Colegio Alma Mater, Sociedad Civil.

Expediente 436/2015 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
436/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Colegio Alma Mater, Sociedad Civil.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Amparo en revisión

    ... ARCHÍVESE el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico. Atendiendo a la información contenida en el expediente judicial en que se actúa y con la finalidad de precisar el plazo de resguardo, así como el criterio para su destino final, el presente expediente se clasifica como un asunto DESTRUIBLE, en tres años, a partir de esta fecha; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, fracción III y 20, fracción I, del Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.

  2. Amparo en revisión

    Primero. Queda firme el sobreseimiento reflejado en el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida, en términos de lo señalado en el considerando octavo de esta resolución. Segundo. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. Tercero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 322/2014, del índice del hoy Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, promovido por Colegio Alma Mater, asociación civil, por las consideraciones y fundamentos precisados en el considerando noveno de esta ejecutoria. Cuarto. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto a nombre del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, atento a lo precisado en el considerando décimo de esta resolución.

  3. Amparo en revisión

    ..... se tiene por DILIGENCIADO en sus términos el despacho 95/2023. 2. En consecuencia, se ordena a la analista jurídica SISE, haga las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico, a efecto de dar de baja el referido despacho. 3. De la citada comunicación oficial se obtiene que el acuerdo de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictado en los autos del recurso de revisión 436/2015, de la estadística de este Tribunal, se le notificó, por medio de lista, a la parte quejosa, ...... el uno de agosto de dos mil veintitrés. 4. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se le concedió a la citada parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la causal de improcedencia advertida en sesión de trece de julio de dos mil veintitrés, sin que a la fecha haya formulado promoción al respecto.

  4. Amparo en revisión

    .... 1. Visto el dictamen de cuenta, que a la letra dice: "Visto el estado que guardan los autos del expediente relativo al recurso de revisión 436/2015 interpuesto por Colegio Alma Mater, sociedad civil, por conducto de su representante legal Laura Raquel Martínez Cuellar, contra la sentencia de catorce de septiembre de dos mil quince, dictada en el juicio de amparo 322/2014, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en la que en una parte se decretó el sobreseimiento en el juicio y en otra, se negó la protección federal solicitada. El presente asunto se incluyó en la lista fijada en los estrados de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, para ser resuelto en la sesión ordinaria de trece de julio de dos mil veintitrés. En la sesión antes mencionada, el pleno de este tribunal colegiado, en la materia de la revisión, advirtió la posibilidad de que se actualizara la causal de improcedencia derivada del contenido de la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, constitucional, esto, toda vez que la parte quejosa no habría acreditado contar con el interés jurídico necesario para instar la acción constitucional. Al respecto, resulta oportuno señalar que acorde al contenido del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé la posibilidad de impugnar el contenido de normas generales a través del juicio de amparo indirecto, así como la interpretación y parámetros establecidos en diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a la naturaleza heteroaplicativa o autoaplicativa de las leyes. Así, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de las y los propios particulares o algún tercero, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario a quien solicita el amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Entonces, ha de señalarse que, tratándose de un amparo contra leyes, es necesario acreditar el interés jurídico o la afectación en la esfera jurídica de quien promueve, considerando al efecto los siguientes aspectos: Cuando se reclama una norma en carácter de heteroaplicativa, la afectación del interés jurídico se corrobora con la existencia del acto de aplicación, del cual debe desprenderse precisamente que se sustenta en la norma legal que se pretende combatir y se dirige a la parte accionante o bien de su emisión se le impone una obligación de hacer, de no hacer o se le extingue o reconoce un derecho. Por otra parte, tratándose de una norma autoaplicativa es menester evidenciar dos aspectos: uno, que la norma impone con su sola entrada en vigor, obligaciones de hacer o de no hacer a la o el gobernado; y además, que la ley se dirige al sector en que se ubica la parte accionante, esto es, que quien promueve es sujeto destinatario y obligado de la normatividad. Sentado lo anterior, es menester tomar en consideración la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Por su parte, el numeral 5°, fracción I, del citado ordenamiento legal, prevé lo que a continuación se reproduce: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Dispositivo que es congruente con el artículo 107, fracción I, Constitucional, cuya redacción actual es la siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". De la transcripción que antecede, en lo que interesa, se advierte que, para determinar la procedencia del juicio de amparo, la o el promovente deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo; además, deberá alegar que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Carta Magna, de lo que deriva una afectación a su esfera jurídica de manera directa. Desde esa óptica, se puede decir que lo previsto en el artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuye consecuencias de derecho desde el punto de vista de legitimación de la parte promovente del amparo indirecto, al interés jurídico; sin embargo ya que se trata de un presupuesto esencial de procedencia del juicio constitucional, el interés jurídico debe estar plenamente probado con medios de convicción idóneos, sin que, por tanto, pueda establecerse de manera presuntiva. Sobre el tema cobra aplicación la jurisprudencia del pleno del Máximo Tribunal de la República, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEY, EL INTERÉS JURÍDICO DEBE PROBARSE EN EL JUICIO DE. Los sujetos que se consideren afectados por la ley que se impugna de inconstitucional, para comprobar su interés jurídico en promover el juicio de amparo, deben demostrar que se encuentran dentro del supuesto previsto por aquélla, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes; en caso de no acreditar tal circunstancia, debe sobreseerse el juicio de amparo." Por añadidura, la afectación al interés jurídico o legítimo cuando se reclaman leyes que así lo exijan, por supuesto tratándose de leyes heteroaplicativas, deben acreditarse a través de un acto concreto de aplicación. A partir de las anteriores premisas, se tiene que en la especie, la parte quejosa presentó la demanda de amparo, con motivo de lo que consideró el primer acto de aplicación de las disposiciones reclamadas, que dijo ocurrió con motivo de la presentación de su declaración provisional del impuesto sobre la renta, correspondiente al mes de enero de dos mil catorce. En ese sentido, se impone atender al contenido de las disposiciones impugnadas por la peticionaria del amparo, las que son del tenor siguiente: "Artículo 10. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de la presente Ley. