Cofe Tu Asesor Integral, S.C.
Expediente 858/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 44 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 858/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 07/09/2023
Partes del expediente
- Cofe Tu Asesor Integral, S.C.
- Agente del Ministerio Publico Titular de la Unidad Especializada En Delitos Patrimoniales del Fuero Comun de Tijuana
- Agente del Ministerio Publico de la Federacion Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************Quejoso solicita devolución de documentos. ********************Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por Enrique Suarez García, apoderado legal de la moral quejosa Cofe Tu Asesor Integral, Sociedad Civil, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que exhibió en el juicio y con los que acreditó la personalidad con que se ostentó; a lo anterior, deberá estarse a lo acordado en proveído de treinta de agosto del presente año, donde se ordenó dicha devolución. ****************************************Notifíquese.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO SE HACE CONSTAR QUE LA PARTE QUEJOSA COFE TU ASESOR INTEGRAL SOCIEDAD CIVIL, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE SUÁREZ GARCÍA, NO ACUDIÓ A DARSE POR NOTIFICADA DEL ACUERDO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS; Y TODA VEZ QUE HAN TRANSCURRIDO LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL QUE SE FIJÓ EL AVISO CORRESPONDIENTE; POR LO QUE SE HACE LA NOTIFICACIÓN A LA CITADA PARTE DE DICHO AUTO, POR MEDIO DE LISTA, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tijuana, Baja California, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obren en autos los acuses de recibo de los oficios 14903, 14904 y 14905 girados a las autoridades responsables con sede en Mexicali, Baja California, toda vez que al haberse decretado el sobreseimiento del juicio de amparo, no les causa ningún perjuicio que las legitime para interponer recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por el numeral 87 de la ley de la materia. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, hágase la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción I del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto; realícese la anotación administrativa conducente. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de documentos y USB. En atención a la certificación de cuenta, se obtiene que la parte quejosa allegó diversas documentales, entre ellas con las que acreditó su personalidad en el juicio y una memoria en formato USB, mismas que se consideran innecesarias conservar, debido a que el presente asunto se encuentra totalmente concluido; por tanto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase la devolución a la parte quejosa de los documentos originales que presentó en el juicio y de la memoria USB; en consecuencia, requiérasele para que en el plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger dichos documentos y la memoria USB, apercibida que en caso de no hacerlo, los mismos serán destruidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del citado Acuerdo General. Devolución de un tomo de pruebas. Finalmente, hágase la devolución de un tomo de pruebas a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Tijuana, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales de esta ciudad. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obren en autos los acuses de recibo de los oficios 14903, 14904 y 14905 girados a las autoridades responsables con sede en Mexicali, Baja California, toda vez que al haberse decretado el sobreseimiento del juicio de amparo, no les causa ningún perjuicio que las legitime para interponer recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por el numeral 87 de la ley de la materia. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, hágase la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción I del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto; realícese la anotación administrativa conducente. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de documentos y USB. En atención a la certificación de cuenta, se obtiene que la parte quejosa allegó diversas documentales, entre ellas con las que acreditó su personalidad en el juicio y una memoria en formato USB, mismas que se consideran innecesarias conservar, debido a que el presente asunto se encuentra totalmente concluido; por tanto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase la devolución a la parte quejosa de los documentos originales que presentó en el juicio y de la memoria USB; en consecuencia, requiérasele para que en el plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger dichos documentos y la memoria USB, apercibida que en caso de no hacerlo, los mismos serán destruidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del citado Acuerdo General. Devolución de un tomo de pruebas. Finalmente, hágase la devolución de un tomo de pruebas a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Tijuana, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales de esta ciudad. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Certificación de relación de constancias. Asimismo, la secretaria certifica que se dio lectura de las constancias que obran en el presente expediente. Por otra parte, la Secretaria certifica: Que con fundamento en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que las promociones y determinaciones que se encuentran glosadas a este expediente físico -al día de hoy- se encuentran digitalizadas e integradas al expediente electrónico y estos son coincidentes entre sí. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, el secretario encargado del despacho tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1345, Décima Época, registro 2017786, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE 'ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS', BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE." Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y la secretaria hace constar que se ofrecieron las siguientes pruebas: Parte Prueba Páginas Admisión y desahogo. Quejosa. Documentales. 