Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
Expediente 402/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 402/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 20/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
- Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
MESA IV-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinte de agosto de dos mil quince. Vista la certificación que antecede se advierte que en el juicio de amparo del que emana este incidente, con esta fecha se dictó un auto en el que se declaró ejecutoriada la resolución que sobreseyó dicho juicio; asimismo, que por auto de veinticuatro de marzo de dos mil quince, se concedió la suspensión provisional, y mediante interlocutoria pronunciada el treinta siguiente, se concedió la definitiva solicitada; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del capítulo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental, y toda vez que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos originales; en consecuencia, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del citado Acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que debe conservarse el auto de veinticuatro de marzo de dos mil quince, y la interlocutoria pronunciada el treinta siguiente, en que se concedió la suspensión provisional y definitiva en este incidente de suspensión, respectivamente. Sin hacer mayor pronunciamiento respecto del duplicado de este incidente, dado, en el resolutivo segundo de la interlocutoria de treinta de marzo de dos mil quince, se ordenó su destrucción. Con fundamento en el punto vigésimo quinto del Acuerdo General 1/2009, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este incidente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Juan Martínez Trujillo, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, encargado del despacho por licencia del titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/3637/2015 de once de agosto de dos mil quince, suscrito por el secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Lilia Ramírez Jiménez que autoriza y da fe.
- Principal
MESA IV-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinte de agosto de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió en términos de la certificación que antecede; sin que las partes interpusieran recurso de inconformidad contra el proveído de veintidós de julio de dos mil quince, por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, se declara consentido el referido auto, hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero, y vigésimo primero, fracción IV, del citado acuerdo General, toda vez que en la sentencia dictada en este expediente se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia emitida en este juicio de amparo. Se considera que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en lo relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes, o que por el sentido de la resolución, haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del referido acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurridos cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Notifíquese Así lo proveyó y firma el licenciado Juan Martínez Trujillo, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, encargado del despacho por licencia del titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/3637/2015 de once de agosto de dos mil quince, suscrito por el secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Lilia Ramírez Jiménez que autoriza y da fe.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil quince. Vistos los autos, se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada en proveído de diez del actual, para que manifestaran lo que a sus derechos correspondiera en relación con el cumplimiento por parte de la autoridad responsable a la sentencia dictada en este juicio de amparo, transcurrió en terminos de la certificación de cuenta; en consecuencia, se procede al análisis de las constancias que obran en autos para determinar si se encuentra cumplida o no dicha sentencia. Ahora bien, de la ejecutoria en comento, se advierte que la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), fue para el efecto siguiente: 1.- Que la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, dejara insubsistente la resolución de trece de febrero de dos mil quince, dictada en el incidente de liquidación, dentro del expediente 330/2003 y sus acumulados 119/2004 y 70/2005 y emitiera otra, debidamente fundada y motivada, donde subsanara lo siguiente: a) Expusiera en forma razonada y motivada, en qué parte del laudo de siete de agosto de dos mil nueve, se ordenó que los incrementos deberían abarcar del siete de febrero de dos mil cinco al siete de agosto de dos mil nueve. b) Expusiera en forma fundada y motivada las razones que tomó en consideración para arribar a la conclusión que aún cuando correspondía a la parte demandada la carga de la prueba, al no asistir ésta a la diligencia y atendiendo a qué las pruebas aportadas por la parte actora con ninguna acreditó los incrementos del período, debería estarse a lo establecido en los salarios mínimos de ese período. En acato a la sentencia concesoria, el presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, mediante oficio P-635/2015, de ocho del actual, informó sobre el cumplimiento que dio a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo y remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha, en el expediente 330/2003 y sus acumulados 119/2004 y 70/2005 de la que se advierte lo siguiente: 1.