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se deberán multiplicar por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en el citado artículo 9 de esta Ley. El impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de la presente Ley, se calculará en los términos de dicho precepto. Tratándose de la distribución de dividendos o utilidades mediante el aumento de partes sociales o la entrega de acciones de la misma persona moral o cuando se reinviertan en la suscripción y pago del aumento de capital de la misma persona dentro de los 30 días naturales siguientes a su distribución, el dividendo o la utilidad se entenderá percibido en el año de calendario en el que se pague el reembolso por reducción de capital o por liquidación de la persona moral de que se trate, en los términos del artículo 78 de esta Ley. No se estará obligado al pago del impuesto a que se refiere este artículo cuando los dividendos o utilidades provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta que establece la presente Ley. El impuesto a que se refiere este artículo, se pagará además del impuesto del ejercicio a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, tendrá el carácter de pago definitivo y se enterará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que se pagaron los dividendos o utilidades. Cuando los contribuyentes a que se refiere este artículo distribuyan dividendos o utilidades y como consecuencia de ello paguen el impuesto que establece este artículo, podrán acreditar dicho impuesto de acuerdo a lo siguiente: I. El acreditamiento únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta del ejercicio que resulte a cargo de la persona moral en el ejercicio en el que se pague el impuesto a que se refiere este artículo. El monto del impuesto que no se pueda acreditar conforme al párrafo anterior, se podrá acreditar hasta en los dos ejercicios inmediatos siguientes contra el impuesto del ejercicio y contra los pagos provisionales de los mismos. Cuando el impuesto del ejercicio sea menor que el monto que se hubiese acreditado en los pagos provisionales, únicamente se considerará acreditable contra el impuesto del ejercicio un monto igual a este último. Cuando el contribuyente no acredite en un ejercicio el impuesto a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, pudiendo haberlo hecho conforme al mismo, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado II. Para los efectos del artículo 77 de esta Ley, en el ejercicio en el que acrediten el impuesto conforme a la fracción anterior, los contribuyentes deberán disminuir de la utilidad fiscal neta calculada en los términos de dicho precepto, la cantidad que resulte de dividir el impuesto acreditado entre el factor 0.4286. Para los efectos de este artículo, no se considerarán dividendos o utilidades distribuidos, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Las personas morales que distribuyan los dividendos o utilidades a que se refiere el artículo 140 fracciones I y II de esta Ley, calcularán el impuesto sobre dichos dividendos o utilidades aplicando sobre los mismos la tasa establecida en el artículo 9 de la presente Ley. Este impuesto tendrá el carácter de definitivo. Del dispositivo recién transcrito se advierte que establece que las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades, deberán calcular el impuesto que les corresponda; asimismo, se precisa la forma en que habrá determinarse el impuesto que deberá adicionarse a dichos dividendos o utilidades. Se indica quiénes no se encontrarán obligados al pago del impuesto que ahí se regula y las acreditaciones permitidas. Por otra parte, el artículo 14, de la misma ley indica: "Artículo 14. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan: I. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de doce meses por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración. Para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente, se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción II del artículo 94 de esta Ley, adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal, según corresponda, el monto de los anticipos y rendimientos que, en su caso, hubieran distribuido a sus miembros en los términos de la fracción mencionada, en el ejercicio por el que se calcule el coeficiente. Tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio, y se considerará el coeficiente de utilidad fiscal del primer ejercicio, aun cuando no hubiera sido de doce meses. Cuando en el último ejercicio de doce meses no resulte coeficiente de utilidad conforme a lo dispuesto en esta fracción, se aplicará el correspondiente al último ejercicio de doce meses por el que se tenga dicho coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior en más de cinco años a aquél por el que se deban efectuar los pagos provisionales. II. La utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente de utilidad que corresponda conforme a la fracción anterior, por los ingresos nominales correspondientes al periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago. Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción II del artículo 94 de esta Ley, disminuirán la utilidad fiscal para el pago provisional que se obtenga conforme al párrafo anterior con el importe de los anticipos y rendimientos que las mismas distribuyan a sus miembros en los términos de la fracción mencionada, en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago. Se deberá expedir comprobante fiscal en el que conste el monto de los anticipos y rendimientos distribuidos, así como el impuesto retenido. A la utilidad fiscal determinada conforme a esta fracción se le restará, en su caso, la pérdida fiscal de ejercicios anteriores pendiente de aplicar contra las utilidades fiscales, sin perjuicio de disminuir dicha pérdida de la utilidad fiscal del ejercicio. III. Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 9 de esta Ley, sobre la utilidad fiscal que se determine en los términos de la fracción que antecede, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. También podrá acreditarse contra dichos pagos provisionales la retención que se le hubiera efectuado al contribuyente en el periodo, en los términos del artículo 54 de esta Ley. Tratándose del ejercicio de liquidación, para calcular los pagos provisionales mensuales correspondientes, se considerará como coeficiente de utilidad para los efectos de dichos pagos provisionales el que corresponda a la última declaración que al término de cada año de calendario el liquidador hubiera presentado o debió haber presentado en los términos del artículo 12 de esta Ley o el que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo de la fracción I de este artículo. Los ingresos nominales a que se refiere este artículo serán los ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por inflación acumulable. Tratándose de créditos o de operaciones denominados en unidades de inversión, se considerarán ingresos nominales para los efectos de este artículo, los intereses conforme se devenguen, incluyendo el ajuste que corresponda al principal por estar los créditos u operaciones denominados en dichas unidades. Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de una fusión de sociedades en la que surja una nueva sociedad, efectuarán, en dicho ejercicio, pagos provisionales a partir del mes en el que ocurra la fusión. Para los efectos de lo anterior, el coeficiente de utilidad a que se refiere el primer párrafo de la fracción I de este artículo, se calculará considerando de manera conjunta las utilidades o las pérdidas fiscales y los ingresos de las sociedades que se fusionan. En el caso de que las sociedades que se fusionan se encuentren en el primer ejercicio de operación, el coeficiente se calculará utilizando los conceptos señalados correspondientes a dicho ejercicio. Cuando no resulte coeficiente en los términos de este párrafo, se aplicará lo dispuesto en el último párrafo de la fracción I de este artículo, considerando lo señalado en este párrafo. Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de la escisión de sociedades efectuarán pagos provisionales a partir del mes en el que ocurra la escisión, considerando, para ese ejercicio, el coeficiente de utilidad de la sociedad escindente en el mismo. El coeficiente a que se refiere este párrafo, también se utilizará para los efectos del último párrafo de la fracción I de este artículo. La sociedad escindente considerará como pagos provisionales efectivamente enterados con anterioridad a la escisión, la totalidad de dichos pagos que hubiera efectuado en el ejercicio en el que ocurrió la escisión y no se podrán asignar a las sociedades escindidas, aun cuando la sociedad escindente desaparezca. Los contribuyentes deberán presentar las declaraciones de pagos provisionales siempre que haya impuesto a pagar, saldo a favor o cuando se trate de la primera declaración en la que no tengan impuesto a cargo. No deberán presentar declaraciones de pagos provisionales en el ejercicio de iniciación de operaciones, cuando hubieran presentado el aviso de suspensión de actividades que previene el Reglamento del Código Fiscal de la Federación ni en los casos en que no haya impuesto a cargo ni saldo a favor y no se trate de la primera declaración con esta característica. Los contribuyentes, para determinar los pagos provisionales a que se refiere el presente artículo, estarán a lo siguiente: a) No se considerarán los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero que hayan sido objeto de retención por concepto de impuesto sobre la renta ni los ingresos atribuibles a sus establecimientos ubicados en el extranjero que estén sujetos al pago del impuesto sobre la renta en el país donde se encuentren ubicados estos establecimientos. b) Los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspondan dichos pagos, podrán, a partir del segundo semestre del ejercicio, solicitar autorización para disminuir el monto de los que les correspondan. Cuando con motivo de la autorización para disminuir los pagos provisionales resulte que los mismos se hubieran cubierto en cantidad menor a la que les hubiera correspondido en los términos de este artículo de haber tomado los datos relativos al coeficiente de utilidad de la declaración del ejercicio en el cual se disminuyó el pago, se cubrirán recargos por la diferencia entre los pagos autorizados y los que les hubieran correspondido." El dispositivo en cita, impone la obligación a las y los contribuyentes del impuesto de efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del ejercicio, a más tardar el día diecisiete del mes inmediato posterior a aquel que corresponda al pago y precisa las bases para su cálculo, teniendo en consideración el coeficiente de utilidad fiscal; se precisa cuáles son los ingresos nominales; asimismo, regula los casos de contribuyentes que inicien operaciones con motivo de una fusión y de contribuyentes que inicien operaciones con motivo de una escisión de sociedades. Asimismo, se indica la forma en que habrán de determinarse los pagos provisionales, estableciendo reglas tratándose de contribuyentes con ingresos cuya fuente de riqueza esté ubicada en el extranjero, así como que las y los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspondan dichos pagos, podrán, a partir del segundo semestre del ejercicio, solicitar autorización para disminuir el monto de los que les correspondan. Por otra parte, el artículo 17, precisa: "Artículo 17. Para los efectos del artículo 16 de esta Ley, se considera que los ingresos se obtienen, en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas que se señalan conforme a lo siguiente tratándose de: I. Enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero: a) Se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada. b) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. (.) Tratándose de los ingresos por la prestación de servicios personales independientes que obtengan las sociedades o asociaciones civiles y de ingresos por el servicio de suministro de agua potable para uso doméstico o de recolección de basura doméstica que obtengan los organismos descentralizados, los concesionarios, permisionarios o empresas autorizadas para proporcionar dichos servicios, se considera que los mismos se obtienen en el momento en que se cobre el precio o la contraprestación pactada. II. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, cuando se cobren total o parcialmente las contraprestaciones, o cuando éstas sean exigibles a favor de quien efectúe dicho otorgamiento, o se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada, lo que suceda primero. (.)" El dispositivo en cita, establece las fechas en que se considerará que se obtienen ingresos en los casos no previstos en el artículo 16, de la propia norma, tratándose de enajenación de bienes o prestación de servicios; otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Ahora, los artículos 25, fracción VI, 27, fracción V, y 28, fracciones I y XXX, regulaban las deducciones autorizadas en la propia norma, en los términos siguientes: "Artículo 25. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: (.) VI. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. "Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos: (.) V. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se recabe de éstos copia de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. Tratándose de pagos al extranjero, éstos sólo se podrán deducir siempre que el contribuyente proporcione la información a que esté obligado en los términos del artículo 76 de esta Ley. Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV, de esta Ley, se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de remuneración, las retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal independiente, consten en comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación y se cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 99, fracciones I, II, III y V de la presente Ley, así como las disposiciones que, en su caso, regulen el subsidio para el empleo y los contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando estén obligados a ello, en los términos de las leyes de seguridad social. Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles: I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme a las disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo de los patrones, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. (.) XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior." Como se ve, se permite a las y los contribuyentes del impuesto sobre la renta, deducir las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. Por otra parte, no se permite deducir los pagos por impuesto sobre la renta a cargo de la propia persona contribuyente o de terceras ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme a las disposiciones relativas; ni los pagos que a su vez sean ingresos exentos para la o el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 (cero punto cincuenta y tres) al monto de dichos pagos, precisándose que el factor será del 0.47 (cero punto cuarenta y siete) cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus personas trabajadoras que a su vez sean ingresos exentos para dichas personas trabajadoras, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Asimismo se establece que los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del capítulo I del título IV, de la ley, se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de remuneración, las retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal independiente, consten en comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación y se cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 99, fracciones I, II, III y V de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta, así como las disposiciones que, en su caso, regulen el subsidio para el empleo y las personas contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a las y los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando estén obligadas a ello, en los términos de las leyes de seguridad social. Por otra parte, el artículo 39, disponía: "Artículo 39. El costo de las mercancías que se enajenen, así como el de las que integren el inventario final del ejercicio, se determinará conforme al sistema de costeo absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados. En todo caso, el costo se deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que se deriven de la enajenación de los bienes de que se trate. Los contribuyentes que realicen actividades comerciales que consistan en la adquisición y enajenación de mercancías, considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente: a) El importe de las adquisiciones de mercancías, disminuidas con el monto de las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre las mismas, efectuados en el ejercicio. b) Los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas. Los