Concepción Montoya Citalan
Expediente 1382/2017 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1382/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Concepción Montoya Citalan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz, nueve de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente asunto, del que se advierte que la quejosa CONCEPCIÓN MONTOYA CITALÁN, señala como actos reclamados en el escrito inicial de demanda como en ampliación, los siguientes: 1. La omisión de la respuesta a la petición presentada por escrito ante la autoridad responsable Director General de Patrimonio de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (fojas 12 a 23). 2. La resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el expediente 084/2017, rescisión (fojas 37 a 41). Ahora, la autoridad responsable Director General de Patrimonio de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que contra el acto reclamado identificado con el número 1, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Debido a que por oficio DGPE/DARE/5313/2017 de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, requirió al Delegado Regional de Zona Sur Coatzacoalcos, notificara el acuerdo P/E/J-130 de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, relativo al inicio del procedimiento de recisión de contrato de compraventa del lote de terreno identificado como número uno, manzana doce, ubicado en la colonia Petroleros de Coatzacoalcos, Veracruz, derivado del derecho de petición hecho valer por la quejosa. Lo que justificó con las copias certificadas que acompañó que obran a fojas treinta y cuatro a cuarenta y dos de autos. Documentales, a las que se concede valor probatorio pleno al constituir documentos públicos, en término de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, se estima que como lo afirma la autoridad responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: En citado precepto dispone: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). A fin de corroborar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, conviene decir que la autoridad que emitió el acto reclamado dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al finalizar su actuación. Lo que implica no sólo la detención definitiva del citado acto, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, dado que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización del acto de autoridad. Sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese contexto, se tiene que la quejosa CONCEPCIÓN MONTOYA CITALÁN, señala como uno de los actos reclamados la omisión de la respuesta a la petición presentada por escrito ante la autoridad responsable el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (fojas 12 a 23), a través del cual solicitó: a) Se iniciara procedimiento administrativo de nulidad del contrato de compraventa celebrado el diez de junio de dos mil dieciséis, sin reserva de dominio, celebrado entre Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, como parte vendedora y Consuelo Luna Avalos, respecto del inmueble ubicado en calle Beto Ávila número trescientos, esquina Ramón Bragaña, lote uno, manzana doce, ubicado en la colonia Petroleros de Coatzacoalcos, Veracruz. b) Se declare que el citado bien inmueble fue enajenado a Concepción Montoya Citalán, en fecha dos de septiembre de mil novecientos noventa y dos. c) Se ordene a la Notaria Pública que corresponda, rectifique los errores existentes en la escritura 22790, entre otras cosas. Al citado escrito recayó la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, identificada con el número P/E/J-130, en donde la autoridad responsable, determinó en su primer punto resolutivo, iniciar el procedimiento administrativo de rescisión de contrato de compraventa en contra de Consuelo Luna Avalos, respecto del lote de terreno uno, manzana doce, ubicado en la colonia Petroleros de Coatzacoalcos, Veracruz. Resolución que fue notificada de manera personal a la ahora quejosa el siete de diciembre de dos mil diecisiete, pues así se aprecia del instructivo de notificación que obra a fojas 35 y 36 de autos. En ese orden de ideas, se observa de manera indubitable que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado; lo que se afirma, pues la autoridad responsable Director General de Patrimonio de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, dio contestación al escrito que la quejosa presentó ante ella, en los términos apuntados en la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete; por tanto, se ha cumplido la garantía consagrada en el numeral 8o. de la Constitución Federal, y cesaron los efectos del acto combatido. Sirve de apoyo al anterior razonamiento, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 605 del tomo XXIX, Enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia Común, la cual dice: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, contra el acto reclamado puntualizado en el arábigo 1, en consecuencia, debe SOBRESEERSE en parte en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento. En relación al acto reclamado en ampliación de demanda, consistente en la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el expediente 084/2017 rescisión (fojas 37 a 41), se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Dada la vinculación, resulta indispensable la transcripción del diverso 18 de la ley de la materia, que dispone: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. (...). De la anterior transcripción, se advierte que se reputan consentidos los actos que no se reclaman dentro del plazo de quince días; así como tres momentos a partir de los cuales debe computarse el término de quince días para la promoción del juicio de garantías, esto es, a partir del día siguiente, al: a) En que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al peticionario de amparo del acto o resolución que reclame; b) En que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) En que el solicitante de garantías se haya ostentado sabedor de los actos. Al respecto, ilustra el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 63, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, julio de 1999, Novena Época, cuyo rubro establece: NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. En vista de lo anterior, es la primera hipótesis, la que se actualiza en el caso, a estudio. Así se considera, ya que el acto reclamado en ampliación de demanda se hace consistir en la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 084/2017 rescisión, por el Director General de Patrimonio de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en la que, se inició el procedimiento administrativo de rescisión de contrato de compraventa en contra de Consuelo Luna Avalos, respecto del lote de terreno uno, manzana doce, ubicado en la colonia Petroleros de Coatzacoalcos, Veracruz, en atención a la petición formulada por la aquí quejosa. Resolución que fue notificada de manera personal a la ahora solicitante del amparo el siete de diciembre de dos mil diecisiete, por conducto de la notificadora de la Dirección General del Patrimonio del Estado, con sede en Coatzacoalcos, pues así se aprecia del instructivo de notificación que obra a fojas 35 y 36 de autos. Entonces, el cómputo para la presentación de la demanda de garantías debe realizarse a partir del día siguiente hábil en que surtió efectos la notificación a la peticionaria de amparo de la resolución que reclama, conforme al numeral 40 del Código de Procedimientos Administrativos, esto es, el once de diciembre de dos mil diecisiete. De ahí, que el término feneció el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, descontando los días del catorce de diciembre de dos mil diecisiete al cinco de enero de dos mil dieciocho, que correspondió al periodo vacacional de la autoridad responsable, así como seis, siete, trece y catorce de enero de dos mil dieciocho, por ser sábados y domingos, esto es, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la ampliación de la demanda del citado acto reclamado, se presentó ante este Juzgado, hasta el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, según se aprecia del sello impreso por la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional (foja 55), es evidente que transcurrió en exceso el término de quince días que prevé el ordinal 17 de la Ley de Amparo. Al respecto, surte aplicación la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, Materia Común, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. En mérito de lo anterior, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con veinte minutos del doce de marzo de dos mil dieciocho. Así como, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE..."
- Principal
No ha lugar a celebrar audiencia constitucional prevista para el día de hoy, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo.
- Principal
Dese vista a las partes por el término de ocho días, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; téngase como pruebas las documentales exhibidas; como delegados a profesionistas designados.
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