Concepción Figueroa Onofre
Expediente 1444/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1444/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Concepción Figueroa Onofre
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, queda firme la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiséis de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto vigesimo primero del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se desechó la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por J. Concepción Figueroa Onofre, contra actos de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Desechamiento: Este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente.... "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. "Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El acto reclamado consiste en el acuerdo SO/AC-107/27-VI-2019, de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, emitido por la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, donde se concede pensión por jubilación al aquí quejoso. De la demanda de amparo se advierten los siguientes antecedentes de ese acto reclamado: ? El veintitrés de febrero de dos mil quince, el quejoso presentó solicitud de pensión por jubilación ante la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. ? El quince de diciembre de dos mil dieciséis, la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, emitió el acuerdo SO/AC-210/15-XII-2016, en sentido negativo. ? El cuatro de febrero de dos mil diecisiete, el quejoso presentó juicio de nulidad contra el acuerdo SO/AC-210/15-XII-2016, ante el Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa. ? El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa dictó sentencia en el expediente TJA/2ª.S/53/2017, que declaró la nulidad del acto impugnado. ? En cumplimiento a esa sentencia de nulidad se emitió el acuerdo SO/AC-107/27-VI-2019, reclamado en esta instancia constitucional. Como se anunció, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Para arribar a lo anterior, conviene precisar que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 176/2009, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que las pensiones pertenecen a la materia administrativa, porque si bien es cierto se enmarcan dentro de las prestaciones de seguridad social y derivan de la antigüedad en una relación de trabajo, también lo es que por regla general, la relación laboral respectiva no se extiende después de concedida la pensión solicitada, porque precisamente la pensión tiene su justificación en el otorgamiento de prestaciones en dinero otorgadas por el cumplimiento de determinados requisitos de antigüedad, edad y otros diversos, para permitir la subsistencia del trabajador o de sus derechohabientes, después de concluida la relación de trabajo. Asimismo, precisó que la pensión no constituye una prestación de tipo laboral como el salario, las vacaciones, el aguinaldo, los vales de despensa, la habitación, los bonos de productividad, los premios por puntualidad, por asistencia, el pago de becas, etcétera, que se otorgan durante la vigencia de la relación de trabajo, sino que se proporcionan después de ella, por los motivos especificados en la ley y bajo el cumplimiento estricto de los requisitos legales y que el obligado al pago de las pensiones, en el caso que resolvió en dicha ejecutoria, era el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, derivado del pago de las cuotas de seguridad social realizadas por las dependencias públicas a favor de sus trabajadores. En ese orden de ideas, puntualizó que surge una nueva relación de naturaleza administrativa entre dicho instituto y los trabajadores o sus derechohabientes, que se constituye como una relación de autoridad a gobernado, pues este organismo público puede crear, modificar o extinguir ante sí o por sí la situación jurídica del pensionado. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia número 153/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: Novena época Registro: 166110 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, octubre de 2009 Materia: Administrativa Tesis: 2ª/J. 153/2009 Página: 94 "PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa la competencia por materia de los Juzgados de Distrito en sus artículos 51, 52, 54 y 55, de los que se advierte que para fijar la competencia por materia en los juicios de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Ahora, si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado. En este tenor, el acto reclamado consistente en la indebida cuantificación de una pensión a cargo del Instituto pertenece a la materia administrativa, porque no se cuestiona el derecho a obtenerla, ni está en juego su revocación, sino que esa prestación económica está otorgada a favor del trabajador o de su derechohabiente, y solamente se impugna su determinación líquida por no contener la cantidad correspondiente a los incrementos que le corresponden de acuerdo con la norma aplicable; de ahí que la competencia por materia para conocer del juicio de garantías instaurado en su contra se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa en los lugares en que exista esa competencia especial, sin perjuicio de que los órganos jurisdiccionales con competencia mixta conozcan de dichos juicios donde no exista la competencia especializada." Ahora bien, a efecto de resolver el presente asunto, es pertinente formular algunas consideraciones relacionadas con las diferencias entre actos omisivos y negativos, así como de los actos positivos. Sobre el particular la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 978/2007 determinó que la diferencia entre actos negativos y omisivos radica en que los estados de inacción no están conectados con ninguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, el Máximo Tribunal del país explicó que muchas de las cosas que no hacemos pertenecen simplemente a la dimensión del no hacer, la cual no tiene ninguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquéllas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de haberlas hecho, constituyen las llamadas omisiones. Dichas consideraciones dieron origen a la tesis aislada 1ª CXC/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: Novena época Registro: 171435 Instancia: Primera Sala Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, septiembre de 2007 Materia: Común Tesis: 1ª CXC/2007 Página: 386 "INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIÓN DE REALIZARLA DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS. Cuando se alega que el Tribunal Colegiado del conocimiento no realizó la interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal en un juicio de amparo directo, debe distinguirse si se trata de actos negativos u omisivos. La diferencia entre ellos radica en que los estados de inacción no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de un deber, mientras que las omisiones sí. Esto es, las cosas que simplemente no hacemos no tienen repercusiones en términos normativos; en cambio, otras cosas que no hacemos, pero que teníamos el deber de hacer, constituyen omisiones. De este modo, se concluye que el hecho de que un Tribunal Colegiado no haya llevado a cabo la interpretación a que alude el quejoso en sus agravios, no implica que haya incurrido en el incumplimiento de algún deber, pues para que exista la obligación de realizar dicha interpretación -en el sentido de establecer los alcances de una norma constitucional-, se requiere que: 1) el quejoso lo hubiese solicitado; 2) quede demostrado que algún precepto constitucional (o parte de él) es impreciso, vago o genera dudas; y 3) dicho precepto se hubiera aplicado al quejoso sin haber despejado racionalmente esas dudas, en menoscabo de sus garantías." Por su parte, la misma Primera Sala al resolver el amparo en revisión 1359/2015, determinó que desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión; sin embargo, en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En ese sentido, el Alto Tribunal explicó que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. En ese orden de ideas, puntualizó que pueden identificarse al menos tres tipo de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: omisiones administrativas, omisiones judiciales y omisiones legislativas. Dichas consideraciones dieron origen a la tesis aislada 1ª XVII/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: Décima época Registro: 2016418 Instancia: Primera Sala Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 52, marzo de 2018, tomo I Materia: Común Tesis: 1ª XVII/2018 Página: 1092 "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." Así, es factible afirmar que la omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En ese contexto, tratándose de actos omisivos, la carga de la prueba se constituye, por regla general, en contra de las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, la autoridad está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Sobre el tema en cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1241/97, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Dichas consideraciones dieron origen a la tesis aislada 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: Novena época Registro: 196080 Instancia: Primera Sala Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, junio de 1998 Materias: Común y administrativa Tesis: 1ª