contribuyentes que realicen actividades distintas de las señaladas en el segundo párrafo de este artículo, considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente: a) Las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o productos terminados, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre los mismos, efectuados en el ejercicio. b) Las remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados, relacionados directamente con la producción o la prestación de servicios. c) Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, directamente relacionados con la producción o la prestación de servicios. d) La deducción de las inversiones directamente relacionadas con la producción de mercancías o la prestación de servicios, calculada conforme a la Sección II, del Capítulo II, del Título II de esta Ley. Cuando los conceptos a que se refieren los incisos del párrafo anterior guarden una relación indirecta con la producción, los mismos formarán parte del costo en proporción a la importancia que tengan en dicha producción. Para determinar el costo del ejercicio, se excluirá el correspondiente a la mercancía no enajenada en el mismo, así como el de la producción en proceso, al cierre del ejercicio de que se trate. Los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, determinarán el costo de las mercancías conforme a lo establecido en esta Ley. Tratándose del costo de las mercancías que reciban de la oficina central o de otro establecimiento del contribuyente ubicado en el extranjero, estarán a lo dispuesto en el artículo 27, fracción XIV de esta Ley. Para determinar el costo de lo vendido de la mercancía, se deberá aplicar el mismo procedimiento en cada ejercicio durante un periodo mínimo de cinco ejercicios y sólo podrá variarse cumpliendo con los requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. En ningún caso se dará efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido El dispositivo recién transcrito regula la forma en que habrá de determinarse el costo de lo vendido, precisándose las reglas a observar tratándose de contribuyentes que realicen actividades comerciales que consistan en la adquisición y enajenación de mercancías, así como de aquellas personas contribuyentes que realicen actividades distintas a las anteriores. En otro orden, el artículo 76, fracción X, establecía: "Artículo 76. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes: (.) XI. Tratándose de personas morales que hagan los pagos por concepto de dividendos o utilidades a personas físicas o morales: a) Efectuar los pagos con cheque nominativo no negociable del contribuyente expedido a nombre del accionista o a través de transferencias de fondos reguladas por el Banco de México a la cuenta de dicho accionista. b) Proporcionar a las personas a quienes les efectúen pagos por los conceptos a que se refiere esta fracción, comprobante fiscal en el que se señale su monto, el impuesto sobre la renta retenido en términos de los artículos 140 y 164 de esta Ley, así como si éstos provienen de las cuentas establecidas en los artículos 77 y 85 de esta Ley, según se trate, o si se trata de los dividendos o utilidades a que se refiere el primer párrafo del artículo 10 de la misma. Este comprobante se entregará cuando se pague el dividendo o utilidad." El precepto en cita impone a las personas morales que hagan los pagos por concepto de dividendos o utilidades a personas físicas o morales, a efectuar dichas erogaciones con cheque nominativo no negociable del contribuyente expedido a nombre de la persona accionista o a través de transferencias de fondos reguladas por el Banco de México a la cuenta de dicho accionista; así como a proporcionar a las personas a quienes les efectúen pagos por los conceptos a que se refiere dicha fracción, el comprobante fiscal que deberá cumplir con los extremos que ahí se detallan. Por lo que ve al artículo 78, disponía: Artículo 78. Las personas morales residentes en México que reduzcan su capital determinarán la utilidad distribuida, conforme a lo siguiente: I. Se disminuirá del reembolso por acción, el saldo de la cuenta de capital de aportación por acción que se tenga a la fecha en la que se pague el reembolso. La utilidad distribuida será la cantidad que resulte de multiplicar el número de acciones que se reembolsen o las que se hayan considerado para la reducción de capital de que se trate, según corresponda, por el monto que resulte conforme al párrafo anterior. La utilidad distribuida gravable determinada conforme el párrafo anterior podrá provenir de la cuenta de utilidad fiscal neta hasta por la parte que del saldo de dicha cuenta le corresponda al número de acciones que se reembolsan. El monto que de la cuenta de utilidad fiscal neta le corresponda a las acciones señaladas, se disminuirá del saldo que dicha cuenta tenga en la fecha en la que se pagó el reembolso. Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere esta fracción no provenga de la cuenta de utilidad fiscal neta, las personas morales deberán determinar y enterar el impuesto que corresponda aplicando a dicha utilidad la tasa prevista en el artículo 9 de esta Ley. El monto del saldo de la cuenta de capital de aportación por acción determinado para el cálculo de la utilidad distribuida, se multiplicará por el número de acciones que se reembolsen o por las que se hayan considerado para la reducción de capital de que se trate. El resultado obtenido se disminuirá del saldo que dicha cuenta tenga a la fecha en la que se pagó el reembolso. Para determinar el monto del saldo de la cuenta de capital de aportación por acción se dividirá el saldo de dicha cuenta a la fecha en que se pague el reembolso, sin considerar éste, entre el total de acciones de la misma persona existentes a la misma fecha, incluyendo las correspondientes a la reinversión o a la capitalización de utilidades, o de cualquier otro concepto que integre el capital contable de la misma. II. Las personas morales que reduzcan su capital, adicionalmente, considerarán dicha reducción como utilidad distribuida hasta por la cantidad que resulte de restar al capital contable según el estado de posición financiera aprobado por la asamblea de accionistas para fines de dicha disminución, el saldo de la cuenta de capital de aportación que se tenga a la fecha en que se efectúe la reducción referida cuando éste sea menor. A la cantidad que se obtenga conforme al párrafo anterior se le disminuirá la utilidad distribuida determinada en los términos del segundo párrafo de la fracción I de este artículo. El resultado será la utilidad distribuida gravable para los efectos de esta fracción. Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere el párrafo anterior no provenga de la cuenta de utilidad fiscal neta, las personas morales deberán determinar y enterar el impuesto que corresponda a dicha utilidad, aplicando a la misma la tasa prevista en el artículo 9 de esta Ley. Para estos efectos, el monto de la utilidad distribuida gravable deberá incluir el impuesto sobre la renta que le corresponda a la misma. Para determinar el impuesto que corresponde a dicha utilidad, se multiplicará la misma por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 9 de esta Ley. Cuando la utilidad distribuida gravable provenga de la mencionada cuenta de utilidad fiscal neta se estará a lo dispuesto en el tercero párrafo del artículo 10 de esta Ley y dicha utilidad se deberá disminuir del saldo de la mencionada cuenta. La utilidad que se determine conforme a esta fracción se considerará para reducciones de capital subsecuentes como aportación de capital en los términos de este artículo. El capital contable deberá actualizarse conforme a las Normas de Información Financiera, cuando la persona utilice dichos principios para integrar su contabilidad; en el caso contrario, el capital contable deberá actualizarse conforme a las reglas de carácter general que para el efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. Las personas morales a que se refiere este artículo, deberán enterar conjuntamente con el impuesto que, en su caso, haya correspondido a la utilidad o dividendo en los términos de la fracción I de este artículo, el monto del impuesto que determinen en los términos de la fracción II