Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California
Expediente 633/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 633/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2022
Partes del expediente
- Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio remitido a nombre de la parte quejosa Coordinador Jurídico de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, sin que sea el caso proveer respecto de su contenido; en virtud de que el mismo carece de firma electrónica y evidencia criptográfica, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, la cual constituye un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto; téngase por recibido el oficio signado por el actuario del Sexto Tribunal Colegido del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, girado en los autos del juicio de amparo directo 323/2022, promovido por la Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario en Baja California, por conducto del Coordinador Jurídico de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, mediante el cual transcribe el proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, en el cual se advierte que dicho órgano determinó que es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, dado que no reúne los requisitos establecido en el numeral 170, en relación con el 107, ambos de la Ley de Amparo. Motivo por el cual, ordenó remitir la misma con sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que por razón de turno tocó conocer del asunto a este Juzgado. Atento a lo anterior, al actualizarse la hipótesis del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por el Coordinador Jurídico de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California en representación de la Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario en Baja California, contra actos de los Magistrados integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y otra autoridad; por tanto, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de juzgado con el número 633/2022-I; asimismo, acúsese recibo correspondiente. Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo1, se procede al análisis de la demanda de amparo que nos ocupa; para ello, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1o, fracción I, ambos de la ley de la materia, del análisis integral de la demanda se obtiene como acto reclamado es el siguiente: ?La resolución de seis de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 0261/2022, por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, en la que se revocó el auto de cinco de mayo del presente año, dictado por el juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del estado de Baja California. En ese contexto, se advierte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia respecto al acto reclamado en cuestión, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6 y 7, todos de la Ley de Amparo, en virtud que la parte quejosa carece de legitimación para solicitar la protección de la Justicia de la Unión en relación con el acto que reclama. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos con antelación, se advierte la existencia de una limitante para que las personas morales oficiales puedan promover el juicio de amparo, atendiendo precisamente, a los específicos casos en que se vean afectados sus intereses patrimoniales, respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares; pero no, cuando éstas intervienen en ejercicio de sus atribuciones propias investidas de imperio. Asimismo, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados reclamados provengan de alguna autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la norma o el acto reclamado, actuando en forma unilateral por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, impone obligaciones, modifica las existentes, limita los derechos de los particulares u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Esto es así, porque del artículo 7o de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador federal ha considerado que las personas morales públicas pueden solicitar amparo cuando la actuación de una diversa autoridad afecte su patrimonio, en tratándose de "relaciones jurídicas que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares"; el motivo de esta excepción radica en que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, pueda actuar con un doble carácter: como entidad pública y como personal moral de derecho privado. En el primer supuesto, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público; en la segunda hipótesis, obra en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Precisamente, esta equiparación en su actuar, indujo al legislador a dotar al Estado y a sus personas morales oficiales de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél obra como persona moral de derecho privado, derechos entre los que principalmente se encuentran los derechos fundamentales, que están protegidos por el juicio de amparo. En efecto, el principal objetivo del juicio de amparo es dirimir cualquier controversia suscitada por leyes o actos que violen derechos humanos, los cuales, como derechos subjetivos, sólo se otorgan a las personas físicas, no así a las entidades públicas. Dicha limitación obedece a su naturaleza jurídica, ya que las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter, ya sea como entes dotados de poder público, o bien, como personas jurídico-colectivas de derecho privado. Así, en el caso de la actuación como entes con poder público, debe decirse que ésta proviene del ejercicio de las facultades de que se encuentran investidas; lo que se traduce en su falta de legitimación para promover juicio de amparo, en razón de que los entes públicos no gozan de derechos humanos, sólo en caso de excepción, pues sus actos se ubican en desigualdad, en relación con los gobernados. No obstante, esa regla admite una excepción, la cual se contempla en el artículo 7° de la Ley de Amparo, relativa a que las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo a través de los servidores públicos o representantes que designen las leyes respectivas, cuando el acto o la ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales y estén desprovistas de imperio. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.128/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el número de registro 2015321, del rubro y texto siguientes: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." Así pues, para que una persona moral oficial se encuentre legitimada para acudir al juicio de derechos fundamentales a reclamar una norma general, una omisión o un acto (dentro de los que pueden estar contemplados el no ejercicio de la acción penal, al margen del carácter que tenga reconocida la calidad de victima u ofendido en el procedimiento de origen), debe reunir como presupuesto procesal: I) La existencia de una afectación patrimonial; y, II) Que dicha afectación se actualice dentro de una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Cabe añadir, que incluso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la excepción contenida en el artículo 7 de la Ley de Amparo no resulta de interpretación amplia, sino estricta; y, constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales puedan interponer amparo, por lo que de no actualizarse sus hipótesis fácticas-jurídicas, tales entes carecerán indefectiblemente de legitimación en tal medio de control constitucional. De ahí que, no bastaba su calidad reconocida legal y procesalmente como parte en el juicio de origen, para otorgarle legitimación para promover el juicio de amparo, sin ser necesario satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley de Amparo. En el caso, la parte quejosa Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario en Baja California, por conducto del Coordinador Jurídico de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, reclamó de los Magistrados integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, la determinación de veintidós de marzo de dos mil veintidós, emitida en el toca penal 0261/2022, por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, en la que se revocó el auto de cinco de mayo del presente año, dictado por el juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del estado de Baja California. En ese orden, la parte quejosa, señaló bajo protesta de decir verdad, ser parte en el procedimiento de origen, sin embargo, no fue notificado de la interposición del recurso de apelación por el sentenciado Rubén Alonso López Acosta, para estar en posibilidad de pronunciarse al respecto en dicho procedimiento, en el que se revocó el auto de cinco de mayo del presente año, dictado por el juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del estado de Baja California, que calificó de legal la resolución administrativa CESISPEBC/TIT/417/2022 dictada por la aquí quejosa. Así, conforme a las premisas fijadas, puede apreciarse que, efectivamente, no asiste legitimación a la quejosa para promover el juicio de amparo contra el acto que reclama, al no dolerse de una afectación patrimonial dentro de una relación en la que, la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Lo anterior, por cuanto a que del análisis de la relación que subyace al acto reclamado, se advierte que al acudir ante el juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del estado de Baja California, a solicitar se calificara de legal su resolución CESISPEBC/TIT/417/2022, para que el sentenciado Rubén Alonso López Acosta, fuera trasladado a diverso centro penitenciario, y posteriormente, ante la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, a impugnar la determinación emitida en el toca penal 0261/2022, en la que no se calificó de legal la referida resolución administrativa, no se advierte que dicho particular haya sido afectado respecto a derechos privados o patrimoniales de la entidad que representa, porque su intervención obedeció a las funciones públicas que le fueron encomendadas, inherentes a la citada dependencia de la Administración Pública del estado de Baja California. Por lo tanto, se concluye, que en la especie, la quejosa moral pública promovente, carece de legitimación para acudir al juicio de amparo, al no actualizarse las hipótesis fácticas-jurídicas previstas en el artículo 7 de la Ley de Amparo (afectación en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares). Lo anterior, pues de las copias certificadas que adjuntó a su escrito inicial de demanda, y de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable, únicamente se advierte que los hechos que originaron el procedimiento de origen guardan relación con la función que tiene encomendada como comisionada estatal del sistema penitenciario de Baja California y no se advierte que hayan sido por hechos que hayan dañado su patrimonio. Sin que obste, que a la parte quejosa le revista la calidad de parte en el procedimiento de origen del cual deriva el acto reclamado, porque dicha calidad de parte solamente implica reconocerle facultades de índole procesal suficientes para llevar hasta las últimas consecuencias la defensa de sus intereses, pero esas últimas consecuencias son las esenciales a su condición original de ente gobernante, que son las que ofrece el sistema de justicia penal, no así las que en adición ofrece el sistema de control de la constitucionalidad, pues éste tiene por presupuesto que más allá de las facultades de naturaleza procesal, se disponga de un derecho fundamental, del que no dispone el Estado acorde a su propia naturaleza. Así, la circunstancia de que tenga el carácter de parte no es suficiente para hacerlo titular de derechos fundamentales; pues si bien puede disponer de los recursos ordinarios, no así acudir al juicio de amparo porque de origen no es titular de derechos fundamentales, y ser parte en el proceso no le provee de ellos. En atención a las consideraciones expuestas, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6 y 7, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. Ahora, toda vez que de las constancias de cuenta, se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en avenida Paseo de los Héroes esquina con calle de la Libertad 399, del Centro Cívico y Comercial en Mexicali, Baja California, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II de la Ley de Amparo, 298 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto vía electrónica al juez de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique el presente proveído a la parte quejosa y la requiera para que dentro del plazo de tres días hábiles, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Ensenada, Baja California, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo. Notifíquese vía exhorto a la parte promovente.
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