Columba Arias Solís

Expediente 140/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
140/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
13/03/2019

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
  • Columba Arias Solís

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Auto causa estado. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en contra de la determinación que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, dictada en el presente juicio; sin que lo hubiera hecho. Así, al no haberse recurrido dicho proveído, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por otra parte, en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada, en consecuencia, ambos cuadernos son susceptibles de destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de Erika Ivonne Carballal López, secretaria que da fe.

  2. Incidental

    Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias existentes en autos en las que destaca por su importancia las siguientes: 1. demanda (fojas 1 a 101); 2. Auto de doce de febrero de dos mil diecinueve, en el que se negó la suspensión provisional (fojas 140 a 147); 3. Informes previos de las autoridades responsables (fojas 152-153, 154-155, 156-157, 158 y 162). EL JUEZ ACUERDA: Téngase efectuada la relación de constancias existentes en actuaciones; y, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe; sin que sea óbice para establecer lo anterior, el hecho de que precisamente en este momento se esté dando cuenta con el mencionado informe, dado que el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad, pues el artículo 138 de la ley de la materia, exige que la audiencia incidental se celebre dentro del plazo de cinco días con informe o sin él, además de que la parte quejosa estuvo en aptitud de ofrecer en esta propia audiencia las pruebas tendentes en acreditar los extremos precisados en su demanda de amparo. Tiene aplicación, la jurisprudencia 119/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2000 y publicada en la página 22, tomo XII, diciembre del 2000, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUSPENSIÓN EN AMPARO, NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO". SE ABRE EL PERIODO PROBATORIO en que el secretario da hace constar que las partes fueron omisas en exhibir medios de prueba. EL JUEZ ACUERDA: Con sustento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a las partes omisas en ofrecer medios de convicción. Enseguida, abierta LA ETAPA DE ALEGATOS, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló y únicamente la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita, hizo manifestaciones en esta vía. EL JUEZ ACUERDA: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase a las partes por omisas en formular alegatos y a la representante social adscrita en exhibir pedimento. Con lo anterior, se da por concluida esta fase de la audiencia y se procede a dictar la resolución correspondiente. RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA V I S T O S, los autos que integran el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 140/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Columba Arias Solís, promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME Del informn FOJA. 1 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN. CIUDAD CIERTO 156-157 2 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN. CIUDAD CIERTO 154-155 3 DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN. CIUDAD. CIERTO 158 4 SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICOACAN. CIUDAD. NIEGA 152-153 5 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. CIUDAD. NIEGA 162 6 PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DFEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN. CIUDAD. CIERTO 156-157 ACTO RECLAMADO: El proceso legislativo, inconstitucionalidad y aplicación de los artículos 24, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, publicados el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, así como de los artículos 1, 10, 15, 16 y 18 y Cuarto y Decimo Primero transitorios de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán. SEGUNDO. Mediante auto de doce de febrero de dos mil dieciocho (fojas 140 A 147), se ordenó abrir este incidente de suspensión y se señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental la que, tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Verificación de certeza de los actos reclamados. Actos existentes. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán por sí y en representación Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Director del Periódico Oficial del Estado, los reconocieron expresamente. Por su parte, el Secretario de Gobierno y Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, se presumen ciertos los actos atribuidos a las autoridades de referencia, dada a la certeza del acto reclamado respecto a las diversas autoridades. SE NIEGA SUSPENSIÓN. En primer término, debe decirse que, para proveer acerca de la suspensión definitiva solicitada, se tomará en cuenta el contenido de los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. Luego, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación); b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Como se aprecia del artículo 128 de mérito, éste establece las exigencias para que opere la suspensión provisional, las cuales se pueden sintetizar en los siguientes aspectos: que quien solicita la suspensión sea el agraviado; y que no se siga perjuicio al interés social con el otorgamiento de la medida, ni se contravengan disposiciones de orden público; aspectos que resultan necesarios para que, como se adelantó, se surtan los requisitos de procedencia de aquella medida que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo. Y, dado