Concepción Antonio Villaverde Gómez
Expediente 83/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Concepción Antonio Villaverde Gómez
- Elisabel Hernandez Carranza
- Concepción Antonio Villaverde Gómez y Otros.
- Gladys Elizabeth Diaz Sierra
- Gregorio Arcos Hernandez
- Gregorio Arcos Hernandez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en función de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que mediante oficio 2446/2023 de catorce de marzo de dos mil veintitrés, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, remitió copia certificada del auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral 871/2006, mediante el cual se determinó aplicar al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, una multa equivalente a cuatrocientos cincuenta días de salario mínimo, impuesta en auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno; asimismo, requirió nuevamente al Síndico Procurador, al Secretario de Administración y Finanzas (o tesorero), al Presidente Municipal todos del Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero, así como al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a la Gobernadora Constitucional del Estado y al Congreso del Estado, para que cumplan con el laudo condenatorio, especificándoles a cada una de ellas sus obligaciones y acciones a efectuar, con el apercibimiento respectivo. Luego, mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. El proveído de referencia, se notificó vía electrónica a la parte quejosa el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés; sin haber hecho alguna manifestación, por lo que este Juzgado Federal se pronuncia al respecto y al efecto realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a [1] Gregorio Arcos Hernández (representado por sus beneficiarias), [2] Concepción Antonio Villaverde Gómez, [3] Elisabel Hernández Carranza y [4] Gladys Elizabeth Díaz Sierra, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. I. Ejecutoria. En sentencia de veintiocho de julio de dos mil veintidós, emitida en el presente juicio de amparo, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, esto es a Miriam Cortes Cisneros, realizara lo siguiente: ? Emitiera un nuevo acuerdo en donde, certificara el término concedido a la vinculada Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para cumplir con el requerimiento de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 871/2006 relacionado con el 381/2010, y en consecuencia, acordara lo que al efecto resultara procedente respecto al tópico de aplicación de multa. Para lo cual debería recabar y verificar la correspondiente constancia de notificación de tal autoridad. ? En complemento al proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciado en el juicio laboral 871/2006 relacionado con el 381/2010, debería determinar específicamente cuáles eran las obligaciones de cada una de las autoridades vinculadas, así como las acciones que deberían efectuar, dentro del ámbito de sus facultades legales, mismas que se precisaron en la parte final de la sentencia. ? Además, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, debería efectuar los apercibimientos pertinentes, sin que lo anterior implicara que la autoridad no hiciera uso de las medidas de apremio legalmente a su alcance, porque entonces el cumplimiento de las autoridades vinculadas no sería obligatorio sino voluntario, al no tener absolutamente ningún motivo de coerción para cumplir con lo ordenado. Una vez que por auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia amparadora, se requirió su cumplimiento a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. II. Trámite de la autoridad responsable. A fin de dar cumplimiento, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por oficio 2446/2023, remitió copia certificada del auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral 871/2006, mediante el cual se determinó aplicar al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, una multa equivalente a cuatrocientos cincuenta días de salario mínimo, impuesta en auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno; asimismo, requirió nuevamente al Síndico Procurador, al Secretario de Administración y Finanzas (o tesorero), al Presidente Municipal todos del Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero, así como al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a la Gobernadora Constitucional del Estado y al Congreso del Estado, para que cumplan con el laudo condenatorio, especificándoles a cada una de ellas sus obligaciones y acciones a efectuar, con el apercibimiento respectivo. III. Verificativo de cumplimiento. De lo expuesto, se aprecia que la autoridad responsable sí cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, dado que como se justificó, por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, certificó el término concedido a la autoridad y determinó aplicar al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, una multa equivalente a cuatrocientos cincuenta días de salario mínimo, impuesta en auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 871/2006; asimismo, requirió nuevamente al Síndico Procurador, al Secretario de Administración y Finanzas (o tesorero), al Presidente Municipal todos del Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero, así como al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a la Gobernadora Constitucional del Estado y al Congreso del Estado, para que cumplan con el laudo condenatorio, especificándoles a cada una de ellas sus obligaciones y acciones a efectuar, con el apercibimiento respectivo; razones por las que se estima que la responsable se apegó a los lineamientos del fallo federal. IV. Conclusión. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria federal en su totalidad sin exceso ni defecto, pues la autoridad efectuó exactamente lo que le fue ordenado. V. Archivo. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, incisos a) y b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, en su totalidad, porque se concedió la protección constitucional. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Por último, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del juicio laboral 871/2006 compuesto de un legajo de pruebas, que remitió la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, como complemento de su informe justificado; en tal virtud, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse de recibo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexo de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por el que remite copia certificada del auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral 871/2006. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copias del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. En el entendido que, la vista otorgada únicamente a la parte quejosa y no a la tercera interesada, no constituye un impedimento para pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en autos, toda vez que el artículo 196 de la Ley de Amparo, otorga facultad discrecional al órgano jurisdiccional para dar vista con dicho cumplimiento a la parte que pudiera inconformarse. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, en virtud que el siete de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido debidamente diligenciado el exhorto número de orden: 21/2023 y origen: E-14/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, que fuera enviado a fin de notificar la sentencia definitiva emitida en autos al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Benítez, Guerrero, se acordó lo conducente y por la vía electrónica, se acusó el recibo de estilo solicitado a través del oficio 7510/2023, tal y como se aprecia de las constancias que obran agregadas en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, residente en Acapulco, Guerrero; atento a su contenido, se tiene por recibido debidamente diligenciado el exhorto número de orden: ********************y origen: ********************que fuera enviado a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, notificara la sentencia definitiva emitida en autos al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Benítez, Guerrero; por tanto, se tiene debidamente notificado el citado tercero interesado de la sentencia dictada en autos, para los efectos legales a que haya lugar. Dese de baja del libro de comunicaciones oficiales y Acúsese el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Registro de Expedientes (SISE). Luego, en atención a la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de julio de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del diverso 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, esto es, a ********************para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que la obliga a: Emitir un nuevo acuerdo en donde, certifique el término concedido a la vinculada Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para cumplir con el requerimiento de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral ********************relacionado con el ********************, y en consecuencia, acuerde lo que al efecto resulte procedente respecto al tópico de aplicación de multa. Para lo cual deberá recabar y verificar la correspondiente constancia de notificación de tal autoridad. En complemento al proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciado en el juicio laboral ********************relacionado con el ********************, deberá determinar específicamente cuáles son las obligaciones de cada una de las autoridades vinculadas, así como las acciones que deberán efectuar, dentro del ámbito de sus facultades legales, mismas que se precisaron en la parte final de la presente sentencia. Además, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, deberá efectuar los apercibimientos pertinentes, sin que lo anterior implique que la autoridad no haga uso de las medidas de apremio legalmente a su alcance, porque entonces el cumplimiento de las autoridades vinculadas no sería obligatorio sino voluntario, al no tener absolutamente ningún motivo de coerción para cumplir con lo ordenado. Apercíbase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, esto es, a ********************que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no tiene; lo anterior en términos de la Jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10ª), consultable a página 3515, registro 2000099, del Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
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