XXIV/98 Página: 53 "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En otras palabras, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia; así, la omisión del Estado, es un equivalente a la acción derivada de un deber. Conforme a lo anterior, es factible sostener que los actos de naturaleza positiva, son aquellos que implican un hacer de la autoridad. Por su parte, los actos de carácter negativo son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se exterioriza por medio de una conducta positiva de las autoridades, esto es, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar, esto es, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado y tener el deber normativo de hacerlo. En el caso, como se dijo, el acto reclamado consiste en el acuerdo SO/AC-107/27-VI-2019, de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, emitido por la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, donde se concede pensión por jubilación al aquí quejoso. En la especie, se reitera que el juicio de amparo promovido por el quejoso es improcedente toda vez que no cumplió con el principio de definitividad, lo que actualiza la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello es así, porque al existir ahora una relación administrativa entre el peticionario de amparo y el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, como jubilado de este último; relación que se da en un plano de supra a subordinación, ya que el ente público puede crear, modificar o extinguir situaciones motu proprio; sus actos resultan controvertibles mediante el medio de defensa denominado juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Ello es así, pues los artículos 1° y 4° de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, disponen: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia conflicto de intereses considerando la situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados: Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución; Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades." Al respecto, debe decirse que en el numeral 1º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se establece que toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. En esa tesitura, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en relación con el diverso 18, inciso b), fracción II, subinciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a través del juicio de nulidad puede analizarse el acuerdo SO/AC-107/27-VI-2019, de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, emitido por la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, donde se concede pensión por jubilación al aquí quejoso. Aunado a ello, el acto reclamado tiene la naturaleza de administrativo por provenir de una autoridad de esa característica, como es el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Por ende, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, debe conocer del reclamo de la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo indirecto; actualizándose así, la hipótesis que establece el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del medio de control constitucional mencionado en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Sin que obste a lo anterior, que si bien es cierto que el juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución; también es cierto que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Constitución, puesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente, en la medida que la circunstancia de que en la demanda de amparo se hagan valer violaciones directas a preceptos constitucionales, no lo releva de la obligación de agotar los recursos que estatuye la ley del acto, pues de lo contrario quedaría a elección de la parte quejosa, quien, por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca, lo que implica, que al no agotar el recurso ordinario, procede el desechamiento de la demanda. En ese tenor, de la demanda de amparo no se advierte que el quejoso alegue violaciones directas a la constitución, pues además de estimar vulnerados los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, controvierte la omisión de contabilizar los años de servicios que prestó al Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos; lo que pone de manifiesto que no se actualiza el supuesto de excepción. Al caso tiene aplicación el criterio jurisprudencial que este Tribunal comparte, que a continuación se transcribe: Novena época Registro: 205283 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, abril de 1995 Materia: Común Tesis: XX. J/1 Página: 94 "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Asimismo, se estima aplicable la tesis de jurisprudencia número 84/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: Décima época Registro: 2017685 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 57, agosto de 2018, Tomo I Materia: Administrativa Tesis: 2ª/J. 84/2018 Página: 1101 "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada 2a. X/2003 y de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el Tribunal mencionado." Al respecto es importante destacar que en el caso tampoco se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad. Ello es así, en primer lugar, porque la normatividad que regula el medio ordinario de defensa (juicio de nulidad), prevé la suspensión del acto impugnado en los mismos términos en que la Ley de Amparo regula la suspensión del acto reclamado. En efecto, de conformidad con los artículos 43, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116 de la Ley de Justicia Administrativa, los actos combatidos pueden ser suspendibles con base en los mismos requisitos y dentro de los plazos que señala la Ley de Amparo. Ley de Amparo: Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 115. De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta Ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión. Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros treinta días. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía. Artículo 134. La contragarantía que ofrezca el tercero conforme al artículo anterior deberá también cubrir el costo de la garantía que hubiese otorgado el quejoso, que comprenderá: I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía; II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria; y III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Artículo 43. El promovente deberá adjuntar a su demanda: Una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las partes; El documento con el cual acredite su personalidad, cuando promueva en nombre de otro o en representación de una persona moral; El documento en el que conste el acto o resolución impugnada; En el supuesto de que se impugne una resolución negativa o positiva fictas, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad; La constancia de la notificación de la resolución impugnada, y Las pruebas documentales que obren en su poder y que pretenda ofrecer en el juicio. Una vez que le fue turnada la demanda por el Secretario General, el Magistrado Instructor, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar el auto que la admita, aclare o deseche. Si la demanda cumple con todos los requisitos exigidos por esta Ley y está acompañada de los documentos que le son exigidos, se admitirá a trámite. Si la demanda es irregular, obscura o ambigua o no está acompañada de los documentos exigidos por esta ley, o de las copias necesarias para el emplazamiento y traslado, se le prevendrá al promovente para que en el término de cinco días, la aclare, corrija o complete. Si el promovente no subsana la prevención en el plazo conferido para tal efecto, se tendrá por no interpuesta la demanda. La demanda y la ampliación de la demanda deberán estar firmadas siempre, con firma autógrafa, por el actor interesado. El autorizado o el delegado sólo podrán subsanar la demanda cuando se trata de la incorporación de documentos o de otros datos que no sean esenciales. Cuando la demanda sea promovida por una autoridad administrativa, en el auto de admisión se le hará saber al particular demandado que podrá recibir asesoría jurídica gratuita por medio del Asesor Jurídico de este Tribunal. Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante. Artículo *110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. Artículo 112. Tan pronto como se conceda la suspensión y se otorgue las garantías correspondientes en su caso, se hará del conocimiento de las autoridades demandadas, para su cumplimiento. La violación por parte de las autoridades a la suspensión concedida por la Sala, será recurrible en queja, la cual se tramitará en los términos previstos de este ordenamiento. Al cumplimiento de la suspensión otorgada por la Sala se encuentran obligadas todas las autoridades que intervengan en el acto reclamado, con cualquier carácter, aun cuando no se encuentren demandadas. Para hacer cumplir la suspensión concedida, la Sala podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable, además, en lo conducente, lo dispuesto por este mismo ordenamiento para el cumplimiento y ejecución de las sentencias. Artículo 113. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio. Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Artículo 114. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efectos si el tercero interesado, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable. La contra garantía que ofrezca el tercero interesado deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada. Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley. Artículo 116. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia. Del escrito del solicitante, se dará vista a las demás partes por un término de cinco días, dictándose la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes. Por otra parte, en lo que atañe a la última hipótesis de excepción tocante a que no es necesario agotar el medio ordinario de defensa si el mismo no está previsto en la ley sino en un reglamento, no se actualiza toda vez que, como se señaló, el medio ordinario de defensa consistente en el juicio de nulidad está previsto en una ley, específicamente, en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos y no en un reglamento; en esa tesitura este supuesto de excepción tampoco resulta aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 11/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: Décima época Registro: 2017117 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, junio de 2018, tomo I Materia: Común Tesis: P./J. 11/2018 Página: 8 "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por último, debe decirse al quejoso que no se está en los casos de excepción previstos en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado sí contiene diversas disposiciones, entre otras, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Morelos, Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; disposiciones que se desprenden de la documental que la parte quejosa anexa a su demanda de amparo; de lo que se infiere que el acto reclamado está fundado en disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, y el quejoso aduce cuestiones de legalidad. En esa tesitura y no estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo, en términos del numeral 112, en relación con el diverso dispositivo 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por J. Concepción Figueroa Onofre. Esta determinación se orienta, además, en lo considerado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en las resoluciones de seis de septiembre de dos mil diecinueve, emitidas en los recursos de queja 201/2019 y 213/2019. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Luego, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, se hace de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva el consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones, el domicilio que indica. Se tiene por autorizado con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista José Luis Flores Rodríguez, no así al profesionista Jorge Hernández García, en virtud de que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, para ser autorizado con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que se le tiene para el único efecto de oír y recibir notificaciones. En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. Lo anterior, en términos de la tesis I.6o.C.365 C, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 887, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL AMPARO. SI EL ACTUARIO JUDICIAL, NO OBSTANTE HABERSE PRESENTADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN DISTINTOS HORARIOS Y DÍAS HÁBILES, NO LOGRA LOCALIZAR AL INTERESADO PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO EL AUTO DE REQUERIMIENTO, PREVENCIÓN O ACTUACIONES QUE EL TRIBUNAL ESTIME CONVENIENTE, DEBEN HABILITARSE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR AQUELLA DILIGENCIA COMO LO PREVÉ EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SUPLETORIO DE LA LEY DE LA MATERIA. De los artículos 27, 28, fracciones II y III, y 29 de la Ley de Amparo, se advierte que en el juicio de garantías es obligación del juzgador, ordenar notificar personalmente a los interesados, aquellas providencias en las que se les formulen requerimientos o prevenciones, y sólo por exclusión, les serán notificadas por lista las demás resoluciones. Por su parte, el artículo 30 de la ley de la materia precisa ciertos casos en los cuales una notificación que deba hacerse en forma personal, ya sea por prescripción de la ley o por mandato judicial, finalmente se ordenará practicar por lista, cuando el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio, con domicilio o casa señalados para oír y recibir notificaciones, no esperen al actuario judicial, una vez que, con anterioridad ha dejado citatorio previo, al no encontrárseles en la primera búsqueda y cuando no conste en autos domicilio, ni designación de casa o despacho para oír y recibir notificaciones. Finalmente, el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que las actuaciones judiciales tienen lugar en días y horas hábiles, que comprenderán, entre las ocho y las diecinueve horas de días hábiles y el artículo 282 del mismo ordenamiento establece que el tribunal respectivo puede habilitar días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que así lo amerite, expresando ésta y la diligencia que deba practicarse. Ahora bien, si de autos se advierte que el actuario judicial, no obstante haberse presentado en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, en distintos horarios y días hábiles, no logra localizar a la parte interesada, a efecto de dar cumplimiento al artículo 28 citado, deben habilitarse días y horas inhábiles para realizar la diligencia de notificación personal a la quejosa, tercera perjudicada o persona extraña al juicio, en el domicilio designado para tal efecto y hacer de su conocimiento el auto de requerimiento, prevención o actuaciones que el tribunal estime pertinente, como cuando se requiere a la quejosa para que comparezca a reconocer como suya la firma que obra en la demanda de amparo, en la inteligencia que de no hacerlo se le tendrá por no interpuesta. Con esa actuación se crea en las partes la confianza de que en cualquiera de los casos mencionados, serán notificadas personalmente y no por lista, pues de hacerlo de esta manera, se les dejaría en total estado de indefensión.". En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. MEDIOS ELECTRÓNICOS Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos para los efectos que indica. Asimismo, se hace de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas; por medio del cual, remite el expediente original del juicio de amparo número 266/2019, así como la resolución de veinticinco de octubre del año en curso, dictada en el cuaderno auxiliar 399/2019, del índice de ese Juzgado; atento a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los numerales 62, 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes. Acúsese el recibo correspondiente. Asimismo, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, en acatamiento a los puntos primero y quinto incisos 2), 5) y 7), del acuerdo 10/2008, notifíquese a las partes la resolución de mérito para los efectos legales conducentes. Notifíquese Personalmente. "S E N T E N C I A VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 266/2019 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, el cual se registró en este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en Zacatecas, Zacatecas, bajo el expediente auxiliar 399/2019; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda de amparo. Por escrito presentado el quince de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, recibido el mismo día, por razón de turno, en el Juzgado Séptimo de Distrito en la citada entidad federativa, Elio Ernesto Dionicio Núñez demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "3. Las autoridades responsables son las siguientes: Como ordenadoras: 1. Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos. 2. Lic. Brenda Ocampo Ponce Agente del Ministerio Público Comisionada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o Ministerio Público, que investiga la carpeta de investigación FECC/003/2019-01. Como ejecutoras 1. El Titular de la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal. 2. Las Policías de Investigación Criminal de nombres, Fátima Isabel García Camacho y Carina Ramírez. 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 2 3. Lic. Brenda Ocampo Ponce Agente de Ministerio Público Comisionada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o Ministerio Público, que investiga la carpeta de investigación FECC/003/2019-01. 4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el acto que de cada autoridad reclamo (sic) es el siguiente: De las ordenadoras, de las cuales son: 1. Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos. 2. Lic. Brenda Ocampo Ponce Agente del Ministerio Público Comisionada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o Ministerio Público, que investiga la carpeta de investigación FECC/003/2019-01. Reclamo los siguientes actos de autoridad: A) El acuerdo de aseguramiento del cual tuve conocimiento el seis de febrero de dos mil diecinueve en el expediente de amparo 96/2019 que se realizó ante el Juez Tercero de Distrito del Estado de Morelos y las posteriores actuaciones del Ministerio Público que se basan en dicho acuerdo y se encuentran viciadas de inicio por ser violatorias de los derechos humanos del quejoso en virtud de que violentan el debido proceso, que supuestamente emitieron con fundamento en lo dispuesto por el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, acto de autoridad que se convirtió en un verdadero cateo simulado, pero sin contar con orden judicial para realizarlo en contra del quejoso; cateo que se realizó en contra del suscrito para asegurar el vehículo camioneta marca Ford modelo F-150 doble cabina color gris claro con placas NW-84-155 del Estado de Morelos, propiedad de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitarios (sic) con número económico 1000, vehículo que tuve asignado por más de dos años para realizar las funciones y atribuciones que como servidor tenía asignadas. B) El acuerdo de aseguramiento y las posteriores actuaciones del Ministerio Público que se basan en dicho acuerdo y se encuentran viciadas de inicio por ser violatorias de los derechos humanos del quejoso en virtud de que violentan el debido proceso, que supuestamente emitieron con fundamento en lo dispuesto por el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, acto de 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 3 autoridad que se convirtió en un verdadero cateo simulado, pero sin contar con orden judicial para realizarlo en contra del quejoso; cateo que se realizó en contra del suscrito para asegurar el vehículo sedan marca Nissan modelo Tida color gris con placas PZD-85-90 del Estado de Morelos propiedad de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitarios (sic), vehículo que tuve asignado por más de dos años para realizar las funciones y atribuciones que como servidor tenía asignadas. C) Las periciales que se hayan efectuado con motivo de la ejecución del acuerdo antes citado, que como he manifestado se convirtió en un verdadero cateo sin orden judicial en contra del quejoso lesionando mis derechos humanos. D) La nulidad de todo lo actuado en la carpeta de investigación FECC/003/2019-01, en virtud de que en la misma se han realizado actos de autoridad que lesionan los derechos humanos del quejoso, derivado de que no se apegan al debido proceso, dejándome en estado de indefensión, sin certeza jurídica, ya que se ejecutan en mi contra actos de autoridad que son propios de una determinación judicial violentando en mi contra el debido proceso. De las ejecutoras las cuales son: 1. El Titular de la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal. 2. Las Policías de Investigación Criminal de nombres, Fátima Isabel García Camacho y Carina Ramírez. Reclamo de las autoridades ejecutoras antes citadas: A) La realización del cateo sin orden judicial, bajo un acuerdo violatorio de derechos humanos en el domicilio del quejoso ubicado en Avenida Perseus No 5-G Mza. 18 Lt. 7, del Conjunto Habitacional Colinas de Altar de Temixco, Morelos C.P. 62588. B) Las actuaciones que se hayan derivado de dicho cateo simulado, como son informes que se hayan levantado al respecto, por lo que reclamo la nulidad de dichas actuaciones en contra del quejoso por estar viciadas, ya que se realizaron lesionando mis derechos humanos. 3. Lic. Brenda Ocampo Ponce Agente de Ministerio Público Comisionada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o Ministerio Público, que investiga la carpeta de investigación FECC/003/2019-01. 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 4 Reclamo de la autoridad ejecutoras (sic) antes citada: A) La omisión de acudir al cateo que ella misma ordenó por acuerdo unilateral, sin contar con orden judicial, violentando en contra del quejoso el debido proceso." SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. La parte quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 16 a 23). TERCERO. Admisión y trámite. Por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos registró la demanda de amparo bajo el expediente 191/2019 y realizó diversas prevenciones al promovente con el apercibimiento que, en caso de no cumplir, se tendría por no presentada la demanda de amparo (fojas 33 a 36). Mediante escrito de veinticinco siguiente, el promovente, bajo protesta de decir verdad, manifestó los antecedentes del acto reclamado y allegó las copias solicitadas (fojas 38 a 50). El veintiséis del citado mes y año, el Juzgado mencionado tuvo por recibido el ocurso que antecede, previno nuevamente al promovente para que compareciera ante dicho órgano jurisdiccional para que manifestara si reconocía como suya la firma de dicho escrito y si la ratificaba (foja 51), por lo que en diligencia de veintiocho siguiente, el amparista dio cumplimiento al requerimiento que antecede (foja 54). 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 5 En la misma fecha, el Juzgado en cuestión tuvo por cumplido el requerimiento que antecede y declaró carecer de competencia legal para seguir conociendo del asunto, por lo que ordenó remitirlo al Juzgado Tercero de Distrito en la citada entidad federativa, ya que el quejoso señaló que este último conoció del juicio de amparo 96/2019, en el que se reclamaron diversos actos emanados de la carpeta de investigación FECC/003/2019-01, misma de la que derivan los actos reclamados (fojas 55 a 58). El cinco de marzo del presente año, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos tuvo por recibido el juicio de amparo 191/2019 y se avocó al conocimiento del mismo, ordenó continuar con el procedimiento, lo registró bajo el expediente 266/2019, y desechó parcialmente la demanda respecto de los actos siguientes: ? Actuaciones del Ministerio Público posteriores al aseguramiento (cateo) de los vehículos camioneta marca Ford modelo F-150, con placas NW-84-155 y sedan marca Nissan modelo Tiida, con placas PZD-85-90, ambas placas del Estado de Morelos, efectuado en la carpeta de investigación FECC/3/2019-1. ? Periciales que se hubieren efectuado con motivo de la ejecución del aseguramiento (cateo) antes citado. ? Todo lo actuado en la carpeta de investigación antes referida, con motivo del aseguramiento (cateo) en comento. Lo anterior, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 6 Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, constitucional y 5, fracción I, de la ley de la materia. Por otra parte, la admitió únicamente por el aseguramiento (cateo) (sic) de los vehículos precitados, efectuado en la carpeta de investigación FECC/3/2019-1; solicitó los informes justificados; señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional y dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 61 a 65). Por ocurso presentado el trece de marzo siguiente, el quejoso interpuso recurso de queja en contra del desechamiento en mención, al que se le dio trámite al día siguiente (fojas 104 a 124). El veintinueve de marzo del presente año, el quejoso amplió su demanda de amparo contra actos atribuidos a Servicios de Salud de Morelos, Organismo Público Descentralizado (fojas 143 a 172). El uno de abril siguiente, el Juzgado de Distrito auxiliado desechó la ampliación de demanda por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, constitucional y 5, fracción I, de la ley en la materia, y ordenó emplazar a la persona moral oficial precitada, como tercera interesada (fojas 173 a 176). El ocho de abril del presente año, el recurso de queja interpuesto contra el auto de cinco de marzo del mismo año, fue admitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 7 Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito bajo el expediente 113/2019 (foja 201). Mediante escrito presentado el mismo ocho de abril, en el Juzgado Tercero de Distrito del conocimiento, el quejoso interpuso recurso de queja en contra del auto de uno de abril del presente año (fojas 185 a 191); y, previo requerimiento, se tuvo por interpuesto tal recurso (foja 204). El tres de mayo de dos mil diecinueve, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito admitió dicho recurso de queja y lo registró bajo el expediente 137/2019 (foja 220). El nueve de mayo del presente año, el mencionado Tribunal Colegiado resolvió el recurso de queja 113/2019, mismo que declaró infundado, por lo que confirmó el auto recurrido (fojas 223 a 247). El cinco de julio de la citada anualidad, el órgano Colegiado en comento, resolvió el recurso de queja 137/2019, en el cual también calificó de infundado y confirmó el desechamiento de la ampliación de la demanda (fojas 256 a 269). Por acuerdo de dieciséis de julio siguiente, el Juzgado de Distrito del conocimiento ordenó continuar con el trámite del juicio (foja 270) y, la audiencia constitucional tuvo verificativo a las diez horas con diecinueve minutos del veinticinco siguiente, en la cual se desecharon las pruebas anunciadas por el quejoso, consistentes en la testimonial a cago de Rosa Isela Escamilla Bahena, inspección judicial en 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 8 las avenidas públicas que circundan, ingresos principales, casetas de vigilancia, control de ingreso por guardias de seguridad privada y el domicilio precisado en el Conjunto Habitacional Colinas de Altar, en Temixco, Morelos, el peritaje en criminalista de campo, así como la citación de servidores públicos para ratificación de informes justificados (foja 283). CUARTO. Envío a este juzgado auxiliar. El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, envió a este órgano jurisdiccional, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Novena Región, el juicio de amparo indirecto 266/2019, el cual fue recibido el trece de agosto de dos mil diecinueve y radicado el catorce siguiente, bajo el expediente auxiliar 399/2019, para el dictado de la sentencia correspondiente (fojas 284 a 287), lo que procede realizar; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, con jurisdicción en toda la República, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos 51/2009 y 52/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de octubre de dos mil nueve y el oficio STCCNO/389/2019, de tres de junio de dos mil diecinueve, signado por el 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 9 Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del referido Consejo1; ya que está facultado para apoyar en el dictado de las sentencias de los juicios de amparo indirecto del conocimiento del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, como el presente asunto. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo2, en principio deben precisarse los actos reclamados en el presente juicio. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, 1 ". Continúa el apoyo al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, por parte del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, a partir de junio de 2019. El apoyo que se otorga será motivo de revisión mensual. . Número y naturaleza de los asuntos a enviar: La remesa mensual se integrará con 27 asuntos del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, y 28 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en total 55 expedientes." ." 2 "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado ." 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 10 c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."3, y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."4 Con base en estas premisas, de la demanda de amparo y los autos se advierte que el quejoso reclama: Del Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, de la Agente del Ministerio Público comisionada a la citada fiscalía, del Titular de la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal, así como de las Policías adscritas a dicha Coordinación, respectivamente: 1. El aseguramiento de vehículos ordenado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación FECC/3/2019-1, respecto de la camioneta marca Ford modelo F-150, con placas NW-84-155 y sedan marca Nissan modelo Tiida, con placas PZD-85-90, ambas placas del Estado de Morelos. 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro 192097. Tesis de Jurisprudencia. 4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro 181810. 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 11 2. La ejecución de ese aseguramiento. El artículo 76 de la Ley de Amparo5 impone la obligación a este órgano jurisdiccional de corregir los errores u omisiones del quejoso en la cita de los preceptos constitucionales y legales, con la finalidad de resolver la cuestión efectivamente planteada; por mayoría de razón, ese precepto autoriza para corregir la precisión del acto reclamado, cuando de la demanda, los informes justificados o las constancias que obran en autos se advierte la actuación que en realidad se reclama. Lo anterior para salvaguardar los derechos del quejoso y cumplir con la obligación establecida también en dicho precepto de resolver la cuestión realmente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Lo expuesto no significa suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de amparo. En ese contexto, cabe precisar que si bien el quejoso dice reclamar el cateo realizado en su domicilio, en el cual, aduce, se llevó a cabo el citado aseguramiento de vehículos -acto por el que se admitió la demanda- también es verdad 5 "Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda." 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 12 que de lo expuesto por el solicitante del amparo, así como de autos, se obtiene que lo que reclama es efectivamente ese aseguramiento, por lo que el lugar y la forma en que se llevó a cabo el mismo constituyen vicios (cateo ilegal) en su ejecución, por tanto, de ser procedente el juicio contra esos actos, habrá de analizarse su legalidad, lo que incluye ese cateo, de ahí que se fijan los actos reclamados, atendiendo a la causa de pedir. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo sumario es: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado de manera incorrecta, de acuerdo a la técnica jurídica, como acto reclamado una orden de aprehensión y de los informes justificados se desprenda la existencia de una orden de reaprehensión, no es suficiente para considerar que el acto reclamado no existe y que, por tanto, deba sobreseerse en atención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, sin examinar la constitucionalidad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Ello es así, pues aun cuando la orden de aprehensión y la de reaprehensión, como se dijo, técnicamente son diferentes, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado y sería excesivo considerar que por error o ignorancia en el nombre del acto reclamado, se deba sobreseer, ya que ello no puede servir de base para determinar la inexistencia de dicho acto, por lo que el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe analizar la demanda en su integridad, sino también los informes de las 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 13 autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y examinar la constitucionalidad del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías."6 TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Precisados los actos reclamados, se analizará su inexistencia o certeza, como lo estableció la otrora Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del epígrafe que a continuación se trascribe, la cual es aplicable al caso por analogía: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS."7 Son ciertos los actos reclamados del Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, de la Agente del Ministerio Público comisionada a la citada fiscalía, así como de las Policías adscritas a la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal de la citada entidad federativa, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (fojas 137 a 140, 141 y 180). 6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Julio de 2001, página 287, registro 189287. 7 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, página 95, registro 206225. 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 14 También es cierto el acto reclamado del Titular de la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos, aun cuando al rendir su informe justificado manifestó lo contrario (foja 100), pues la autoridad ordenadora aceptó la existencia del acto. En ese contexto, es claro que, aun cuando negó la ejecución reclamada, es Titular de la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos, institución a la que pertenecen las referidas autoridades ejecutoras que aceptaron el acto que se les atribuye; por tanto, queda desvirtuada su negativa. Es aplicable la tesis del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO."8 Además, esa certeza se corrobora con la copia certificada de la carpeta de investigación FECC/003/2019- 01, remitida por la Agente del Ministerio Público Comisionada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos (cuaderno de pruebas, tomo II), la cual se valora en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles9, aplicable de manera 8 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo III, Segunda Parte- 1, enero a junio de 1989, página 56, registro 227890. 9 "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes." "Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 15 supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del párrafo segundo de su numeral 2°10, de la que se advierte el acto reclamado y su ejecución (fojas 41 a 76 ídem). CUARTO. Sobreseimiento por improcedencia del juicio. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo11, si se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente alguna de las partes. Para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada. La improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo." "Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado." 10 "Artículo 2o. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho." 11 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 16 En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa, sería imposible el examen de la litis constitucional planteada. Apoya lo anterior la tesis IV.3o.108 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS."12 En el caso, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" En primer término, debe puntualizarse que conforme a lo establecido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico o legítimo consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; esto es, se refiere a un derecho subjetivo o un derecho legítimo, protegido por alguna norma legal que se ve 12 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XV-2, febrero 1995, foja 353, registro 208448. 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 17 afectado por el acto de autoridad, mismo que ocasiona una afectación real y actual en su esfera jurídica. En ese sentido, debe tenerse que el juicio constitucional se creó con la finalidad de cerciorar del goce de derechos humanos establecidos en la carta magna, cuando exista violación a aquellos por un acto de autoridad y este tenga efectos materiales consistentes en un perjuicio o afectación real y actual en contra del solicitante del amparo. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, página 364, segunda parte-1, julio a diciembre de 1990, la cual establece: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Ahora bien, por lo que respecta al interés jurídico a que se refieren los preceptos transcritos, que es el único tipo 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 18 de interés que pudiera invocar la parte quejosa, se encuentra definido en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 225, tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Conforme a la jurisprudencia transcrita, es claro que para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad; y, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 19 b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por tanto, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que deben concurrir ineludiblemente para la procedencia del juicio constitucional, es justamente la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa sino la ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Apoya las consideraciones anteriores, la Jurisprudencia número 358, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 241, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, que reza: "PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona." Así, tenemos por cierto que, para la procedencia de la acción de amparo, es indispensable que quien la 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 20 promueva acredite fehacientemente ante el juzgador federal que la actuación de la autoridad responsable le causa directamente perjuicios en su persona, derechos, bienes o posesiones, para que de inmediato se analice la posible violación de derechos. Es decir, si bien es cierto que la legitimación activa en la causa como condición necesaria para la procedencia del juicio, consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, y que como consecuencia se encuentra legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, también es cierto que el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por aquel que verdaderamente resienta un perjuicio con motivo del acto reclamado en el derecho que busca ejercer, es decir, por quien haya sido violentado en sus derechos fundamentales, por omisión o insuficiencia de las prestaciones a las que tenga derecho o por actuaciones que impliquen una lesión a un bien jurídico tutelado, lo que de hecho debe estar plenamente probado, para la procedencia del juicio de garantías. En la especie, el solicitante del amparo reclama el aseguramiento de los vehículos consistentes en una Camioneta marca Ford modelo F-150 doble cabina, placas NW-84-155 del Estado de Morelos, y otro marca Nissan Tiida color gris, placas PZD8590, del Estado de Morelos, que refiere se encontraban en su domicilio, ubicado en Avenida Perseus número 5-G Manzana 18, lote 7, del Conjunto Habitacional Colinas de Altar, Temixco, Morelos, propiedad de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, y bajo su responsabilidad derivado 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 21 de las funciones que como servidor público desempeñaba en el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos; sin embargo, de autos se advierte que fue omisa en acompañar documento alguno que respalde el derecho subjetivo que dice tener. En efecto, el solicitante de protección constitucional afirma que tiene derecho sobre los bienes muebles descritos en la diligencia señalada en el párrafo que antecede, pero no acredita de forma alguna aquel, como lo sería la constancia vigente de tener bajo su resguardo de los automotores y estar actualmente laborando para la persona moral Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, quien acreditó en la indagatoria FECC/003/2019-01, ser la propietaria de esos vehículos, tan es así que se ordenó la devolución y entrega de los mismos a la referida Secretaría, por lo que, el quejoso en modo alguno demuestra afectación a su esfera de derechos. Sirve de apoyo, por identidad de razón y espíritu que la motiva, la jurisprudencia número 1/2002, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo XV, Febrero de 2002 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 5, de rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TITULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 22 los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar que tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aún cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que están cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 23 Bajo ese contexto, se reitera, el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo contra actos de autoridad de quien se reclama la desposesión de bienes muebles, como es el caso, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, independientemente de que estas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer; por ello, aunque la parte quejosa en su caso refiera ser propietaria o poseedora de los muebles de referencia, con motivo de ser servidor público de la persona moral oficial que acredita ser la dueña de ellos, esa circunstancia no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues ello no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley. Tiene aplicación al caso la tesis número 2ª.LIII/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos treinta y tres, Tomo V, Mayo de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible bajo el rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre; por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 24 propietario su hijo, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley." De ahí que, evidentemente, no existe por parte del quejoso, titularidad del derecho que se dice afectado con el acto de autoridad que reclama, por consiguiente menos aún puede existir lesión, daño o perjuicio sobre un derecho de cuya titularidad carece; entonces, el acto reclamado no afecta sus derechos públicos subjetivos, lo que resulta necesario para la promoción de la demanda de garantías; y, por consiguiente, al no afectarse su interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Finalmente, es de destacarse que el quejoso, a fin de acreditar su interés jurídico presentó diversas pruebas, consistentes en (cuadernos de pruebas anexos I y III): 1. Copia fotostática simple de la designación de Elio Ernesto Dionicio Núñez, como secretario General de la COPRISEM, de uno de junio de dos mil catorce, signada por el Comisionado para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos (anexo 1, sin folio, del cuaderno de pruebas, tomo I). 2. Copia fotostática simple del oficio SC/0029 AFGJ/ 2017, de catorce de marzo de dos mil diecisiete, signado por la Secretaria adscrita a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, mediante el cual solicitó al Encargado de Recursos Humanos de la Comisión Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, que informara los documentos que debía de contener el expediente personal de cada trabajador 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 25 adscrito a la Comisión para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos, nombre completo, fecha de ingreso, cargo y código o clave presupuestal del personal que ingresó a laborar a dicha comisión, copia certificada de los perfiles de puestos, correspondiente al cargo de los códigos o claves presupuestales: CF41057, M03026D, CF41058, CF41065, CF41056, CF40044T, para puestos en la citada comisión, copia certificada del organigrama de la misma e informara si existía un Manual de Procedimientos para el ingreso de personal a la multicitada comisión (anexo 2, sin folio, ídem). 3. Copia fotostática simple de la cédula de notificación personal al quejoso, de la resolución de trece de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 17/2017, en la que se absolvió de responsabilidad administrativa en el expediente 17/2017 (anexo 3, sin folio, ídem). 4. Copia fotostática simple de la demanda promovida por Elio Ernesto Dionicio Núñez, en la cual solicitó la nulidad lisa y llana de la resolución de sanción administrativa identificada con el expediente 17/2017 (anexo 4, sin folio, ídem). 5. Copia fotostática simple de la cédula de notificación para Elio Ernesto Dionicio Núñez, de la admisión de demanda señalada en el párrafo que antecede, con el número TJA/5Asera/39/18-JDN (anexo 5, sin folio, ídem). 6. Copia fotostática simple del recurso de queja por exceso o defecto en la cumplimentación de las resoluciones 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 26 del tribunal y/o por desacato a la suspensión, interpuesto por Elio Ernesto Dionicio Núñez, de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, ante la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, así como de la inspección judicial, esto dentro del expediente TJA/5Asera/39/18-JDN (anexo 6, sin folio, ídem). 7. Copia fotostática simple de la ratificación de solicitud de medios de apremio y medidas necesarias, signada por Elio Ernesto Dionicio Núñez, de doce de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del expediente TJA/5Asera/39/18-JDN (anexo 7, sin folio, ídem). 8. Copia fotostática simple de la denuncia de incumplimiento a la suspensión judicial, signada por Elio Ernesto Dionicio Núñez, de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, presentada ante la Contraloría de Gobierno del estado de Morelos (anexo 8, sin folio, ídem). 