Concepción Matías Hernández
Expediente 1001/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1001/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Concepción Matías Hernández
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido para hacer valer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiese hecho valer en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido acuerdo. Archivo. Por tanto, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones relativas en la carátula, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
El día de hoy, queda notificada la parte quejosa, por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de once de octubre de dos mil veintirés, dictada dentro del juicio de amparo 1001/2023; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante la cita que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente, dice: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo turnada de manera electrónica a este órgano jurisdiccional el diez de octubre del año en curso, que promovió ********************, por derecho propio, contra actos de la Visitaduría General del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número ********************/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Desechamiento. Ahora, es pertinente señalar que el escrito inicial de demanda y su aclaración, deben ser analizados en su integridad, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. Es de aplicación, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIII, Materia(s): Civil, página 716, con registro digital 363344, que establece: "DEMANDA, ADMISIÓN DE LA. Los Jueces y tribunales están facultados para normar sus actos conforme a la ley del procedimiento, y cuidar de que las demandas se formulen con la claridad, precisión y demás requisitos de ley que los códigos exigen, cuidando, también de que la acción respectiva se ejercite en la vía y forma que legalmente procede, y cuando la demanda no se entabla en la vía legal pertinente, debe desecharse de plano, sin que obste el razonamiento de que la parte contraria no alegue esa improcedencia, toda vez que esto solamente podrá hacerlo en la forma de excepción, lo cual no es posible, puesto que no se le da entrada a la demanda". Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 del ordenamiento legal en cita. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, Materia(s): Común, con registro digital 196196, que es del tenor siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; numerales que en su orden establecen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De los artículos y fracciones citadas se advierte que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. De tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación reclamada, distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales, al afectar derechos adjetivos, ya que éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. La razón de dichos derechos encuentra su fin último, precisamente, en la obtención de una resolución a su favor; por lo que, si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen de la realidad; estableciéndose así los lineamientos básicos que han de tomarse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. Asimismo, para dar claridad a la determinación que se emite, es conveniente destacar lo considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en concordancia con la reforma al artículo 107 Constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la Ley de Amparo vigente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicable. Asimismo, es preciso señalar que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País determinó que, en tratándose de procedimientos jurisdiccionales, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro del juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; como puede ser la falta de proveer diversas prestaciones formuladas en una petición presentada en un procedimiento seguido en forma de juicio. Por lo que concluyó que el criterio general es que la demanda de amparo que se promueva contra actos de esa naturaleza omisiva es notoriamente improcedente, y debe desecharse de plano, debido a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Las consideraciones destacadas dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, Materia(s): Constitucional, Común, con registro digital 2011580, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Caso en particular. En el caso, la parte quejosa reclama de la Visitaduría General del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, lo siguiente: El acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, pronunciado en el cuaderno de queja ********************, en el cual refiere, dicha autoridad, omitió dar vista a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como, proveer respecto a las órdenes de protección y medidas cautelares que solicitó en la queja que presentó en contra de una funcionaria pública. En ese sentido, el acto reclamado no produce afectación a derechos sustantivos, pues constituye un acto emitido en un procedimiento seguido en forma de juicio, porque la pretensión sustancial en esta vía constitucional es la omisión de pronunciarse en dicho procedimiento en relación a las pretensiones que solicitó, con motivo de una queja que instó, lo que no se considera de imposible reparación para los efectos del juicio de amparo, pues no produce una afectación irreparable de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, en los que el Estado Mexicano sea parte, en perjuicio de la parte inconforme. Lo anterior, debido a que la violación que aduce la parte promovente es de carácter adjetivo, ya que no se trata de una determinación autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, para su debido desahogo. De ahí que la parte quejosa está en condiciones de promover, dentro del propio expediente de origen, lo que a sus intereses convenga, a fin de que la autoridad responsable se pronuncie al respecto; más porque de acuerdo a la actividad procesal de las partes y al contexto en que se desarrolla ese procedimiento, la autoridad responsable ha proveído lo correspondiente a la queja interpuesta. Determinación. En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V (interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Es aplicable, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX del Septiembre de 2004, página 1631, Materia(s): Común, con registro digital 180663, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Acceso a la justicia. Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales. Pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Al caso es aplicable la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA" Domicilio, autorizados y consulta de expediente Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por encontrarse registrada su cédula profesional ante el "sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito". Sin que haya lugar a proveer lo conducente en relación al usuario que refiere, ya que no precisa para qué efectos lo proporciona; por tanto, si desea que las notificaciones personales que surjan en este expediente se le realicen de manera electrónica o tener acceso al expediente electrónico, deberá precisar tal circunstancia. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Por otra parte, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados, de los que se hace saber a la parte quejosa, que sólo serán necesarios para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Envío de oficios Se ordena al actuario llevador de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al actuario firme los oficios derivados de este juicio y, en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de acuerdo a las disposiciones legales aplicables al caso concreto, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En el supuesto de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento del secretario encargado de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico, de ser el caso. Notifíquese PERSONALMENTE.
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