Concepción Segura Walls

Expediente 1649/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1649/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
13/12/2021

Partes del expediente

  • Concepción Segura Walls

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito; atento a su contenido se provee: Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se recibió el testimonio de la ejecutoria de cinco de noviembre del mismo año, pronunciada en el recurso de revisión R.I.-143/2021 del índice del Primero Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, así como los autos del incidente de suspensión en que se actúa; por tanto, como lo solicita la superioridad, se acusa de recibo tanto de la ejecutoria aludida como de los autos originales del presente cuaderno incidental, lo anterior para los efectos legales conducentes. Acúsese el recibo correspondiente vía interconexión

  2. Principal

    Este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, ya que han cesado los efectos del acto reclamado. Para considerarlo así, es necesario transcribir el citado precepto legal, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del artículo transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, ya que la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo no es la simple paralización o destrucción del acto, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá en la esfera de derechos del quejoso. Los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, establecen la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas por el diverso 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrariando el artículo 17 de la Constitución Federal, en cuanto establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Del estado procesal que guardan los autos, en especial de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa ............., señaló como autoridad responsable al Juez Primero de lo Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Puebla a quien le reclamó en esencia la omisión de dar contestación a su escrito de fecha ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Del informe rendido por la autoridad responsable, se advierte que el doce de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable acordó lo conducente al escrito de la parte quejosa, en el sentido de ordenar girar oficio al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Puebla del Instituto Nacional Electoral a fin de que informe si en sus registros obra el nombre de ........., asimismo le tuvo por perdido el derecho a la parte demandada para contestar la vista que le dio mediante auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, lo cual se acredita con las copias certificadas que acompañó, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, es dable concluir que la omisión atribuida a la autoridad responsables, ha dejado de surtir efectos y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera concedido el amparo, pues en su caso, dicha concesión se habría otorgado para que la autoridad responsable acordara lo conducente en cuanto al escrito presentado por la parte quejosa, lo cual en el caso ya aconteció. En consecuencia, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63 fracción V del citado ordenamiento legal. Derivado de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las doce horas con treinta y cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno.

  3. Principal

    Agréguense a los autos el oficio con anexo de cuenta, por medio del cual, la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en vías de cumplimiento, remite copia certificada de la diligencia de once de noviembre del año en curso, relativa al desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía, grafometría y documentoscopía, ofrecida por la parte actora. De lo que se toma conocimiento. Por otro lado, del estado procesal que guardan los autos se advierte que las pruebas testimonial y confesional ofrecidas por el aquí quejoso, no han sido desahogadas, por lo que los integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, no han dado cumplimiento a la sentencia de amparo pronunciada el catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo Máxime que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional. Por tal razón, en la ley de amparo se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a los integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días hábiles, legalmente computados, remitan copia certificada de las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Subsistiendo para el caso de incumplimiento, los apercibimientos decretados en autos.

  4. Principal

    Se tiene al Juez Primero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y Especializado en Extinción de Dominio rindiendo su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista para conocimiento de las partes.

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