Concepción Quiroz Gomora
Expediente 673/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/09/2021
Partes del expediente
- Concepción Quiroz Gomora
- Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el acuerdo que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de noviembre de dos mil veinte del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de destrucción al haberse desechado la demanda de amparo. Finalmente, de conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General referido, el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por J. Concepción Quiroz Gomora, por propio derecho, contra el acto reclamado y las autoridades responsables, que enseguida se precisan: Acto reclamado La retención ilegal del pago del salario quincenal. Autoridades responsables. Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez. Director de Administración Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez Radicación del asunto Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 673/2021 y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Desechamiento Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por J. Concepción Quiroz Gomora, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Antecedentes relevantes. 1. J. Concepción Quiroz Gomora, manifiesta ser empleado del Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez; sin embargo, al día de la fecha le han retenido su quincena. 2. En contra de lo anterior dicho quejoso promovió el juicio de amparo que ahora se analiza. En el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre los trabajadores y la dependencia para las que prestan sus servicios, cuando dichas controversias surgen únicamente con motivo del desarrollo de esos servicios y no se vinculan con la suspensión del servicio activo, remoción, cese o baja. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el artículo 1o, fracción I, de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5o, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Bajo ese orden de ideas, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamados no se relacione con una vulneración a derechos humanos por parte de una autoridad que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto. En el caso, el hecho de que el quejoso sea auxiliar administrativo del registro civil no implica que todos los actos de esa dependencia vinculados con la prestación de servicios se conviertan automáticamente en actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es preciso recordar que existen dos regímenes jurídicos de relaciones laborales previstos a nivel constitucional, a saber: (i) las reguladas por el artículo 123, Apartado A, entre los patrones y los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todos los obligados por un contrato de trabajo, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo; y, (ii) las reguladas por el apartado B, que se refieren el régimen jurídico de las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es fundamental precisar que aunque en dichas relaciones intervienen distintas partes, ambas tienen la misma naturaleza jurídica; esto es, ambos tipos de relaciones laborales constituyen relaciones de coordinación. Si bien las relaciones laborales que regula el apartado A se suscitan entre particulares, y las relaciones laborales que regula el apartado B se suscitan entre particulares y órganos públicos, lo cierto es que, con independencia de las partes que las configuran, ambos tipos de relaciones laborales tienen la misma naturaleza: relaciones de coordinación. Ahora bien, el hecho de que las relaciones laborales que regula el apartado B se susciten entre particulares y entidades públicas, no incide en forma alguna en la naturaleza de la relación; es decir, el hecho de que el patrón sea un ente público no significa que automáticamente la relación laboral se convierta en una relación de supra subordinación. Lo anterior es así, pues más allá de la subordinación jerárquica estrictamente laboral derivada de una relación de trabajo, entre las partes de ésta (patrón y trabajador) no existe una relación de supra a subordinación, sino de mera coordinación en la que ambas partes se encuentran en un mismo plano. Así, tratándose de las relaciones laborales que el Estado establece con sus trabajadores, se obliga como cualquier patrón lo podría hacer, por lo que en dichas relaciones no ejerce su imperio propio del derecho público, sino los derechos y obligaciones que ahí surgen deben entenderse en un plano de coordinación; de ahí que ambos tipos de relaciones, tanto las relaciones que se rigen por el apartado A, como las que se rigen por el apartado B, constituyan en ambos casos relaciones de coordinación. Ya desde la octava época, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el cese de los trabajadores al servicio del estado no puede estimarse como un acto de autoridad estatal, ya que en términos del artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley reglamentaria, el Estado se ubica en una posición jurídica similar a la de un patrón; lo que evidencia que en las relaciones que entabla con sus trabajadores no actúa con su poder de imperio -característica distintiva de los actos de autoridad-. Lo anterior, se advierte de la jurisprudencia P./J. 10/90, que lleva por rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE". Más recientemente, puede verse la tesis I.6o.T. J/28 (10a.), que lleva por rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN". En el caso, el quejoso se duele del pago de su salario. Lo anterior pone de manifiesto que el problema jurídico aquí planteado únicamente se relaciona con cuestiones derivadas de la prestación de sus servicios; por ende, en el juicio de amparo no se puede analizar esas controversias, pues deben ventilarse en las vías ordinarias, en este caso, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por ser el órgano competente por afinidad, atendiendo a la relación laboral que une al quejoso con la dependencia para la que labora. Dicho de otra manera, el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre el trabajador y patrón, con motivo del desarrollo de estos. Lo anterior es así, ya que el control de constitucionalidad que se puede ejercer a través del juicio de amparo, no puede abarcar actos que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria [de supra a subordinación]; sobre todo si existen vías ordinarias para resolver esa clase de conflictos. Inclusive, de sostener lo contrario, implicaría afirmar que uno de los objetos del juicio de amparo es fungir como un "juicio laboral" para los trabajadores de los ayuntamientos, lo que es inadmisible desde un punto de vista constitucional. Se insiste, la procedencia de una vía ordinaria ante el Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje del Estado de México se da porque es el órgano jurisdiccional afín para resolver las controversias entre los servidores públicos que tienen una relación laboral con el ayuntamiento de que se trata, más no por un tema de definitividad en el que implícitamente se reconozca la existencia de un acto de autoridad. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) encuentra sustento en el problema jurídico planteado [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos; (iii) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Por tanto, este Juez de Distrito considera que la existencia de una vía ordinaria requiere un análisis jurídico que se puede hacer desde el acuerdo inicial, pues no depende de prueba alguna, ya que las conclusiones a las que se lleguen son cuestiones de derecho no desvirtuables con medios probatorios. Finalmente, es importante hacer énfasis en que la presente determinación no implica desatender lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en materia de administración de justicia, pues la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, ya que los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a analizar previamente los supuestos de procedencia previstos tanto en la Constitución Federal como en la propia Ley de Amparo. Aunado a ello, el hecho de que desde este momento procesal se determine que el quejoso debe promover una vía ordinaria, constituye una circunstancia que le permite promoverlos dentro de los plazos y conforme a las formalidades previstas para ello. De lo contrario, esto es, de admitir a trámite la demanda de amparo, se dejaría en estado de indefensión al promovente, pues en el supuesto de que en sentencia se sobresea el juicio, el quejoso ya no tendría a su alcance la vía ordinaria para controvertir los actos que le agravien, por encontrarse fuera de plazo. Por esas razones, no resulta conveniente iniciar la tramitación del juicio de amparo, si desde el primer auto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se ha analizado, pues de esta manera la quejosa, si lo estima conveniente, aún se encuentra en posibilidad de promover la vía ordinaria aplicables. En mérito de lo hasta aquí expuesto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por J. Concepción Quiroz Gomora. Domicilio Procesal Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda, cuando constriña hacerlo de forma personal. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados Con relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando cuenten con su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se habilitan días inhábiles Con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias en la substanciación de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, en concomitancia con los numerales 282 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Oscar Antonio Madero González, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistido de Manuel Isaías Delgadillo Aguiñaga, secretario que autoriza y da fe.
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