Comité de Agua de Rincón de Tamayo
Expediente 341/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 341/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Comité de Agua de Rincón de Tamayo
- Juan Cabrera Aguacaliente
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la determinación de treinta y uno de marzo del año en curso, en que se desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, como se advierte de la certificación que antecede, que no obran documentos originales, debe decirse que en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción; una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, se dejan a disposición de la parte quejosa en la secretaría de este juzgado, el documento original que allegó la quejosa al presente asunto; por tanto, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngasele para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos; apercibida que de no hacerlo éstos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIEIS, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la determinación de treinta y uno de marzo del año en curso, en que se desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, como se advierte de la certificación que antecede, que no obran documentos originales, debe decirse que en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción; una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, se dejan a disposición de la parte quejosa en la secretaría de este juzgado, el documento original que allegó la quejosa al presente asunto; por tanto, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngasele para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos; apercibida que de no hacerlo éstos podrán ser destruidos junto con el expediente
- Principal
Vista de la demanda de amparo presentada por ********************y********************, quienes se ostentan como Presidente, Secretario provisional y Tesorera del Comité de Agua de Rincón de Tamayo, respectivamente, lo que acreditan con copia certificada de la constancia relativa a la reunión con el comité de Agua de Rincón de Tamayo, de veintitrés de diciembre de dos mil quince, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 341/2016-I. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al advertirse la causa de improcedencia relativa a cuando los efectos que genera el acto reclamado, no son de imposible reparación, por no afectarse materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Así es, en el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De lo transcrito se colige que el Juez de Distrito debe desechar de plano una demanda de garantías, cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo que por "manifiesto", debe entenderse lo que se denota en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que lo "indudable", es cuando se tiene la plena convicción de la existencia de una determinada situación que no puede ponerse en duda por lo seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos que se anexan a cualquiera de esas dos promociones. Además de que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera el escrito de demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable causa de improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y en su caso, a los anexos que se acompañen o a su ampliación, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que están acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindieran las autoridades responsables, las pruebas, y los alegatos que las demás partes ofrezcan y hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar la causa de improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda o de sus anexos, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Ahora bien, resulta procedente analizar la causa de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página 95, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En acatamiento a lo establecido en los numerales antes transcritos, quien resuelve considera que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario y ambos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De lo recién transcrito se advierte que en el artículo 107, fracción V, se establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando dentro del juicio se emitan actos cuyos efectos sean de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció sobre el tema y estableció expresamente la interpretación que se debe dar a la invocada fracción V del artículo 107 de la actual Ley de Amparo; lo que se hizo al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que resultó la jurisprudencia 37/2014 aprobada el veintidós de mayo de dos mil catorce, y publicada el seis de junio siguiente, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". En dicho criterio, se estableció que la jurisprudencia 4/2001 que anteriormente sostuvo el propio Pleno con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", y en la que determinó que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, procedía el juicio de amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las parte en grado predominante o superior, ya no es aplicable en la actualidad a partir de la publicación de la Ley de Amparo de tres de abril de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, ofrece la precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por ellos se entienden "los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Ahora, nuestro Máximo Tribunal considera que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra los actos de imposible reparación, ya que mediante una formula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegaría a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En la jurisprudencia en mención se considera, que tal interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso, para la promoción del juicio de amparo indirecto contra los actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo, debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento. Toda vez que en aquella jurisprudencia 4/2001, expresamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa o inmediata a un derecho sustantivo"; concepción que resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste, reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables, es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica, es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva, con la que el Tribunal en Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Luego, al consistir el acto reclamado en el presente asunto, en la resolución dictada el siete de marzo del año en curso, dentro del expediente ******************** del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, en la que se declaró procedente el incidente de personalidad hecho valer por el apoderado legal de la parte actora, y determinó que el licenciado Rodolfo Herrera Aguilar, carecía de personalidad para intervenir en dicho juicio, y en tal sentido tuvo a la demanda Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Rincón de Tamayo, por contestando la demanda en sentido afirmativo. De ello deriva que los efectos de tal acto reclamado, no son de los que conlleven una ejecución de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que por sí mismo no vulnera, en agravio del impetrante de garantías, de manera directa e inmediata, alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que sus efectos son meramente procesales. Lo anterior es así, porque el hecho de que se hubiese declarado fundado el incidente de falta de personalidad planteado por la parte actora en el juicio de origen, no necesariamente va a tener una repercusión negativa en el resultado del fallo, ya que existe la posibilidad de que el impetrante obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, quedando entonces su esfera jurídica sin afectación alguna. Ahora bien, en el supuesto de que el acto reclamado sea de tal trascendencia procesal, que determine el sentido de la sentencia de forma contraria a los intereses de la parte quejosa, ésta tiene la posibilidad de señalarlo como violación a las leyes del procedimiento al momento de promover el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley de Amparo, en la que se establece cuando se consideran violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso. Lo considerado tiene sustento además, en la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, localizable en la página 1186, Tomo XVII, Mayo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, y 62, en relación con en el diverso numeral 107, fracción V, interpretada ésta en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, en razón de que los efectos que genera el acto reclamado no son de imposible reparación, por no afectarse materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, sino que sus consecuencias son meramente procesales. Finalmente, debe decirse que el desechamiento de la demanda de amparo presentada por la aquí quejosa, de manera alguna implica vulnerar derechos humanos consagrados, en su caso, tratados internacionales, ya que no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos para su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la presentación de interminables juicios de amparo; por ello, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, Décima Época, página 1641, de rubro y texto siguientes: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Así como el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, páginas 2066, que dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia.". Por otra parte, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ******************** y ********************quienes como se advierte de la certificación de cuentan con cédula profesional inscrita su Cédula Profesional Federal, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y con las facultades limitadas del precepto en cita a ********, por no contar con el registro correspondiente, ni haber acreditado tener autorización para ejercer la profesión de abogados, y como domicilio para tales efectos el ubicado en ********************.