Concepción Flores Saviaga

Expediente 232/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
232/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
29/04/2019

Partes del expediente

  • Concepción Flores Saviaga

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio en línea signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual informa que desechó por extemporáneo el recurso de queja interpuesto por la quejosa Concepción Flores Saviaga, en su carácter de Magistrada del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en contra del auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Concepción Flores Saviaga, en su carácter de Magistrada del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de diecinueve de marzo de la presente anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso e), 98 y 99, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto dicho medio de impugnación. En ese orden de ideas, en términos del precepto 101, de la Ley en comento, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones Por tanto, remítanse copias debidamente certificadas de todas las actuaciones que integran el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, a través de su Oficina de Correspondencia Común, al que deberá anexarse el escrito original de agravios, y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado, para la substanciación de la queja en comento.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la promovente de amparo interpusiera recurso de queja en contra del auto de diecinueve de marzo del presente año, en el que se desechó de plano la demanda, sin que lo haya hecho. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese este asunto al estar totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado de plano la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá para tal efecto, con posterioridad al TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, en cumplimiento al punto decimoprimero del capítulo tercero del Acuerdo General Conjunto a que se hace referencia en párrafos que anteceden, prevéngase a la quejosa, para que de estimarlo conveniente solicite la devolución de las documentales que anexó a su demanda de amparo, para lo cual cuenta con un lapso de noventa días; apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente.

