Concepcion Alvarez Rodriguez

Expediente 789/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
789/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
26/08/2016

Partes del expediente

  • Concepcion Alvarez Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Glósense los cuadernos incidentales, así como el cuaderno de antecedentes en caso de haberse tramitado. Devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que adjuntó a su informe justificado. En su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes, archívese este expediente. Ahora bien, toda vez que encuadra dentro de las hipótesis contempladas en la fracción II, del punto vigésimo primero, del Acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se determinó el sobreseimiento del juicio de amparo.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil dieciséis, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Concepción Álvarez Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad. Acto reclamado. "(.) EL DESALOJO DE LA SUSCRITA Y/O ENTREGA DE LA POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE, dentro del expediente número 262/2014, radicado en la primera secretaría del Juzgado Cuarto en Materia Civil y Mercantil de Primera INSTANCIA DEL Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos (.)" SEGUNDO. El nueve de mayo de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo y se radicó el asunto con el número de expediente 789/2016, se requirió a la responsable su informe justificado, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En cumplimiento a lo anterior, debe precisarse, que la lectura de la demanda de amparo, de su ampliación y el análisis de las constancias que integran el presente sumario, evidencían que los actos que de manera destacada se reclaman son los siguientes: La orden de desocupación del bien inmueble ubicado en calle Lázaro Cárdenas lote 142, colonia Antonio Barona, en esta ciudad, dictada dentro de los autos del juicio 262/14-3, del índice administrativo del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido de su informe justificado y de las constancias que remitieron al presente juicio; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Es menester resolver la incidencia de falsedad de documentos que hizo valer el tercero interesado Residencial López Rayón, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, en el cual objetó de falsa la constancia de posesión emitida por el Comisariado de los Bienes Comunales de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, de siete de marzo de dos mil uno, y que fuera ofrecida por la parte quejosa para acreditar su interés jurídico y la posesión del bien inmueble ubicado en calle Lázaro Cárdenas, lote 142, de la colonia Antonio Barona, de esta ciudad. Ahora bien, la parte tercero interesado no ofreció medio de cognición alguno para acreditar la falsedad de la constancia señalada en el párrafo que antecede y, por tanto, no acredita la falsedad de dicho documento; pues únicamente se concretó a manifestar que lo impugnaba de falso. Argumento que resulta insuficiente para aseverar que el documento ofrecido por la parte quejosa es falso, pues para ello debió ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar tal extremo. Por tanto, al no demostrar el tercero interesado con pruebas aptas y suficientes para tener por falso el documento exhibido por la parte quejosa, lo procedente es declarar infundado el incidente de objeción de falsedad de documentos por las razones apuntadas. QUINTO. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Amparo y el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo que sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" En primer término, debe puntualizarse que conforme a lo establecido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico o legítimo consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; esto es, se refiere a un derecho subjetivo o de un derecho legítimo, protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, mismo que ocasiona una afectación real y actual en su esfera jurídica. En ese sentido, debe tenerse que el juicio constitucional se creó con la finalidad de cerciorar del goce de derechos humanos establecidos en la carta magna, cuando exista violación a aquellos por un acto de autoridad y éste tenga efectos materiales consistentes en un perjuicio o afectación real y actual en contra del solicitante del amparo. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, página 364, segunda parte-1, julio a diciembre de 1990, la cual establece: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Ahora bien, por lo que respecta al interés jurídico a que se refieren los preceptos transcritos, que es el único tipo de interés que pudiera invocar la parte quejosa, se encuentra definido en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 225, tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Conforme a la jurisprudencia transcrita, es claro que para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad; y, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por tanto, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que deben concurrir ineludiblemente para la procedencia del juicio constitucional, es justamente la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa sino la ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Apoya las consideraciones anteriores, la Jurisprudencia número 358, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 241, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, que reza: "PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona." Así, tenemos por cierto que, para la procedencia de la acción de amparo, es indispensable que quien la promueva acredite fehacientemente ante el juzgador federal que la actuación de la autoridad responsable le causa directamente perjuicios en su persona, derechos, bienes o posesiones, para que de inmediato se analice la posible violación de derechos. Es decir, si bien es cierto que la legitimación activa en la causa como condición necesaria para la procedencia del juicio, consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, y que como consecuencia está legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, también es cierto que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por aquél que verdaderamente resienta un perjuicio con motivo del acto reclamado en el derecho que se busca ejercer, es decir por aquél a quien le hayan sido violentados sus derechos fundamentales por omisión o insuficiencia de las prestaciones a las que tenga derecho o por actuaciones que impliquen una lesión a un bien jurídico tutelado, lo que de hecho debe estar plenamente probado para la procedencia del juicio de amparo. En la especie, la parte quejosa reclama la orden de desocupación del bien inmueble ubicado en calle Lázaro Cárdenas lote 142, colonia Antonio Barona, en esta ciudad, dictada dentro de los autos del juicio 262/14-3, del índice administrativo del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, sin embargo, a criterio de quien resuelve, no se acredita que exista una afectación a su esfera de derechos. Lo anterior es así, pues la parte quejosa acompañó a su escrito inicial, para acreditar su interés jurídico, la constancia de posesión por el Comisariado de los Bienes Comunales de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, sin embargo, dicho documento es insuficiente para acreditar el derecho que dice le asiste. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 17/91, estableció que para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título, es decir, es menester que la posesión se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; por tanto, resulta insuficiente la simple posesión precaria. Tal criterio se sintetizó en la jurisprudencia P./J. 1/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, de febrero de 2002, visible en la página 5, de literalidad: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Ahora bien, la quejosa Concepción Álvarez Rodríguez no acredita que la desocupación ordenada respecto del inmueble ubicado en calle Lázaro Cárdenas lote 142, de la colonia Antonio Barona, en Cuernavaca, Morelos, emitida en los autos del expediente 262/14-3, afecte de manera real y actual su esfera jurídica, pues no aportó elementos de prueba que permitan establecer de manera indefectible, que tiene la calidad de poseedor del bien inmueble afecto al juicio natural, a fin de considerarlo apto para ser tutelado por el derecho fundamental de audiencia previsto en el artículo 14, de la Constitución Federal. Lo anterior, toda vez que cuando se reclaman actos de desposeimiento aducidos por terceros extraños al juicio natural, para que éstos acrediten su interés jurídico deben justificar que ejercen o ejercían la posesión del inmueble y, además, que es jurídica, originaria o derivada, según se disfrutara en concepto de dueño o en calidad de usufructuario, arrendatario o cualquier otro título apto análogo. Las pruebas que el quejoso aportó para demostrar su calidad de poseedor del bien inmueble descrito, fueron: 1) Constancia de posesión de siete de marzo de dos mil uno, expedida a su favor por los representantes del Comisariado de los Bienes Comunales de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos. Como se dijo anteriormente, el medio de convicción descrito es insuficiente para demostrar el derecho de posesión que el quejoso aduce tener sobre el inmueble afecto al juicio de origen por las siguientes consideraciones. En términos de los artículos 21, 22, 23, fracción VIII y 107, de la Ley Agraria, la Asamblea es el órgano supremo de la comunidad y tiene como de su competencia exclusiva, entre otras cuestiones, la regularización de tenencia de posesionarios. Por su parte el artículo 33, fracción I, de la Ley Agraria, establece que el Comisariado es el órgano encargado de la representación del núcleo de población, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Para acreditar lo hasta aquí expuesto es necesario transcribir las disposiciones legales mencionadas: "(.) Artículo 21. Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia. Artículo 22. El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo. Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: (.) VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; Artículo 107. Son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta ley, en lo que no contravengan lo dispuesto en este Capítulo. Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; (.)" En virtud de que la representación del núcleo de población comunal recae sobre el comisariado, éste debe ejecutar las decisiones de la asamblea, que es el órgano supremo y a quien le corresponde de manera exclusiva, entre otras cuestiones, el reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; la delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, así como su régimen de explotación y la división del ejido o comunidad, o su fusión. En virtud de que la Ley Agraria no establece regulación alguna respecto a los poderes, es aplicable lo dispuesto por el artículo 2554, del Código Civil Federal, supletorio conforme al artículo 2° de la Ley Agraria, que dispone: "Artículo 2,554. En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen." En términos del precepto transcrito, el comisariado, como órgano de representación, cuenta con todas las facultades generales que se confieren a un apoderado conforme a la ley; sin embargo, esas facultades están limitadas a ejercer actos de administración, así como para pleitos y cobranzas, por ende, tratándose de la expedición de constancias de posesión, que implican cuestiones relativas a la regularización de tenencia de posesionarios, así como los actos relativos al reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho, a la delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, su régimen de explotación, y la división o su fusión, al ser de competencia exclusiva de la asamblea y que implican el ejercicio del dominio de las tierras del núcleo agrario, para que el comisariado pueda válidamente realizar tales actos (expedición de constancias de posesión), es necesario que cuente con la autorización de la asamblea. Lo anterior, porque su actuación, en términos del artículo 33, fracción I, de la Ley Agraria, sólo se equipara a la de un apoderado general para actos de administración, así como para pleitos y cobranzas, no así para el ejercicio de actos de dominio, como lo es el reconocimiento de la posesión en favor de sujeto alguno. El reconocimiento de derechos posesorios implica el ejercicio de una atribución exclusiva de la asamblea, de tal suerte que el comisariado de Bienes Comunales sólo puede ejercer esa atribución con la aprobación de la asamblea. La falta de autorización previa de la asamblea para que el comisariado expida una constancia de posesión, conlleva que éste último se extralimite en sus facultades de órgano de representación con la calidad de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Sin embargo, la constancia de posesión expedida por el comisariado sin autorización previa de la Asamblea, sólo estará viciada de nulidad relativa, por lo que puede ser objeto de convalidación o ratificación por aquélla, de ahí que una vez hecha la ratificación, la constancia de posesión adquiere validez y eficacia probatoria, porque así lo establece expresamente el artículo 2583, del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, al señalar que los actos que el mandatario practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos en relación con el mandante, si no lo ratifica tácita o expresamente; con la salvedad de que esos efectos son retroactivos desde que se emite el documento suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales, en los términos del artículo 2235, del Código Civil Federal, que establece que la confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo, pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero. En efecto, una vez que la Asamblea de comuneros o ejidatarios ratifica una constancia de posesión expedida por el comisariado sin previa autorización, lo que en realidad está haciendo la Asamblea es ejercer sus atribuciones legales (que como se dijo, tiene conferidas de manera exclusiva), es decir, al ratificar el citado documento, en realidad está expidiéndolo el propio órgano supremo de la comunidad, en ejercicio de sus atribuciones exclusivas, y esta ratificación constituye la manifestación de voluntad del poderdante de aceptar los efectos del negocio realizado por quien dijo ser su representante y lo perfecciona. A mayor abundamiento, la ratificación constituye propiamente la manifestación de voluntad del órgano supremo del núcleo agrario (asamblea), de reconocer los derechos posesorios consignados en la constancia de posesión, con independencia de que, como se dijo, previamente el representante de la comunidad sin facultades para ello, hubiera expedido la constancia; pues se insiste, la aludida ratificación es en realidad el acto por el que la asamblea otorga su consentimiento para reconocer al interesado la posesión respecto de un predio, en el que ejerce sus atribuciones legales. Luego, tenemos que las constancias de posesión expedidas por el Comisariado de Bienes Comunales, tienen validez y eficacia probatoria una vez que la Asamblea las ratifica. Tiene aplicación esta jurisprudencia PC.XIII. J/1 (10a.), Plenos de Circuito, consultable en la página 831, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2005053, que es del contenido siguiente: "CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA. En términos de los artículos 23, fracción VIII, y 107, de la Ley Agraria, la Asamblea, es el órgano supremo de la Comunidad y, tiene como de su competencia exclusiva, entre otras cuestiones, la regularización de tenencia de posesionarios. Por