- Dejó insubsistente la resolución de trece de febrero de dos mil quince, dictada en el incidente de liquidación, dentro del expediente 330/2003 y sus acumulados 119/2004 y 70/2005 y emitió otra, donde en lo que interesa resolvió lo siguiente: a) En cuanto a exponer, en qué parte del laudo de siete de agosto de dos mil nueve, se ordenó que los incrementos deberían abarcar del siete de febrero de dos mil cinco al siete de agosto de dos mil nueve, manifestó lo siguiente: ". debe decirse que en el laudo de fecha 7 de agosto del 2009, se estableció a foja 12 que respecto al C. FREDY ARTURO MORALES CRUZ, en el hecho 11 de su demanda, señala que a partir del 7 de febrero del 2005, el C. TOMAS JIMÉNEZ GARCÍA, le comunicó que por órdenes del Director ya no eran necesarios sus servicios para seguir impartiendo las materias que le correspondían por el semestre, señalando que la materia de trabajo subsiste, reclamando la prorroga y en consecuencia la reinstalación y como se desprende del resolutivo cuarto de dicho laudo, se condenó a la demandada a la prórroga de la contratación temporal de FREDY ARTURO MORALES CRUZ, en la categoría de instructor de la especialidad en la materia .los días lunes con honorarios de 18 a 19 horas y viernes de 19 a 21 horas, por todo el tiempo que subsista la materia de organización de empresas grupo 1206, al pago de salarios caídos, prima vacacional y aguinaldo, que se generen durante el juicio, por un total de $38,963.81, independientemente de los salarios, prima vacacional y aguinaldo, que se sigan generando hasta que se cumpla con el laudo y respecto de los incrementos, se ordena abrir Incidente de liquidación. de ahí que durante la tramitación de dicho juicio, hasta que sea reinstalado el actor haya aumentado al salario por disposición de la ley o por la contratación colectiva, estos deben tenerse en cuenta para calcularse desde la fecha del despido, hasta que sea reinstalado el actor, toda vez que la prestación de servicios debió haber continuado, de no haber sido por una causa imputable al patrón, por lo que y por consiguiente deben cuantificarse los incrementos si los hubo de la fecha de despido a la fecha del laudo." 3.- En lo relativo a exponer en forma fundada y motivada las razones que tomó en consideración para arribar a la conclusión que aún cuando correspondía a la parte demandada la carga de la prueba, al no asistir ésta a la diligencia y atendiendo a qué las pruebas aportadas por la parte actora con ninguna acreditó los incrementos del período, deberá estarse a lo establecido en los salarios mínimos de ese período, dijo lo siguiente: ". debe decirse que la carga de la prueba le corresponde a la demandada en términos del artículo 784 fracción XII de la Ley Federal del Trabajo y de acuerdo a la jurisprudencia de la octava época registro 1009729 Cuarta Sala apéndice 1919-septiembre de 1911, tomo VI laboral primera parte- semanario judicial de la Federación primera sección.La regla derivada de los artículos 784 fracción XII y 804 de la Ley Federal del Trabajo, acrece de que corresponde al patrón la carga de probar el monto del salario y su pago, cuando se suscita controversia al respecto. III.- Ahora bien si bien es cierto que la carga de la prueba le corresponde a la parte demandada y esta no compareció a la audiencia, también es cierto que de las pruebas aportadas por la parte actora con ninguna acredita los incrementos en el período antes mencionado, pue se concreta a cuantificar prima vacacional, aguinaldo compensación por antigüedad, prestaciones estas que no están incluidas en el incidente de liquidación determinadas en el laudo y con sus pruebas como ya se estableció no acredita los incrementos salariales, por consiguiente y tomando en cuenta que las resoluciones deben admitirse a verdad sabida y bueva fe guardada y tomando los hechos en conciencia para determinar los incrementos del 7 de febrero del 2005 al 7 de agosto del 2009, debe estarse a lo establecido a los salaríos mínimos en ese período. debe decirse primeramente que los incrementos deben cuantificarse en base a los salarios mínimos ya que si bien es cierto se estableció con anterioridad, la carga de la prueba le corresponde a la demandada y esta no compareció y además, la parte actora con ninguna prueba acreditó los incrementos, debe decirse en términos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, no existe renuncia de derechos al establecer, es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados." Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la autoridad responsable, dio cumplimiento en sus términos con el fallo protector, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo. En cuanto a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en el ocurso que se recibió en este juzgado el diecisiete del actual, dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden, de donde se advierte que la autoridad expuso como concluyo el período por el que deben calcularse los incrementos salariales. Notifíquese personalmente. Lo proveyó el licenciado León Isaac Hernández Luna, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular; autorizado en sesión de siete de julio de dos mil quince, mediante oficio CCJ/ST/3222/2015, suscrito por el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y firma ante la secretaria licenciada Miryam Elizabeth Cuevas González que autoriza y da fe. MESA AMPARO IV-A
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil quince. Vistos los autos, se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada en proveído de diez del actual, para que manifestaran lo que a sus derechos correspondiera en relación con el cumplimiento por parte de la autoridad responsable a la sentencia dictada en este juicio de amparo, transcurrió en terminos de la certificación de cuenta; en consecuencia, se procede al análisis de las constancias que obran en autos para determinar si se encuentra cumplida o no dicha sentencia. Ahora bien, de la ejecutoria en comento, se advierte que la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), fue para el efecto siguiente: 1.- Que la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, dejara insubsistente la resolución de trece de febrero de dos mil quince, dictada en el incidente de liquidación, dentro del expediente 330/2003 y sus acumulados 119/2004 y 70/2005 y emitiera otra, debidamente fundada y motivada, donde subsanara lo siguiente: a) Expusiera en forma razonada y motivada, en qué parte del laudo de siete de agosto de dos mil nueve, se ordenó que los incrementos deberían abarcar del siete de febrero de dos mil cinco al siete de agosto de dos mil nueve. b) Expusiera en forma fundada y motivada las razones que tomó en consideración para arribar a la conclusión que aún cuando correspondía a la parte demandada la carga de la prueba, al no asistir ésta a la diligencia y atendiendo a qué las pruebas aportadas por la parte actora con ninguna acreditó los incrementos del período, debería estarse a lo establecido en los salarios mínimos de ese período. En acato a la sentencia concesoria, el presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, mediante oficio P-635/2015, de ocho del actual, informó sobre el cumplimiento que dio a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo y remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha, en el expediente 330/2003 y sus acumulados 119/2004 y 70/2005 de la que se advierte lo siguiente: 1.