Concepción Carmela García Robles y Otros.

Expediente 629/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
629/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Concepción Carmela García Robles y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, en el que informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada en el juicio de amparo indirecto del que deriva este cuaderno de antecedentes, habiéndole correspondido el número de juicio de amparo 372/2023 de su índice. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso j) (incompetencias) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se dictó un acuerdo en que este juzgado de Distrito se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Congreso del Estado de Sinaloa y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 629/2023. III. Decisión sobre la instancia. Incompetencia. Este juzgado de Distrito estima que carece de competencia para conocer de la presente demanda de amparo. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral transcrito aparece que la competencia para conocer de los juicios de amparo indirecto, reside en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado. Además, que cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, la competencia recae ante el Juez de Distrito ante quien se presenta la demanda. Que cuando el acto no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto, la parte quejosa reclama la emisión, refrendo y publicación de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, específicamente los artículos 50, fracciones II, III, VII, VIII, X y 111, fracción II, inciso d), de esa legislación que prevén la tarifa por inscripción de la transmisión o compraventa de un inmueble en el Registro Público de la Propiedad, y contrato de hipoteca, así como el impuesto adicional pro-educación. Una vez analizada la naturaleza de la aplicación de las normas que se tildan de inconstitucionales, se arriba a la conclusión de que su aplicación tiene verificativo en el Estado de Sinaloa, específicamente en la ciudad de Mazatlán, así de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad refiere la parte quejosa, se advierte que ante la fe del Notario Público 192 del Estado de Sinaloa, celebraron contrato de compraventa respecto del ******************** ******************** en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, además, que el tres de abril de dos mil veintitrés realizaron el pago al Gobierno de Sinaloa por concepto de inscripción en el Registro Púbico de la Propiedad de esa entidad, del mencionado contrato con garantía hipotecaria y el tributo denominado Impuesto de Fomento Educativo. Para robustecer lo anterior, es menester precisar que la quejosa para ubicarse en el ámbito de los artículos que tilda de inconstitucional, presentó como prueba los comprobantes de pago con número de operación de caja *****, *****, ***** y *****, expedidos por el Gobierno de Sinaloa, documentales con valor probatorio pleno en términos del numeral 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente De lo anterior, queda claro que es en el Estado de Sinaloa, en donde los quejosos efectuaron pagos por impuestos correspondientes a compraventa de un inmueble y contrato de hipoteca, así como Pro-Educación. En ese sentido, se considera que la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa que se reclama sí tiene ejecución material, y se efectúa en el Estado de Sinaloa, específicamente en la ciudad de Mazatlán, por ser el lugar donde se realizó el pago de los tributos que prevé dicha legislación. De ahí, que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo, y en obvio de mayores dilaciones, previo cuaderno de antecedentes que se deje en autos, remítase la demanda y anexos al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Sinaloa, con residencia en la ciudad de Mazatlán, para que, si lo considera pertinente, se avoque al conocimiento del mismo; se solicita el acuse de recibo. IV. Intervención en el juicio de amparo. a. Parte quejosa: ********************. b. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa en Avenida *****, *****, colonia *****(entre ***** y *****) de esta ciudad de Durango. c. Autorizados. Téngase como autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado********************, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. En términos del artículo 263, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los documentos recibidos físicamente deberán ser digitalizados e incorporados al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la persona funcionaria pública a la que sea encomendada esa labor; en el entendido que las constancias físicas deberán coincidir con las integradas al expediente electrónico. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VIII. Firma del presente acuerdo. En el entendido que de conformidad con el párrafo quinto del artículo tercero de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales", el presente acuerdo, así como los subsecuentes, serán firmados mediante el certificado digital de firma electrónica. Notifíquese.

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