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO COMITE DE AGUA DE RINCON DE TAMAYO, EL AUTO DE TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIEIS QUE A LA LETRA DICE: Vista de la demanda de amparo presentada por ********************y********************, quienes se ostentan como Presidente, Secretario provisional y Tesorera del Comité de Agua de Rincón de Tamayo, respectivamente, lo que acreditan con copia certificada de la constancia relativa a la reunión con el comité de Agua de Rincón de Tamayo, de veintitrés de diciembre de dos mil quince, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 341/2016-I. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al advertirse la causa de improcedencia relativa a cuando los efectos que genera el acto reclamado, no son de imposible reparación, por no afectarse materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Así es, en el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De lo transcrito se colige que el Juez de Distrito debe desechar de plano una demanda de garantías, cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo que por "manifiesto", debe entenderse lo que se denota en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que lo "indudable", es cuando se tiene la plena convicción de la existencia de una determinada situación que no puede ponerse en duda por lo seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos que se anexan a cualquiera de esas dos promociones. Además de que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera el escrito de demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable causa de improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y en su caso, a los anexos que se acompañen o a su ampliación, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que están acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindieran las autoridades responsables, las pruebas, y los alegatos que las demás partes ofrezcan y hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar la causa de improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda o de sus anexos, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Ahora bien, resulta procedente analizar la causa de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página 95, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En acatamiento a lo establecido en los numerales antes transcritos, quien resuelve considera que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario y ambos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De lo recién transcrito se advierte que en el artículo 107, fracción V, se establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando dentro del juicio se emitan actos cuyos efectos sean de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció sobre el tema y estableció expresamente la interpretación que se debe dar a la invocada fracción V del artículo 107 de la actual Ley de Amparo; lo que se hizo al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que resultó la jurisprudencia 37/2014 aprobada el veintidós de mayo de dos mil catorce, y publicada el seis de junio siguiente, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". En dicho criterio, se estableció que la jurisprudencia 4/2001 que anteriormente sostuvo el propio Pleno con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", y en la que determinó que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, procedía el juicio de amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las parte en grado predominante o superior, ya no es aplicable en la actualidad a partir de la publicación de la Ley de Amparo de tres de abril de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, ofrece la precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por ellos se entienden "los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Ahora, nuestro Máximo Tribunal considera que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra los actos de imposible reparación, ya que mediante una formula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegaría a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En la jurisprudencia en mención se considera, que tal interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso, para la promoción del juicio de amparo indirecto contra los actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo, debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento. Toda vez que en aquella jurisprudencia 4/2001, expresamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa o inmediata a un derecho sustantivo"; concepción que resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste, reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables, es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica, es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva, con la que el Tribunal en Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Luego, al consistir el acto reclamado en el presente asunto, en la resolución dictada el siete de marzo del año en curso, dentro del expediente ******************** del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, en la que se declaró procedente el incidente de personalidad hecho valer por el apoderado legal de la parte actora, y determinó que el licenciado Rodolfo Herrera Aguilar, carecía de personalidad para intervenir en dicho juicio, y en tal sentido tuvo a la demanda Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Rincón de Tamayo, por contestando la demanda en sentido afirmativo. De ello deriva que los efectos de tal acto reclamado, no son de los que conlleven una ejecución de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que por sí mismo no vulnera, en agravio del impetrante de garantías, de manera directa e inmediata, alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que sus efectos son meramente procesales. Lo anterior es así, porque el hecho de que se hubiese declarado fundado el incidente de falta de personalidad planteado por la parte actora en el juicio de origen, no necesariamente va a tener una repercusión negativa en el resultado del fallo, ya que existe la posibilidad de que el impetrante obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, quedando entonces su esfera jurídica sin afectación alguna. Ahora bien, en el supuesto de que el acto reclamado sea de tal trascendencia procesal, que determine el sentido de la sentencia de forma contraria a los intereses de la parte quejosa, ésta tiene la posibilidad de señalarlo como violación a las leyes del procedimiento al momento de promover el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley de Amparo, en la que se establece cuando se consideran violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso. Lo considerado tiene sustento además, en la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, localizable en la página 1186, Tomo XVII, Mayo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, y 62, en relación con en el diverso numeral 107, fracción V, interpretada ésta en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, en razón de que los efectos que genera el acto reclamado no son de imposible reparación, por no afectarse materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, sino que sus consecuencias son meramente procesales. Finalmente, debe decirse que el desechamiento de la demanda de amparo presentada por la aquí quejosa, de manera alguna implica vulnerar derechos humanos consagrados, en su caso, tratados internacionales, ya que no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos para su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la presentación de interminables juicios de amparo; por ello, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, Décima Época, página 1641, de rubro y texto siguientes: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Así como el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, páginas 2066, que dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia.". Por otra parte, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ******************** y ********************quienes como se advierte de la certificación de cuentan con cédula profesional inscrita su Cédula Profesional Federal, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y con las facultades limitadas del precepto en cita a ********, por no contar con el registro correspondiente, ni haber acreditado tener autorización para ejercer la profesión de abogados, y como domicilio para tales efectos el ubicado en ********************.
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