9. Copia fotostática simple del acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente 29/466/18 BIS, respecto de la acción que ejerce Elio Ernesto Dionicio Núñez, en contra de Servicios de Salud de Morelos, en la cual dicho tribunal se declara incompetente para conocer del asunto y ordena remitir los autos a la Junta Especial en turno de la Local de Conciliación y Arbitraje de la citada entidad federativa (anexo 9, sin folio, ídem). 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 27 10. Copia fotostática simple del acuerdo de uno de febrero de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio de amparo 96/2019, en el que se desecha la ampliación de demanda, interpuesta por Elio Ernesto Dionicio Núñez y otro (anexo 10, sin folio, ídem) 11. Copia fotostática simple del informe justificado de veinte de febrero de dos mil diecinueve, signado por la Agente del Ministerio Público Comisionada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, exhibido en el juicio de amparo 96/20019 (anexo 11, sin folio, ídem). 12. Copia fotostática simple de fotografías a blanco y negro (anexo 12, sin folio, ídem). 13. Copia fotostática simple de la carpeta de investigación FECC/003/2019-01, iniciada por el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, por el delito de abuso de confianza y robo, instaurada en contra de Elio Ernesto Dionicio Núñez (fojas 1 a 90 del cuaderno de pruebas, correspondientes al anexo 3, del tomo III). 14. Copia fotostática simple de la escritura pública doscientos cincuenta y tres mil quinientos ochenta y tres, volumen nueve mil ciento veintitrés, de veintinueve de septiembre de dos mil doce, del protocolo de la Notaría Pública Número dos, de Cuernavaca, Morelos, en la que consta la compra del inmueble ubicado en casa 5, manzana 18, lote condominal 7 del conjunto urbano denominado Colinas de Altar Tres (III), sub etapa 1, constituido sobre la fusión de diecinueve parcelas más la fracción A ubicados en 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 28 calles San Anton colonia Campo San Felipe, del Ejido de Palmira, Municipio de Temixco, Estado de Morelos, por parte del quejoso (anexo 3, sin folio, ídem). 15. Fotografías a color del Conjunto Habitacional Colinas de Altar, de Temixco, Morelos (anexo 3, sin folio, ídem). 16. Transcripción del video relativo al informe emitido por el por el Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve (anexo 3, sin folio, ídem). 17. Archivo del video descrito en el punto anterior, contenido en la unidad de almacenamiento externo (USB, Universal Serial Bus) (anexo 4). Las pruebas anteriores, al ser obtenidas por los descubrimientos de la ciencia, se valoran conforme a los artículos 197 y 21713 del invocado código aplicado supletoriamente a la materia; sin embargo, por carecer de la certificación de una autoridad con fe pública o bien tener sustento en otros elementos de prueba, solo generan un indicio de que las constancias que amparan existen, empero, sin suficiente certeza jurídica, ya que dada su forma de reproducción, existe la posibilidad de que no correspondan a su original. 13"Artículo 217. El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especia (sic) deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial." 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 29 Es aplicable la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala del Tribunal Supremo del País, cuya sinopsis es: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer."14 El archivo correspondiente al video descrito (17) también se valora como prueba documental, de conformidad con los artículos citados y el criterio siguiente: "VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO. Los artículos 75, 119, 122, 123 y 124 de la Ley de Amparo, en atención al principio pro persona y el derecho de acceso a la justicia, deben 14 Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, tomo VI, Materia Común, página 132, registro 394149. Tesis identificada con el número 193. 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 30 interpretarse en el sentido que los avances científicos y tecnológicos pueden incorporarse como parte del acervo probatorio. Así, a las videograbaciones que las partes ofrezcan como prueba, en cualquier soporte, deberá dárseles el tratamiento de una prueba documental, al tratarse de información que se encuentra plasmada en un soporte distinto al papel pero que posee las mismas características y busca el mismo objetivo, por lo que podrán presentarse en amparo indirecto, en los términos previstos en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, con anterioridad a la audiencia constitucional, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la misma y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, en caso de que el ofrecimiento de una videograbación se haga como inspección judicial, el juzgador deberá admitirla, aclarando que se tratará como prueba documental, a efecto de garantizar el derecho a una adecuada defensa y el derecho a probar."15 Pruebas que, además, no resultan idóneas ni conducentes para acreditar el extremo pretendido, esto es, que el quejoso tenga algún derecho respecto de los vehículos que dice defender, pues en adición a que no están certificadas por alguna autoridad, ninguna está encaminada a probar la propiedad y/o posesión legítima de los automotores descritos, por parte del solicitante del amparo; ya que, en todo caso, evidencian el nombramiento otorgado al quejoso como Secretario General de la Comisión para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos; la existencia de diversos juicios y/o recursos entablados por y contra el demandante de amparo, así como de algunas determinaciones ahí emitidas; los actos practicados con motivo de una denuncia interpuesta contra el quejoso; la 15 Época: Décima Época. Registro: 2020051. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 26/2019 (10a.). Página: 1014. Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de junio de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 31 propiedad de este sobre un bien inmueble; y lo manifestado por el Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos a los medios de comunicación, el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, respecto a la investigación contra ex funcionarios de la administración pasada, consistentes en la recuperación de unidades cuyo valor sumado es de más de un millón trescientos setenta y dos mil pesos, así como la recuperación de dos vehículos asignados a la Comisión para la Protección Contra .los Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos, derivado de la denuncia iniciada el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, de la que se obtiene que Sergio Octavio fungió como titular de dicha Comisión y no cumplió con la entrega de dos vehículos que tenía a su resguardo (vehículos antes descritos), esto dentro de la carpeta de investigación 105/2008-11. En esa condición, como se estableció, es claro que no demostró plenamente la afectación que le ocasiona el acto reclamado; por lo que al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de esa legislación. El sobreseimiento decretado constituye un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada. Sustenta este criterio la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, titulada: 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 32 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO."16 El sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman, por virtud de que los mismos no fueron reclamados por vicios propios. No pasa desapercibo el hecho de que el quejoso junto con Sergio Octavio García Álvarez, promovió diverso juicio de amparo del cual fue materia el aseguramiento de vehículos que aquí reclama (que ellos señalaron como sustracción) y que atribuyeron a las mismas autoridades responsables, asunto del que conoció el juzgado auxiliado bajo el número de expediente 96/2019, y que por resolución de cuatro de junio de dos mil nueve, se sobreseyó por falta de interés jurídico, al considerar que los quejosos omitieron acompañar algún documento que respaldara el derecho subjetivo que afirmaron tener; empero, dado el sentido de esa determinación, es que no se estimó en el presente juicio la diversa causa de improcedencia relativa a la cosa juzgada, prevista en la fracción XI del artículo 61 de la ley de la materia. Lo anterior encuentra apoyo en el criterio siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EN UN JUICIO PREVIO, EN EL QUE SE IMPUGNÓ UN ACTO OMISIVO, SE SOBRESEYÓ POR NO ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO, AL NO APORTARSE PRUEBAS PARA ELLO. La 16 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 70, Octubre de 1993, página 57, registro 214593 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 33 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis aisladas 1a. XCV/2016 (10a.), de título y subtítulo: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA." y 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), de rubro: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.", indicó que el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un amparo previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; que por regla general, esa figura se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, y excepcionalmente en casos de desechamiento de la demanda o sobreseimiento en el juicio, siempre que esa determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto o de manera insuperable (inatacabilidad del acto reclamado). Por otra parte, acorde con los artículos 107, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, el interés jurídico constituye un presupuesto de la acción de amparo contra actos/resoluciones que derivan de la actuación de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Así, en términos del artículo 61, fracción XII, de la ley citada, la improcedencia del juicio por falta de interés jurídico puede obedecer a: 1. Ausencia de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley o inexistencia de agravio personal y directo porque el acto reclamado no incide en la esfera jurídica de la quejosa; o, 2. Imposibilidad para determinar si el acto reclamado afecta la esfera jurídica de la quejosa, ya sea por: a) Insuficiencia o falta de idoneidad de las pruebas aportadas para acreditar el interés jurídico; o, b) Ausencia de pruebas al no haber allegado alguna para acreditarlo. 