que en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión que se haya solicitado expresamente -requisito que en el presente caso si se encuentra colmado-. Así también, debe tomarse en cuenta que, de conformidad con el artículo 148 de la Ley de Amparo, ciertamente es procedente el otorgamiento de la suspensión en contra de una norma de carácter autoaplicativo, respecto de los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no procede conceder la medida cautelar suspensiónl solicitada por el quejoso, en razón de que no se cumple con lo dispuesto por el artículo 128, fracción II, de la referida Ley de Amparo, en razón de que la operatividad de la disposición reclamada por la parte quejosa constituye una cuestión de interés público. Cierto, el interés social y el orden público a que alude la disposición transcrita, debe ser delineada por el juzgador acorde a las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretenden evitar. El quejoso en su demanda de amparo se duele del proceso legislativo y aplicación de los artículos 24, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, publicados el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, así como de los artículos 1, 10, 15, 16 y 18 y Cuarto y Decimo Primero transitorios de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán. Lo anterior, conduce a considerar que de concederse la medida cautelar para los efectos que pretende la parte quejosa, se contravendrían disposiciones de orden público, así como el interés social, que están por encima del interés particular de la parte quejosa, pues el que se lleve a cabo la retención o entero del impuesto en cuestión; habida cuenta que de concederla se suspendería la actuación normal del Estado, motivo por el cual no procede conceder la suspensión provisional al respecto. De ahí que, este juzgador estima negar la suspensión definitiva de los actos reclamados, toda vez que de concederse la medida cautelar, se seguiría un perjuicio al interés social, ya que se traduciría en que el quejoso dejara de realizar la recaudación y entero del pago de las obligaciones contenidas en la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, en su envestidura de Notario Público. Debe decirse que las leyes, en mayor o menor medida, responden al interés público, sin embargo, esto no puede ser una habilitación absoluta, capaz de afectar derechos fundamentales de modo irreversible, ya que también es deseable por la sociedad que las autoridades no afecten irremediablemente derechos sustanciales de los particulares, por ser sus consecuencias de difícil o de imposible reparación; empero, atendiendo al caso concreto y al tratarse de un impuesto, como ya se dijo, de conceder eventualmente la presente medida cautelar se seguiría en perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, porque los impuestos son contribuciones que se pagan al Estado para soportar los gastos públicos; de ahí que, en el caso, su retención y entero no son susceptibles de suspenderse, pues ello implicaría privar al Estado de los recursos necesarios para cumplir sus fines, los cuales son de interés público. Tiene aplicación al caso en particular la Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII.3o.66, con número de registro 2019111, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "NORMAS AUTOAPLICATIVAS QUE IMPONEN A TERCEROS OBLIGACIONES FISCALES DE CARÁCTER FORMAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA SUS EFECTOS. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo establece como requisito para que proceda la suspensión, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En tanto que el diverso numeral 129 del mismo ordenamiento prevé una serie de supuestos en los que, invariablemente, se afectará el interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales, el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar (hipótesis enunciativas), de ahí que, en los demás casos, tendrá la libertad de ponderar su otorgamiento. Al respecto, en la jurisprudencia 8, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, si se solicita la medida cautelar de una norma autoaplicativa que impone a terceros obligaciones fiscales de carácter formal y no sustantivo, como lo son la retención y entero de un impuesto, entonces, es improcedente concederla contra esos efectos de la norma, porque los impuestos son contribuciones que se pagan al Estado para soportar los gastos públicos; de ahí que, en el caso, su retención y entero no son susceptibles de suspenderse, pues ello implicaría privar al Estado de los recursos necesarios para cumplir sus fines, los cuales son de interés público". Así, por las razones que la sustentan, la diversa Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII.3o.66, con número de registro 2019111, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION CONTRA LA OBLIGACION IMPUESTA A PETROLEOS MEXICANOS, PARA RETENER EL RELATIVO A UNOS MIEMBROS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL COMERCIO DEL PETROLEO. No debe concederse la suspensión contra la obligación que se imponga a Petróleos Mexicanos, para que retenga el impuesto de cédula IV, correspondiente a las cantidades que perciben unos miembros del Sindicato de Trabajadores del Comercio del Petróleos y sus Derivados, de la República Mexicana, que tienen el carácter de trabajadores de esa institución, ya que con ello no se le ocasionan perjuicios irreparables y por el contrario, con la suspensión de esa obligación, se impediría la actuación normal del Estado, en materia de tributación, como lo es el registro de los causantes y el señalamiento y determinación del impuesto que deben cubrir; actos que no son susceptibles de suspenderse, ya que de hacerse, se perjudicaría al interés general, con la paralización de las funciones normales del Estado, y tan es así, que la Ley de Amparo, al regular la suspensión, a propósito de impuestos, no se refiere a las leyes tributarias, sino habla únicamente de que podrá concederse dicho beneficio en definitiva, contra el cobro de impuestos, multas y otros pagos fiscales." Efectivamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del interés social o público a que alude el artículo en cita, sostuvo la tesis 8 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe 1973, Parte II, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.