Concepción Chávez Campos
Expediente 24/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 51 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 24/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 51
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Concepción Chávez Campos
- Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 51.
- Incidental
DESIGNACIÓN DE JUEZA DE DISTRITO Vista la certificación que antecede de la que se desprende que en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la designación de la Jueza Paula Liliana Cháirez Parra, como Titular de este Juzgado, en lugar de la ahora Magistrada Abigaíl Cháidez Madrigal, con efecto a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, según consta en el oficio SEADS/695/2022, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que obra el billete de depósito que se describe, exhibido para que surtiera efectos la medida cautelar concedida a la quejosa *. Asimismo, se desprende que en el cuaderno principal del cual deriva este incidente, en resolución de catorce de febrero de dos mil veintidós, se sobreseyó en el juicio y en auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, se ordenó el archivo definitivo de dicho sumario constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho corresponda respecto a la citada garantía exhibida.
- Principal
Agréguese a los presentes autos, el oficio 35428/2021, firmado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 643/2021-II-A, orden 665/2021-II-A, que le fue enviado por este Juzgado a efecto de emplazar al tercero interesado que se indica. Sin que sea necesario remitir acuse de recibo, toda vez que el mismo se generó a través del sistema que fue enviado; asimismo, dese de baja la comunicación oficial en cita en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de la Materia, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de catorce de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido.
- Principal
VISTOS, para dictar sentencia definitiva, los autos del juicio de amparo 24/2021-II-A, promovido por Concepción Chávez Campos, contra actos de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, con residencia esta ciudad y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Acción de amparo. Por escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, Concepción Chávez Campos demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión por los actos y autoridades que serán debidamente precisados en el considerando respectivo. SEGUNDO. Trámite del juicio. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, el treinta de diciembre de dos mil veinte, tuvo por recibida la demanda de amparo presentada por la quejosa, la cual radicó con el número 1346/2020, sin embargo, ordenó su returno a este órgano jurisdiccional. Así, el catorce de enero de dos mil veintiuno, este juzgado radicó el presente juicio, lo admitió a trámite, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, que aprobó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, cuenta habida que, se trata de un amparo en el que se reclama un acto de imposible reparación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario establecer cuáles son los actos reclamados por la parte quejosa. Apoya a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, se tiene que tanto del escrito de demanda como de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: De los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, así como el Director General y de Recursos Humanos, Coordinador y Dirección, ambos de Sistemas e Informática, todos adscritos a los antes mencionados Servicios de Educación. La ejecución, orden y solicitud de retención o descuentos practicados a su salario. De Grupo Tecnológico Nomi Pay, Sociedad Anónima de Capital Variable. La ejecución de la retención o descuentos practicados a su salario. No es desapercibido que la inconforme hace referencia a la "falta de emplazamiento"; sin embargo, ese reclamo lo hace en función de que desconoce de dónde derivan los descuentos y/o retenciones que reclama, es decir se trata de un vicio de fondo o inconstitucionalidad que hace depender de las retenciones y/o descuentos que destaca. Por lo que en atención a lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo que se obtiene de la lectura integra de la demanda, para que lo resuelto sea congruente con lo pretendido (definido como la intención del promovente) se estima que el acto reclamado en este juicio lo es el que se establece en el apartado. Justifica lo expuesto la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32 con registro digital: 192097 de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Apoya lo expuesto la tesis aislada P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Abril de 2004, página 255 con registro digital: 181810 de contenido: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. En la especie se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)". De lo anterior, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio, cuando de autos no se aprecie claramente demostrado el acto reclamado, o cuando el quejoso no pruebe su existencia. Así, el Secretario de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, así como el Director General y Director de Recursos Humanos, todos de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, además de Grupo Tecnológico Nomi Pay, Sociedad Anónima de Capital Variable al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados sin que el quejoso hubiera desvirtuado dicha negativa, razón por la cual se tienen por inexistentes los actos reclamados a dichas autoridades. En ese sentido, procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad al precitado artículo 63, fracción IV de la ley de materia. Al respecto se cita la tesis, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de rubro: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO" CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Coordinador y Dirección, ambos de Sistemas e Informática de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa reconocieron la existencia de los actos que se le reclaman, por lo cual se tiene por cierto. Al respecto se cita la Jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." QUINTO. Causas de sobreseimiento. Atento a la técnica que rige el juicio de amparo y por ser una cuestión de oficio debe analizarse el tema inherente a la procedencia de este, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. Al respecto se cita la Jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso, se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en la fracción II, del artículo 63 de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; (.)" Igualmente, se tienen en consideración los diversos dispositivos 5, fracción III, inciso b) y 27, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento, que disponen: "ARTICULO 5o.- Son partes en el juicio de amparo: (.) III.- El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter:. b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso;." "ARTICULO 27.- Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Así, como se adelantó, se actualiza la causa de sobreseimiento invocada, toda vez que el incumplimiento de la parte quejosa en cuanto a la publicación de los edictos expedidos por este Juzgado para emplazar a juicio a la parte tercero interesada Modelo de Negocios DXN, Sociedad Anónima de Capital Variable; lo cual se traduce en la falta de interés para coadyuvar en la debida integración del presente juicio, ya que el emplazamiento de dicha parte constituye una formalidad esencial del procedimiento, consistente en el llamamiento a juicio a los interesados y, por ende, impide la resolución del presente juicio, retrasando con ello la administración de justicia. Al respecto, se cita la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de contenido: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA OMISIÓN INJUSTIFICADA DEL QUEJOSO DE DILIGENCIARLOS NO CONSTITUYE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SINO UNA HIPÓTESIS AUTÓNOMA DE SOBRESEIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la ejecutoria de la que se derivó la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la omisión del quejoso de recoger los edictos para el emplazamiento del tercero perjudicado, pagar su publicación y exhibirla podría configurar la causa de improcedencia del amparo prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 30, fracción II, y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, este criterio no puede aplicarse analógicamente a los asuntos regidos por la ley de la materia vigente a partir del 3 de abril de 2013, para integrar una causa de improcedencia y sobreseer con base en ésta en términos del artículo 63, fracción V, de dicha ley. Ello es así, porque la fracción II de ese mismo precepto incorporó expresamente como una causa autónoma de sobreseimiento la omisión injustificada del quejoso de acreditar la entrega de los edictos para su publicación, cuando deba emplazarse por ese medio al tercero interesado." Lo anterior es así, en atención a la naturaleza del juicio de amparo así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en aquél pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercero interesada, por lo que debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por no recoger los edictos, no acreditar haberlos entregado para su publicación, o por la falta de pago de los mismos, sin justificar su insolvencia, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, lo torna improcedente, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos a costa de la parte quejosa y al no justificar su insolvencia para ello, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se obstaculiza la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, del promovente del amparo, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. En ese sentido, procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad al precitado artículo 63, fracción II de la ley de materia. Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Concepción Chávez Campos, contra los actos y autoridades precisas en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo.
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