Concepción García León y Otros.
Expediente 1337/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1337/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/10/2022
Partes del expediente
- Concepción García León y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de octubre de dos mil veintidós. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito presentado vía electrónica por ***, a través del cual en cumplimiento a la prevención de cinco de octubre de dos mil veintidós, manifiesta bajo protesta de decir verdad que tiene el carácter de defensor particular del quejoso ***, en la causa penal ***. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por ***, por conducto de su defensor particular ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juez de Control de la Región Tres, con sede en Pichucalco, Chiapas. 2. ***, Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad de Investigación y Judicialización de Reforma, Chiapas, dependiente de la Fiscalía de Combate al Abigeato. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que afecte la demanda de amparo, debe ser evidente por sí mismo, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación haga inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto", significa, claro, evidente; mientras que "indudable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Analizada la demanda de amparo en su integridad y las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De la lectura de los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dentro de juicio cuando su ejecución sea de imposible reparación, mismos que tuvo a bien definir el legislador como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. Cabe señalar que con anterioridad a la promulgación de la actual Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había establecido como criterios orientadores para determinar lo que debía entenderse por actos de imposible reparación, los siguientes: a) Como regla general, se estableció que los actos dictados dentro de juicio tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del gobernado (vida, libertad, propiedad o posesión, etcétera); y, b) De manera complementaria, se consideró que los actos procesales tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban a las partes en grado predominante o superior (por ejemplo: cuando se decidía una cuestión de personalidad o competencia, entre otros). Corrobora lo anterior, la tesis P. LVII/2004, de rubro "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Como puede apreciarse de la nota comparativa, a diferencia de la vigente disposición normativa, la interpretación efectuada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 114, fracción IV, de la anterior Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, no solamente consideró como actos de imposible reparación dictados dentro de juicio, los que implicaran afectación de derechos sustantivos, sino también las llamadas violaciones de carácter adjetivo, cuyas consecuencias repercutieran de manera exorbitante en el proceso. En ese sentido, se admitía la procedencia del amparo indirecto contra resoluciones que dirimieran cuestiones de personalidad de las partes en el juicio, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que si bien la cuestión de personalidad se vinculaba a una excepción de carácter eminentemente procesal o adjetiva, su resolución contraria a la ley podía confirmar una violación procesal en grado predominante o superior, porque el efecto que tendría la sentencia que la declaraba improcedente, sería la continuación del juicio; y si en el amparo se consideraba que esa resolución era incorrecta, la consecuencia sería que se dictara una resolución en sentido contrario cuyos efectos determinarían la terminación anticipada del juicio, siempre y cuando la resolución definitiva no versara sobre la personalidad de la parte actora y la hubiese declarado fundada, puesto que en esos casos, su efecto habría sido dar por terminado el juicio y lo procedente sería el amparo directo. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectaran de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que solo afectaran derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía contra algunas violaciones formales, adjetivas o procesales (como las cuestiones de personalidad), cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior"; afectación que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un número considerable de pautas que introdujeron orden y seguridad en esta materia. Por vía de ejemplo, se incluyeron como violaciones procesales que podían considerarse como de ejecución irreparable en amparo indirecto, diversos temas como la denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. El sustento de esta postura emanaba de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al arbitrio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. Así, destaca la Jurisprudencia P./J. 4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". Empero, esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por tanto, es claro que la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", dejó de tener vigencia, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Establecido lo anterior, de la lectura integra de la demanda se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en la resolución de seis de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el recurso de revocación interpuesto por el defensor del quejoso en la causa penal ***, en la que el juez responsable confirmó el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en la que se negó la prórroga de dos meses de plazo para la investigación complementaria a fin de que el Fiscal del Ministerio Público realizara actos de investigación de los que pueda allegarse de medios de prueba, y ordenó el cierre de dicha etapa. Dicha resolución se trata de una determinación emitida en etapa de investigación dentro del proceso penal acusatorio seguido en contra del quejoso, previa a la diversa intermedia o de preparación a juicio. Hecha esa acotación, conviene mencionar que el proceso penal acusatorio regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales se estructura básicamente de tres etapas principales que suceden unas a otras de manera interdependiente, esto es, etapa de investigación, fase intermedia y etapa de juicio oral o plenario. El iter probatorio o camino de la prueba, se desenvuelve en este marco secuencial de las etapas procesales y contribuye a la creación procesal del andamiaje para el sustento del juicio oral -a través de la creación de los elementos de prueba-. Los actos que trascienden a ese camino procesal por regla general permanecen en ese plano, y así es como deben ser entendidos para el