Concepción Ramírez Hernández

Expediente 335/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
335/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Concepción Ramírez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de seis de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio, asimismo, que ya transcurrió el término de diez días, para hacerlo; en consecuencia, se declara que ha causado estado, archívese el presente expediente como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Se agrega notificación. Cúmplase.

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Ténganse por recibidos los oficios de cuenta, signados por la Presidenta de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Reynosa, Tamaulipas, mediante los cuales, rinde informe justificado. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las que acompaña al comunicado de cuenta, pertenecientes al expediente laboral 980/2015, del índice del Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Reynosa, Tamaulipas. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, y del estudio integral de la demanda de derechos fundamentales promovida por Concepción Ramírez Hernández, se advierte que la conducta reclamada a la autoridad responsable Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, la hizo consistir medularmente en lo siguiente: La omisión de llevar a cabo la publicación de la convocatoria y de realizar la investigación de dependencia económica dentro del expediente laboral 980/2015. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, por las razones que a continuación se exponen. El citado numeral textualmente establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Para demostrar lo anterior, se estima necesario invocar las constancias allegadas por la Presidenta de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Reynosa, Tamaulipas, anexa a su oficio 2961/2019, por el cual rindió informe justificado, de las que se advierte que el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, la actuaria adscrita a dicha junta realizó la publicación de la convocatoria y efectuó la investigación de dependencia económica ordenadas por auto de veintidós de noviembre de los corrientes. Lo anterior hace evidente que las conductas reclamadas -omisión publicar la convocatoria y llevar a cabo la investigación de dependencia económica dentro del expediente laboral 980/2015-, han cesado en sus efectos. Al respecto, también debe tomarse en consideración que la demanda de derechos fundamentales fue presentada el doce de noviembre de dos mil diecinueve, esto es, con antelación a que la autoridad responsable realizara las conductas que se le atribuyeron, lo que lleva a concluir que las omisiones que en un principio se reclamaron han dejado de existir, pues ya se efectuó la publicación de la convocatoria, así como se realizó la investigación de dependencia económica, ordenadas mediante auto de veintidós de noviembre del presente año, emitido en el juicio laboral génesis. De ahí que, resulta incuestionable que cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que estimó vulnerado, toda vez que constituye una situación idéntica a la que habría existido si las conductas reclamadas no se hubiesen planteado en el mundo fáctico. Por ende, es que se arriba a la conclusión de que han cesado los efectos de las abstenciones materia del reclamo, en tanto que dicha causal de improcedencia obedece a que desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originaron el juicio de amparo; de ahí que la cesación de los efectos deba ser inmediata, total y no sujeta a condición alguna, a fin de que la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, resulte ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. Ante tales consideraciones y con apoyo en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, toda vez que el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se publicó la convocatoria y se llevó a cabo la investigación de dependencia económica, por ende, es evidente que han cesado los efectos de las conductas reclamadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, marzo de 2003, tomo XVII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que obste a lo anterior el hecho de que el informe justificado rendido por la autoridad responsable, no haya estado a la vista de las partes por el plazo de ocho días que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte una causal de improcedencia de manera notoria, manifiesta e indudable -como en el caso acontece- la cual con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, de ahí que a nada práctico conduciría diferir la audiencia a fin de respetar dicha vista, pues de cualquier manera el resultado sería el mismo. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y dos minutos del trece de diciembre de dos mil diecinueve (foja 8). Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno relativo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese, y personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    Se agrega informe justificado; déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Requiérase vía telegráfica a la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, para que dentro del término de tres días, remita fotocopias certificadas completas, claras y legibles de las constancias que anexó a su informe justificado rendido mediante oficio 2961/2019, o en su caso, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Notifíquese.

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