que dice: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, y fracción XXIII del mismo precepto, en relación con el numeral 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Finalmente, con apoyo en los preceptos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa el ubicado en Avenida Libertad, número 640 Poniente, entre Calles Vicente Guerrero y Francisco Javier Mina, Colonia Jiquilpan, de esta ciudad y como su autorizado en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia a los licenciado Victoriano Orozco Valdes y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Víctor Antonio Orozco Ochoa toda vez que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales.

  3. Principal

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