- Dejó insubsistente la resolución de trece de febrero de dos mil quince, dictada en el incidente de liquidación, dentro del expediente 330/2003 y sus acumulados 119/2004 y 70/2005 y emitió otra, donde en lo que interesa resolvió lo siguiente: a) En cuanto a exponer, en qué parte del laudo de siete de agosto de dos mil nueve, se ordenó que los incrementos deberían abarcar del siete de febrero de dos mil cinco al siete de agosto de dos mil nueve, manifestó lo siguiente: ". debe decirse que en el laudo de fecha 7 de agosto del 2009, se estableció a foja 12 que respecto al C. FREDY ARTURO MORALES CRUZ, en el hecho 11 de su demanda, señala que a partir del 7 de febrero del 2005, el C. TOMAS JIMÉNEZ GARCÍA, le comunicó que por órdenes del Director ya no eran necesarios sus servicios para seguir impartiendo las materias que le correspondían por el semestre, señalando que la materia de trabajo subsiste, reclamando la prorroga y en consecuencia la reinstalación y como se desprende del resolutivo cuarto de dicho laudo, se condenó a la demandada a la prórroga de la contratación temporal de FREDY ARTURO MORALES CRUZ, en la categoría de instructor de la especialidad en la materia .los días lunes con honorarios de 18 a 19 horas y viernes de 19 a 21 horas, por todo el tiempo que subsista la materia de organización de empresas grupo 1206, al pago de salarios caídos, prima vacacional y aguinaldo, que se generen durante el juicio, por un total de $38,963.81, independientemente de los salarios, prima vacacional y aguinaldo, que se sigan generando hasta que se cumpla con el laudo y respecto de los incrementos, se ordena abrir Incidente de liquidación. de ahí que durante la tramitación de dicho juicio, hasta que sea reinstalado el actor haya aumentado al salario por disposición de la ley o por la contratación colectiva, estos deben tenerse en cuenta para calcularse desde la fecha del despido, hasta que sea reinstalado el actor, toda vez que la prestación de servicios debió haber continuado, de no haber sido por una causa imputable al patrón, por lo que y por consiguiente deben cuantificarse los incrementos si los hubo de la fecha de despido a la fecha del laudo." 3.- En lo relativo a exponer en forma fundada y motivada las razones que tomó en consideración para arribar a la conclusión que aún cuando correspondía a la parte demandada la carga de la prueba, al no asistir ésta a la diligencia y atendiendo a qué las pruebas aportadas por la parte actora con ninguna acreditó los incrementos del período, deberá estarse a lo establecido en los salarios mínimos de ese período, dijo lo siguiente: ". debe decirse que la carga de la prueba le corresponde a la demandada en términos del artículo 784 fracción XII de la Ley Federal del Trabajo y de acuerdo a la jurisprudencia de la octava época registro 1009729 Cuarta Sala apéndice 1919-septiembre de 1911, tomo VI laboral primera parte- semanario judicial de la Federación primera sección.La regla derivada de los artículos 784 fracción XII y 804 de la Ley Federal del Trabajo, acrece de que corresponde al patrón la carga de probar el monto del salario y su pago, cuando se suscita controversia al respecto. III.- Ahora bien si bien es cierto que la carga de la prueba le corresponde a la parte demandada y esta no compareció a la audiencia, también es cierto que de las pruebas aportadas por la parte actora con ninguna acredita los incrementos en el período antes mencionado, pue se concreta a cuantificar prima vacacional, aguinaldo compensación por antigüedad, prestaciones estas que no están incluidas en el incidente de liquidación determinadas en el laudo y con sus pruebas como ya se estableció no acredita los incrementos salariales, por consiguiente y tomando en cuenta que las resoluciones deben admitirse a verdad sabida y bueva fe guardada y tomando los hechos en conciencia para determinar los incrementos del 7 de febrero del 2005 al 7 de agosto del 2009, debe estarse a lo establecido a los salaríos mínimos en ese período. debe decirse primeramente que los incrementos deben cuantificarse en base a los salarios mínimos ya que si bien es cierto se estableció con anterioridad, la carga de la prueba le corresponde a la demandada y esta no compareció y además, la parte actora con ninguna prueba acreditó los incrementos, debe decirse en términos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, no existe renuncia de derechos al establecer, es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados." Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la autoridad responsable, dio cumplimiento en sus términos con el fallo protector, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo. En cuanto a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en el ocurso que se recibió en este juzgado el diecisiete del actual, dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden, de donde se advierte que la autoridad expuso como concluyo el período por el que deben calcularse los incrementos salariales. Notifíquese personalmente. Lo proveyó el licenciado León Isaac Hernández Luna, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular; autorizado en sesión de siete de julio de dos mil quince, mediante oficio CCJ/ST/3222/2015, suscrito por el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y firma ante la secretaria licenciada Miryam Elizabeth Cuevas González que autoriza y da fe. MESA AMPARO IV-A SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO
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