estudio de la procedencia del amparo indirecto. En la etapa inicial, de investigación preliminar y complementaria, se realizan diligencias de investigación para obtener fuentes o datos de prueba con la finalidad de develar lo ocurrido en los hechos que se investigan y así sustentar el ejercicio de la acción penal. Datos de prueba que si bien es cierto no tienen valor probatorio para efectos de emisión de sentencia (de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción tercera de la Constitución Federal), sí son ponderadas para tomar diversas decisiones de continuidad y de adopción de medidas a lo largo del procedimiento. Asimismo, son datos que con el paso de las etapas del proceso, pueden mutar a pruebas susceptibles de ser valoradas por el Juez de juicio oral. La etapa intermedia o de preparación a juicio oral, se verifica ante el Juez de Control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación del daño causado por el delito que será materia del juicio oral. El desarrollo de esta etapa también se divide en dos partes, una escrita, que iniciará con la presentación de la acusación y comprenderá los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda es oral, que inicia con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Esta etapa regulada en el libro segundo, título VII, capítulo I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene como propósito esencial, en estricto sentido, depurar los hechos sujetos a debate y determinar cuáles son los trascendentales que constituirán el contenido de la litis. Situación que necesariamente conlleva la depuración legal de los elementos para configurar prueba en juicio oral, cuya admisión esté basada en los principios de idoneidad, utilidad y trascendencia. Admisión que de conformidad con el artículo 347, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedará reflejada en el auto de apertura a juicio. La última de las etapas que configuran el proceso es la etapa de juicio oral. Esta, de conformidad con el artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene por objeto que las partes desplieguen sus actuaciones tendentes a lograr el convencimiento del Juez, para que éste se encuentre en posición de emitir un fallo en favor de quien despliega dicha actuación. Será en esta etapa del proceso que el Juez valore el material probatorio y resuelva sobre la causa con base en las actuaciones de las partes -sus teorías del caso- que consistirán en la fijación de las afirmaciones y pretensiones iniciales, la práctica probatoria (desahogo de las pruebas), así como la fijación de los alegatos finales establecidos por las partes. En ese sentido, es posible advertir que cada una de las etapas descritas cumple con un objetivo dentro del proceso penal, y tanto la etapa inicial como la intermedia, fuera de sus objetivos secundarios, tiene como finalidad principal construir la estructura para la celebración de la etapa de juicio oral. Dicho de otra manera, si la etapa inicial e intermedia son preparatorias para el buen conducir de la etapa de juicio, bajo esa premisa, los datos de prueba (etapa de investigación) y los medios de prueba (etapa intermedia), en relación con el juicio oral, constituyen una preparación a lo que será valorado como prueba. Esto se traduce a que conforme avanza el iter probatorio o camino de la prueba se construye el cúmulo probatorio que será empleado por las partes para la defensa de sus posicionamientos y por el órgano jurisdiccional para la libre y lógica valoración y adopción de una postura respecto al cumplimiento del estándar probatorio requerido. Será ese universo de pruebas, creado a partir de la admisión y exclusión de medios de prueba, junto con los acuerdos probatorios, y demás pruebas que excepcionalmente puedan ser introducidas en juicio, el que constituirá la materia prima sobre la cual las partes podrán sostener su teoría del caso (fáctica, probatoria y jurídica) y realizar los actos procesales propios de la audiencia de debate: afirmar, probar y alegar, incluyendo los alegatos de apertura y de clausura. El acto procesal de los alegatos de apertura es, en esencia, el planteamiento de la teoría del caso, donde las partes despliegan sus hipótesis y anuncian los medios de prueba con los que pretenden acreditar lo afirmado. Esta es la primera ocasión en donde las partes pueden sostener el ángulo sobre el cual pretenden que el órgano jurisdiccional analice las pruebas que serán desahogadas con posterioridad. Por tanto, las partes podrán desahogar pruebas, siempre con base en los principios de oralidad, inmediación y contradicción; con las características esenciales de cada tipo de pruebas. Finalmente, tienen oportunidad de generar sus alegatos de clausura, los cuales se concentran, de manera general, en narrar lo ocurrido (hechos imputados), en decir por qué ocurrió de esa manera, en explicar la forma cómo se corroboró la versión de lo ocurrido y, por último, en desarrollar el análisis jurídico que debe aplicarse al caso concreto. A lo largo del proceso previamente desarrollado, y de manera conclusiva en la deliberación jurisdiccional, el Juez o tribunal de juicio oral debe valorar las pruebas en particular, y el cúmulo probatorio en general de manera libre, con las limitantes intrínsecas y extrínsecas de las reglas de la experiencia, de la lógica y de la sana crítica, es decir, de conformidad con el mandato constitucional de valoración probatoria: la sana crítica. En ese sentido, el órgano jurisdiccional debe asignar el valor correspondiente a cada una de las pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicar y justificar su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Lo anterior, para verificar si se cumple o no el estándar de condena requerido, a saber, la plena convicción de la responsabilidad más allá de toda duda razonable. De esa manera es posible comprender que por regla general, la creación del cúmulo probatorio, mediante la exclusión y admisión de medios de prueba dista de ser un acto de imposible reparación; pues sobre este aún falta que se lleve a cabo un ejercicio de contradicción y deliberativo que podrá o no ser favorable a las partes, pero será hasta el momento de la valoración probatoria que se afecte la esfera jurídica del quejoso, a través del ejercicio argumentativo que realicen las partes, y valorativo que genere el órgano jurisdiccional sobre la totalidad del cúmulo probatorio. En ese sentido, el auto de apertura a juicio en relación con la exclusión de medios de prueba forma parte de esa construcción, misma que resulta ahora claro que no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica del imputado, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva: la valoración en el juicio oral y, por tanto, existe en un plano puramente procedimental. En ese tenor, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, hacen improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Por tanto, de la narrativa de las etapas del proceso penal, de los principios que lo rigen y de las instituciones a las que se otorgan atribuciones de garantía y resguardo de los derechos del imputado -Juez de Control y tribunal de apelación-, se concluye que la exclusión de medios de prueba ciertamente puede imponer cargas a las partes, pues las sujeta a la jurisdicción de un Juez de juicio oral para que éste se pronuncie y justifique su resolución sobre un cúmulo probatorio carente del medio de prueba excluido. Empero, esa carga no necesariamente es de ejecución inmediata y directa sobre los derechos sustantivos del quejoso, por el contrario, por regla general la exclusión reviste únicamente la naturaleza de un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el cúmulo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral. Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio de prueba que puede ser empleado para probar el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso pudiendo ser este el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba); de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.)4, de rubro "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO". De lo expuesto, se desprende que el procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Ahora, en el presente asunto el acto que se reclama esencialmente consiste en la resolución de seis de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el recurso de revocación interpuesto por el defensor del quejoso en la causa penal ***, en la que el juez responsable confirmó el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en la que se negó la prórroga de dos meses de plazo para la investigación complementaria a fin de que el Fiscal del Ministerio Público realizara actos de investigación de los que pueda allegarse de medios de prueba, y ordenó el cierre de dicha etapa. Al respecto, debe decirse que dicho acto no no implica por sí una afectación que "pueda" implicar por sí misma una afectación a los derechos sustantivos del quejoso, entendiendo por estos últimos, como aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso penal. Derechos que, a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente de índole adjetiva, sino que sean derechos fundamentales relacionadas con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado; que contextualizados en el momento de la emisión del auto de apertura a juicio sean independientes del resultado y desarrollo del proceso penal; además, no se trata de una afectación material, dado que no es real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente. Esto, porque los datos de prueba que pudiese aportar en la etapa de investigación de la cual solicita su prórroga, no compone un producto final en el proceso con trascendencia en la esfera jurídica del imputado, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva, la valoración en el juicio oral y, por tanto, existe en un plano puramente procedimental. Es decir, la imposibilidad del impetrante para realizar actos de investigación no tiene una ejecución inmediata y directa sobre sus derechos sustantivos, toda vez que la ilegalidad de tal determinación puede enmendarse con posterioridad, si obtiene una sentencia favorable. En la inteligencia de que el calificativo de "imposible reparación" para un acto no depende de que el debate sobre su apego a la normativa vigente pueda o no ser retomado o reabierto posteriormente, en la siguiente etapa. En esa línea argumentativa, el hecho de que el debate sobre la admisión de medios de prueba no pueda ser reabierto en la audiencia de juicio oral, no implica que este sea un "acto de imposible reparación", pues como ha quedado constatado, esa calificativa depende de que pueda afectar materialmente derechos sustantivos. De lo que se colige que no es factible hablar de una afectación inmediata y actual que conlleve a considerar que la negativa a prorrogar dos meses para realizar actos de investigación, constituya un acto de imposible reparación en contra del quejoso -como se apuntó-, dado que no afecta derechos sustantivos, como lo serían la vida, la libertad, o algún otro, ni su afectación es material, dado que no es real y actual. Es aplicable, la tesis II.3o.P.83 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Materia Penal del Segundo Circuito, de encabezado "MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. ES MANIFIESTA E INDUDABLE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO PORQUE NO CAUSA EFECTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, SI EL ACTO RECLAMADO SE EMITE DENTRO DE ÉSTA, ANTES DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL". En ese contexto, por ahora no se genera una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que el acto reclamado no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación, ya que genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente, únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal que puede o no transcender en el sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse, aunado a que existe la posibilidad de que en la etapa intermedia o de preparación a juicio, se soliciten los medios de pruebas que se estimen conveniente para acreditar la teoría del caso, por ser dicha etapa la que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de medios de prueba, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Orienta lo anterior, la tesis XIII.P.A.33 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, de epígrafe "DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE NO EXCLUIR LOS QUE SE OBTUVIERON CON VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Asimismo, la tesis XVII.2o.P.A.28 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de epígrafe "INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE ACCEDER A LA SOLICITUD DE LA DEFENSA DEL IMPUTADO DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA A FIN DE DEBATIR SOBRE EL DESAHOGO DE DIVERSAS PRUEBAS EN ESTA ETAPA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL SER UN ACTO QUE, POR SÍ MISMO, NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS". De igual forma, la tesis IV.1o.P.27 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, de rubro "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que se encuentra en preparación la prueba pericial en materia de topografía y agrimensura ofertada por ***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las nueve horas con dieciocho minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.
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