del mismo. Lo dispuesto en este artículo también será aplicable tratándose de liquidación de personas morales. En el caso de escisión de sociedades, no será aplicable lo dispuesto en este precepto, salvo lo señalado en el párrafo décimo del mismo, siempre que la suma del capital de la sociedad escindente, en el caso de que subsista, y de las sociedades escindidas, sea igual al que tenía la sociedad escindente y las acciones que se emitan como consecuencia de dichos actos sean canjeadas a los mismos accionistas y en la misma proporción accionaria que tenían en la sociedad escindente. Lo dispuesto en este artículo será aplicable tratándose de la compra de acciones, efectuada por la propia sociedad emisora con cargo a su capital social o a la reserva para adquisiciones de acciones propias. Dichas sociedades no considerarán utilidades distribuidas en los términos de este artículo, las compras de acciones propias que sumadas a las que hubiesen comprado previamente, no excedan del 5% de la totalidad de sus acciones liberadas, y siempre que se recoloquen dentro de un plazo máximo de un año, contado a partir del día de la compra. En el caso de que la adquisición de acciones propias a que se refiere este párrafo se haga con recursos que se obtengan a través de la emisión de obligaciones convertibles en acciones, el plazo será el de la emisión de dichas obligaciones. El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir reglas de carácter general que faciliten el cumplimiento de lo establecido en el presente párrafo. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de sociedades de inversión de renta variable por la compra de acciones que éstas efectúen a sus integrantes o accionistas Para los efectos del párrafo anterior, la utilidad distribuida será la cantidad que se obtenga de disminuir al monto que se pague por la adquisición de cada una de las acciones, el saldo de la cuenta de capital de aportación por acción, a la fecha en la que se compran las acciones, multiplicando el resultado por el número de acciones compradas. A la utilidad distribuida en los términos de este párrafo, se le podrá disminuir, en su caso, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de la sociedad emisora. El monto del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta y del saldo de la cuenta de capital de aportación, que se disminuyeron en los términos de este párrafo, se disminuirán de los saldos de las referidas cuentas que se tengan a la fecha de la compra de acciones por la propia sociedad emisora. Cuando la utilidad distribuida determinada conforme al párrafo anterior no provenga de la cuenta de utilidad fiscal neta, la sociedad emisora deberá determinar y enterar el impuesto que corresponda en los términos del tercer párrafo de la fracción II de este artículo. También se considera reducción de capital en los términos de este artículo, la adquisición que una sociedad realice de las acciones emitidas por otra sociedad que a su vez sea tenedora directa o indirecta de las acciones de la sociedad adquirente. En este caso, se considera que la sociedad emisora de las acciones que sean adquiridas es la que reduce su capital. Para estos efectos, el monto del reembolso será la cantidad que se pague por la adquisición de la acción. En el caso de escisión de sociedades, se considerará como reducción de capital la transmisión de activos monetarios a las sociedades que surjan con motivo de la escisión, cuando dicha transferencia origine que en las sociedades que surjan, los activos mencionados representen más del 51% de sus activos totales. Se considerará reducción de capital cuando con motivo de la escisión, la sociedad escindente, conserve activos monetarios que representen más del 51% de sus activos totales. Para efectos de este párrafo, se considera como reducción de capital un monto equivalente al valor de los activos monetarios que se transmiten. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de escisión de sociedades, que sean integrantes del sistema financiero en los términos del artículo 7 de esta Ley. El monto de la reducción de capital que se determine conforme a este párrafo, se considerará para reducciones posteriores como aportación de capital en los términos de este artículo, siempre y cuando no se realice reembolso alguno en el momento de la escisión. Para determinar el capital de aportación actualizado, las personas morales llevarán una cuenta de capital de aportación que se adicionará con las aportaciones de capital, las primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los socios o accionistas, y se disminuirá con las reducciones de capital que se efectúen. Para los efectos de este párrafo, no se incluirá como capital de aportación el correspondiente a la reinversión o capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que conforme el capital contable de la persona moral ni el proveniente de reinversiones de dividendos o utilidades en aumento de capital de las personas que los distribuyan realizadas dentro de los treinta días siguientes a su distribución. Los conceptos correspondientes a aumentos de capital mencionados en este párrafo, se adicionarán a la cuenta de capital de aportación en el momento en el que se paguen y los conceptos relativos a reducciones de capital se disminuirán de la citada cuenta en el momento en el que se pague el reembolso. El saldo de la cuenta prevista en el párrafo anterior que se tenga al día del cierre de cada ejercicio, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes de cierre del ejercicio de que se trate. Cuando se efectúen aportaciones o reducciones de capital, con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a esa fecha se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se pague la aportación o el reembolso, según corresponda. Cuando ocurra una fusión o una escisión de sociedades, el saldo de la cuenta de capital de aportación se deberá transmitir a las sociedades que surjan o que subsistan con motivo de dichos actos, según corresponda. En el caso de fusión de sociedades, no se tomará en consideración el saldo de la cuenta de capital de aportación de las sociedades fusionadas, en la proporción en la que las acciones de dichas sociedades que sean propiedad de las que subsistan al momento de la fusión, representen respecto del total de sus acciones. En el caso de escisión de sociedades, dicho saldo se dividirá entre la sociedad escindente y las sociedades escindidas, en la proporción en la que se divida el capital contable del estado de posición financiera aprobado por la asamblea de accionistas y que haya servido de base para realizar la escisión. En el caso de fusión, cuando subsista la sociedad tenedora de las acciones de la sociedad que desaparece, el saldo de la cuenta de capital de aportación de la sociedad que subsista será el monto que resulte de sumar al saldo de la cuenta de capital de aportación que la sociedad que subsista tenía antes de la fusión, el monto del saldo de la cuenta de capital de aportación que corresponda a otros accionistas de la sociedad que desaparezca en la misma fecha, distintos de la sociedad fusionante. Cuando la sociedad que subsista de la fusión sea la sociedad cuyas acciones fueron poseídas por una sociedad fusionada, el monto de la cuenta de capital de aportación de la sociedad que subsista será el que tenía la sociedad fusionada antes de la fusión, adicionado con el monto que resulte de multiplicar el saldo de la cuenta de capital de aportación que tenía la sociedad fusionante antes de la fusión, por la participación accionaria que tenían en dicha sociedad y en la misma fecha otros accionistas distintos de la sociedad fusionada. Cuando una persona moral hubiera aumentado su capital dentro de un periodo de dos años anterior a la fecha en la que se efectúe la reducción del mismo y ésta dé origen a la cancelación de acciones o a la disminución del valor de las acciones, dicha persona moral calculará la ganancia que hubiera correspondido a los tenedores de las mismas de haberlas enajenado, conforme al artículo 22 de esta Ley, considerando para estos efectos como ingreso obtenido por acción el reembolso por acción. Cuando la persona moral se fusione dentro del plazo de dos años antes referido y posteriormente la persona moral que subsista o surja con motivo de la fusión reduzca su capital dando origen a la cancelación de acciones o a la disminución del valor de las acciones, la sociedad referida calculará la ganancia que hubiera correspondido a los tenedores de las acciones de haberlas enajenado, conforme al artículo antes citado. En el caso de que esta ganancia resulte mayor que la utilidad distribuida determinada conforme a las fracciones I y II de este artículo, dicha ganancia se considerará como utilidad distribuida para los efectos de este precepto. Lo dispuesto en este artículo será aplicable, indistintamente, al reembolso, a la amortización o a la reducción de capital, independientemente de que haya o no cancelación de acciones. También será aplicable lo dispuesto en este artículo, a las asociaciones en participación cuando éstas efectúen reembolsos o reducciones de capital en favor de sus integrantes." El dispositivo invocado establece el mecanismo para determinar la utilidad distribuida que deberán observar las personas morales residentes en México que reduzcan su capital. Por otro lado, el artículo 102, estipula: "Artículo 102. Para los efectos de esta Sección, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les designe. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago. Cuando se perciban en cheque, se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entiende que es efectivamente percibido cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción I del artículo 101 de esta Ley, éstos se considerarán efectivamente percibidos en la fecha en que se convenga la condonación, la quita o la remisión, o en la que se consume la prescripción. En el caso de enajenación de bienes que se exporten se deberá acumular el ingreso cuando efectivamente se perciba. En el caso de que no se perciba el ingreso dentro de los doce meses siguientes a aquél en el que se realice la exportación, se deberá acumular el ingreso una vez transcurrido dicho plazo." El dispositivo recién transcrito establece que los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos y cuándo ocurre lo anterior, esto es, cuándo se consideran efectivamente percibidos. Por otra parte, el artículo 140, preveía: "Artículo 140. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos, los percibidos por dividendos o utilidades. Dichas personas físicas podrán acreditar, contra el impuesto que se determine en su declaración anual, el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades, siempre que quien efectúe el acreditamiento a que se refiere este párrafo considere como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad correspondiente al dividendo o utilidad percibido y además cuenten con la constancia y el comprobante fiscal a que se refiere la fracción XI del artículo 76 de esta Ley. Para estos efectos, el impuesto pagado por la sociedad se determinará aplicando la tasa del artículo 9 de esta Ley, al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad percibido por el factor de 1.4286. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales residentes en México. Estas últimas, estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan dichos dividendos o utilidades, y lo enterarán conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponda. El pago realizado conforme a este párrafo será definitivo. En los supuestos a que se refiere la fracción III de este artículo, el impuesto que retenga la persona moral se enterará a más tardar en la fecha en que se presente o debió presentarse la declaración del ejercicio correspondiente. Se entiende que el ingreso lo percibe el propietario del título valor y, en el caso de partes sociales, la persona que aparezca como titular de las mismas. Para los efectos de este artículo, también se consideran dividendos o utilidades distribuidos, los siguientes: I. Los intereses a que se refieren los artículos 85 y 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las participaciones en la utilidad que se paguen a favor de obligacionistas u otros, por sociedades mercantiles residentes en México o por sociedades nacionales de crédito. II. Los préstamos a los socios o accionistas, a excepción de aquéllos que reúnan los siguientes requisitos: a) Que sean consecuencia normal de las operaciones de la persona moral. b) Que se pacte a plazo menor de un año. c) Que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos de la Federación para la prórroga de créditos fiscales. d) Que efectivamente se cumplan estas condiciones pactadas. III. Las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta Ley y beneficien a los accionistas de personas morales. IV. Las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas. V. La utilidad fiscal determinada, inclusive presuntivamente, por las autoridades fiscales. VI. La modificación a la utilidad fiscal derivada de la determinación de los ingresos acumulables y de las deducciones, autorizadas en operaciones celebradas entre partes relacionadas, hecha por dichas autoridades. El dispositivo en cita prevé la acumulación de ingresos de las personas físicas en los términos ahí indicados. Finalmente, los artículos primero y segundo transitorios establecían: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014. Segundo. A la entrada en vigor del presente Decreto quedarán abrogadas la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002; la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo." Como se ve, en los dispositivos transitorios se indicó la fecha en que el decreto entraría en vigor y la abrogación de las normas previas. Luego, del contenido de los dispositivos recién transcritos, se advierte una pluralidad de regulaciones para los sujetos obligados del impuesto sobre la renta. Así, se prevé que las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades, deberán calcular el impuesto que les corresponda y la forma en que habrá determinarse el impuesto que deberá adicionarse a dichos dividendos o utilidades, al igual que prevé quiénes no se encontrarán obligados al pago del impuesto que ahí se regula y las acreditaciones permitidas. Se contempla la obligación de las y los contribuyentes del impuesto de efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del ejercicio, a más tardar el día diecisiete del mes inmediato posterior a aquel en que corresponda el pago y las bases para su cálculo, teniendo en consideración el coeficiente de utilidad fiscal; cuáles son los ingresos nominales y la forma de actuar tratándose de contribuyentes que inicien operaciones con motivo de una fusión y de contribuyentes que inicien operaciones con motivo de una escisión de sociedades. Igualmente se indica la forma en que habrán de determinarse los pagos provisionales, estableciendo reglas tratándose de contribuyentes con ingresos cuya fuente de riqueza esté ubicada en el extranjero así como que las y los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspondan dichos pagos, podrán, a partir del segundo semestre del ejercicio, solicitar autorización para disminuir el monto de los que les correspondan. Se regula cuándo se habrá de considerar que se obtienen ingresos en los casos no previstos en el artículo 16, de la propia norma, tratándose de enajenación de bienes o prestación de servicios, así como respecto del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Asimismo, se establece la posibilidad para las y los contribuyentes del impuesto sobre la renta, de deducir las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo y se prohíbe la deducción de los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros y los de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme a las disposiciones relativas; de los pagos que a su vez sean ingresos exentos para la persona trabajadora, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 (cero punto cincuenta y tres) al monto de dichos pagos, precisándose que el factor será del 0.47 (cero punto cuarenta y siete) cuando las prestaciones otorgadas por las y los contribuyentes a favor de sus personas trabajadoras que a su vez sean ingresos exentos para dichas personas trabajadoras, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Asimismo se establece que los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del capítulo I del título IV, de la