Concepción Guadalupe Troncoso Gómez y Otros.

Expediente 1092/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1092/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Concepción Guadalupe Troncoso Gómez y Otros.
  • J.G. A. T. y Otros.
  • Concepción Guadalupe Troncoso Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la cuenta, intégrese al expediente el oficio firmado electrónicamente por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con el que informa se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto de veintiséis de octubre del año en curso, el que se desechó de plano la demanda que dio origen al presente asunto; el cual se registró bajo el expediente 419/2023 de ese índice. Al respecto, tómese conocimiento y estese en espera de la determinación que asuma el tribunal de alzada.-

  2. Principal

    Vista la cuenta, intégrese al expediente el escrito signado por ****, en representación de las infantes J.G.A.T. y A.E.A.T.; atento a su contenido, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase interpuesto recurso de queja contra el auto de veintiséis de octubre del año en curso, en el que se desechó su demanda. En tales condiciones, remítase el original y copia del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en turno. En vía de informe comuníquese al tribunal de alzada que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ****, en representación de las infantes **** y ****; no obstante, se sostiene su legalidad al tenor de las razones y fundamentos ahí expuestos. Para justificar lo anterior, remítase copia certificada de todo lo actuado en el expediente 1092/2023-VII, a efecto de que el tribunal que conozca del tal medio de impugnación esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. En este caso particular resulta innecesario el señalamiento de constancias como lo ordena el artículo 101, primer párrafo de la Ley de Amparo, dada la naturaleza de la resolución impugnada.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a las partes, en proveído de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, a fin de que expresaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, únicamente el quejoso realizó manifestaciones al respecto. En tales condiciones, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 297, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE LA SEGUNDA SALA)". También debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Antecedentes El cuatro de julio de dos mil veintitrés, este juzgado dictó sentencia en la que por una parte sobreseyó en el juicio y, por la otra, concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, para los efectos siguientes: "[.] Por ende, al haberse demostrado que los actos reclamados al Juzgado responsable transgredieron los derechos humanos de la quejosa, reconocidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el amparo y la protección constitucional solicitados Lo anterior, de conformidad con los artículos 2, 4, 80 y 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato antes reseñados, para el efecto de que el Juzgado Segundo Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, con base en los lineamientos del presente fallo: a) Deje insubsistente todo lo actuado en el ordinario civil ******************** a partir del auto de nueve de junio de dos mil diecisiete, en el que se citó a las partes para oír sentencia, así como todos los actos jurídicos derivados de la tramitación de dicho juicio desde la fecha indicada. b) Llame a juicio a ******************** para que pueda defender sus intereses, respecto de los inmuebles materia de la controversia. La concesión del amparo se extiende a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras. [.]." Tal determinación causó ejecutoria mediante proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, por lo que se requirió a la autoridad responsable Juzgado Segundo Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que recibiera el oficio derivado de dicho acuerdo, cumpliera el fallo protector y remitiera las constancias relativas. Mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes el diecisiete de agosto del presente año, la juez responsable remitió copia certificada del acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés dictado en el expediente ******************** de su índice, donde determinó: "[.] Ahora bien, en cumplimiento a la resolución emitida con fecha cuatro de julio de dos mil veintitrés, pronunciada dentro del Juicio de Amparo Indirecto mencionado con antelación, por medio de la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************, se determina lo siguiente: Se deja sin efectos todo lo actuado a partir del auto de nueve de junio de dos mil diecisiete, en el que se citó a las partes a oír sentencia, pronunciado dentro del presente juicio ordinario civil número ********************, que promovió ********************, en contra de J********************, así como todos los actos jurídicos derivados de la tramitación de dicho juicio desde la fecha indicada. Como consecuencia de lo anterior, y tomando en cuenta que la sentencia de fondo dictada en este juicio con fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete quedo protocolizada en escritura pública ********************, notario público número 12 de Pénjamo, Guanajuato; se ordena enviar oficio al mencionado fedatario público para que proceda a la cancelación de la escritura pública anteriormente descrita, debiendo remitir a este Tribunal constancia que así lo acredite y, para el caso de que haya sido inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, deberá además realizar los trámites necesarios para cancelar esa inscripción, lo que también deberá acreditar a este Juzgado con la documental correspondiente. Para llevar a cabo lo antes señalado se concede el término de tres días, contados a partir de la recepción del oficio correspondiente. Como segundo punto a cumplimentar de la ejecutoria en comento, se ordena llamar a juicio a ********************, por conducto de su representante legal, para que pueda defender sus intereses, respecto de los inmuebles materia de controversia. Por tanto, se ordena requerir a la actora ********************, en el domicilio ******************** domicilios que se desprenden el primero del contrato base de la acción y, segundo de la escritura pública número ********************; para que amplié su demanda en contra de ********************. [.]" Posteriormente, la juez responsable remitió copia certificada de la escritura pública ******************** de veinticuatro de agosto de los mil veintitrés, pasada ante la fe del notario público número 12 de Pénjamo, Guanajuato, en la que consta la cancelación de la diversa ******************** del índice de esa notaría. Luego, informó que el fedatario referido le comunicó que el instrumento notarial ******************** no fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Por su parte, la parte quejosa manifiesta que la autoridad responsable no ha cumplido totalmente la ejecutoria de amparo, pues refiere que es necesario que se ordene la cancelación de la escritura pública ******************** ********************, pasada ante la fe del notario público 11 de Pénjamo, Guanajuato, así como los traslados de dominio registrados en el Catastro Municipal, en virtud de que considera que esos actos jurídicos derivan del juicio de origen. No le asiste razón. En su informe justificado, la Administradora de Catastro Municipal de Pénjamo indicó que el último propietario registrado en las cuentas catastrales número ******************** y ******************** es ********************, con motivo de la verificación de traslado de dominio derivado de la celebración de un contrato de donación en escritura pública ******************** ********************, pasada ante la fe del Notario Público 11 de Pénjamo Guanajuato, acto jurídico que no deriva de la tramitación del juicio ordinario civil ********************; por tanto, no forma parte de los efectos de la concesión del amparo. Además, como se expuso en la sentencia emitida en el presente asunto, si la parte quejosa estima que los actos jurídicos derivados de la escritura pública ******************** vulnera sus derechos patrimoniales, deberá instar el juicio correspondiente ante la autoridad judicial competente. En lo conducente, en la sentencia se estableció: "En el caso, la quejosa reclama al titular de la Notaría Pública Once del Partido Judicial de Pénjamo, Guanajuato, el otorgamiento de la escritura pública ******************** ******************** en la cual consta la donación de ********************, en favor de ********************, de los inmuebles que, aduce, le pertenecen. Dichos inmuebles se encuentran registrados bajo los folios reales ******************** y ********************. No obstante, con base en las premisas normativas antes expuestas, se considera que el titular de la Notaría Pública Once del Partido Judicial de Pénjamo no tiene el carácter de autoridad responsable en este juicio de amparo, ya que, con independencia de que su actuar se encuentra regulado por una norma (la cual dota a los notarios de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad), cuando un notario público formaliza la celebración de un contrato de donación, no establece una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente da fe de la situación jurídica generada a partir del acuerdo de voluntades del donante y donatario. Además, no emite unilateralmente resoluciones que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones. En otras palabras, la relación existente entre el notario y los sujetos que acuden a solicitar sus servicios se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, la cual es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. Así, puesto que en el otorgamiento de la escritura que reclama la ahora quejosa únicamente se dio fe del acuerdo de voluntades entre la donante y el donatario (cuyo objeto fue la traslación de dominio de los inmuebles que defiende en esta causa), si estima que dicho acto jurídico vulnera sus derechos patrimoniales, deberá promover el procedimiento ante la autoridad judicial competente (por ejemplo, la acción de nulidad por venta de un bien ajeno)." (Lo resaltado es propio). Lo anterior constituye cosa juzgada y, por ende, no es susceptible de discutirse. Luego, si los efectos de la concesión del amparo fueron para destruir únicamente los actos jurídicos derivados de la tramitación del juicio de origen, no es dable atender lo solicitado por la quejosa. En tales condiciones, se considera que el fallo protector está cumplido conforme a lo dispuesto en los artículos 77, fracción II, y 192, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la autoridad responsable dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil ******************** a partir del auto de nueve de junio de dos mil diecisiete, en el que se citó a las partes para oír sentencia, así como todos los actos jurídicos derivados de su tramitación desde la fecha indicada y llamó a juicio a ********************, para que pueda defender sus intereses respecto de los inmuebles materia de la controversia, para lo cual, requirió a la actora de ese juicio, para que ampliara su demanda en contra de la quejosa.  Archivo del expediente En mérito de lo anterior, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se establece: Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), de dicho acuerdo, el presente expediente debe conservarse íntegro en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente auto. Una vez transcurrido ese plazo, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Provéase lo conducente en el incidente de suspensión derivado del presente asunto. Finalmente, toda vez que en autos obra documento exhibido por la quejosa, requiérasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documental, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, seguirá la suerte del expediente en que se actúa.

