Concepcion Guadalupe Martinez Montesinos

Expediente 608/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
608/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/08/2023

Partes del expediente

  • Concepcion Guadalupe Martinez Montesinos

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del oficio 11471/2023 de este Juzgado, por el que se le remitieron los autos y constancias que indica. Sin realizar mayor pronunciamiento, ya que por auto de siete de julio pasado, se ordenó el archivo del presente asunto como concluido. CÚMPLASE.

  2. Principal

    MESA V ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente. Por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14, fracción III, del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, dado que se desechó la demanda de amparo; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del citado Acuerdo; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción IV, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control. Finalmente, devuélvase a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, las documentales que acompañó a su informe justificado (dado que este asunto se tramitó inicialmente en la vía directa) consistentes en el 1) toca civil 37/2023, un 2) cuaderno formado con el oficio PJEO/CJ/VG/V.II/1059/2022, 3) expediente 11/2019 del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huajuapan de León, un 4) incidente de incompetencia, 5) tres cuadernos de prueba, un 6) sobre amarillo que contiene cinco avalúos originales de quince de julio de dos mil trece, por diversos valores físicos, cuatro instrumentos notariales con número trece mil cuatrocientos catorce, y un instrumento notarial número quince mil cuatrocientos uno, pasados ante la fe del licenciado Luis Guadalupe Martínez Ramírez, Notario Público número 82 de Huajuapan de León. Solicítese el acuse respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta por medio del cual la promovente del amparo Concepción Guadalupe Martínez Montesinos, atento a lo requerido en proveído de dieciséis de los corrientes, formula su demanda en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo. Al respecto se acuerda: PARTE QUEJOSA Concepción Guadalupe Martínez Montesinos, parte actora en el juicio ordinario civil 11/2019, mediante el cual ejerce la acción reivindicatoria contra Oster Montesinos Martínez y Domitila Montesinos o Guadalupe Domitila Montesinos Aparicio. Autoridades responsables Actos reclamados Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Sentencia de ocho de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil ******************** -en la que sin entrar a fondo del asunto se revocó la determinación apelada de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós-. Ello, al declarar la incompetencia del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huajuapan de León -por razón de la materia para conocer de la acción reivindicatoria planteada en el juicio ordinario civil de origen 11/2019. Y en consecuencia, la declaración de nulidad de todo lo actuado en dicho expediente, a partir del auto admisorio, ordenando la remisión de los autos originales del expediente al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis. Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huajuapan. La remisión de los autos originales del expediente civil de origen 11/2019 al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con sede en Huajupan de León. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO Se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, ya que respecto a los actos reclamados, se ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCION V, DE LA LEY DE AMPARO, relativa a que los actos reclamados NO SON DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los referidos preceptos legales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Articulo.107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.].". De los preceptos transcritos se advierte que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos, es decir, cuya ejecución sea de imposible reparación. En ese sentido, los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución. En cambio, contra los actos del procedimiento de ejecución reparable, no procede el amparo indirecto, puesto que no trastocan tales derechos, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, pues tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Bajo ese contexto, la demanda de la parte quejosa resulta improcedente porque en el caso no se afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues la resolución que se combate, es la sentencia de ocho de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Primera Sala Civil responsable en el toca de origen. Ahora, los antecedentes de la resolución reclamada son los siguientes: La aquí quejosa, promovió juicio ordinario civil 11/2019 del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huajuapan, Oaxaca, demandando la acción reivindicatoria en contra de Oster Montesinos Martínez (quien refiere es su hijo) y Domitila Montesinos o Guadalupe Domitila Montesinos Aparicio. Mediante resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, el Juez Mixto de Primera Instancia, declaró improcedente la acción reivindicatoria planteada por la aquí quejosa, por lo que absolvió a los demandados de la desocupación y entrega material de los bienes inmuebles demandados. Ello, al considerar que mediante ejecutoria de doce de junio de dos mil quince, dictada en el juicio de amparo directo 49/2015 del índice del entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, se negó la protección de la justicia federal a la aquí quejosa, por considerar que los demandados en el juicio reivindicatorio de origen, tenían mejor derecho a la posesión de los bienes inmuebles materia del juicio ordinario civil. Juicio de amparo directo que derivó del diverso expediente agrario 946/2012 del índice del Tribunal Unitario Agrario del distrito 46, con sede en Huajuapan de Léon, Oaxaca. Luego, contra la sentencia dictada en el juicio reivindicatorio de origen, la aquí quejosa interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala responsable -y misma que constituye el acto reclamado en esta instancia-, por lo que en la resolución reclamada en el presente juicio de amparo indirecto, se declaró la incompetencia del Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huajuapan de Léon, Oaxaca, para conocer de la acción reivindicatoria planteada en el juicio de origen 11/2019 y se ordenó la remisión de los autos al Tribunal Unitario Agrario del distrito 46, con sede en Huajuapan de Léon, Oaxaca. Sin embargo, resulta un hecho notorio que la aquí quejosa, intentó el juicio de amparo primigeniamente en la vía directa, por lo que a consecuencia de ello, la Sala responsable, en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, concedió la suspensión provisional a la quejosa para el efecto de que: Las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan siempre y cuando exhiba la cantidad de quince mil pesos, cero centavos, moneda nacional, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios que con dicha medida cautelar pudieran causarse a la parte tercera interesada. Por tanto, el Tribunal Unitario Agrario del distrito 46, con sede en Huajuapan de Léon, Oaxaca, a la fecha, no ha aceptado la competencia planteada, por lo que aún no existe una afectación personal y directa en la esfera de los derechos de la parte quejosa, de modo que la declinación de competencia, aún no tiene el carácter de definitivo para la procedencia del presente juicio de amparo indirecto. Es así, porque en su caso, una vez que el Tribunal Unitario Agrario acepte la competencia declinada, se produciría tal afectación y la quejosa estaría en aptitud de hacer valer lo que a sus intereses convenga, pues hasta ese momento, quedaría sentado que esa autoridad aceptó conocer del asunto hasta su total resolución, situación que no se actualiza en el caso concreto. Tales afirmaciones, han sido sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 29/2015 (10a.), registro 2009912, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I , página 22, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo.". Por lo expuesto, se reitera que el presente juicio de amparo es improcedente, por lo que procede desechar la demanda de amparo, y en consecuencia, QUEDA SIN EFECTO la suspensión provisional decretada por la Sala responsable en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el toca civil ********************. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma electrónicamente, Rodolfo Sánchez Zepeda, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Dámaris Angélica Arango Vera, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    MESA V ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual, remite el oficio que contiene la inserción del proveído de doce de junio del actual, así como el cuadernillo de constancias deducidas del amparo directo 266/2022, consistentes en escrito de demanda y anexos, promovida por Concepción Guadalupe Martínez Montesinos, contra actos de los Magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otra autoridad. FORMACIÓN DE CUADERNOS DE PRUEBAS. A efecto de facilitar el manejo de las constancias remitidas por el Tribunal de Alzada consistentes en 1) toca civil 37/2023, 2) un cuaderno formado con el oficio PJEO/CJ/VG/V.II/1059/2022, 3) expediente 11/2019 del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huajuapan de León, 4) un incidente de incompetencia, 5) tres cuadernos de prueba, 6) un sobre amarillo que contiene cinco avalúos originales de quince de julio de dos mil trece, por diversos valores físicos, cuatro instrumentos notariales con número trece mil cuatrocientos catorce, y un instrumento notarial número quince mil cuatrocientos uno, pasados ante la fe de la licenciada Luis Guadalupe Martínez Ramírez, Notaria pública número 82 de Huajuapan de León; fórmense los cuadernos de pruebas correspondientes, por separado, los cuales no formarán parte del expediente electrónico, pero estarán a disposición de las partes para su consulta, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Acúsese recibo. SE ACEPTA COMPETENCIA Ahora, del acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés, se advierte que el Tribunal de Alzada declinó competencia a este órgano jurisdiccional, ya que considera que los actos reclamados deben tramitarse como amparo indirecto y no en la vía directa planteada por la quejosa. Por tanto, este Juzgado acepta la competencia declinada. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Con la demanda de amparo de cuenta promovida, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 608/2023. DE LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase a la Secretaria a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA Concepción Guadalupe Martínez Montesinos, parte actora en el juicio ordinario civil 11/2019, mediante el cual ejerce la acción reivindicatoria contra Oster Montesinos Martínez y Domitila Montesinos. Autoridades responsables Actos reclamados Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Sentencia de ocho de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil 37/2023 -en la que sin entrar a fondo del asunto se revocó la determinación apelada de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós-. Ello, al declarar la incompetencia del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huajuapan de León -por razón de la materia para conocer de la acción reivindicatoria planteada en el juicio ordinario civil de origen 11/2019. Y en consecuencia, la declaración de nulidad de todo lo actuado en dicho expediente, a partir del auto admisorio, ordenando la remisión de los autos originales del expediente al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis. Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huajuapan. ------------------- DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PREVENCIÓN A fin de proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación el presente acuerdo, por escrito y con las constancias necesarias para cada una de las partes de su escrito aclaratorio, el que formará parte integrante de la demanda, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Formule su escrito de demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo. 2.- Precise qué actos le reclama al Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huajuapam de León -a quien señala como autoridad ejecutora-, pues del capítulo respectivo no se advierte tal circunstancia-. En la inteligencia que el desahogo deberá realizarlo la quejosa, o quien tenga las facultades para realizarlo a nombre de ella, y no por conducto de autorizado, ya que al realizarse bajo protesta, constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promovió la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la Jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, Julio de 2006, página 348, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Para el caso de que presente su escrito aclaratorio físicamente y no vía electrónica, deberá hacerlo con copias suficientes para correr traslado a las partes, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente que, de no dar cumplimiento a lo anterior; es decir, no desahogar la prevención se tendrá por no presentada su demanda, con fundamento en el artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO y AUTORIZADOS Téngasele señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y atendiendo a la certificación secretarial de cuenta, por autorizados en términos del artículo al artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, incluyendo a ******************** es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. REGISTRO DE CÉDULAS. Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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