ley, se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de remuneración, las retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal independiente, consten en comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación y se cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 99, fracciones I, II, III y V de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta, así como las disposiciones que, en su caso, regulen el subsidio para el empleo y las personas contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a las y los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando estén obligadas a ello, en los términos de las leyes de seguridad social. Asimismo, se regula la determinación del costo de lo vendido, precisándose las reglas a observar tratándose de contribuyentes que realicen actividades comerciales que consistan en la adquisición y enajenación de mercancías, así como de aquellas personas contribuyentes que realicen actividades distintas a las anteriores. Por otra parte, se impone a las personas morales la obligación de hacer los pagos por concepto de dividendos o utilidades a personas físicas o morales, a efectuar dichas erogaciones con cheque nominativo no negociable del contribuyente expedido a nombre del accionista o a través de transferencias de fondos reguladas por el Banco de México a la cuenta de dicho accionista; así como a proporcionar a las personas a quienes les efectúen pagos por los conceptos a que se refiere dicha fracción, el comprobante fiscal que deberá cumplir con los extremos que ahí se detallan. Se establece el mecanismo para determinar la utilidad distribuida que deberán observar las personas morales residentes en México, que reduzcan su capital. Asimismo, dispone que los ingresos se considerarán acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos y cuándo ocurre lo anterior, esto es, cuándo se consideran efectivamente percibidos, se regula la acumulación de ingresos de las personas físicas. En ese orden de ideas, ciertamente las disposiciones reclamadas resultarían de naturaleza heteroaplicativa, se insiste, porque regulan pluralidad de situaciones tanto de personas físicas como de morales obligadas al pago del impuesto sobre la renta, advirtiéndose además que no guardan una relación intrínseca a fin de considerar que se trate de un sistema normativo complejo, se insiste, porque se trata de disposiciones que imponen obligaciones diversas a personas físicas y morales y además son aplicables en diversas hipótesis, como por ejemplo, que deba presentarse declaración provisional por la obtención de ingresos por la prestación de servicios o por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes; la reducción de capital social; la acumulación anual de ingresos, entre otros. Luego, a fin de que la accionante se encontrara en aptitud de instar el juicio de amparo indirecto de origen, resultaba necesario haber acreditado que se ubicaba en cada una de las hipótesis normativas reguladas en las disposiciones reclamadas, lo que en el caso no ocurrió. En efecto, del análisis de las constancias que integran el expediente de origen, se conoce que la parte quejosa ofreció como pruebas de su intención las siguientes: Instrumento notarial dieciséis mil cuatrocientos treinta y tres, que contiene el acto de constitución de la sociedad quejosa; Cédula de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de la accionante; Tarjeta de identificación patronal expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social a nombre de la accionante; Acuse de recibo de la declaración anual de la promovente correspondiente al ejercicio fiscal dos mil doce; Acuse de recibo de la declaración provisional del impuesto sobre la renta, del mes de febrero de dos mil catorce; Prueba pericial contable. Instrumental pública de actuaciones. Presuncional legal y humana. La prueba indicada en el numeral 1, acredita únicamente la constitución de la sociedad quejosa, su objeto, capital social, domicilio, forma de administración, derechos de los socios y su representación legal (carpeta plástica y copia certificada). Por otra parte, la cédula de identificación fiscal (foja 30 del expediente de origen), evidencia la inscripción de la sociedad en dicho registro; su régimen de tributación y las obligaciones a que se encuentra afecta y como fecha de inicio de operaciones el once de octubre de dos mil trece. La tarjeta de identificación patronal, evidencia el número de registro como patrón de la persona moral quejosa (carpeta plástica y copia, fojas 31 y 32 ídem). Ahora, por lo que ve al acuse de recibo de declaración anual y la propia declaración, evidencia el cumplimiento de obligaciones fiscales relativas al ejercicio fiscal de dos mil doce. Por otra parte, el acuse de recibo de la declaración provisional o definitiva de impuestos federales (foja 42 del expediente de origen), de la que se obtiene que si bien, la inconforme evidenció haber presentado una declaración provisional por tal impuesto, relativa al mes de enero de dos mil catorce, cierto es que tal documental resultaría insuficiente para evidenciar que la persona moral quejosa, se ubicó en todos y cada uno de los supuestos normados en los dispositivos reclamados, ya que de su contenido se advierte que declaró en ceros (0) los apartados relativos a: *Impuesto sobre la renta de personas morales. *Impuesto sobre la renta por retenciones por salarios. En efecto, la declaración exhibida acredita únicamente que la inconforme dio cumplimiento a la obligación a la que se encuentra afecta como contribuyente del impuesto sobre la renta, empero, no evidencia que hubiera distribuido dividendos o utilidades; que efectuó el cálculo de lo declarado teniendo en consideración el coeficiente de utilidad fiscal; que se trataba de una persona moral que inició operaciones con motivo de una fusión o de una escisión de sociedades; que cuenta con ingresos provenientes de una fuente de riqueza ubicada en el extranjero; que solicitó autorización para disminuir el monto del pago en atención al coeficiente de utilidad fiscal considerado. Tampoco se advierte que se trate del sistema de costo de lo vendido; ni que sea la contribuyente una persona moral que haya efectuado deducciones en términos de lo permitido en la legislación impugnada; o que hubiera efectuado pagos por concepto de dividendos o utilidades a personas físicas o morales; ni que haya reducido su capital para determinar la utilidad distribuida; ni que esté declarando ingresos acumulables. Tampoco se observa que la parte quejosa haya deducido las cuotas a su cargo pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo ni que hubiera efectuado alguna deducción de los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros y los de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme a las disposiciones relativas; de los pagos que a su vez sean ingresos exentos para la persona trabajadora, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 (cero punto cincuenta y tres) al monto de dichos pagos, precisándose que el factor será del 0.47 (cero punto cuarenta y siete) cuando las prestaciones otorgadas por las y los contribuyentes a favor de sus personas trabajadoras que a su vez sean ingresos exentos para dichas personas trabajadoras, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior y que le hubiera sido rechazada. Por otra parte, no se advierte que la accionante se encuentre declarando ingresos por enajenación de bienes o prestación de servicios, o se trate del otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, se insiste, porque la declaración, en el apartado relativo al impuesto sobre la renta fue presentada en cero (o). Ahora, en autos obran agregados los dictámenes periciales rendidos por el perito de la parte quejosa y el oficial designado por el juzgador del conocimiento. En ese sentido, destaca que la perita de la quejosa (fojas 352 a 380 de autos del juicio de origen), refirió en términos generales que es persona obligada al pago del impuesto sobre la renta y si bien refirió que sí ha sufrido afectación o perjuicio a su esfera económica, precisó que ".la declaración provisional del mes de enero de dos mil catorce mencionado con antelación, así como el pago generado por el mismo, se calculó utilizando el coeficiente de utilidad derivado