  4. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar a la quejosa Concepción Flores Saviaga, el auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, toda vez que en la colonia y calle que se le señalaron para tal efecto no localizó la casa marcada con el número 95, aunado a que se advirtió que la numeración llega hasta el número 77. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Concepción Flores Saviaga, en su carácter de Magistrada del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, lo que acredita con copia certificada del acuerdo de uno de octubre del año dos mil quince, en el que se le adscribió al referido tribunal en su cargo de Magistrada, y se indicó que ella forma parte de la integración de dicho órgano judicial; contra actos que reclama al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz y otra autoridad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 232/2019-III-B. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La quejosa de duele de lo siguiente: "El acuerdo votado por mayoría de los Integrantes del H. Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en la sesión plenaria de fecha 21 de febrero de 2019, por el que se determinó acatar el acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 072 en el que autorizan el cambio del Tribunal citado." FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, quien esto resuelve estima, que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 7, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 7. La Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares..." Para corroborar el anterior aserto, en principio conviene destacar que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, que únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, es decir, dichos preceptos establecen el principio de agravio personal y directo que rige en el juicio de amparo. Asimismo, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las previstas en el catálogo que de las mismas se listan en el referido precepto legal y que emane de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley de la materia. Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 7 de la propia Ley de Amparo, del cual se aprecia que si bien las autoridades pueden solicitar el amparo y protección de la justicia federal, no menos cierto es que tal petición únicamente están en aptitud de realizarla cuando se afecten sus intereses patrimoniales y respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. En ese contexto, de la lectura íntegra de la demanda que nos ocupa, se advierte que la impetrante del amparo hace consistir el acto reclamado en el acuerdo aprobado por mayoría de los Integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en la sesión plenaria de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, por el que se determinó acatar el acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 072, que autorizó el cambio de domicilio del referido tribunal. Asimismo, puntualiza que el referido acuerdo le causa agravio toda vez que no fue tomada en cuenta para emitir la orden del cambio de domicilio del tribunal a la que se encuentra adscrita, ni tampoco se le hicieron saber los motivos por los cuales resultó conveniente el cambio de mérito. En ese tenor, resulta evidente para quien esto provee, que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes precisada. Para arribar a la anterior determinación, es importante precisar que por intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, para los efectos del juicio de amparo, se deben entender como aquéllos derechos privados de éstas, siendo este tipo de derechos los que pueden defender mediante el juicio de amparo y no aquellos del dominio público, entendiéndose como éstos, los destinados a sufragar el gasto público y satisfacer las necesidades públicas y forman parte del patrimonio de un ente, tanto como por su origen como por su destino, para cuya defensa la ley ha creado otros medios de impugnación, de tal manera que sólo la defensa de los bienes del dominio privado puede llevarse a cabo válidamente mediante el juicio de amparo, y no así los del dominio público. Además, dicho precepto legal no faculta para ocurrir en demanda de amparo cuando se actúa con el carácter de autoridad, es decir, con imperio, toda vez que no es posible conceder a los órganos del Estado el recurso extraordinario de amparo por los actos del mismo Estado, porque de llegar a tal extremo se establecería una contienda entre los mismos órganos de poder, lo cual va en contra de la naturaleza del juicio de amparo. Ahora bien, en el presente asunto, la quejosa acude al juicio de amparo en defensa de su encargo como Magistrada del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en virtud de que reclama el acuerdo aprobado por mayoría de los Integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en la sesión plenaria de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, por el que se determinó acatar el acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 072, que autorizó el cambio de domicilio del referido tribunal, sin que haya sido tomada en consideración para la emisión de dicha orden, ni se le hayan hecho de su conocimiento los motivos que originaron el referido cambio. De lo expuesto se deriva lo siguiente: Que la quejosa promueve la demanda de amparo en su carácter de autoridad como Magistrada del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, cargo que ostenta desde el uno de octubre de dos mil quince, como lo acredita con la documental que anexó a su escrito, misma a la que se hace mención en el primer párrafo de la presente determinación. El acto reclamado no afecta los derechos patrimoniales de la quejosa como Magistrada o de sus funciones públicas, pues no insta el juicio de amparo para proteger su esfera personal de derechos subjetivos como persona física en el ejercicio de algún derecho personal ante las autoridades a quienes señala como responsables, sino que, como ella misma lo refiere, acude al juicio de amparo a fin de proteger las funciones de su encargo, ya que se ordenó el cambio de domicilio del órgano judicial al que se encuentra adscrita sin someterlo a su consideración, a pesar de ser parte integrante del multicitado tribunal. Dicho acto de molestia emana de una relación de igualdad entre la quejosa con Fernando Arturo Charleston Salinas y Rocío Victoria Zavaleta Villate, pero todos en calidad de autoridades, pues la accionante tiene calidad de Magistrada, y los dos últimos en su calidad de Presidente y Secretaria