Concepción Nava Astudillo y Otros.

Expediente 1672/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1672/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Concepción Nava Astudillo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito que signa Magali Vázquez Brito, quien se ostenta con el carácter de apoderada legal de Concepción Nava Astudillo, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99, de la ley de la materia, téngase interpuesto el recurso de queja en contra del auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo. Una vez que se haya notificado a la parte quejosa, remítase el original de dicho escrito y el informe respectivo en relación a la materia de la queja, al que deberá adjuntarse copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo para la substanciación de dicho recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en Turno, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales procedentes

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, catorce de abril de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta que signa Concepción Nava Astudillo, representante común de la parte quejosa; atento a su contenido, téngase desahogada en tiempo la prevención formulada en proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, y señalando que le recae el carácter de tercero interesado a la persona moral denominada Montepio Luz Saviñon IAP Sucursal Chilpancingo y/o quien resulte responsable propietario o se beneficie de la fuente de trabajo, así como a Miguel Athie Azam, Laiza Guadalupe Ayala Bedolla, Rodolfo Alejandro González Cruz, Juan Manuel Martínez Silverio, César Zamora Rodríguez y Sandra Luz Juárez Villalba, con domicilio ubicado en calle prolongación Baltazar R. Leyva, locales del tres al cinco B, colonia Universal de esta ciudad, asimismo señalando que el efecto para el cual pide la suspensión del acto reclamado es para que se suspenda el procedimiento dentro del laboral 123/2020, que se ventila ante la autoridad responsable. Asimismo y como lo solicita, se le tiene señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle avenida Miguel Alemán, número nueve, interior cinco, cubículo dos, colonia Centro, de esta ciudad, y revocando el domicilio procesal designado con anterioridad. Por otra parte, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro efectuado a la demanda de amparo que nos ocupa, permite a este juzgador federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional, la resolución interlocutoria de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el expediente laboral 123/2020, por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el cual declaró improcedente el incidente de falta de personalidad. En el caso, este juzgador advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido; numerales de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el estado Mexicano sea parte;" (...) Ahora bien, resulta pertinente destacar, lo que el numeral 170, fracción I, párrafo cuarto de la Ley de Amparo establece, mismo que es de la literalidad que sigue: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: (.) Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. ." Como se puede ver, el artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, en su fracción V, en forma expresa prevé que el amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, dado que el acto reclamado consiste en la interlocutoria de uno de agosto de dos mil veintidós, emitida en el expediente laboral 123/2020, por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en la cual declaró improcedente el incidente de falta personalidad, se advierte en forma clara que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, aplicada a contrario sensu de la Ley de Amparo, de cuya interpretación jurídica se obtiene que, cuando se reclaman violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, en términos del artículo 170, fracción I, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, procede el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción procede amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando dichos actos tengan una ejecución de imposible reparación. Luego, conforme al referido numeral 107, fracción V de la ley de la materia, los actos de ejecución irreparable únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la tesis siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". (Tesis LVII/2004, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 9, del Tomo XX, Octubre de 2004, Materia Común, Novena Época)" Entonces, al combatir la parte quejosa la resolución que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad en el juicio de origen, su efecto sólo conlleva que se continúe con la tramitación del juicio laboral natural en contra de la parte demandada Montepio Luz Saviñon IAP Sucursal Chilpancingo, Guerrero, y Miguel Athie Azam, Laiza Guadalupe Ayala Bedolla, Rodolfo Alejandro González Cruz, Juan Manuel Martínez Silverio, Cesar Zamora Rodríguez y Sandra Luz Juárez Villalba y/o quien resulte responsable propietario o se beneficie de la fuente de trabajo, por conducto de quien considera que no tiene facultades de representación, lo cual, de modo alguno coarta el acceso a la justicia, pues con la substanciación del procedimiento se garantiza su seguridad jurídica. Esto es, no existe una afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad o el derecho a la salud, ya que, los efectos que se producen con el acto reclamado son sólo formales (no materiales), pues pueden desaparecer al obtener un laudo favorable, dado que con la violación reclamada, por