Concepcion Pascual Arriaga

Expediente 620/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
620/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México
  • Concepcion Pascual Arriaga

Actuaciones

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO, PARA RECURRIR EL PROVEÍDO DE SEIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO TRANSCURRIÓ PARA LA PARTE QUEJOSA DEL TRECE AL DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SIN QUE SE HAYA HECHO VALER RECURSO ALGUNO; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 356 FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA QUE DICHO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO; POR LO QUE PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ARCHÍVESE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE EL PRESENTE CUADERNILLO, NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, EN VIRTUD DE QUE, POR UNA PARTE, SE DICTÓ ACUERDO DE INCOMPETENCIA Y POR OTRA, SE EMITIÓ DETERMINACIÓN QUE DIO POR CONCLUIDO EL ASUNTO, SIN ATENDER EL JUICIO EN LO PRINCIPAL. B

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 32530/2022 proveniente del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del diverso por el que se le remitió copia certificad del juicio de amparo 620/2022-IV, del índice de este Juzgado, promovido por ***, e informa que ese Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del mismo; en tal virtud, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por CONCEPCIÓN PASCUAL ARRIAGA, recibida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de este Órgano de Control Constitucional, sin firma electrónica, contra actos del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y otra autoridad; fórmese expediente y registre en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 620/2022-IV. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente, resulta pertinente establecer que, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, el suscrito se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. ARTURO UREÑA VIZUETT 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b6.8a 25/08/22 21:52:05 Por otra parte, cabe precisar que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aún cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. En ese orden de primeramente debe decirse que de una lectura integral del escrito de demanda, se advierte que reclama los siguientes actos: i) Tortura, tratos crueles e inhumanos, atribuidos al Juez Octavo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México; y, ii) Las omisiones de dar trámite al procedimiento de queja promovido contra del Juez Octavo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, el veintisiete de mayo del presente año y de dictar medidas de protección ahí solicitados, reclamados al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Por ende, el que aquí provee estima que respecto a los actos reclamados señalados en el punto i), se actualiza la causal de improcedencia prevista artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos preceptos de la Ley de Amparo, ateniendo a las consideraciones siguientes: El precepto legal aludido en primer término, en la fracción invocada, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Es así, puesto que no puede considerarse que le recae el carácter de autoridad responsable al Juez Octavo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, para instar en el juicio de amparo indirecto, ya que no somete a la quejosa a ningún acto jurídico obligatorio e ineludible. En efecto, la quejosa se duele de la citada autoridad judicial de la tortura, tratos crueles e inhumanos, debido a los tratos que adopta como titular de un órgano judicial en contra de aquella. Sin embargo, debe resaltarse que en su caso, el actuar del Juez Octavo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, deriva de una relación privada que lo une como patrón y trabajadora (quejosa), en un grado de supra y subordinación laboral. En ese tenor, deviene incontrovertible que se actualiza la causal de improcedencia invocada, ya que el Juez responsable, no crea, modifica o extingue obligatoriamente situaciones jurídicas en contra de la quejosa en el proceso que se ARTURO UREÑA VIZUETT 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b6.8a 25/08/22 21:52:05 sigue en su contra, habida cuenta que no cumple con las características que deben de reunir los actos de autoridad, esto es, de imperio y coercitividad. En efecto, la quejosa como empleada de la autoridad responsable tiene a su alcance diversos medios de defensa para hacer valer sus derechos contra de las acciones que estime que emite en su contra y considera como actos de tortura, tratos crueles e inhumanos. Tan es así, que la parte quejosa aduce que acudió ante el Consejo de la Judicatura de la esta Ciudad para realizar la queja correspondiente ante el juez responsable. En tales condiciones, al acreditarse en el caso una causal manifiesta e indudable de improcedencia, SE DESECHA la ampliación de demanda promovida por CONCEPCIÓN PASCUAL ARRIAGA, respecto a los actos reclamados relativos a tortura, tratos crueles e inhumanos, atribuidos al Juez Octavo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México. Apoya a lo anterior, por similitud jurídica, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, página 2596, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos: Diversos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, ARTURO UREÑA VIZUETT 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b6.8a 25/08/22 21:52:05 reclamaron mediante juicio de amparo indirecto la negativa a otorgarles medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sin que sea ARTURO UREÑA VIZUETT 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b6.8a 25/08/22 21:52:05 obstáculo el hecho de que, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida." Ahora bien, en relación a los actos reclamados consistentes en: - Las omisiones de dar trámite al procedimiento de queja promovido contra del Juez Octavo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, el veintisiete de mayo del presente año y de dictar medidas de protección ahí solicitados, reclamados al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Es dable señalar que son de naturaleza meramente administrativa, debido a que no derivan de un expediente que es integrado por autoridad ministerial o alguna del orden penal. Ello, dado que derivan de cuestiones propiamente administrativas en relación al conflicto existente entra la quejosa en su carácter de trabajadora del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y el Juez como su inmediato superior jerárquico. Por ende, el que aquí provee se declara legalmente incompetente por razón de materia para conocer del presente asunto, únicamente en cuanto a los actos antes anotados y atribuidos al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, dado que estima que le corresponde conocer a un Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, atento a las siguientes consideraciones: De conformidad con la teoría del proceso, la competencia es la definición de la facultad de un órgano para realizar actos ARTURO UREÑA VIZUETT 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b6.8a 25/08/22 21:52:05 jurisdiccionales en las relaciones que cumplan con un interés colectivo especial, entre ellas, la administración de justicia. Por otra parte, la jurisdicción es la función orgánica que se cumple con actos proyectivos en el proceso, los cuales califican y deciden una determinada pretensión. En este aspecto, la autoridad judicial tiene encomendada esta función primordialmente. Sustenta lo anterior la tesis número 679, que aparece publicada en la página 456, del Tomo VI Tribunales Colegiados de Circuito de la Octava época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que a la letra dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Ahora bien, en el juicio de amparo las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos, a saber: a). La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto o directo). En el caso del amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 107, fracción II de la ARTURO UREÑA VIZUETT 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b6.8a 25/08/22 21:52:05 Ley de Amparo, el órgano competente es un Juzgado de Distrito. b). La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. c). El territorio. Regulado en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Así, del análisis efectuado a la demanda de amparo, el suscrito considera que carece de competencia en razón de materia, para conocer del acto reclamado antes transcrito. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 56 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Órgano de Control Constitucional se declara legalmente incompetente por razón de materia, para conocer de la demanda de amparo de cuenta (por los actos y autoridad precisado), toda vez que se estima que los actos reclamados emanan de un ramo diverso al de la especialidad de este Juzgado. En efecto, el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de ARTURO UREÑA VIZUETT 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b6.8a 25/08/22 21:52:05 los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por su parte el diverso numeral 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala: "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas ARTURO UREÑA VIZUETT 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b6.8a 25/08/22 21:52:05 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Del contenido de los preceptos trascritos, se infiere que un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, será competente para conocer de las demandas de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, cuando sea procedente; y contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo; de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad, emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de normas generales en materia penal, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Amparo. Por tanto, si dicho acto no fue emitido por una autoridad ministerial Federal o local, ni derivado de una averiguación previa o carpeta de investigación, así como tampoco por una autoridad judicial de orden penal, además, no afecta la libertad personal del justiciable, ni es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el precepto 22 de la Carta Magna; tampoco se traduce en una resolución dictada en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, ni deriva de un incidente de responsabilidad civil (cuando la acción se funda en la comisión de un delito), ni se equiparan a una ley o disposición de observancia general en ARTURO UREÑA VIZUETT 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b6.8a 25/08/22 21:52:05 materia penal, para considerar que la competencia para conocer de los actos en cita radica en este juzgado; sin embargo, se aprecia que se trata de actos atribuidos a una dependencia regulada por normas meramente administrativas; es incuestionable que este Juzgado no puede conocer del asunto. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Amparo, en relación con el 56 y 57, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional declina la competencia para conocer del asunto, a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en turno, a quien se ordena remitir copia certificada de la presente demanda de amparo; debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente en este Juzgado, solicitando el acuse de recibo respectivo, al Juez a cuyo favor se declina la competencia en el que se pronuncie dentro del término legal, si acepta o no la competencia planteada. En otro tenor, se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista mencionado; y, por autorizadas en términos del numeral 24 de la misma legislación, a las diversas personas que se mencionan en dicho escrito de garantías, pues de conformidad con el artículo 12 párrafo segundo de la ley de la materia, se deberá acreditar que tales personas se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o abogado, y proporcionar a través de la promoción respectiva, a fin de que este Juzgado verifique si se satisface tal requisito. Por otra parte, la parte quejosa solicita se autorice la consulta vía electrónica del juicio de amparo 620/2022-IV, bajo el usuario que refiere, asimismo, se realicen las notificaciones derivadas del mismo, por dicha vía virtual; por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al ARTURO UREÑA VIZUETT 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b6.8a 25/08/22 21:52:05 citado usuario, la consulta vía internet del expediente de que se trata. Al igual, téngase para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes: [.] II. Los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, y". Por tal motivo, se faculta al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, para que notifique vía electrónica a la parte quejosa, las determinaciones que se dicten en el presente juicio de amparo. Dígase a la parte quejosa que en atención a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no existe impedimento de utilizar aparatos como cámaras, grabadoras o lectores ópticos para toma de muestras fotográficas, para imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto; en el entendido de que, el imponerse de esa manera en el expediente físico, acontecerá una vez que se reanuden las actividades jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito, en días y horas inhábiles a realizar las diligencias que surjan en este juicio de amparo, asimismo, se le faculta para firmar los oficios que se generen en el presente asunto.

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