General de Acuerdos en Funciones de Magistrada, respectivamente, todos integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz; es decir, las autoridades responsables no actúan en carácter de particulares frente a la accionante. De ahí que la accionante no puede acudir a solicitar el juicio de amparo, por no reunir los requisitos previstos en el artículo 7, de la Ley de Amparo, tal como se explica en los puntos arriba enunciados. Apoya dicha determinación, la jurisprudencia 1ª./J.171/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio." Así como también, la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PEDIDO POR PERSONAS MORALES OFICIALES CUANDO ACTÚAN CON EL CARÁCTER DE AUTORIDAD. El artículo 9o. de la Ley de Amparo faculta a las personas morales oficiales para promover el juicio de garantías en defensa de sus derechos privados, frente a los abusos del poder público, pero no las faculta para ocurrir en demanda de amparo cuando actúan con el carácter de autoridad, es decir, con imperio, toda vez que no es posible conceder a los órganos del Estado el recurso extraordinario de amparo por los actos del mismo Estado, porque de llegar a tal extremo se establecería una contienda entre los mismos órganos de poder lo cual va en contra de la naturaleza del juicio de garantías, sólo cuando el Estado, por una fricción legal actúa como persona moral de derecho privado, y puede entrar en relaciones de naturaleza civil con los particulares, con los poseedores de otros bienes, y es capaz, por tanto, de adquirir derechos y contraer obligaciones y, como consecuencia de ello, puede resultar afectado por una ley o acto de autoridad en sus bienes propios, de que es poseedor y que le son indispensables para ejercer sus funciones; entonces, las personas oficiales titulares de dichos bienes están legitimadas para hacer uso del juicio de amparo en defensa de los intereses patrimoniales del Estado por lo que si el quejoso no promueve el juicio de garantías con el carácter de entidad jurídica privada en defensa de sus derechos privados, sino como entidad pública, no se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo 9o. de la Ley de Amparo." Y la tesis aislada, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES AQUELLA INTERPUESTA POR UNA PERSONA MORAL OFICIAL, CUANDO SU OBJETIVO ES DEFENDER DE OTRAS AUTORIDADES SUS DERECHOS PUBLICOS. Es cierto que conforme a lo dispuesto por el artículo 9, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, las personas morales oficiales, como lo es un Municipio del Estado de Chihuahua, pueden promover el juicio de amparo, pero sólo en su carácter de entidad jurídica y en defensa de sus derechos privados, pero no en su carácter de entidad pública o autoridad y en defensa de sus derechos públicos, con objeto de protegerse contra actos de otras autoridades que lesionen dichos derechos, pues en este caso se está frente a derechos políticos, en el cual indiscutiblemente no pueden existir violaciones de garantías individuales. Consecuentemente, si en un caso particular, un municipio, por conducto de su presidente municipal, reclamó de diversas autoridades del gobierno del propio Estado de Chihuahua: "El acuerdo número cuatro de fecha 26 de enero de 1993, así como los acuerdos, órdenes verbales o escritas, oficios, comunicaciones, a fin de despojar y como consecuencia privar al municipio de Ciudad Delicias, Chihuahua, de las funciones relativas a la prestación del servicio del Registro Civil y en consecuencia afectar el patrimonio económico consistente en los ingresos que se obtienen con motivo de dicha prestación a través del cobro de la celebración, asiento y expedición de los actos del Registro Civil consistentes en nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, tutela, etc., así como el despojo de los bienes y enseres que constituyen las oficinas propiedad del municipio. De igual manera, todos los actos que deriven de dicho acuerdo"; y de la autoridad responsable ejecutora, jefe del Departamento del Registro Civil, reclamó la obediencia, cumplimiento y ejecución por sí o por medio de los agentes a sus órdenes de los actos reclamados a las autoridades responsables ordenadoras; es inconcuso que de tales actos reclamados, se evidencia que la autoridad municipal recurrente entabló su demanda de amparo para proteger sus derechos públicos, consistentes en la prestación del servicio del Registro Civil contra los actos de privación de dicho servicio, reclamados a las autoridades estatales mencionadas, por cuyas razones es indiscutible que la demanda de amparo del recurrente, conforme a lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, es notoriamente improcedente, puesto que con ella consta el motivo manifiesto e indudable de improcedencia aludido." Entonces, toda vez que la presente demanda de amparo se promueve con la intención de proteger las funciones que legalmente le corresponde ejercer a la quejosa en su calidad de autoridad como Magistrada del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, contra actos de otras autoridades como lo son el Presidente y Secretaria General de Acuerdos en Funciones de Magistrada, respectivamente, ambos integrantes del Pleno del referido tribunal, ya que a su parecer éstas lesionan sus derechos como parte de ese órgano judicial; y no para proteger su esfera personal de derechos subjetivos como persona física en el ejercicio de algún derecho personal ante las autoridades a quienes señala como responsables, es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso numeral 7, ambos de la Ley de Amparo; por lo que se desecha de plano la demanda en cuestión. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA el que señala en el escrito que se provee y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rafael Hernández Matías, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 82467 y por autorizado con la restricción que impone el citado precepto, a José Alberto Flores Domínguez, toda vez dentro de la base de datos del referido sistema, no aparece el registro correspondiente, ni tampoco la quejosa acreditó que éste cuente con autorización oficial para ejercer la licenciatura en derecho. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Secretario en funciones, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, así como que la persona que recepcione la información sea debidamente identificada y previo apersonamiento ante el personal judicial correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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