Concepción Granados Sanchez

Expediente 833/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
833/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Concepción Granados Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación,2 dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    QUEJOSA DESAHOGA PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa, mediante el cual cumple el requerimiento que le fue formulado en auto de doce de septiembre del año en curso. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Ma. Concepción Granados Sánchez, contra los actos que reclamada de la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, y otras autoridades... En el caso se verifica la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, acorde con lo establecido por el último de los arábigos en cita, para la impugnación de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia del amparo indirecto, es necesario que se reclame la resolución definitiva dictada en dicho procedimiento... Por lo anteriormente expuesto, se afirma que los actos reclamados no encuadran en alguno de esos supuestos mencionados para que el juicio de amparo sea procedente en la etapa de ejecución, ni guardan autonomía con el juicio de origen. Luego, si con los actos reclamados no se reconoce aún de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni tampoco se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento y, menos, se ordena el archivo definitivo del expediente, se observa entonces que no se ha actualizado la hipótesis pertinente para acudir al amparo. Será hasta en tanto se pronuncie alguna de tales determinaciones cuando la quejosa podrá acudir al amparo; de ello deriva la improcedencia de la demanda. Asumir una postura contraria equivaldría a abrir la posibilidad de que contra todas las demás decisiones o acuerdos intermedios que se dicten en el procedimiento de ejecución de la sentencia procediera también el juicio de amparo indirecto, lo que evidentemente conllevaría el retraso injustificado del trámite que ha de culminar con aquél y, por ende, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva. Sin soslayar que se estarían desconociendo las disposiciones expresas contenidas en la Ley de Amparo, en el sentido de que, en todo caso, las violaciones procesales que durante su tramitación pudieran cometerse son susceptibles de atacarse cuando se controvierta la resolución definitiva que apruebe o reconozca el cumplimiento del sentenciado, claro está, una vez agotado el principio de definitividad. Este requisito persigue, evitar abusos del juicio de garantías, cuando se pretende ejecutar un fallo definitivo que constituye cosa juzgada y cuya ejecución es de orden público. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, acorde a lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo...

  3. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós que en resumen dice: "QUEJOSA DESAHOGA PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa, mediante el cual cumple el requerimiento que le fue formulado en auto de doce de septiembre del año en curso. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Ma. Concepción Granados Sánchez, contra los actos que reclamada de la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, y otras autoridades... En el caso se verifica la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, acorde con lo establecido por el último de los arábigos en cita, para la impugnación de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia del amparo indirecto, es necesario que se reclame la resolución definitiva dictada en dicho procedimiento... Por lo anteriormente expuesto, se afirma que los actos reclamados no encuadran en alguno de esos supuestos mencionados para que el juicio de amparo sea procedente en la etapa de ejecución, ni guardan autonomía con el juicio de origen. Luego, si con los actos reclamados no se reconoce aún de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni tampoco se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento y, menos, se ordena el archivo definitivo del expediente, se observa entonces que no se ha actualizado la hipótesis pertinente para acudir al amparo. Será hasta en tanto se pronuncie alguna de tales determinaciones cuando la quejosa podrá acudir al amparo; de ello deriva la improcedencia de la demanda. Asumir una postura contraria equivaldría a abrir la posibilidad de que contra todas las demás decisiones o acuerdos intermedios que se dicten en el procedimiento de ejecución de la sentencia procediera también el juicio de amparo indirecto, lo que evidentemente conllevaría el retraso injustificado del trámite que ha de culminar con aquél y, por ende, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva. Sin soslayar que se estarían desconociendo las disposiciones expresas contenidas en la Ley de Amparo, en el sentido de que, en todo caso, las violaciones procesales que durante su tramitación pudieran cometerse son susceptibles de atacarse cuando se controvierta la resolución definitiva que apruebe o reconozca el cumplimiento del sentenciado, claro está, una vez agotado el principio de definitividad. Este requisito persigue, evitar abusos del juicio de garantías, cuando se pretende ejecutar un fallo definitivo que constituye cosa juzgada y cuya ejecución es de orden público. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, acorde a lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo..."

  4. Principal

    Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual pretende cumplir con la prevención formulada en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, pues si bien precisa el estado procesal que guarda el juicio oral ordinario ***** del índice del Juzgado Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, también lo es que es omisa en transcribir el acto reclamado, a saber, el acuerdo de uno de agosto del año en curso dictado en el juicio de origen *****, o bien, exhibir copia simple de dicha determinación. Sin que se soslaye que a su promoción de cuenta anexe copia de un acuerdo de uno de agosto de dos mil veintidós, pues dicha determinación fue emitida dentro del juicio oral ordinario F5000/2020, no así en el F-3128/2022 de donde deriva el acto reclamado. Lo cual, se reitera, resulta necesario a fin de descartar, en su caso, la existencia de alguna causa de improcedencia; satisfacer la exigencia a que se refiere el artículo 108, fracción IV, de la ley de la materia y determinar la litis constitucional en atención al artículo 74, fracción I, del ordenamiento legal invocado; para que en su caso, las responsables puedan estar en aptitud de justificar la constitucionalidad del acto concreto que se les atribuye. II. Interrupción del plazo para cumplir con prevención. Bajo ese contexto, hágase de su conocimiento que el plazo que le fue concedido para atender la prevención, se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente auto se le practique, de modo que le quedan por trascurrir cinco días de ese plazo. Lo anterior en atención a que el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, le fue notificado el siete de septiembre siguiente, notificación que surtió sus efectos al día siguiente; por tanto, el plazo de cinco días otorgado para cumplir con la prevención formulada transcurriría del nueve al veinte de septiembre del año en curso; ahora, al haber presentado la promoción de cuenta el ocho de septiembre del año que transcurren ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, se interrumpe el citado cómputo; por tanto, le restan cinco días del plazo otorgado para que desahogue la vista formulada... En el entendido que de no cumplir con dicho requerimiento, en el plazo señalado, se hará efectivo el apercibimiento decretado en autos...

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