Comité de Acción Ciudadana del Fraccionamiento las Brisas
Expediente 147/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 147/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/05/2019
Partes del expediente
- Comité de Acción Ciudadana del Fraccionamiento las Brisas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.Visto el estado procesal que guarda el presente juicio deamparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este órgano jurisdiccional el nueve de abril del año que transcurre (fojas 46 a 48), el Director General de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de diez del mes pasado (foja 49), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el dieciséis de abril del año en curso (foja 52); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió en exceso, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ....". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintiuno de enero del dos mil diecinueve (fojas 91 a 111), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".En tales condiciones, lo conducente es conceder el amparo solicitado, para efecto de que: a) El Director General de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, de manera fundada y motivada, dé respuesta a las peticiones formuladas por los quejosos, en breve término, de forma congruente con lo solicitado; y, hecho lo anterior, les notifique su determinación en el domicilio señalado al efecto, haciendo constar tal circunstancia." Luego, en proveído de uno de abril de dos mi diecinueve, se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de siete días la acatara (fojas 42-43). Entonces, a través del oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado el nueve de abril de la presente anualidad (foja 46), el Director General de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, adjuntó el acuse de recibo relativo a los oficios DGDUE-DT-608/18 y DGDUE-DT-609/19, recibidos el tres de abril del año en curso, por medio del cual dio contestación a las peticiones realizadas el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 8 y 9) cuya omisión de dar respuesta se reclamó en la presente instancia constitucional; comunicados de los cuales se desprende que la autoridad efectuó lo siguiente: Informó que dentro de sus archivos no existe ningún registro de solicitud o expedición de permiso de construcción en los domicilios ubicados en ********************. Le notificó a la parte quejosa las anteriores circunstancias como se desprende de los oficios adjuntados (fojas 47 y 48). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia, en razón de que dicha respuesta resulta congruente con lo solicitado por la parte quejosa, respecto a si existía permisos de construcción las calles aludidas asimismo, la autoridad responsable fundó y motivó, a su consideración la respuesta otorgada. No obsta para lo anterior el hecho de que las notificaciones de las respuestas realizadas por la autoridad responsable se hayan efectuado a Araceli Rodríguez, la cual no se encuentra autorizada para tales efectos dentro del presente expediente, pues en la notificación del auto de diez de abril del año en curso se dio vista a la parte quejosa con la respuesta de la autoridad, por lo que es evidente que se subsanó tal circunstancia. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio signado por la Delegada de las autoridades responsables Síndico y Tesorero Municipal del XLI Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, a través del cual en atención a lo solicitado por este juzgado, informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia de amparo; asimismo, solicita una prórroga para dar total acatamiento a la misma; en consecuencia, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, en la inteligencia de que con lo anterior no se tiene por cumplido el fallo protector concedido a la parte quejosa, sino únicamente en vías de cumplimiento, en términos de los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo. Luego, en atención a lo solicitado y toda vez que acredita encontrarse realizando gestiones para dar acatamiento a la sentencia emitida en autos, con fundamento en los preceptos 192 y 193 de la Ley de la Materia, se concede al Síndico y Tesorero Municipal del XLI Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, por única ocasión una prórroga solamente de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, a fin de que dén cumplimiento al fallo protector concedido en los términos indicados en la sentencia de amparo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Además, se le hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la Ley citada. **
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** TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por ** a través del cual realiza manifestaciones en torno a que a su representada no se le han pagado la totalidad de sus haberes económicos, lo anterior, en cumplimiento a la suspensión definitiva concedida en autos, por lo que solicita que se requiera nuevamente a las autoridades responsables a efecto de que acaten en sus términos la medida cautelar en comento. En virtud de lo anterior, de conformidad en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, requiérase a las autoridades responsables denominadas Secretaría de la Contraloría General y Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto, ambos del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del término TRES DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, realicen las gestiones que consideren pertinentes a efecto de dar cabal cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada a favor de la quejosa Laura Esther Zúñiga Alcantar, esto es, que le paguen sus haberes económicos completos, incluyendo las prestaciones que por ley tiene derecho, lo anterior, deberá acreditarlo a este juzgado mediante las constancias necesarias; apercibidas, que de no informar o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, se harán acreedoras a una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo) acorde con la fracción I, del numeral 237, en relación con los arábigos 238 y 259 de la ley de la materia. **
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TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal (fojas 73 a 74), la Director Jurídico de la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintiocho de marzo de la presente anualidad (foja 75), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 37 a 48), se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.) la autoridad responsable, en el ámbito de su competencia, emita el pronunciamiento que corresponda congruente con la petición que le fue formulada por la parte quejosa el diecinueve de julio de dos mil dieciocho y le notifique oportunamente, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, es decir, su respuesta puede ser favorable o desfavorable a los intereses de la parte quejosa, según sea procedente conforme a derecho, debiendo fundar y motivar adecuadamente la determinación a la que arribe; ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a resolver en determinado sentido.". Resolución que causó ejecutoria el siete de febrero de dos mil diecinueve (foja 58). Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten emitir el acuerdo que corresponda congruente con la petición que fue formulada por la parte quejosa y le notifique oportunamente en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado. Luego, en el escrito presentado por el quejoso ante la responsable solicitó: ". Primero. Se me tenga interponiendo recurso de revisión del proceso pre-registro, registro, evaluación y dictaminación de las participantes MARÍA ANGÉLICA FLETES AVELICA, EVELYN AURORA NAVA RUBIO Y ANA DEL CARMEN HERNÁNDEZ OROZCO, con folios 18PEBOS1819002107, 18PEBOS1819001100, y 18PEBOS1819002710 respectivamente, que participaron en Concurso de Oposición para la Promoción a Categorías con Funciones de Supervisión en Educación Básica ciclo escolar 2018-2019 Segundo. Se declare nula la participación en mencionado concurso de los sustentantes antes señaladas, asimismo, no se les entreguen los nombramientos de categoría de Supervisor. Tercero. Una respuesta por escrito en términos que refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente y la LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO y lo señalado en la Convocatoria de Oposición para la Promoción a Categorías con Funciones de Supervisión en Educación Básica ciclo escolar 2018-2019" Ante ello, a través del oficio y anexos recibidos el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve en la oficialía de partes de este juzgado (fojas 73 a 74), la Director Jurídico de la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, manifestó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para ello remitió copia certificada con firma de recibido en veintiséis de marzo del presente año del oficio emitido en cumplimiento al requerimiento formulado en diecinueve de dicho mes y año (fojas 74 y 68 a 70, respectivamente), en el que se observa que con plenitud de jurisdicción se dio contestación a la petición del quejoso, misma que formuló mediante escrito presentado en nueve de julio del año pasado (foja 7); en la que sustancialmente, dicha autoridad hizo de su conocimiento que no es de su competencia resolver el recurso de revisión intentado contra el pre-registro, registro, evaluación y dictamen de resultados del examen dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente; toda vez que, es competencia del organismo descentralizado Servicios de Educación del Estado de Nayarit, y en su caso, ese procedimiento también corresponde a la competencia de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, por una parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
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