Concepción Guadalupe Terrazas Laredo

Expediente 654/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
654/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Concepción Guadalupe Terrazas Laredo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia en la que se decretó el sobreseimiento emitida el veintiuno de octubre de dos mil veintidós; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo de las autoridades responsables, pues conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la sentencia dictada afectara el acto que les fue reprochado, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dado el sentido del fallo emitido al haberse sobreseído y la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia XIX1ºA.C.,J/1 (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Décima Época, visible a página 2564, del libro 34, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de dos mil dieciséis, tomo IV, cuyo rubro y texto dicen: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARERCE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 654/2022-II, promovido por Ernesto Ramírez Pérez, apoderado legal de Concepción Guadalupe Terrazas Laredo, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, y recibido el doce de enero siguiente en este Juzgado de Distrito, Ernesto Ramírez Pérez, apoderado legal de Concepción Guadalupe Terrazas Laredo, promovió juicio de amparo indirecto, en el que como autoridad responsable y acto reclamado señaló lo siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad. Acto reclamado: "La paralización total del procedimiento en los autos del sumario laboral 00212/E06/2022, en atención a que las autoridades señaladas como responsables en su orden, no ha llevado a cabo el emplazamiento a juicio para con la demandada." SEGUNDO. El primero de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de garantías, la cual quedó registrada bajo el número 654/2022-II, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el titular del juzgado puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención de la peticionaria del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de garantías y de la constancia que obra en autos, se desprende que los actos que reclama la parte quejosa consisten en: La omisión de las autoridades responsables Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, y Actuario adscrito a dicha Junta, en llevar a cabo el emplazamiento al juicio laboral de origen, a cargo de la parte demandada. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y actuario adscrito a la misma, fueron omisas en rendir sus informes justificados, no obstante de haber quedado notificadas para ello; por tanto, de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto que a éstas se le atribuye. Certeza que además, se corrobora con las copias certificadas que remitió la Presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través de los oficios 1659/2022 y 1665/2022, recibidos el veintiocho y veintinueve de septiembre de dos mil veintidós (fojas 28 a 40 y 42 a 44); mismas que por tratarse de documentos públicos, conforme al artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los diversos numerales 197 y 202 del invocado ordenamiento adjetivo, ya que fueron expedidas por funcionarios públicos en el ámbito de sus ejercicios. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al ser una cuestión de orden público y por ende, de estudio preferente, misma que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ..." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, debido a que de las constancias que allegó la Presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través de los oficios 1659/2022 y 1665/2022, recibidos el veintiocho y veintinueve de septiembre de dos mil veintidós (fojas 28 a 40 y 42 a 44), se aprecia que el día catorce de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo laboral 00212/E06/2022 de su índice, llevó a cabo el emplazamiento y notificación a cargó de la demandada "Productos Electromecánicos BAC", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, corriéndole traslado con senadas copias de la cédula de notificación; del escrito inicial de demanda; del acuerdo de radicación y del auto de veintiocho de junio del año en curso; de lo cual se dolía la parte quejosa. Subsanándose con ello la omisión que en esencia generó la causa de pedir del doliente; siendo inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y actuario adscrito a la misma, conlleva a que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ernesto Ramírez Pérez, apoderado legal de Concepción Guadalupe Terrazas Laredo, en contra de actos atribuidos a la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y el actuario adscrito a la misma, con base en los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 1659/2022, signado por el Presidente por ministerio de ley de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, por medio del cual remite las constancias que le fueron requeridas en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, para la resolución del presente asunto. Al respecto, pónganse a la vista de las partes a fin de que manifiesten lo de su intención, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, no ha remitido las constancias que le fueron exigidas mediante oficio 21260/2022, de veintinueve de agosto del año en curso, mismo que recepcionó el treinta de agosto siguiente; lo anterior, con motivo de haber sido omisa en rendir su informe justificado. Sobre esas bases, dígase al Presidente por ministerio de ley de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado en esta ciudad, que en los asuntos sometidos a la potestad de este Juzgado de Distrito, éste juzgador se ceñirá estrictamente a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, ante todo, dictará las medidas que crea pertinentes para cumplir con la función jurisdiccional encomendada, la que se puede ver entorpecida con tales actitudes como la demostrada, lo que ocasiona un retardo en la pronta y expedita impartición de justicia, en detrimento de los promoventes del juicio de garantías. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Presidente por ministerio de ley de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado en esta ciudad, para que en el término de veinticuatro horas, remita copias certificadas de las constancias que acrediten el acto reclamado. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el indicado plazo o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se hará efectiva la multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100) moneda nacional, con que fue conminado mediante el oficio reseñado en párrafos que anteceden. Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con cuarenta y tres minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

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