el momento no se está en posibilidad de saber si trascenderá al resultado del laudo, por lo que en caso de que esta violación procesal sea trascendente para un resultado adverso, podrá reclamarla en la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra del laudo definitivo, en términos de lo dispuesto por los numerales 171 y 172, fracciones V y XII de la Ley de Amparo, mismos que se transcriben a continuación: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De ese modo, se obtiene que las consecuencias de la resolución combatida sólo afectan un derecho de naturaleza adjetiva o procesal. No se soslaya la existencia de la jurisprudencia por contradicción 2a./J.84/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE DEL PATRÓN. SU RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA JUNTA PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO, NO OBSTANTE QUE EL TRABAJADOR HUBIERE ACEPTADO LA OFERTA DE EMPLEO."; de la cual se desprende la procedencia del amparo indirecto en el reconocimiento de la personalidad del representante de la patronal. Sin embargo, dicho criterio se emitió conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo abrogada, cuya fracción IV de su artículo 114, establecía como procedente el amparo biinstancial "Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación", sin que como pueda verse de su texto, se especificara como en su similar fracción V del numeral 107 de la ley de la materia en vigor, que por actos de imposible reparación, deben entenderse aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de tal suerte que, conforme al sexto transitorio del decreto por el que se expidió ésta, publicado en el Diario Oficial de la Federación del dos de abril de dos mil trece, la tesis de jurisprudencia en comento no es aplicable en la actualidad al incidente de falta de personalidad, dado que se opone al texto de la ley vigente en la materia. También es pertinente hacer notar que tan no se estimó por el legislador que los aspectos intraprocesales relativos a la personalidad pudieran afectar derechos sustantivos o causar un daño de imposible reparación, que no se incluyó, como específicamente se hizo en la fracción V, del precepto 107 de la Ley de Amparo, respecto de los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. De ahí que, en contra del acto reclamado consistente en la resolución de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el expediente laboral 123/2020, por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el cual declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, opere la causal de improcedencia analizada. Aplica a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Décima Época, página 39, cuyo texto dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Pues bien, atento a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionado con la fracción V del artículo 107 (aplicado contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; en el entendido que la utilidad que le dé a esos documentos, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finalmente, se instruye al actuario judicial adscrito que de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante razón correspondiente y una vez reanudadas sin previo acuerdo, realice la entrega de dichas comunicaciones.

  3. Principal

    (AVISO DE NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO A LA PARTE EL AUTO Y/O RESOLUCIÓN DE 14 DE ABRIL DE 2023, QUE DICE: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, catorce de abril de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta que signa Concepción Nava Astudillo, representante común de la parte quejosa; atento a su contenido, téngase desahogada en tiempo la prevención formulada en proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, y señalando que le recae el carácter de tercero interesado a la persona moral denominada Montepio Luz Saviñon IAP Sucursal Chilpancingo y/o quien resulte responsable propietario o se beneficie de la fuente de trabajo, así como a Miguel Athie Azam, Laiza Guadalupe Ayala Bedolla, Rodolfo Alejandro González Cruz, Juan Manuel Martínez Silverio, César Zamora Rodríguez y Sandra Luz Juárez Villalba, con domicilio ubicado en calle prolongación Baltazar R. Leyva, locales del tres al cinco B, colonia Universal de esta ciudad, asimismo señalando que el efecto para el cual pide la suspensión del acto reclamado es para que se suspenda el procedimiento dentro del laboral 123/2020, que se ventila ante la autoridad responsable. Asimismo y como lo solicita, se le tiene señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle avenida Miguel Alemán, número nueve, interior cinco, cubículo dos, colonia Centro, de esta ciudad, y revocando el domicilio procesal designado con anterioridad. Por otra parte, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro efectuado a la demanda de amparo que nos ocupa, permite a este juzgador federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional, la resolución interlocutoria de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el expediente laboral 123/2020, por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el cual declaró improcedente el incidente de falta de personalidad. En el caso, este juzgador advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido; numerales de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el estado Mexicano sea parte;" (...) Ahora bien, resulta pertinente destacar, lo que el numeral 170, fracción I, párrafo cuarto de la Ley de Amparo establece, mismo que es de la literalidad que sigue: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: (.) Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. ." Como se puede ver, el artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, en su fracción V, en forma expresa prevé que el amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, dado que el acto reclamado consiste en la interlocutoria de uno de agosto de dos mil veintidós, emitida en el expediente laboral 123/2020, por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en la cual declaró improcedente el incidente de falta personalidad, se advierte en forma clara que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, aplicada a contrario sensu de la Ley de Amparo, de cuya interpretación jurídica se obtiene que, cuando se reclaman violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, en términos del artículo 170, fracción I, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, procede el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción procede amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando dichos actos tengan una ejecución de imposible reparación. Luego, conforme al referido numeral 107, fracción V de la ley de la materia, los actos de ejecución irreparable únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la tesis siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". (Tesis LVII/2004, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 9, del Tomo XX, Octubre de 2004, Materia Común, Novena Época)" Entonces, al combatir la parte quejosa la resolución que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad en el juicio de origen, su efecto sólo conlleva que se continúe con la tramitación del juicio laboral natural en contra de la parte demandada Montepio Luz Saviñon IAP Sucursal Chilpancingo, Guerrero, y Miguel Athie Azam, Laiza Guadalupe Ayala Bedolla, Rodolfo Alejandro González Cruz, Juan Manuel Martínez Silverio, Cesar Zamora Rodríguez y Sandra Luz Juárez Villalba y/o quien resulte responsable propietario o se beneficie de la fuente de trabajo, por conducto de quien considera que no tiene facultades de representación, lo cual, de modo alguno coarta el acceso a la justicia, pues con la substanciación del procedimiento se garantiza su seguridad jurídica. Esto es, no existe una afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad o el derecho a la salud, ya que, los efectos que se producen con el acto reclamado son sólo formales (no materiales), pues pueden desaparecer al obtener un laudo favorable, dado que con la violación reclamada, por el momento no se está en posibilidad de saber si trascenderá al resultado del laudo, por lo que en caso de que esta violación procesal sea trascendente para un resultado adverso, podrá reclamarla en la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra del laudo definitivo, en términos de lo dispuesto por los numerales 171 y 172, fracciones V y XII de la Ley de Amparo, mismos que se transcriben a continuación: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De ese modo, se obtiene que las consecuencias de la resolución combatida sólo afectan un derecho de naturaleza adjetiva o procesal. No se soslaya la existencia de la jurisprudencia por contradicción 2a./J.84/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE DEL PATRÓN. SU RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA JUNTA PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO, NO OBSTANTE QUE EL TRABAJADOR HUBIERE ACEPTADO LA OFERTA DE EMPLEO."; de la cual se desprende la procedencia del amparo indirecto en el reconocimiento de la personalidad del representante de la patronal. Sin embargo, dicho criterio se emitió conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo abrogada, cuya fracción IV de su artículo 114, establecía como procedente el amparo biinstancial "Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación", sin que como pueda verse de su texto, se especificara como en su similar fracción V del numeral 107 de la ley de la materia en vigor, que por actos de imposible reparación, deben entenderse aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de tal suerte que, conforme al sexto transitorio del decreto por el que se expidió ésta, publicado en el Diario Oficial de la Federación del dos de abril de dos mil trece, la tesis de jurisprudencia en comento no es aplicable en la actualidad al incidente de falta de personalidad, dado que se opone al texto de la ley vigente en la materia. También es pertinente hacer notar que tan no se estimó por el legislador que los aspectos intraprocesales relativos a la personalidad pudieran afectar derechos sustantivos o causar un daño de imposible reparación, que no se incluyó, como específicamente se hizo en la fracción V, del precepto 107 de la Ley de Amparo, respecto de los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. De ahí que, en contra del acto reclamado consistente en la resolución de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el expediente laboral 123/2020, por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el cual declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, opere la causal de improcedencia analizada. Aplica a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Décima Época, página 39, cuyo texto dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Pues bien, atento a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionado con la fracción V del artículo 107 (aplicado contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; en el entendido que la utilidad que le dé a esos documentos, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finalmente, se instruye al actuario judicial adscrito que de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante razón correspondiente y una vez reanudadas sin previo acuerdo, realice la entrega de dichas comunicaciones.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinte de enero de dos mil veintitrés.********************Vista la demanda de amparo indirecto promovida por Concepción Nava Astudillo y Magaly Vázquez Brito, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otra autoridad.********************Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", como juicio de amparo indirecto 1672/2022-V, fórmese expediente impreso y electrónico.********************Por otra parte, se tiene como represéntate común de los quejosos a Concepción Nava Astudillo, términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. ****************************************Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). ********************Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. ********************Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. ********************Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de su admisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso 108, fracciones II, V, de la Ley de Amparo de la Ley de la Materia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que le surta efectos legales la notificación del presente proveído, manifieste:****************************************El nombre y domicilio del tercero interesado. En caso de no conocerlo, manifestarlo así, bajo protesta de decir verdad.****************************************Lo anterior es procedente, en virtud de que es al promovente de amparo, a quien corresponde la carga procesal de proporcionar tales datos.****************************************Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del rubro y tenor siguiente:****************************************"DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5°, de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto, que legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe de procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados". ****************************************Del mismo modo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término multicitado:****************************************Precise para qué efectos pide la suspensión del acto reclamado a fin de estar en aptitud de analizar sobre la procedencia o no de ésta****************************************Lo anterior es así en virtud de que en su capítulo de suspensión del acto reclamado no señala los efectos para los cuales solicita la suspensión, toda vez que literalmente señalo:****************************************"SOLICITO A SU SEÑORIA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y EN SU MOMENTO DEFINITIVA, ESTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 125, 126, 130 Y 138 DE LA LEY DE AMPARO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UN ESTADO DE DERECHO, Y NO PERMITA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, VIOLE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA SUSCRITA"****************************************Con el apercibimiento que de no cumplir con el primero de los requerimientos dentro del término citado, se procederá de conformidad con lo dispuesto por el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de la Materia, es decir se tendrá por no presentada la demanda de amparo; y para en el caso de que desahogue este y no lo haga con respecto al segundo de los mencionados requerimientos no se dará tramite al incidente de suspensión que refiere en su escrito de demanda de amparo.********************Así también, hágase del conocimiento a las impetrantes de amparo que deberán conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo vigente que a la letra dice:********************"Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días:********************I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.".****************************************DOMICILIO Y AUTORIZADOS.********************Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle fraccionamiento Villas Caminos del Sur, calle Vía Láctea, numero noventa y cinco, un costado de la Universidad Ciencias de la Educación y como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Blanca Rosa Vargas Morales, dada la materia del acto reclamado y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a María Fernanda Vargas Lobato y Mario Pileño Navez, por así solicitarlo de manera expresa. ****************************************En otro orden, no ha lugar a tenerle proporcionado el número de teléfono que se encuentra manuscrito en el escrito que se provee, a efecto para oír y recibir notificaciones, toda vez que párrafos precedentes, se le tuvo designado para tal efecto, el ubicado en ****************************************Además, porque si bien, con antelación resultaba procedente tener por señalados dichos medios digitales para que las partes fueron notificados de los acuerdos y resolución que llegaran a emitirse, también lo es que, ello, acontecía debido a que nos encontrábamos inmersos en la pandemia por Covid-19, por lo cual se emitieron diversos acuerdos generales, a efecto de salvaguardar la salud tanto de los justiciables, como de los funcionarios de los diversos órganos jurisdiccionales, sin embargo, los mismos fueron abrogados mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, en los que, además, se derogaron diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo sistema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo.

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