Concepción Rosita Pinelo Caballero
Expediente 190/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Concepción Rosita Pinelo Caballero
Actuaciones
- Principal
MESA V B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese.
- Incidental
MESA V B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 190/2020, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los artículos 6, 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor el veintiséis de marzo siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, deberá realizarse su depuración en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo invocado, posteriormente, transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA V B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por la responsable sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veinte, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el *****de diez de febrero de dos mil veinte, por el que le negó la devolución de los descuentos del 9% efectuados a la pensión de la quejosa bajo el concepto 202 FDO.D PENSIONES entre los meses de octubre de dos mil diecinueve a enero de dos mil veinte; y emitiera otro en el que ordenara la devolución de los referidos descuentos, ya que se sustentó en normas declaradas inconstitucionales y en términos del numeral 63 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, dichos descuentos aún no han prescrito a favor del Fondo de Pensiones. Dejara sin efectos el descuento efectuado en la pensión por jubilación de la quejosa, por concepto de fondo de pensiones, consignados en su comprobante de pago relativo al mes de febrero de dos mil veinte, así como efectuara la devolución correspondiente; A fin de hacer prevalecer el derecho fundamental y la norma constitucional, cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia citada, en términos de los artículos 1° y 133 Constitucionales, abstenerse de aplicar los preceptos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, en casos futuros en relación con la quejosa; lo cual equivale a no efectuar en lo sucesivo el descuento en ellos previsto en razón del 9% de la percepción mensual de pensión. Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable mediante oficio ****, de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, remitió copias certificadas de: a) Del oficio ****, de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, que emitió en lugar del diverso *****de diez de febrero de dos mil veinte por el que negó inicialmente la devolución de los descuentos, mediante el cual comunica a la quejosa que "SE LE CONCEDE SU PETICIÓN PARA EL EFECTO de que se le haga el reintegro de las cantidades que se le retuvieron bajo el concepto "202 fondo de pensiones" contemplados durante el periodo de octubre de 2019 al mes de febrero de 2020", y su notificación a la peticionaria del amparo; b) Del oficio *****, de veintidós de septiembre del año en curso, por el que, el Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de esa Oficina de Pensiones, informó a la autoridad responsable que a *****, a partir de esa fecha, no se le reflejará descuento alguno y se abstendrá de aplicar los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca y que se le reintegrará la cantidad que se le retuvo por concepto del fondo de pensiones del mes de febrero de dos mil veinte; y c) De la póliza de cheque número *****, en la que consta la firma de la quejosa. Asimismo, anexó copia simple del referido cheque número *****, expedido a nombre de la agraviada, y del recibo de entrega de dicho cheque, firmado por la quejosa, de veintinueve de septiembre de dos mil veinte. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que: I. Dejó insubsistente el oficio *****de diez de febrero de dos mil veinte, por el que inicialmente negó la devolución de los descuentos realizados del 9% efectuados a la pensión de la quejosa bajo el concepto 202 FDO.D PENSIONES entre los meses de octubre de dos mil diecinueve a enero de dos mil veinte, y en su lugar emitió el diverso *****de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, por el que ahora ordenó reintegrar a la quejosa las cantidades que se le retuvieron bajo el concepto "202 fondo de pensiones contemplados durante el periodo de octubre de dos mil diecinueve al mes de febrero de dos mil veinte No pasa inadvertido que la responsable no fue expresa en dejar insubsistente aquél oficio; sin embargo, destacó que el nuevo oficio que emitió lo expidió en lugar de aquél que se ordenó dejar insubsistente en el fallo protector, además destacó el contenido de la sentencia en la que se ordena dejar insubsistente el oficio que fue materia del acto reclamado. II. Por oficio ******, de veintidós de septiembre del año en curso, dejó sin efectos el descuento efectuado en la pensión por jubilación de la quejosa, por concepto de fondo de pensiones, consignados en su comprobante de pago relativo al mes de febrero de dos mil veinte y efectuó su devolución a través del cheque número *****, que se entregó a la quejosa el veintinueve de septiembre del año en curso. III. En el oficio citado en el punto anterior, precisó que ya no se realizará descuento alguno a la peticionaria del amparo con base en los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, declarados inconstitucionales, y se abstendrá de aplicar tales preceptos. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en curso, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil veinte. Agréguese el oficio signado por el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, y anexo que acompaña, -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico-, por el cual informa el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese personalmente.
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