Concepción González Martínez
Expediente 52/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Concepción González Martínez
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos se desprende que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo... este expediente debe considerarse DESTRUIBLE... pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QPROMOVENTE A LA QUE S ELE DEJO CITATORIO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Waldo López Herrera, autorizado de la parte quejosa en términos amplios; dígasele al promovente que no ha lugar a tener por aclarada la demanda que dio origen al presente juicio, en razón de que su solicitud para tener por aclarada la demanda de amparo primigenia respecto de la prevención que le fue formulada en el aludido proveído, constituye un enderezamiento o aclaración de la acción constitucional ejercitada por la parte quejosa, lo cual únicamente puede ser realizado por ésta o bien, por su representante o apoderado, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, al ser aquélla el titular de la acción respectiva. Ello, al carecer de legitimación para desahogar el requerimiento que le fue hecho a la parte promovente en el referido acuerdo, en virtud de que el ejercicio de la acción constitucional corresponde únicamente a los peticionarios de amparo y, en su caso, por conducto de su representante legal; y, como todo acto que tienda a poner a la demanda en condición de ser admitida, forma parte del ejercicio de la acción, sólo puede ser realizado por la parte quejosa, sea por sí en tratándose de personas físicas o, a través de su representante legal, en el caso de personas morales. Lo que pone de manifiesto que, las irregularidades que advierta el Juez de Distrito en el escrito de demanda, sólo se pueden subsanar por el promovente del juicio de amparo o por su representante legal y no deben tenerse por hechas las realizadas por el autorizado en términos amplios. Lo anterior, en virtud de que el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, lo que pone en evidencia que su prevención también debe contar con la firma autógrafa de la quejosa (persona física); así como de los representantes legales y no pueden ser sustituidas por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, por tener únicamente facultades para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de los actos reclamados. Aunado a que en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, la enumeración de las facultades de recibir notificaciones, promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, las cuales son concedidas a los autorizados de la parte quejosa, es limitativa y no enunciativa, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y recogido en el diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo cual, si la titular del derecho subjetivo o interés legítimo individual o colectivo en el juicio de amparo, es la quejosa, en el caso CONCEPCIÓN GONZÁLEZ MARTÍNEZ, y, por ende, quien se encuentra facultada para enderezar, ampliar o aclarar dicha acción, será improcedente entonces la solicitud en tales sentidos cuando quien lo promueve carece de legitimación procesal activa para ejercitar la acción constitucional por ser autorizado de la quejosa en los términos que previene la Ley de Amparo en sus artículos 12 y 24, quien únicamente cuenta con legitimación ad procesum, la cual se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio, ya que las facultades de este último son limitativas sin que dichos preceptos citados permitan realizar interpretación extensiva de dichas facultades. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 50/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, derivada de la contradicción de tesis 61/2014, aprobada por dicha Sala en sesión de fecha cuatro de junio de dos mil catorce, pendiente de publicación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente ?bajo protesta de decir verdad- que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la ?defensa de los derechos del autorizante-, ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Así como, por analogía de razón, la jurisprudencia 2a. 9, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 295, tomo III, Primera Parte, de enero-junio de 1989 publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA, ACLARACIÓN DE LA. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NO ESTA FACULTADO PARA HACERLA. El segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, antes de su reforma llevada a cabo en decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, prescribía: "El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal. La facultad de recibir notificaciones autoriza a la persona designada para promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, pero no para substituir dichas facultades en un tercero". Por otra parte, en los términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, en materias diversas de la penal, el ejercicio de la acción constitucional corresponde al quejoso o a su representante, y, como todo acto que tienda a poner a la demanda en condición de ser admitida forma parte del ejercicio de la acción, sólo puede ser realizado por el quejoso o su representante. Además, de una recta interpretación del artículo 27, en comento, se concluye que la enumeración de las facultades de recibir notificaciones, promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, es limitativa y no enunciativa. Por tanto, las irregularidades que llegaren a encontrarse por el Juez de Distrito en el escrito de demanda deben ser subsanadas por el promovente del juicio de garantías o por su representante legal, y no deben tenerse por hechas las realizadas por el autorizado para oír notificaciones en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo. No obstante, cabe precisar que el autorizado sí puede presentar las copias de la demanda que sean necesarias, pues ello no implica el ejercicio de la acción de amparo, sino la realización de un acto material." Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, localizable en la foja sesenta y ocho, XXXIII, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de 2011, cuyo contenido literal establece: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." También se cita en lo conducente la Jurisprudencia 2a./J. 75/97, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, visible en la foja trescientos cincuenta y uno, tomo VII, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de enero de 1998, cuyo contenido es el siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." En mérito de lo anterior, no se tiene por cumplida la demanda, presentada por el promovente en su calidad de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. En consecuencia, dígasele a la promovente de la demanda que, deberá estar a lo ordenado en proveídos de veintisiete de enero y dieciséis de febrero del año en curso. Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos del presente asunto, el escrito de cuenta signado por CONCEPCIÓN GONZÁLEZ MARTÍNEZ; sin que haya lugar a tener debidamente cumplido el requerimiento efectuado mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, por los motivos que enseguida se expondrán. Ahora, la prevención realizada a la parte quejosa, fue en los siguientes términos: "Único. Precise de manera clara y concreta el acto u omisión que reclama, pues señaló que consiste en: "Impedir que el IMSS usara el incidente de liquidación en términos del artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo para retrasar el pago de Laudo, que fue resuelto el 02 de diciembre del 2019 y que se supone que "pagó" el último día de actividades del mes de diciembre, esto fue el 15 de diciembre del 2020", lo que resulta vago y confuso, por lo que deberá expresar qué auto o resolución se emitió en el juicio laboral 1258/2017 del índice de la Junta de origen, que le causa perjuicio. Ello, aunado a que también expresa por una parte que, recibió un cheque como pago del laudo emitido a su favor, a fin de tenerlo por cumplido, pero que objeta dicho pago porque no está liquidado en su totalidad, y por otra parte refiere que el laudo mandó a abrir un incidente de liquidación sin que éste se hiciera y que pasó un año de inactividad, lo que resulta impreciso, por lo que, deberá manifestar de forma clara y específica qué auto o resolución reclama, o en su caso, sí es la resolución de quince de diciembre de dos mil veinte en la que recibió el cheque exhibido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que anexa en copia simple, expresando también, el estado que guarda el juicio laboral de origen y si se ordenó el archivo del mismo." Sin embargo, en el ocurso aclaratorio únicamente anexa copia del laudo de dos de diciembre de dos mil diecinueve emitido en el juicio laboral 1258/2017 del índice de la responsable y señala que el pago de veinticinco mil pesos que recibió del IMSS no cubre todas sus prestaciones, que el IMSS calculó unilateralmente la cantidad y que tuvo para ello un año del incidente de liquidación que debió resolverse y no ordenar el incidente indefinidamente; siendo completamente omisa, en precisar lo requerido. Por lo anterior, es evidente que no puede tenerse como debidamente cumplida la referida prevención. En consecuencia, toda vez que aún no ha fenecido el plazo otorgado a la parte promovente para que cumpla la prevención contenida en auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dígasele a la promovente que, a efecto de no conculcar sus derechos, al no estar satisfecho a cabalidad el requerimiento formulado en el referido auto, deberá estar a lo que ahí fue ordenado, en la inteligencia de que el plazo de cinco días concedido para aclarar o subsanar su demanda se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito aclaratorio y se reanuda hasta el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del presente acuerdo.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Visto el escrito de demanda, que promueve CONCEPCIÓN GONZÁLEZ MARTÍNEZ, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 17 Constitucionales; fórmese juicio de amparo y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 52/2021-IV, que es el que le correspondió. PREVENCIÓN. Luego, para estar en posibilidad de acordar sobre la admisión de la aludida demanda, con fundamento en los artículos 114, fracciones I, II y IV, en relación con el numeral 108, fracción IV y V, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al que quede legalmente notificada del presente proveído, por escrito al que debe acompañar copias para cada una de las partes y bajo protesta de decir verdad, cumpla con la siguiente prevención: Único. Precise de manera clara y concreta el acto u omisión que reclama, pues señaló que consiste en: "Impedir que el IMSS usara el incidente de liquidación en términos del artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo para retrasar el pago de Laudo, que fue resuelto el 02 de diciembre del 2019 y que se supone que "pagó" el último día de actividades del mes de diciembre, esto fue el 15 de diciembre del 2020", lo que resulta vago y confuso, por lo que deberá expresar qué auto o resolución se emitió en el juicio laboral 1258/2017 del índice de la Junta de origen, que le causa perjuicio. Ello, aunado a que también expresa por una parte que, recibió un cheque como pago del laudo emitido a su favor, a fin de tenerlo por cumplido, pero que objeta dicho pago porque no está liquidado en su totalidad, y por otra parte refiere que el laudo mandó a abrir un incidente de liquidación sin que éste se hiciera y que pasó un año de inactividad, lo que resulta impreciso, por lo que, deberá manifestar de forma clara y específica qué auto o resolución reclama, o en su caso, sí es la resolución de quince de diciembre de dos mil veinte en la que recibió el cheque exhibido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que anexa en copia simple, expresando también, el estado que guarda el juicio laboral de origen y si se ordenó el archivo del mismo. APERCIBIMIENTO Lo anterior, con el apercibimiento que, de no cumplir con la prevención señalada, en los términos indicados y dentro del plazo que para ello se le concede, su demanda se tendrá por no presentada, de acuerdo a lo que establece el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,434 expedientes
- "Comunidad Educativa Nuestra Tierra Sociedad Civil"43/2021
- Concepción Barrientos de la Rosa749/2018
- Concepción del Carmen Rodríguez Barragan956/2017
- Concepción Dueñas Diaz218/2019
- Concepción Flores Palaceta424/2021
- Concepción García Rodríguez276/2023
- Concepción González Martínez951/2019
- Concepción Serrano Ruiz238/2023
- Conrado Hernández Mejía1165/2023
- Constantina Garfias Ramirez178/2020
- Constantino Ortiz Contreras980/2015
- Constantino Pulido Blanco98/2019