Concepcion Hernandez Hernandez
Expediente 43/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 35 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 43/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 14/02/2017
Partes del expediente
- Concepcion Hernandez Hernandez
- Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan Mexico
- Tribunal Estatal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se concedió el amparo, y carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvanse el anexo remitido por la responsable, sin que sea necesario el acuse de recibo.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta y toda vez que se hace constar que no se formuló manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia con engrose de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, se concedió el amparo, para el efecto de que, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México: De cumplimiento al auto de requerimiento de pago de seis de agosto de dos mil trece, emitido dentro del expediente laboral 2887/2006, por el Presidente de la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual fijó en cantidad líquida la condena impuesta en el laudo de quince de junio de dos mil diez, con independencia de que la peticionario de amparo promueva ante ese órgano laboral la actualización de la suma relativa a las prestaciones adeudadas y éste se pronuncie al respecto. En caso de que el ayuntamiento responsable se declare insolvente, en términos del párrafo segundo del artículo 251 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos y Municipios, el Presidente Municipal deberá solicitar el establecimiento de una partida presupuestal específica para la liquidación relativa a la ejecución del laudo ,que nos ocupa, lo que se justificará con el acta de sesión del Ayuntamiento responsable, por lo que hace, tanto a la insolvencia del Municipio como al establecimiento de la partida presupuestal en cita, en términos del artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, debiendo contar para ello con el informe contable relativo suscrito por el Tesorero municipal; y, En virtud de que, conforme a lo previsto en el artículo 125, cuarto párrafo, de la Constitución Local, es obligación del Ayuntamiento realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para, en el caso, incorporar a su presupuesto de egresos el laudo condenatorio en comento, con el objeto de que se cumplido, por ende, en términos de la fracción del artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, dicha autoridad responsable deberá acreditar ante este juzgado federal que tanto en la formulación del proyecto de presupuesto de egresos como en su aprobación, se contempló la partida presupuestal específica para la liquidación de la sentencia laboral que nos ocupa. Por diversos autos se requirió el cumplimiento al fallo protector; así, mediante auto de tres de junio del año en curso, este órgano de control constitucional determinó que la ejecutoria de amparo no estaba cumplida por lo que se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito; por tanto, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por oficio TECA400F/104010/A.I/874/2016, presentado el veinte de junio de dos mil dieciséis, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, adjuntó copia certificada del convenio en la modalidad de pago al laudo dictado el quince de junio de dos mil diez, realizado entre la actora quejosa y el demandado en el juicio de origen, en el que se fijó el pago de la cantidad de $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 M.N.), en tres parcialidades de $233,333.33 (doscientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 M.), cada una, exhibiendo en el acto la primer parcialidad y acordando pagar las dos restantes el catorce de julio y quince de agosto, ambos del presente año. Asimismo, mediante oficio TECA400F/104010/A.I/1105/2016, presentado el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, turnado a este órgano jurisdiccional el diecisiete siguiente, anexó copia certificada de los proveídos de catorce de julio, ocho y dieciséis de agosto del presente año, de los dos primeros de los cuales se desprende que el apoderado legal de la parte demandada, exhibió los cheques 0001481 y 0001651 por la cantidad de $233,333.33 (doscientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 M.), cada uno, mismos que fueron recibidos por la aquí quejosa, quien se dio por pagada en forma total del convenio celebrado el dieciséis de junio de este año y solicitó el archivo del expediente 2887/2006, como asunto totalmente concluido. Por último, del proveído de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, que remitió la responsable, se desprende que una vez que transcurrió el plazo otorgado a la quejosa para que manifestara el buen cobro del último título de crédito mencionado en el párrafo que antecede, sin que haya realizado manifestación alguna, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de ocho de agosto del presente año y se tuvo por cubierta la totalidad de la condena decretada en el laudo dictado el quince de junio de dos mil diez, ordenado archivar el expediente laboral como asunto totalmente concluido. Del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que la responsable, atendió a los efectos del fallo protector, pues dio cumplimiento al requerimiento de pago, de tal manera que las partes celebraron un convenio y finalmente la quejosa manifestó su conformidad del pago total de las prestaciones reclamadas en el juicio natural. Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES; POR LISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido de la secretaria Eloisa Salinas Juárez, que da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se agrega a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en Toluca, informa el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de amparo y adjunta copias certificadas de las constancias con las que refiere lo acredita. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, a efecto de que manifiesten lo que a su interés legal convenga, en lo atinente al cumplimiento dado al fallo protector, por parte de las autoridades responsables. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se agrega a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remite copia certificada de los acuerdos de dieciséis y veinte de junio, ambos del año en curso, mediante los cuales informa que las partes en el juicio laboral 2887/2006, realizaron un convenio en la modalidad de pago de laudo por el total de $700, 000.00 (setecientos mil pesos 00/100 M.N.), en tres parcialidades; la primera se realizó en el acto y las dos restantes se pactaron a pagar el catorce de julio y quince de agosto, ambas de dos mil dieciséis. Por tanto, no ha dado cabal cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, y en atención a que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión, a la autoridad responsable mencionada en el párrafo que antecede, para que en el término de tres días, computados a partir de su legal notificación y una vez que se haya realizado el pago de la parcialidad establecida para el quince de agosto de dos mil dieciséis, es decir, ya que se haya finiquitado totalmente el pago del laudo correspondiente, informe el cumplimiento que dio a la sentencia de amparo dictada en el sumario constitucional en que se actúa; de igual manera, adjunte la totalidad de constancias certificadas que acrediten su dicho. Lo anterior, en el entendido de que continúa subsistente el apercibimiento decretado mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, es decir, para el caso de ser omisa en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de Amparo vigente, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual en su caso, se duplicará hasta llegar a mil días de salario, en caso de inobservancia. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Con independencia de lo anterior, se informa a la citada autoridad que de constituirse en actitud omisiva, también puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General 5/2013, de trace de mayo de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, esto es, para que la Suprema Corte de Justicia determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la ley de la materia. Cobra validez la jurisprudencia visible en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
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