Concepción Espinoza Mendivil

Expediente 533/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
533/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Concepción Espinoza Mendivil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que en esta fecha en el cuaderno principal causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depurase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y la suspensión definitiva . Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Certificación. El veintiuno de junio de dos mil veintidós, Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del seis al diecisiete de junio de dos mil veintidós, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. El veintiuno de junio de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión, en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer

  3. Principal

    SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. (SE ORDENA EL ARCHIVO)

  4. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y tres minutos del primero de junio de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa, declaró abierta en el juicio 533/2022 A-II, la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo; sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace relación de constancias que obran en autos y da lectura a la demanda de amparo, a saber: con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -quejosa, autoridades responsables y fiscal de la Federación adscrito-; con los informes justificados rendidos por jefe de Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) en representación del director general del organismo en cita, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora y director General de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, en representación del gobernador constitucional del Estado de Sonora, todas con residencia en esta ciudad; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impusieran de los informes justificados y que en el auto de radicación se estimó que no existe parte tercero interesada en este asunto. El juez acuerda: se tiene por hecha la anterior certificación. Por otra parte, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. Abierta la etapa de pruebas, la secretaria da cuenta con la documental allegada por la parte quejosa conjuntamente con su escrito de demanda, así como las pruebas documentales allegadas por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, además, la confesional expresa, presuncional e instrumental de actuaciones aportada por la consabida autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 533/2022 A-II, promovido por Concepción Espinoza Mendívil, contra actos atribuidos al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veintiséis de abril de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, en la misma fecha a este Juzgado de Distrito, Concepción Espinoza Mendívil, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán con posterioridad. Mediante acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós, se radicó la demanda en este Juzgado con el número de juicio de amparo 533/2022 A-II; se pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: C o n s i d e r a n d o s Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto de ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, circunstancia que lo dota de competencia, aunado a que las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: a). Del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON): el descuento del artículo 25, fracción I, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora sobre la pensión de la quejosa (primer acto de aplicación y subsecuentes). b) Del Congreso del Estado de Sonora: Se reclama la aprobación y expedición del artículo 25, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. c) Del gobernador del Estado de Sonora: Se reclama la promulgación del artículo 25 de la Ley 28 del ISSSTESON 38. III. Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables gobernador y Congreso del Estado de Sonora, ambas con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron en su respectivo informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, la existencia de la norma legal reclamada es un hecho notorio que no está sujeto a prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por encontrarse publicadas en el órgano de información local, desprendiéndose la participación de las autoridades en el proceso de creación de la norma. Lo expuesto encuentra apoyo en la tesis 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Igualmente, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." También son ciertos los actos atribuidos al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), pues así se advierte del informe justificado rendido por el jefe de la Unidad Jurídica en representación de la aludida autoridad responsable; ello, en razón de que es evidente que ese instituto, emitió el dictamen de pensión a la quejosa, derivado del cual se le efectúa el pago pensionario. Es así, más aún que el artículo 96, en su fracción IV, de la Ley del ISSSTESON, refiere: "Artículo 96. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora tendrá las siguientes funciones: (.) Otorgar jubilaciones y pensiones;" De dicho numeral, se desprende que el ISSSTESON, es el encargado de otorgar las pensiones correspondientes; por tanto, si existe un departamento encargado de realizar la deducción que refiere la parte quejosa, dicho instituto, a través de su director general que representa al instituto, tiene la obligación de vigilar que la pensión que se otorgue, deba contener las deducciones debidamente legitimadas, y la citada autoridad tiene mayor jerarquía que las áreas en que se divide dicho instituto quien otorga el pago pensionario a la aquí quejosa; y, por tanto, su representante en términos del artículo 109, fracciones I, V, de la Ley del ISSSTESON, tiene injerencia en el reclamo de la quejosa. Y, además, ello se evidencia con la documentales exhibida por la quejosa y las remitidas por el jefe de la Unidad Jurídica de dicho instituto, que fueron requeridas por este juzgador, de las que se advierte el descuento por el concepto de servicio médico, así como de la expedición del dictamen de pensión de la quejosa; de ahí, que se desprenda la existencia del reclamo constitucional a dicho instituto. Es ilustrativa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." A las documentales exhibidas, se les otorga valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." IV. Causales de improcedencia En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el particular, el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), en representación del director del consabido instituto, expresa que se actualiza la causal de improcedencia relativa al consentimiento expreso del reclamo, pues argumenta que el primer acto de aplicación se dio en la época en que a la quejosa le notificaron del dictamen pensionario y le aplicaron el primer descuento. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que en relación con el reclamo que aquí se atiende, la demanda fue presentada de manera extemporánea, al haber transcurrido el plazo de quince días, que señala el diverso numeral 17 del citado ordenamiento legal. La mencionada fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Por su parte los artículos 17 y 18, de la ley de la materia literalmente disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En el caso, cabe precisar, que la demanda de amparo debió promoverse dentro de los quince días siguientes a aquél en que la parte quejosa tuvo conocimiento o se ostenta que conoció del acto, siendo pertinente destacar que el conocimiento del acto reclamado, para iniciar el cómputo del plazo antes referido, debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse a base de presunciones, lo cual ocurre por el dicho bajo protesta de decir verdad de la propia impetrante y del contenido de las documentales allegadas al sumario, remitidas por el jefe de la Unidad Jurídica del ISSSTESON (valorados con antelación). Como se afirma, en relación con la norma impugnada y su aplicación, no obstante la existencia de dichos actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia en mención, relativa al consentimiento tácito de tal reclamo constitucional. Del precepto legal de la ley de la materia invocado se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo no será procedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En efecto, de los preceptos legales transcritos con antelación, se desprende que el término genérico para promover el juicio de amparo indirecto es de quince días y que éste, dependiendo de cada caso, se computará en la forma siguiente: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución 4. Tratándose de normas generales autoaplicativas, a partir del día de su entrada en vigor. Como es dable apreciar, en el artículo 18 invocado se hacen cuatro distinciones para el cómputo aludido y los supuestos que se mencionan son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Ahora bien, en el caso concreto la parte quejosa reclama la aplicación del artículo 25 de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, que se traduce en un descuento porcentual sobre la pensión de la quejosa. La actualización de dicha causal deriva de la circunstancia de que la parte quejosa tuvo conocimiento de la norma impugnada y su aplicación desde que se hizo sabedora del dictamen pensionario derivado de lo cual recibió el primer importe, esto es, conoció del acto desde que le fue notificado el dictamen de pensión, es decir, en la fecha en la que le notificaron la concesión de dicha pensión. Es importante destacar que el conocimiento de los actos reclamados por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de amparo, debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse con base en indicios. En el caso, como se vio, lo reclamado en este amparo consiste en la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y su primer acto de aplicación, y como consecuencia, el descuento que la autoridad responsable le ha estado efectuando por concepto de servicio médico que se identifica en su recibo de pago como concepto 25. Ahora, la quejosa manifestó en su escrito de demanda, que el once de abril de dos mil veintidós, se enteró que se le se le había efectuado el descuento con el número "25", el cual corresponde al concepto de "servicio médico", mismo que tiene fundamento en el artículo 25 fracción I, de la Ley número 38 de ISSSTESON. Ahora bien, existen en autos documentales allegadas al sumario, remitidas por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a las que les fue otorgada valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De esas documentales, interesa destacar, la relativa al dictamen de pensión otorgado y su notificación efectuada al quejoso, de la cual se pone de relieve que desde el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, tuvo conocimiento mediante la notificación del dictamen pensionario, por ende, del descuento establecido con el número "25", el cual corresponde al concepto de "servicio médico", mismo que tiene fundamento en el artículo 25 fracción I, de la Ley número 38 de ISSSTESON, por lo que tuvo oportunidad para acudir al amparo, a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento por la notificación efectuada, es decir, a partir del dieciocho de marzo de dos mil veintidós. En efecto, en el dictamen pensionario, se evidencia en el resolutivo "PRIMERO", que se le concedió a Concepción Espinoza Mendívil, pensión tipo jubilatoria y se determinó que a la cantidad establecida como pensión mensual ajustada, correspondiente al 100%, se le aplicaría "el descuento por concepto de Servicio Médico que la Ley establece en el Art. 25 fracción I"; mismo dictamen que, como se vio, le fue notificado personalmente a la parte quejosa el diecisiete de marzo de dos mil veintidós. En esa medida, tuvo conocimiento de la aplicación del acto a partir de esa fecha, por lo que tuvo de oportunidad para impugnar la norma reclamada y aplicada en su pago pensionario bajo el concepto o clave "25", relativo al "descuento médico". En ese sentido, si la demanda de amparo por la cual se instó la presente contienda constitucional fue presentada hasta el veintiséis de abril de dos mil veintidós, es claro que tal presentación de la petitoria resultó extemporánea, pues el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, evidentemente transcurrió en exceso, atento a las manifestaciones de la parte quejosa hechas valer bajo protesta de decir verdad, y al análisis de los presentes autos. En ese contexto, es inconcuso que su promoción para instar el biinstancial, es por demás extemporánea, al rebasar el término a que alude el citado artículo 17, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa virtud, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18, y el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee al respecto en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 27/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto que se transcriben a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación por analogía, la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, del Tomo 27, Quinta Parte, visible a página 13, cuyo rubro y contenido son del tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE POR SER PRESENTADO FUERA DE TÉRMINO. Cuando una demanda de amparo es presentada fuera del término a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, debe reputarse que el actor consintió tácitamente el acto reclamado, por lo que, en términos de la fracción XII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de amparo es improcedente, y cuando esta circunstancia es advertida por la Sala que conoce del propio juicio, debe sobreseerlo". En consecuencia, se estima innecesario realizar pronunciamiento alguno respecto de los conceptos de violación, debido a que la improcedencia de la acción constitucional impide el estudio de fondo del asunto. Se cita como apoyo la tesis jurisprudencial VI. 1o. J/23, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, página 252, Octava Época, con registro digital: 226555, de texto y rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." D e c i s i ó n En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, y el numeral 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se sobresee al respecto en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VI. R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Concepción Espinoza Mendívil, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, reclamados a las autoridades indicadas en el apartado III, por las consideraciones, argumentos, fundamentos y motivos, expuestos en el diverso apartado IV, de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante la secretaria de juzgado María Guadalupe Noriega Vega, con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe. SENTENCIA ANALISTA JURÍDICO SISE LIBRO DE GOBIERNO CONTROL INTERNO La presente foja corresponde a la parte final de la resolución constitucional dictada en esta fecha en el juicio de amparo 533/2022 A-II; lo que certifico y firmo para constancia, en Hermosillo, Sonora, a uno de junio de dos mil veintidós. Doy fe.

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