Concepción Martínez González
Expediente 269/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 269/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Concepción Martínez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de cuenta que suscribe el Salvador Ríos Hernández, autorizado de la parte quejosa -en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo-; en atención a su contenido y como lo solicita, se ordena la cancelación de la autorización del usuario SALVADORRIOSHERNANDEZ, para acceder al expediente electrónico relativo al presente juicio; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Ricardo Mendoza García, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, concedidas de acuerdo con el oficio ********************, de cinco de diciembre de dos mil veintidós, signado electrónicamente por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con David Jorge Siu Huerta, Secretario que autoriza y da fe. Secretario encargado del despacho Ricardo Mendoza García Secretario de Juzgado David Jorge Siu Huerta
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de inconformidad contra el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós; por tanto, es de estimarse que se consintió tácitamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional dio vista a la quejosa y terceros interesados, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su intereses legales conviniera, en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector, sin que los terceros interesados hayan hecho manifestación alguna al respecto. En tales condiciones, este Juzgador procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Tomo XIV, Octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA." En la sentencia dictada el doce de abril de dos mil veintidós, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Concepción Martínez González, para el efecto de que, la autoridad responsable Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, realizara lo siguiente: a) Dejar insubsistente la sentencia interlocutoria de tres de enero de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio de nulidad 116/19-15-01-7. b) En su lugar emitir una nueva resolución, en la que luego de reiterar los aspectos que no fueron materia del juicio de amparo, con libertad de jurisdicción, conforme a las consideraciones establecidas en la presente sentencia, se pronunciara sobre los motivos de inconformidad relacionados con la cantidad señalada por la justiciable como el monto que debe pagar la autoridad demandada por concepto de actualización de las diferencias de pensión a su favor, así como respecto de los cálculos que ésta realizó. Algunas de las consideraciones que sustentan el fallo dictado en este juicio, son: "De lo anterior, se obtiene que la sala responsable omitió resolver expresamente lo peticionado por la quejosa en el sentido de que la actualización omitida por la demandada debe ser por el monto de $164,813.68 (ciento sesenta y cuatro mil ochocientos trece pesos 68/100 moneda nacional), conforme al artículo 7, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente el cuatro de octubre de dos mil trece y al artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente al treinta de junio de dos mil veintiuno, esto es, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor de los meses de octubre de dos mil trece y mayo de dos mil veintiuno. En efecto, la sala responsable únicamente se avocó al estudio de la omisión de la demandada de actualizar la cantidad de las diferencias pensionarias de $455,286.42 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y seis pesos 42/100 moneda nacional), sin realizar un pronunciamiento expreso en relación a si la actualización de ese monto corresponde a $164,813.68 (ciento sesenta y cuatro mil ochocientos trece pesos 68/100 moneda nacional), como lo señala la peticionaria de amparo, esto es, no resolvió si los cálculos realizados por la quejosa para obtener esa suma eran correctos o incorrectos, o en su caso, tampoco vertió algún pronunciamiento en relación a si en ese momento procesal era conducente o no proceder a realizar tales cálculos. Ello, pues con independencia de que la sala responsable aduzca en su informe justificado que al dictar la sentencia reclamada ordenó a la autoridad demandada calcular la actualización correspondiente conforme a la jurisprudencia 2a./J. 135/2019 (10a.)5, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, máxime contrario a ese argumento, del análisis de la sentencia interlocutoria no se advierte la cita de dicho criterio jurisprudencial de manera expresa, lo cierto es que aunado a ello, de igual forma fue omisa en determinar si dicha cantidad corresponde a los $164,813.68 (ciento sesenta y cuatro mil ochocientos trece pesos 68/100 moneda nacional) que refirió la quejosa en su escrito de agravios y si los cálculos realizados por ésta para obtener esa suma eran correctos. . De ahí que, con el fin de impartir una justicia completa, el análisis de la cuantificación del monto que debe pagarse a la quejosa con motivo de la actualización de las diferencias de pensión, deben formar parte del estudio del defectuoso cumplimiento o no de la sentencia del juicio administrativo de origen, pues los términos en que se declaró la nulidad, obligan a la autoridad demandada a realizar conductas específicas que deben ser revisadas por el órgano encargado de impartir justicia, en el caso, efectuar el cálculo y correcto pago de la actualización de las diferencias que existan a favor de la justiciable, en estricto acatamiento a la sentencia que se cumple, lo cual debió ser estudiado por la sala responsable con el fin de que cumpliera su obligación constitucional de impartir justicia de manera completa." Dicha sentencia causó ejecutoria el cuatro de mayo de dos mil veintidós, y se requirió a la responsable su cumplimiento. La presidenta y secretario de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Oaxaca, mediante oficios 15-1-1-23937/22 y 15-1-1-23948/22, de nueve de mayo de dos mil veintidós, con números de registro 7201 y 7200, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitieron copia certificada de la resolución dictada en la citada fecha, en el expediente 116/19-15-01-7, de su índice, de los que se advierte: 1. Mediante proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, se dejó insubsistente la resolución interlocutoria de tres de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio de nulidad 116/19-15-01-7. 2.- Se declaró procedente y fundada la queja interpuesta por la actora, por lo que se dejó insubsistente la resolución contenida en el oficio número SP/SPSHT/JN/1230/2021, de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, bajo los siguientes argumentos: ".AHORA BIEN, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE 12 DE ABRIL DE 2022, DICTAD APOR EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 269/2022 y atendiendo a la libertad de jurisdicción que fue concedida; esta Juzgadora procede al pronunciamiento respecto del motivo de inconformidad de la accionante, en relación a que este Juzgadora no realizó pronunciamiento alguno acerca de si el monto de la actualización que debe realizar la autoridad demandada corresponde a la cantidad de $164,813.68, es decir, no resolvió si los cálculos realizados por la aquí actora para obtener esa suma eran correctos o incorrectos, o en su caso, en relación a si en este momento era viable o no proceder a realizar tales cálculos. El tal sentido, no se debe pasar por alto que este órgano Colegiado en párrafos precedentes declaró que existe omisión por parte de la autoridad demandada en pronunciarse respecto a la actualización de las cantidades determinadas a favor de la aquí actora, lo que indudablemente se traduce en una AUSENCIA TOTAL DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN respecto al cálculo de dichas actualizaciones -motivo toral por el que se considera fundada su queja-. Por consiguiente, la ausencia total de fundamentación y motivación aludida propicia que NO SEA VIABLE EN ESTE MOMENTO PROCEDER A VERIFICAR LOS CÁLCULOS REALIZADOS POR LA PROMOVENTE siendo que es obligación de la autoridad demandada, en primera instancia, subsanar la omisión citada y a la postre, de este juzgadora el analizar el debido cumplimiento a la sentencia. . En ese orden de ideas, y de conformidad con lo hasta este punto expuesto, con fundamento en el artículo 58, primer párrafo, fracción II, inciso d), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determina que la autoridad responsable; efectivamente incurrió en defecto al emitir la resolución contenida en el oficio número SP/DPSHT/JN/1230/2021 de 25 de junio de 2021; por lo que se deja insubsistente dicha resolución, para el efecto de que el Encargado o Titular de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de los veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de que surta efectos la notificación d ela presente interlocutoria, y de que haya quedado firme, emita otra resolución expresa, en la que proceda a llevar a cabo la actualización de las diferencias ya determinadas a favor de la actora y respecto de las que no existió controversia alguna (en importe total $455.286.42) y realice el pago correspondiente a la quejosa. ." Por tanto, se considera que la autoridad responsable, cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, ya que dejó insubsistente la sentencia interlocutoria de tres de enero de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio de nulidad 116/19-15-01-7; y por otra parte, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, emitió otra en que en cuanto a la omisión en que incurrió (consistente en pronunciarse sobre los motivos de inconformidad relacionados con la cantidad señalada por la justiciable como el monto que debe pagar la autoridad demandada por concepto de actualización de las diferencias de pensión a su favor, así como respecto de los cálculos que ésta realizó), determinó que al existir una omisión por parte de la autoridad demandada en pronunciarse respecto a la actualización de las cantidades determinadas a favor de la actora, existe una ausencia total de fundamentación y motivación respecto del cálculo de dichas actualizaciones, por ello no resultaba viable en ese momento verificar los cálculos realizados por la promovente, por ser obligación de la autoridad demandada, en primera instancia, subsanar la omisión citada, y con posterioridad, obligación de los magistrados de la Sala, analizar el debido cumplimiento a la sentencia. Y como consecuencia de lo anterior, declaró procedente y fundada la queja, dejó insubsistente la resolución contenida en el oficio SP/DPSHT/JN/1230/2021, de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, y ordenó a la autoridad demandada, dentro del plazo de veinte días hábiles, emitir otra resolución en la que lleve a cabo el cálculo de las diferencias determinadas a favor de la actora, además, de las que no existió controversia, y realizar el pago correspondiente. De tal manera que en el caso, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Y aun cuando el licenciado Salvador Ríos Hernández, autorizado de la quejosa en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, mediante escrito de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, con número de registro 7688, expuso su inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la autoridad responsable, pues sostuvo esencialmente que en ningún momento se pronunció respecto del monto que debería pagar la autoridad demandada por concepto de actualización de las diferencias pensionarias liquidadas, así como respecto de los cálculos que se habían realizado en la instancia de queja para obtener una cantidad que se considera tenían que pagar por concepto de actualización, y por ello, no se dio cumplimiento a la sentencia protectora. Sin embargo, contrario a lo argumentado por el autorizado de la parte quejosa, la ejecutoria de amparo sí se encuentra cumplida, pues la responsable con la libertad de jurisdicción que se le concedió, con motivo de la omisión en que incurrió (consistente en pronunciarse sobre los motivos de inconformidad relacionados con la cantidad señalada por la justiciable como el monto que debe pagar la autoridad demandada por concepto de actualización de las diferencias de pensión a su favor, así como respecto de los cálculos que ésta realizó), concluyó que quien se encuentra obligada a pronunciarse sobre la actualización de las cantidades determinadas a favor de la actora, es la autoridad demandada, y que al existir una ausencia total de fundamentación y motivación respecto del cálculo de dichas actualizaciones, no era viable en ese momento verificar los cálculos realizados por la promovente. En consecuencia, requirió a la autoridad demandada para que realizara el cálculo y pago correspondiente. De ahí que como ya se dijo, la sentencia de amparo, se encuentra cumplida en sus términos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE .
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Glósese a los autos el escrito de cuenta, firmado por Salvador Ríos Hernández, autorizado de la quejosa en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, mediante el cual desahoga la vista otorgada en diverso proveído de dieciséis de mayo del presente año, y manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado por la responsable a la sentencia dictada en el presente juicio. Ahora bien, una vez que fenezca el plazo con que cuenta la quejosa para realizar alguna manifestación relacionada con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se realizará el estudio correspondiente, a fin de determinar si se encuentra cumplida o no, y se tomarán en consideraciones las manifestaciones realizadas en el ocurso de cuenta. NOTIFÍQUESE.
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