Colegio Motivaré, S.C.
Expediente 80/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Colegio Motivaré, S.C.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, y como se desprende de la misma que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto en que se desechó la demanda; con fundamento en los artículos 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356 fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el inciso d), del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es destruible.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO.- Vista la demanda promovida por José Guadalupe López Martínez, en representación de la persona moral quejosa Colegio Motivaré, Sociedad Civil; se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 80/2022-IV y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, del propio ordenamiento. En efecto, de la interpretación del artículo 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del numeral 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se obtienen dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: 1. La primera regla genérica consiste en que este procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. 2. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el vencido. 3. La regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra las resolución en la que se ordene la entrega del inmueble rematado, o bien, contra aquella en la que se ordene su escrituración. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, dio un matiz importante a dichas reglas, pues determinó que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo (ahora fracción V del artículo 107), en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción III de dicho precepto (artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente), de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En ese sentido, con base en los anteriores criterios jurisprudenciales se debe concluir que, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente en tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o laudo, si la acción constitucional no se promueve contra la última resolución dictada en ese procedimiento. Sin embargo, también se advierte que a esa regla aplica la excepción relativa a que, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, o laudo, existe la posibilidad de impugnarlos vía amparo indirecto, exclusivamente cuando infrinjan directamente derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la resolución definitiva. En el presente caso, la parte quejosa reclama dos actos emanados del juicio ordinario mercantil M36/2014, del índice del Juzgado Sexto Civil de esta ciudad: a) La orden de desalojo de los accesorios y mejoras del inmueble consistente en la construcción del Colegio Motivaré, adjudicados en el juicio de origen en favor de la actora; y, b) El otorgamiento de la escritura pública de la construcción adjudicada, por parte del Notario Público 89 en esta ciudad. Del capítulo de la demanda correspondiente a la relatoría de los hechos y abstenciones que le constan y que narró bajo protesta de decir verdad, se aprecia que el inmueble al que se refieren los actos reclamados fue embargado en el juicio natural; que en la diligencia desahogada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho se adjudicó a la parte actora; y que la impugnación de la audiencia de remate dio lugar al toca de apelación 655/2018, cuya resolución final, emitida el cuatro de febrero de dos mil veinte, adquirió la calidad de cosa juzgada e, incluso, se negó la protección de la Justicia de la Unión en su contra dentro del juicio de amparo indirecto 173/2020, del índice de este juzgado, y del amparo en revisión 29/2021, perteneciente al Tercer Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito. Lo anterior evidencia que los actos reclamados se emitieron fuera de juicio, en la etapa de ejecución de sentencia, por lo que nos ubicamos en la regla específica enunciada en el arábigo 3 y el juicio de amparo biinstancial que intenta la parte quejosa es improcedente, ya que solo puede promoverse en contra de la última resolución que se dicte en esa etapa, es decir, aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ello en la inteligencia de que los derechos sustantivos de propiedad y posesión que se afectan con los actos reclamados, no son ajenos a la cosa juzgada, sino una consecuencia directa y necesaria de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de cuenta. AUTORIZADA. Se tiene como autorizada para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Verónica Ferreyra Cuevas. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle bulevar Ibarrilla esquina con bulevar José María Morelos, en la colonia Fracciones de Echeveste de esta ciudad. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de la adscripción practiquen cualquier diligencia de carácter personal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos queja, revisión o inconformidad, incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Del mismo modo, se requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva.
- Principal
Notifíquese personalmente. Vista la demanda promovida por José Guadalupe López Martínez, en representación de la persona moral quejosa Colegio Motivaré, Sociedad Civil; se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 80/2022-IV y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, del propio ordenamiento. En efecto, de la interpretación del artículo 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del numeral 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se obtienen dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: 1. La primera regla genérica consiste en que este procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. 2. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el vencido. 3. La regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra las resolución en la que se ordene la entrega del inmueble rematado, o bien, contra aquella en la que se ordene su escrituración. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, dio un matiz importante a dichas reglas, pues determinó que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo (ahora fracción V del artículo 107), en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción III de dicho precepto (artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente), de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En ese sentido, con base en los anteriores criterios jurisprudenciales se debe concluir que, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente en tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o laudo, si la acción constitucional no se promueve contra la última resolución dictada en ese procedimiento. Sin embargo, también se advierte que a esa regla aplica la excepción relativa a que, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, o laudo, existe la posibilidad de impugnarlos vía amparo indirecto, exclusivamente cuando infrinjan directamente derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la resolución definitiva. En el presente caso, la parte quejosa reclama dos actos emanados del juicio ordinario mercantil M36/2014, del índice del Juzgado Sexto Civil de esta ciudad: a) La orden de desalojo de los accesorios y mejoras del inmueble consistente en la construcción del Colegio Motivaré, adjudicados en el juicio de origen en favor de la actora; y, b) El otorgamiento de la escritura pública de la construcción adjudicada, por parte del Notario Público 89 en esta ciudad. Del capítulo de la demanda correspondiente a la relatoría de los hechos y abstenciones que le constan y que narró bajo protesta de decir verdad, se aprecia que el inmueble al que se refieren los actos reclamados fue embargado en el juicio natural; que en la diligencia desahogada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho se adjudicó a la parte actora; y que la impugnación de la audiencia de remate dio lugar al toca de apelación 655/2018, cuya resolución final, emitida el cuatro de febrero de dos mil veinte, adquirió la calidad de cosa juzgada e, incluso, se negó la protección de la Justicia de la Unión en su contra dentro del juicio de amparo indirecto 173/2020, del índice de este juzgado, y del amparo en revisión 29/2021, perteneciente al Tercer Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito. Lo anterior evidencia que los actos reclamados se emitieron fuera de juicio, en la etapa de ejecución de sentencia, por lo que nos ubicamos en la regla específica enunciada en el arábigo 3 y el juicio de amparo biinstancial que intenta la parte quejosa es improcedente, ya que solo puede promoverse en contra de la última resolución que se dicte en esa etapa, es decir, aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ello en la inteligencia de que los derechos sustantivos de propiedad y posesión que se afectan con los actos reclamados, no son ajenos a la cosa juzgada, sino una consecuencia directa y necesaria de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de cuenta. AUTORIZADA. Se tiene como autorizada para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Verónica Ferreyra Cuevas. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle bulevar Ibarrilla esquina con bulevar José María Morelos, en la colonia Fracciones de Echeveste de esta ciudad. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de la adscripción practiquen cualquier diligencia de carácter personal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos queja, revisión o inconformidad, incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Del mismo modo, se requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva.
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