del ejercicio fiscal correspondiente del año dos mil doce, además que dicho pago provisional de enero de dos mil catorce es a cuenta de la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil catorce, por lo que el menoscabo al patrimonio de la moral quejosa, de igual forma se verá reflejado en dicha declaración anual." Sin embargo, como se precisó con anterioridad, la inconforme, al presentar la declaración provisional correspondiente al mes de enero de dos mil catorce, sólo manifestó el cumplimiento de la obligación, pero declaró los rubros correspondientes en ceros (0). Frente a ello, se advierte que la perita oficial designada, al rendir el informe que se le solicitó (fojas 394 a 423 del juicio de origen), manifestó que efectivamente la quejosa es sujeto obligado del impuesto sobre la renta, empero, también refirió (foja 423 ídem): "(.) La quejosa 'COLEGIO ALMA MATER SOCIEDAD CIVIL' No ha sufrido perjuicio en su esfera económica en la determinación de la base o en el Acreditamiento del pago del Impuesto sobre la Renta para el correspondiente a enero de dos mil catorce, ya que dicho pago fue realizado en ceros, aunado al hecho que no existe coeficiente de utilidad en la declaración anual de 2012, ya que esta fue presentada en ceros, por tanto a la fecha del presente dictamen nos e observa ningún perjuicio en la esfera económica de la hoy quejosa." Posteriormente, la citada perita oficial formuló una ampliación del dictamen en el que efectuó la siguiente conclusión (fojas 495 a 498 ibídem): "PRIMERA. Toda vez que no se localizó en el expediente el papel de trabajo que sirvió de base para determinar la declaración de enero de 2014, aunado a que este se realizó en ceros, nos e puede aseverar de manera fehaciente que los pagos que efectuó la sociedad quejosa a sus trabajadores en el mes de enero de 2014, que a su vez fueron ingresos exentos para éstos últimos para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se dedujeron para determinar la utilidad fiscal del pago provisional del impuesto sobre la renta de la sociedad quejosa correspondiente al mes de enero de 2014 en los términos del artículo 14 de la ley respectiva, lo que es eh (sic) hecho es que en su caso, estos pagos se deducirán en la declaración anual para efectos del impuesto sobre la renta que se presente por dicho ejercicio." Luego, valoradas las pruebas a las que se ha hecho alusión, ni de manera aislada ni concatenadas entre sí, resultarían aptas para evidenciar que efectivamente la quejosa acreditó la existencia del acto de aplicación de las disposiciones reclamadas, que trascendió en su esfera jurídica y le permitía instar la acción constitucional. En esa medida, cierto es que la moral quejosa no habría evidenciado la existencia del acto de aplicación de las disposiciones generales impugnadas, que hubiera irrogado un perjuicio real y efectivo en su esfera jurídica, ya que las documentales de que se habla, no se vincularon con algún otro elemento probatorio que acreditara que le fueron aplicadas la pluralidad de hipótesis normativas previstas en las disposiciones generales reclamadas. En esas condiciones, al advertirse la posible actualización de la hipótesis derivada de los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de dicho ordenamiento, resultaría procedente revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio, respecto de los actos reclamados al Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, así como respecto de diversas autoridades que participaron en el proceso legislativo que derivó en la emisión del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, particularmente en relación con los artículos ".14, 17, fracción I, inciso a) y b), II, 39 último párrafo, 10, 76, fracción XI, 78, 140, 27, fracción V, segundo párrafo, 105, primer y último párrafo, 28, fracción XXX, 25, fracción VI y 28, fracción I, Primero Transitorio, y Segundo Transitorio.", de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por tanto, dado que dicha causal de improcedencia en los términos precisados fue advertida por el pleno de este órgano de control constitucional en sesión ordinaria de trece de julio de dos mil veintitrés, lo procedente es devolver los autos a la secretaría de acuerdos de este tribunal, a fin de que en términos de lo dispuesto en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y dada la trascendencia de la determinación que en su momento pueda tomar el tribunal en pleno, se dé vista a la parte quejosa con la decisión adoptada para que, previa notificación en la forma procedente, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la posible actualización de la causal de improcedencia, por los motivos expuestos por este órgano colegiado en dicha sesión. Lo anterior, en acatamiento a lo ordenado por la jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número P./J.4/2015 (10a.) en la página 6 del tomo I del Libro 17 correspondiente al mes de abril de dos mil quince, de la décima época del Semanario Judicial de la Federación; cuyo rubro es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, CUANDO SE ADVIERTE DE OFICIO UNA CAUSAL DISTINTA A LA EXAMINADA POR EL JUEZ DE DISTRITO." 2. De lo anterior, se desprende que, en sesión ordinaria virtual celebrada el trece de julio de dos mil veintitrés, el Pleno de este Órgano Colegiado advirtió de oficio, que podría actualizarse una causal de improcedencia por los motivos antes expuestos; en consecuencia, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 64, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifiesten lo que a su derecho convenga respecto de la causal de improcedencia advertida. 3. Ahora bien, dado que el domicilio, para oír y recibir notificaciones, que señaló la parte quejosa en el presente asunto se encuentra fuera de la residencia de este tribunal colegiado. Y, a efecto de brindar una justicia pronta y expedita, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo, prevé atribuciones a favor de las y los juzgadores, con el fin de dar cumplimiento a esas prerrogativas. Tal es el caso de las notificaciones que deben realizarse en lugar distinto, al en que se encuentra la sede del órgano jurisdiccional que tiene conocimiento del asunto, pues, tratándose de las y los particulares (parte quejosa, tercera interesada y particulares señalados como autoridades responsables), el artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia, prevé que la diligencia se realizará por despacho. Bajo esos términos, a efecto de evitar dilaciones y lograr la eficacia de las notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, 138, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo, además, en los artículos 79, 80, 81 y 82 del Acuerdo general 12/2020 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, gírese atento y comedido despacho número 95/2013 mediante el módulo de Interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, remitiéndole para tal efecto el documento digital con la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas del suscrito magistrado presidente y del secretario de acuerdos con quien se actúa, como lo establece el artículo 6 del Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas y, además, por así haberse comunicado en la circular SECNO/3/2017, de veintisiete de agosto de dos mil diecisiete, emitida por el secretario ejecutivo de creación de nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal; solicitando al juez mencionado realice las diligencias que considere necesarias para cumplir lo encomendado en términos del citado código adjetivo federal; la notificación motivo del despacho deberá realizarse: A la parte quejosa: Colegio Alma Mater, S.C., en el domicilio ubicado en calle Fernando Moreno, número 501, interior 102, colonia Barrio San Sebastián, código postal 50090, Toluca, Estado de México, por conducto de quien legalmente la represente. Lo anterior, para que en auxilio de las labores de este tribunal colegiado se sirva ordenar a quien corresponda lleve al cabo la notificación, en forma personal, del presente proveído a la citada parte. Solicitándole atentamente a ese juzgado, en términos del Acuerdo general 12/2020 antes referido, devuelva esta comunicación oficial en esa vía.

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