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 34 De lo anterior, se concluye que cualquiera de los primeros tres supuestos (falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley, ausencia de agravio personal y directo, o falta de idoneidad de pruebas concretas) constituyen razones que hacen inejercitable la acción de amparo por falta de interés jurídico, e impiden promover un nuevo amparo contra el mismo acto de autoridad por existir cosa juzgada, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, aludido, debido a que ya existe un pronunciamiento jurisdiccional sobre ese tema concreto; sin embargo, esa causa de improcedencia no se actualiza en el último de los supuestos, esto es, cuando se sobresee en el juicio por no acreditar el interés jurídico, al no aportar pruebas para ello, lo que se considera así en atención a que esa determinación de sobreseimiento no contiene un pronunciamiento en cuanto a la inexistencia del derecho subjetivo tutelado en la ley, o de agravio en su esfera jurídica, o por insuficiencia probatoria de ciertas pruebas en específico; de ahí que proceda un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto reclamado y autoridades responsables, cuando no exista plazo para promover juicio de amparo por tratarse de un acto omisivo el que se impugna y el sobreseimiento obedeció a la falta de interés jurídico determinada ante la ausencia de medios probatorios que acreditaran sus elementos (titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley y existencia de agravio personal y directo)."17 Énfasis añadido. Alegatos. 17 Época: Décima Época. Registro: 2016156. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: III.5o.T.1 K (10a.). Página: 1405. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. Queja 406/2017. 8 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Eduardo Díaz Sánchez. Secretaria: Pilar Juana Monroy Guevara. Nota: Las tesis aisladas 1a. XCV/2016 (10a.) y 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de abril de 2016 a las 10:08 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo II, abril de 2016, página 1107, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, página 524, respectivamente. Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 456/2018, pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta tesis se publicó el viernes 02 de febrero de 2018 a las 10:04 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 35 No se atienden los argumentos expresados por el Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 133 y 134), pues al consistir en alegatos, estos no forman parte de la litis constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO."18 Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, del epígrafe siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO."19 Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 5º, fracción I, 61, fracción XII, 63, fracción V, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, así como 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Elio Ernesto Dionicio Núñez, contra actos del Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, de la Agente del Ministerio Público comisionada a la citada fiscalía, del Titular de la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal, así como de las Policías adscritas a dicha Coordinación, de quienes reclamó el aseguramiento de vehículos ordenado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación FECC/3/2019-1, respecto de la 18 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 80, agosto de 1994, página 14, registro 205449. 19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo II, octubre de 1995, página 576, registro 204060. 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Amparo indirecto de origen 266/2019 Expediente auxiliar 399/2019 36 camioneta marca Ford modelo F-150, con placas NW-84-155 y sedan marca Nissan, modelo Tiida, con placas PZD-85-90, ambas placas del Estado de Morelos, y su ejecución, respectivamente; por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese a las partes como lo determine el Juzgado de Distrito auxiliado; anótese en el libro de registro electrónico; con el original de esta sentencia vuelvan los autos respectivos al lugar de su procedencia. Así lo resuelve y firma María Elena Cardona Ramos, Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, hoy veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional, ante Sandra Fabiola Urrutia Olmedo, secretaria que autoriza y da fe. *sfuo En Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, Sandra Fabiola Urrutia Olmedo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial, en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. En Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, Sandra Fabiola Urrutia Olmedo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, certifico: todos los datos correspondientes al expediente electrónico 399/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, están debidamente capturados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. 2020-10-19 11:17:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Archivo firmado por: MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 Fecha de firma: 25/10/2019T16:03:39Z / 25/10/2019T11:03:39-05:00 Certificado vigente de: 2017-10-20 11:17:21 a: 2020-10-19 11:17:21 Evidencia Criptográfica - Transacción Archivo Firmado: 11250000254736040003003.docx Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal Firmante(s): Firmant e Nombre: MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Validez: OK Vigente Firma # Serie: 706a6620636a6600000000000000000000007aa0 Revocación OK No Revocado Fecha: (UTC / Ciudad de México) 25/10/2019T16:03:39Z / 25/10/2019T11:03:39-05:00 Status: OK Valida Algoritmo: Sha256withRSA Cadena de Firma: 0e af fd ab 30 05 92 36 aa ae 35 6a e4 54 44 fc f7 69 21 36 ad 98 32 f9 d8 f7 4f 3b 37 b1 91 64 40 d0 00 fd 4e 5e 2e 46 70 c5 cf e5 0f a0 5d 9b 23 24 fb 23 d5 fe 8e 25 f1 a5 43 a8 3b 1e ce 39 23 a4 84 ef 1c 69 3b 5d 04 27 b0 5d 6d 73 72 3a fb 67 2c a0 a5 d5 52 c3 6b ce 64 d1 76 5e d1 67 4f b1 36 ac 7b 9e 3d 26 ba 2c 31 82 ac c4 5d 07 8d 7e d2 8f ac fd 78 45 b4 98 62 fc 71 0b 90 79 85 47 0a 7a a3 69 31 46 ca 62 c1 a9 80 5c 02 04 05 9f 65 a5 99 4f 71 61 ca 2b 7b 5a 84 d7 90 e9 98 86 42 e7 53 23 7d c2 b5 c3 ba 25 5f 4f a9 8e 88 ab a6 50 f2 46 2c d2 01 31 2e 5b 2f 7f b1 68 4f cd a6 55 a0 1e 71 e6 98 6a 1b d4 1f 4e 50 1b dd 59 46 af 38 f2 9d 34 78 e0 8e 34 61 4e 66 88 9a d0 cc 1a 45 1f 52 26 f0 14 00 04 af 2b 42 a2 70 d9 52 4b 68 1b 6e 14 7a 92 38 4b a1 18 43 93 OCSP Fecha: (UTC / Ciudad de México) 25/10/2019T16:03:39Z / 25/10/2019T11:03:39-05:00 Nombre del respondedor: OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal Número de serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02 Archivo firmado por: MARÍA ELENA CARDONA RAMOS Serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.a0 Fecha de firma: 25/10/2019T16:03:39Z / 25/10/2019T11:03:39-05:00 Certificado vigente de: 2017-10-20 11:17:21 a: 2020-10-19 11:17:21 Firmant e Nombre: Sandra Fabiola Urrutia Olmedo Validez: OK Vigente Firma # Serie: 706a6620636a6600000000000000000000008b49 Revocación OK No Revocado Fecha: (UTC / Ciudad de México) 25/10/2019T16:03:39Z / 25/10/2019T11:03:39-05:00 Status: OK Valida Algoritmo: Sha256withRSA Cadena de Firma: cb 0f c3 a4 e1 46 c3 88 60 cd 57 fd 2b 23 5c 31 a0 33 0a d9 24 3d 78 f9 40 ea 76 93 99 b5 7a 0c 1f 45 82 c4 78 b8 7b eb 5c dc 0b 35 26 ad a6 8e 6c 80 a5 77 93 c3 fa fb 1b f6 d8 1d 03 b4 3f 03 10 18 1f 38 0a 19 3d 20 9d 1c e5 e6 56 16 c7 34 74 11 c4 97 d9 ca af e4 4d 0b 7f 84 3d 34 cc e1 04 6a e5 15 9a 05 17 17 26 6c 40 e1 a5 82 ff 86 cc 03 ec 9e 01 5f 42 8e 0d 27 40 93 9e 8b ae a6 02 6d 4e 64 b4 60 27 23 39 ac 4d 3b 53 96 d8 51 a6 ac 7d ae 2d 17 7a 43 cb 2f 08 f3 27 5f 56 36 d8 15 e8 d6 ba 8c 9b de 4d 76 dc e4 13 dd d7 4f 5b ce 7a 4a 7f f1 0c 7d d7 01 2d c5 0a 24 58 ba f2 60 b7 f4 7d f1 79 b4 04 77 aa cf 1f 35 95 bb 3c 19 e5 6f db 45 98 93 7a 39 66 dc f7 61 89 c0 cf a0 09 2c 14 b2 42 bf 1f 84 56 81 58 36 37 00 1f 84 fe f5 41 73 5e 33 ca f4 3c 28 f4 9d 90 0c OCSP Fecha: (UTC / Ciudad de México) 25/10/2019T16:03:39Z / 25/10/2019T11:03:39-05:00 Nombre del respondedor: OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal Número de serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02"
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