- De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría". Pues bien, el otorgamiento de la suspensión está limitado en aquéllos casos en que con su concesión se transgredan normas de orden público o se lesione el interés social; en principio, la estimación del orden público corresponde al apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan a su consideración para la obtención de un fallo; sin embargo, la ejemplificación que contienen el artículo en cita para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, revela que se puede razonablemente inferir en términos generales, que se dan esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le ocasiona un daño que de otra manera no resentiría. Así mismo, se invoca la jurisprudencia I.3o.A. J/16, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página trescientos ochenta y tres, del tomo : V, enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, que por rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad". En el caso, de otorgarse la suspensión en contra de la disposición reclamada, que da vida jurídica al derecho aludido, se afectaría el interés social, ya que, es del interés de la generalidad que se recauden o enteren los impuestos para el debido funcionamiento del Estado. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 122 a 144 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. Se niega a Columba Arias Solís, la suspensión definitiva. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Informes previos. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes previos de las autoridades responsables, los cuales deberán relacionarse en la audiencia incidental. Delegados. Por otra parte, ténganse a las autoridades responsables designando delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a las personas que precisan. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee:  Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes con justificación de las autoridades responsables; dése vista a las partes con ellos para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional.  Delegados. Por otra parte, ténganse a las autoridades responsables designando delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a las personas que precisa.  Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional.  Sobreseimiento. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo , al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para sostener lo anterior, en principio, debe decirse que para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el acto combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular . Por lo que, para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones: La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecido los efectos de dicho acto de autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento, debiendo tomarse en consideración que en el caso, de un análisis a la demanda, el quejoso reclamó de las autoridades responsables:  El proceso legislativo, inconstitucionalidad y aplicación de los artículos 24, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, publicados el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial del Estado, así como de los artículos 1, 10, 15, 16 y 18 y Cuarto y Décimo Primero Transitorios de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán. Ahora bien, se advierte que la parte quejosa se duele de la inconstitucionalidad y aplicación de los artículos 24, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, publicados el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial del Estado, así como de los artículos 1, 10, 15, 16 y 18 y Cuarto y Décimo Primero Transitorios de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán; sin embargo, a la fecha del presente acuerdo han dejado de existir, ya que es un hecho notorio que el doce de febrero de la presente anualidad, se publicó el decreto por el cual se derogan los artículos que le causaban agravio a la parte quejosa , de conformidad con lo dispuesto en la tesis intitulada "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL" . Lo anterior, es así toda vez que el acto reclamado en esta vía constitucional lo es la aplicación de una norma autoaplicativa, la cual fue derogada, por lo que se destruyeron de manera total e incondicional sus efectos. Tiene sustento a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 6/2013, sustentada por la Segunda Sala, del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, Décima Época, visible en la página 1107, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." En ese contexto, este órgano de control constitucional advierte que a la fecha en que se resuelve este juicio de amparo, el acto reclamado, ha cesado sus efectos, dado que, el doce de febrero de dos mil diecinueve, se derogaron los artículos que le causaban agravio a la parte quejosa. Como sustento a lo anterior tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto aquí impugnado, en virtud de que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y además, porque no se dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe

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