Concepción Castillo Soto

Expediente 755/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
755/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
30/01/2019

Partes del expediente

  • Concepción Castillo Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, y el estado que guardan los presentes autos, en el sentido de que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de siete de enero de dos mil diecinueve, en la cual se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia; en tal virtud, se declara que ha causado ejecutoria dicha determinación; comuníquese lo anterior a las partes. En consecuencia, previa revisión por la Secretaría de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ("SISE") y archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, manténgase en archivo reciente el presente expediente, con la indicación de que es susceptible de destrucción. Ahora, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción. Finalmente, una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que en auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar por medio de edictos a la tercero interesada Griselda Obeso Rodríguez, a costa de la parte quejosa, requiriéndose para que dentro del término de veinte días compareciera ante este juzgado federal, a efecto de recoger los edictos en comento, o bien manifestara la imposibilidad que tuviese para ello, de igual manera, acreditara haber realizado los trámites respectivos para su publicación; con el apercibimiento de que en caso de no recoger dichos edictos y no acreditar que procedió a su publicación en los términos y plazos, dado que la ley le impone tal obligación, se consideraría perdido su interés procesal en la prosecución de este juicio, y se procedería en términos de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII y 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial se desprende que la parte quejosa fue notificada del auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, de manera personal el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que el plazo concedido en dicho auto para recoger los edictos ordenados transcurrió del seis del mismo mes y año al cuatro de enero de la anualidad, sin contar los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veinticinco, veintinueve y treinta de diciembre del dos mil dieciocho, así tampoco el uno de los corrientes, por ser inhábiles conforme lo dispone el artículo 19 de la Ley de Amparo, en tal virtud el término concedido para ello ha fenecido; en consecuencia, es evidente que se actualiza una causal de improcedencia, toda vez que la parte quejosa incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y ante su incumplimiento hace que este Juzgado de Distrito, no pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto, quedando paralizado el juicio al arbitrio de dicha parte quejosa, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, entorpeciendo la administración de justicia dado el retardo de la resolución del asunto y dado que dicho retardo no es atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro del término que señala la ley y no quede la resolución al arbitrio de la parte quejosa, como ocurre en el caso concreto, por lo que, atento a lo anterior y al actualizarse una causal de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61 fracción XXIII y 63 fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, dejando sin efectos la audiencia constitucional señalada para su verificativo a las nueve horas del diez de enero de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 64/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XVI, Novena Época, julio de dos mil dos, cuyo rubro y texto dicen: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5°, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." En ese tenor, es oportuno señalar que la carga de la publicación de los edictos para la quejosa, no vulnera de manera alguna su esfera jurídica, ni constituye una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. Ello, puesto que las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces, la eventual erogación de la quejosa por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo. Sirve como sustento para lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 22/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro 2009913, consultable en la página 24 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, cuyo rubro y texto señala: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo."

  3. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha siete de enero de dos mil diecinueve..."en consecuencia, es evidente que se actualiza una causal de improcedencia, toda vez que la parte quejosa incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y ante su incumplimiento hace que este Juzgado de Distrito, no pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto, quedando paralizado el juicio al arbitrio de dicha parte quejosa, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, entorpeciendo la administración de justicia dado el retardo de la resolución del asunto y dado que dicho retardo no es atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro del término que señala la ley y no quede la resolución al arbitrio de la parte quejosa, como ocurre en el caso concreto, por lo que, atento a lo anterior y al actualizarse una causal de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61 fracción XXIII y 63 fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, dejando sin efectos la audiencia constitucional señalada para su verificativo a las nueve horas del diez de enero de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    Téngase por recibida la razón actuarial de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en la cual consta que a la diligenciaria judicial adscrita no le fue posible emplazar a la tercero interesada ***, por los motivos que expone en la misma...En relación con lo anterior, .... lo procedente es emplazar al presente juicio 755/2018-6, por medio de EDICTOS a costa de la parte quejosa, a la tercero interesada ***.....Quedando a disposición de la parte quejosa, en la secretaría de este juzgado, los edictos respectivos para su publicación, requiriéndole para que en un plazo de veinte días contados a partir de la notificación de este acuerdo, recoja los mismos o en caso contrario, manifieste la imposibilidad que tuviese para no cumplir con lo anterior...Asimismo, acredite haber realizado los trámites respectivos para su publicación; apercibida que de no hacer manifestación alguna, dentro de dicho plazo, se entenderá que se encuentra en aptitud de proceder a su publicación y, como consecuencia, de no justificar su publicación o de no recoger los edictos, se sobreseerá en el amparo.

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