Concepción Julissa Arrez Gallegos y Otros.

Expediente 1103/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1103/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Concepción Julissa Arrez Gallegos y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara: el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la captura en el libro electrónico correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto es destruible -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el ocurso signado por las quejosas 1. ********************, 2. ********************, 3. ********************, 4. ********************y 5. ********************. Cumplen la prevención de treinta de octubre de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y en su caso el escrito aclaratorio. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deberá desechar de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de causa de improcedencia del presente juicio constitucional. La cual se analizará a continuación. De la demanda de amparo se advierte las quejosas reclaman: -La orden de descuento o cobro de un adeudo no reconocido en sus respectivos salarios, como trabajadoras del ********************, en la ********************, por parte del 1. Director General de Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz. Así como su ejecución. Ahora, del capítulo de hechos de la demanda de amparo y ocurso aclaratorio de cuenta, se advierte lo siguiente: -Las quejosas son trabajadoras activas del ********************, en la ********************. -Refieren que desde mayo de dos mil veintidós se realizan descuentos en sus salarios. -Con motivo de lo anterior, acudieron a la Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud de Veracruz. Les comentaron eran órdenes de la Dirección Administrativa, por un adeudo con instituciones financieras. En noviembre de dos mil veintidós, supieron cuáles eran las financieras involucradas. En junio de dos mil veintitrés consiguieron el asesoramiento de un abogado, por lo que solicitaron copias certificadas a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. -Los descuentos en los talones de pago son por un adeudo. Pero nunca pidieron un préstamo. Refieren existe un fraude entre el Gobierno de Veracruz (empleador) y las financieras para dejarlas sin salarios. Un promotor de apoyos gubernamentales les solicitó sus documentos personales, para el objetivo y fin de préstamos a fondo perdido de la dependencia Bienestar Federal (apoyos de gobierno). En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El reclamó constitucional no puede ser considerado acto de autoridad para los efectos del presente juicio. Deriva de una relación laboral que une a las promoventes con las señaladas como responsables. Consecuentemente, no es posible su análisis en la vía extraordinaria como lo es el amparo. Lo anterior, bajo el contexto que, para efectos del amparo, el acto de autoridad es aquél que proviene de un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública. Es decir, cuando el acto tiene su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña. En el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación. Actuando con los atributos esenciales del proceder autoritario: unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Que se traducen en la posibilidad de que el Estado actúe sin el consenso de los particulares y pueda imponer sus determinaciones. Aún en contra de su voluntad. Si no se presentan estas condiciones, entonces se dice que la autoridad asume conductas y obligaciones como cualquier otro particular. Su actuación adquiere el carácter de una relación de coordinación, como si se tratara de un ente de derecho privado. De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se desprende que el juicio biinstancial es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. Ésta es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, el reclamo de las quejosas en esta instancia, no es impugnable a través del juicio de derechos humanos. Se trata de un acto emanado de una relación laboral con las dependencias que fungen como su patrón y pagador. En apoyo a lo anterior, por analogía se cita la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, libro 29, abril de 2016, tomo III, visible en la página 1956, con registro digital 2011343, de título, subtítulo y texto siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. Los derechos aludidos en la demanda son de carácter laboral que facultan a quienes promueven a ejercer su acción ante tribunales del trabajo para combatir cualquier irregularidad que estimen cometidas referentes a sus derechos inherentes a las respectivas relaciones de trabajo. Ventilar ello ante los órganos jurisdiccionales de trabajo y de considerar que, lo ahí decidido vulnera su esfera constitucional de derecho, entonces acudir a la vía constitucional que en derecho corresponda. Lo que evidencia que a través de aquélla no se crea, modifica o extingue, por sí y ante sí, una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria o, se omite un acto que, de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Se trata del descuento o cobro de adeudo en sus respectivas nóminas, por parte de su patrón (Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud en la que trabajan) en relación con diversas financieras. Sobre apoyos gubernamentales, para el objetivo y fin de préstamos a fondo perdido de la dependencia Bienestar Federal (apoyos de gobierno). En consecuencia, es inconcuso el acto reclamado es una cuestión entre funcionarios que se ubican en un mismo plano y no en sede constitucional. Sólo por excepción Constitucional prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII (marinos, militares, policías, Ministerio Público y miembros del servicio exterior) se puede considerar que la relación sea de naturaleza administrativa y no laboral. Sin que se esté en el caso de señalar específicamente a la parte quejosa, cuáles serían los medios de defensa idóneos a los que deberá acudir a fin de lograr como parte en juicio ordinario hacer respetar sus derechos, con base en la Jurisprudencia 2ª./J.125/2012 (10ª) de la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia Constitucional en el País (registro 2002215), que se publicó en la página 1583, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 2, Materia (s) Constitucional-Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con rubro y texto siguientes: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para efectos de orden público. Por otra parte, es dable precisar las promoventes refieren los descuentos en su nómina se ejecutan desde mayo de dos mil veintidós. En noviembre de dos mil veintidós conocieron son por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. A esos actos les es aplicable el plazo de quince días para promover demanda de amparo. Es evidente ha transcurrido en exceso. Lo que actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los numerales 17, 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda origen de este asunto. Notifíquese.

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