Concepción Eduvigis Castañeda Scott
Expediente 432/2012 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 1 actuación registrada, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2012
- Año
- 2012
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Concepción Eduvigis Castañeda Scott
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Sinaloa "1", de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con residencia en esta ciudad, por el cual informa que en relación al oficio 3834 de veintinueve de noviembre de dos mil doce, relativa a la multa impuesta en autos de este juicio a María Guadalupe Carranza Serrano, representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual no fue posible hacer efectivo; Destaca, que con la finalidad de llevar a cabo la encomienda, y hacer efectivo el cobro de la multa, esa Administración procedió a emitir diversas acciones de cobro e investigación sin obtener resultados positivos. En razón de lo anterior, y derivado a que no ha sido posible recuperar el monto de la sanción impuesta, lo cual ha quedado comprobado, en virtud, de haberse agotado los medios ordinarios y legales para su cobro, devuelve la documentación por la imposibilidad en el cobro detallado con antelación. En vista de lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, es procedente analizar de oficio la multa que nos ocupa como crédito fiscal, como incumplimiento a orden judicial. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 50/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 184085, visible a página 252, Tomo XVII, Junio de 2003, Materia(s): Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SON APROVECHAMIENTOS QUE CONSTITUYEN UN CRÉDITO FISCAL. Las multas que impone el Poder Judicial de la Federación pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se corrobora por el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2o. del propio Código hace de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, no están comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, a cargo de los gobernados y de las autoridades. En ese sentido, estrictamente deben conceptuarse como multas no fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir, pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos, según lo señala el numeral 4o. de dicho Código; por tanto, si las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es incuestionable que, determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido Código. Así, numeral 146 del Código Fiscal de la Federación en cita dispone: El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos o a través del juicio contencioso administrativo. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del artículo 144 de este Código, también se suspenderá el plazo de la prescripción. Asimismo, se suspenderá el plazo a que se refiere este artículo cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. El plazo para que se configure la prescripción, en ningún caso, incluyendo cuando este se haya interrumpido, podrá exceder de diez años contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido. En dicho plazo no se computarán los periodos en los que se encontraba suspendido por las causas previstas en este artículo. La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse de oficio por la autoridad recaudadora o a petición del contribuyente. Del artículo trascrito se desprende que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años; cómputo que inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido. Asimismo, el término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. En esa tesitura, como la autoridad hacendaria informa que ha realizado acciones de cobro tendentes a hacer efectiva la multa en el domicilio proporcionado por este órgano jurisdiccional, de las cuales no fue posible lograr la efectividad virtud que el deudor se encuentra insolvente o no se localizaron bienes para cubrir el crédito; asimismo, hace saber que en las distintas oficinas rentísticas, así como en los sistemas institucionales con los que cuenta esa administración, no localizaron bienes susceptibles de embargo que sean propiedad del deudor. Por tanto, se declara la prescripción de la multa impuesta por mil noventa y seis pesos; virtud que el mandamiento de ejecución y requerimiento de pago tuvieron verificativo más de cinco años que establece el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, ya que desde el veintinueve de noviembre de dos mil doce estuvo en aptitud de hacer efectivo el cobro de la multa referida. En ese orden, gírese oficio al Administración Desconcentrado de Recaudación de Sinaloa 1 con sede en esta ciudad, para que proceda a cancelar la multa impuesta a María Guadalupe Carranza Serrano, representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Finalmente, una vez realizada la notificación de este proveído, glósese el presente cuaderno de antecedentes al expediente de varios. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Ramón Gustavo Grajeda Tello, Secretario que autoriza y da fe.
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