su parte el precepto 33, fracción I, de dicho Ordenamiento, dispone que el Comisariado, es el órgano encargado de la representación del núcleo de población, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Ahora bien, tratándose de la expedición de constancias de posesión, que implica la regularización de tenencia de posesionarios, al ser de competencia exclusiva de la Asamblea, para que el representante de la comunidad pueda válidamente realizar tales actos, es necesario, en principio, que cuente con la autorización de la Asamblea; sin embargo, no existe razón legal para determinar la ineficacia jurídica de una constancia de posesión, expedida por el Comisariado, sin previa autorización del órgano supremo del núcleo agrario respectivo, cuando la Asamblea la ratifica; porque si bien en tal supuesto el Comisariado actúa extralimitándose en las facultades que tiene conferidas, esa constancia sólo está viciada de nulidad relativa, por lo que puede ser objeto de convalidación o ratificación por la Asamblea; y de ahí que una vez verificada dicha ratificación, la constancia respectiva adquiera validez y eficacia probatoria, porque así lo establece expresamente el artículo 2583, del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley Agraria, al señalar que los actos que el mandatario, practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos en relación con el mandante, si no lo ratifica tácita o expresamente; con la salvedad de que esos efectos son retroactivos desde que se emite el documento suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales, en los términos del artículo 2235 del Código Civil Federal, que establece que la confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero." Así las cosas, si bien a través de la constancia de posesión de siete de marzo de dos mil uno, los representantes del Comisariado de Bienes Comunales del poblado de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos, hicieron constar que la quejosa Concepción Álvarez Rodríguez se encuentra en posesión de manera quieta, pacífica, continua y de buena fe, de un lote de terreno comunal, ubicado en calle Lázaro Cárdenas, lote 142, de la colonia Antonio Barona, no está demostrado que la Asamblea hubiere ratificado tal constancia, por lo que carece de validez jurídica y eficacia probatoria. En consecuencia, toda vez que la prueba aportada por la quejosa es ineficaz para acreditar su interés jurídico y, como quedó apuntado, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión; ante la inexistencia de ese título, el quejoso no es apto para ser tutelado por el derecho fundamental previsto en el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, al no demostrar la quejosa su interés jurídico para acudir a este juicio constitucional, dado que no probó ser titular de un derecho legítimamente tutelado que fuera transgredido por las autoridades que señala como responsables, se actualiza la causal de improcedencia invocada, por lo que con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en este procedimiento constitucional. Es aplicable la jurisprudencia visible en la página 41 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 66, Junio de 1993, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que establece: INTERÉS JURÍDICO. LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL. Si la sentencia reclamada no afecta los intereses jurídicos del quejoso, y si de todo lo actuado en el juicio civil de donde emana el acto de molestia no se advierte pronunciamiento alguno que pudiese afectar la esfera jurídica de los intereses del solicitante del garantías, entonces, éste carece de la debida legitimación para ejercitar la acción constitucional que por sus propios derechos pretende, en virtud de que el artículo 4º de la Ley de Amparo, ello sólo es dable a quien perjudique el acto reclamado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Es infundado el incidente de objeción de documentos promovido por Residencial López Rayón, Sociedad Anónima de Capital Variable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, por los actos y motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma el juez Guillermo Amaro Correa, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Julián Pantaleón Suárez, hasta hoy veintiséis de julio de dos mil dieciséis, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte tercero interesada Residencial López Rayón, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso b), de la ley de amparo, el contenido de la sentencia emitida el veintiséis de julio de dos mil dieciséis, cuyos puntos resolutivos señalan: " Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Es infundado el incidente de objeción de documentos promovido por Residencial López Rayón, Sociedad Anónima de Capital Variable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, por los actos y motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente."

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que hay lugar, el oficio de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que se ordenó el archivo de la queja 1/2016, a que este expediente se refiere, téngase por hecha la comunicación para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

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