  4. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguense para que obren como corresponda, los oficios suscritos por la Presidenta de la Junta Especial 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de la ciudad de Guanajuato y el Encargado de Oficialía de Partes Común de Asuntos Individuales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de México, respectivamente. En cuanto al oficio registrado con el folio 16541, acusa de recibo de los oficios 24562/2023 y 24563/2023 del índice de este juzgado, con los cuales se le notificó a la Junta y a la Actuaria adscrita que fue interpuesto el recurso de revisión por la tercera interesada, en contra de la sentencia dictada el veintiséis de septiembre del año en curso. Por lo que respecta al oficio registrado con el folio 16546, el Encargado de Oficialía de Partes Común de Asuntos Individuales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de México devuelve el oficio 23474/2023 por estar dirigido a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 78 con sede en Ciudad de México. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que no se ha notificado la sentencia dictada el veintiséis de septiembre del año en curso a la Junta Especial 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de la ciudad de Guanajuato, ni a la Junta Especial 7 Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, así como el auto de seis de octubre de dos mil veintitrés a ésta última autoridad mencionada, en el que se tuvo interpuesto recurso de revisión contra el fallo dictado en antes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación a dichas autoridades por medio de oficio. A efecto de integrar el expediente y evitar el retardo de su envío al órgano colegiado correspondiente con motivo del recurso interpuesto en autos, se les requiere para que, en su momento, acusen recibo de los oficios a través de los cuales se les notifica lo ordenado líneas arriba. Para tal efecto, se proporcional el correo electrónico institucional 9jdo16cto@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que deberán confirmar su recepción. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, o no manifestar la imposibilidad material o jurídica que tenga para ello, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, suma que asciende a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta pesos 00/100 moneda nacional, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Karla María Macías Lovera, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, quien firma ante Víctor Márquez Ávila, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,043 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano