Concepción Hernández Reyes
Expediente 1895/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1895/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/10/2018
Partes del expediente
- Concepción Hernández Reyes
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictada dentro del presente juicio de amparo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: 1. Deje sin efectos el acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral D-3/1390/2017, en la parte conducente en que señaló las diez horas con treinta minutos del nueve de julio de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y, en su lugar: 2. Dicte un nuevo auto en el que señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en un término que no deberá exceder de quince días (en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo); y ordene que ese acuerdo se notifique personalmente a la parte actora (aquí quejoso) y a la parte demandada dentro de los cinco días siguientes al en que lo dicte, y verifique se haya efectuado esa notificación, a fin de que éstos puedan asistir a la audiencia indicada. De todo lo cual deberá informar a este Juzgado de Distrito. Sin embargo la autoridad responsable la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, informó que mediante auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, la parte actora, aquí quejosa, se desistió lisa y llanamente y a su entero perjuicio de la acción, instancias y prestaciones reclamadas dentro del expediente laboral D-3/1390/2017 por lo que se ordenó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. Por auto de uno de octubre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con lo anteriormente manifestado. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina que existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector, ello es así, ya que como se dijo, la autoridad responsable informó que la parte quejosa se desistió del juicio de origen (expediente laboral D-3/1390/2017). En consecuencia, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el telegrama del Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, por medio del cual da cumplimiento al auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho y manifiesta que comisionó al actuario de su adscripción a que realice el emplazamiento a la parte tercera interesada persona moral denominada "Privanzas Lomas de Angelópolis" dentro del expediente laboral D-3/279/2011 del índice de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, lo que toma conocimiento este Juzgado Federal para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el secretario Ricardo Hernández Rugerio, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial signada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar el acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho a la promovente Concepción Hernández Reyes, por las razones que de la misma se desprenden; por tanto con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la promovente dicho proveído y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista. NOTIFÍQUESE.
- Principal
1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Concepción Hernández Reyes, contra actos de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1895/2018-IV; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 PREVENCIÓN A efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede, y tomando en cuenta que de la lectura integral de la demanda se advierte que los actos de que se duele la promovente del amparo derivan de la aprobación del proyecto de obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA XILOTZINGO Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y SUS ACCESOS", con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracciones IV y V, y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a Concepción Hernández Reyes para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: 1.- Precise el acto que en concreto reclama en la presente instancia constitucional, es decir, si lo es el decreto o aprobación del proyecto de obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA XILOTZINGO Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y SUS ACCESOS", y de ser el caso, manifieste la fecha de su aprobación, así como la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. Ello, porque de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a la autoridad, debe señalarse con claridad y precisión, ya que el suscrito no puede presumir cuál es el acto reclamado a ésta, pues es un requisito de forma de la demanda que la ley o acto que de cada autoridad se reclame se señale con exactitud, en virtud, de que, a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, en atención a que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe señalarse el acto reclamado), en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. 2.- Por otra parte, requiérase a dicho quejoso para que en el mismo plazo de cinco días, bajo protesta de decir verdad, refiera con precisión los antecedentes del acto reclamado, destacando la fecha en que tuvo conocimiento del mismo. Lo anterior, ya que en términos de la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo narrar los hechos y abstenciones que le constan a la parte quejosa y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, lo que en la especie no acontece y da lugar a realizar el presente requerimiento. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, al quejoso, a su abogado autorizado, o a ambos, cuando en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la inteligencia de que la parte inconforme deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a las anteriores prevenciones en original y con tres copias en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, para ser distribuidas de la siguiente manera: una para la autoridad señalada como responsable, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado, y una más para la parte tercero interesada. Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento a las prevenciones señaladas se procederá conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizada en términos amplios del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a María de la Cruz Carolina Sánchez Hernández, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92, del citado acuerdo 1/2015, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 7 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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