Concepcion Aguilar Gonzalez

Expediente 309/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
309/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Concepcion Aguilar Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    apachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a once de julio de dos mil veintitrés. Por recibidos los presentes autos con el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; acúsese recibo y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, por cuanto el Tribunal de Alzada declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el proveído que desechó la demanda de amparo, hágase saber lo anterior a las partes para los efectos legales procedentes. ANOTACIONES Y SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por desechada la demanda de amparo en que se actúa.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a treinta de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual acusa de recibo el oficio 6892, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por Concepción Aguilar González, quedando registrada bajo el número 81/2023. Atento a lo anterior, este juzgado se da por enterado y toma nota de las mismas para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el acuse de recibo enviado por la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través del cual se advierte que el juicio de amparo 309/2023, del índice de este juzgado fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para los efectos de que resuelva lo que derecho corresponda respecto al recurso de queja interpuesto. Por lo tanto, tómese nota de ello para los efectos legales procedentes. Notifíquese

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida físicamente por Concepción Aguilar González, contra actos del Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas y otras autoridades. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 309/2023.VI-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda que dio origen a este asunto, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo, estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 13/10/23 12:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR 2 El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama: La ejecución de sentencia llevada a efecto el dos de febrero de dos mil veintitrés, consistente en el lanzamiento de la quejosa del bien inmueble afecto a la Litis y ordenado mediante proveído de nueve de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente 141/2016, del índice del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas. 13/10/23 12:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR 3 Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Así, en el presente caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan en archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Lo subrayado es propio. 13/10/23 12:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR 4 Ahora bien, por última resolución se entiende, en forma genérica, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden mercantil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia que es cosa juzgada. De ahí, que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el período de ejecución, distintos al de remate, y también por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, como medida de apremio, es posible diferenciar cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución y que por su naturaleza es autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento. Es importante resaltar que la parte quejosa no tiene el carácter de persona tercera extraña al juicio de origen, pues así se advierte de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la quejosa en su escrito inicial de demanda, de los cuales en concreto se desprende que la impetrante 13/10/23 12:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR 5 Concepción Aguilar González, tiene el carácter de demandada en dicho procedimiento, la cual fue condenada por sentencia firme a desocupar y entregar el inmueble denominado "RANCHO TRES HERMANOS", al declararse procedente la acción en su contra en el expediente 141/2016, del índice del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Acapetahua. Establecido lo anterior, debe afirmarse que si el acto reclamado lo constituyen el lanzamiento ejecutado el dos de febrero de dos mil veintitrés, ordenado mediante proveído de nueve de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente 141/2016, del índice del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas, lo cual ello no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución en ese juicio, ha de entenderse como "ultima resolución" la que declara cumplida la ejecutoria o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no aquellas tendientes a hacer efectiva la sentencia firme, puesto que el cumplimiento de ésta no debe obstaculizarse por ser de interés público; de tal manera, lo anterior torna improcedente la acción constitucional intentada. Esto se confirma, con el contenido de la jurisprudencia 32/2001, emitida por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN 13/10/23 12:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR 6 III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por tanto, esta juzgadora considera que el acto reclamado no constituye la última resolución definitiva; por ende, se trata de actos intermedios que por su propia naturaleza no son impugnables en amparo indirecto, porque entorpecerían la tramitación del citado procedimiento, y sólo hasta que se actualice la etapa procesal señalada en líneas que anteceden, serán reclamables todas y cada una de las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo; por lo tanto, es improcedente contra los procedimientos que preceden al remate. En ese contexto, se evidencia que el acto reclamado está dirigido a obstaculizar el cumplimiento de la sentencia dictada en el procedimiento natural -que tiene la categoría de sentencia ejecutoriada-, y por el contrario, debe constituir la última resolución dictada en dicha etapa y estar encaminado directamente a cumplir con el fallo respectivo, toda vez que ninguna de las resoluciones intermedias dictadas dentro del período 13/10/23 12:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR 7 de ejecución de sentencia o los actos tendiente a llevarla a cabo -como lo es precisamente el acto reclamado, puede ser combatida a través del juicio de amparo indirecto; así las cosas, será hasta que se ordene en forma definitiva la escrituración y/o entrega de la posesión del inmueble al adjudicatario, cuando las partes podrán promover el juicio de amparo indirecto en donde planteen las violaciones que se hubieran cometido durante el procedimiento de ejecución de sentencia. Consecuentemente, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el citado normativo, el mismo resulta improcedente, actualizándose de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 107, fracción IV, del propio ordenamiento. Cobra aplicación la jurisprudencia 28/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Página 60, que dice: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. 13/10/23 12:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR 8 Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Así como la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con registro digital 178405, Novena Época, Materia(s): Civil, Tesis: VI.2o.C. J/253, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1331, de rubro y texto: ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de 13/10/23 12:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR 9 manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por su notoria improcedencia, se desecha la demanda de amparo promovida por Concepción Aguilar González, para los efectos legales procedentes. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte demandante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rocael Fuentes Aguilar y Nicolas García Hernández, en virtud que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de 13/10/23 12:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR 10 medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1 , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario 1 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. 13/10/23 12:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR 11 judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. 13/10/23 12:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR 12 EXHORTO A LAS PARTES PARA LA OBTENCIÓN Y USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que obtengan el certificado digital de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por conducto de alguna de las Unidades Certificadoras del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, cualquier certificado digital reconocido, como el certificado digital (FIEL) emitido por el Servicio de Administración Tributaria, para que presenten, tramiten y/o reanuden sus asuntos a través de la modalidad "Juicio en Línea", para lo cual es indispensable el uso de la misma. 1 De esa manera, se encontraran en aptitud de obtener los diferentes beneficios que representa presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Ello en el completo entendido que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica solicitud ni autorización alguna para recibir notificaciones 1 Así como demás aplicables y concernientes al Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico; y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal 13/10/23 12:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR 13 en los Centros de Justicia Penal Federal, pues para dicho efecto es menester que las partes lo soliciten expresamente. Notifíquese personalmente.

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