14 a 40 23 de julio de 2019 [foja 45] 384-385 6 de septiembre de 2021, (foja 386) 447-451 17 de mayo de 2023 (fojas 548-550) Gobernador Constitucional en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Documentales 361-362 28 de julio de 2021. (foja 363) Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Documentales 128 a 133 11 de septiembre de 2019 (fojas 134-135) 139 a 144 12 de septiembre de 2019 (foja 145) Agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales. Documentales 87 y 88 15 de agosto de 2019. (foja 90) I tomo (sobre cerrado) 95 22 de agosto de 2019 (fojas 96-97) 378 6 de agosto de 2021 (foja 380) Asimismo, la secretaria hace constar que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, en su momento procesal oportuno tómense en consideración las probanzas relatadas y al no tener pruebas que acordar ni pendientes de desahogo, el secretario encargado del despacho da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que únicamente la parte quejosa hizo uso de ese derecho, mientras que las partes restantes no los formularon. Acuerdo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la referida parte formulando alegatos de su intención y por lo que hace a las partes restantes, se les tiene por precluido su derecho para formularlos y se da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda.VISTOS, los autos del expediente número 858/2019-V, a fin de resolver en sentencia lo relativo al juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su representante legal, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales del Fuero Común del municipio de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, en la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, COFE Tu Asesor Integral, Sociedad Civil, por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos señalados en la demanda de amparo, en los siguientes términos: "III. Autoridades Responsables: H. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DEL FUERO COMÚN DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, con residencia oficial y conocida en esta Ciudad de Tijuana, Baja California. H. TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con residencia oficial y conocida en la Ciudad de Mexicali, Baja California. H. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con residencia oficial y conocida en la Ciudad de Mexicali, Baja California. H. CONGRESO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con residencia oficial y conocida en la Ciudad de Mexicali, Baja California." "IV. ACTOS RECLAMADOS: Del H. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DEL FUERO COMÚN DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, en su carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, la falta de celeridad, es decir, la violación al principio de expeditez, es decir, de justicia pronta prevista en el artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales al dejar de ser exhaustivos en agotar todas las diligencias necesarias para terminar de integrar la carpeta de investigación con número de caso único 0204-2016-06354 a su cargo para judicializar el mismo. Del H. TITULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, en su carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, la omisión girar la orden de proveer de los recursos materiales y humanos necesarios tendientes a que H. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DEL FUERO COMÚN DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, en cumplimiento al principio jurídico de justicia pronta prevista en el artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales agote todas las diligencias necesarias para terminar de integrar la carpeta de investigación con numero de caso único 0204-2016-06354 y judicializar el mismo. Así como la omisión de dar una respuesta pronta a mi petición hecha de forma escrita y respetuosa de fecha 5 de marzo del año 2019, violándose así el derecho de petición para con mi representada. Del H. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, en su carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, la omisión girar la orden de proveer de los recursos materiales y humanos necesarios tendientes a que H. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DEL FUERO COMÚN DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA en cumplimiento al principio jurídico de justicia pronta prevista en el artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales agote todas las diligencias necesarias para terminar de integrar la carpeta de investigación con número de caso único 0204-2016-06354 y judicializar el mismo. Así como la omisión de dar una respuesta pronta a mi petición hecha en forma escrita y respetuosa de fecha 5 de marzo del año 2019, violándose así el derecho de petición con mi representada. Del H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, en su carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, la omisión girar orden de proveer de los recursos materiales y humanos necesarios tendientes a que H. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DEL FUERO COMÚN DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA en cumplimiento al principio jurídico de justicia pronta prevista en el artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales agote todas las diligencias necesarias para terminar de integrar la carpeta de investigación con número de caso único 0204-2016-06354 y judicializar el mismo. Así como la omisión de dar una respuesta pronta a mi petición hecha y respetuosa de fecha 5 de marzo del año 2019, violándose así el derecho de petición con mi representada." De igual modo dentro del apartado titulado "V. FECHA EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO RECLAMADO:" la quejosa señaló: "Bajo protesta de decir verdad desde el 5 de marzo del año 2019; 2 de abril del año 2019, en que ejercí nuestro derecho de solicitar la conclusión de la integración de la carpeta de investigación y judicializar la misma así como nuestro derecho de petición ante las H. Autoridades Responsables y se han negado a darnos una respuesta." A su vez en el apartado de "ANTECEDENTES", precisó: "CUARTO.- A pesar de lo anterior, con fecha 2 de abril del año en curso, solicité al H. Agente del Ministerio Público del Fuero Común encargado de integrar la carpeta de investigación con número de caso único 0204-2016-06354, tener a bien concluir la investigación y judicializar dicha investigación, sin que a la fecha se haya realizado a pesar de llevar ya tres años en evidente violación al artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con relación a los derechos humanos de la Quejosa." SEGUNDO. Trámite del juicio. El veintitrés de julio de dos mil diecinueve, se registró la demanda de amparo con número 858/2019, se admitió; se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables. Ampliación de demanda. Por acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con el fin de que, de ser su intención, ampliara su demanda de amparo con relación al informe justificado rendido por la autoridad responsable Congreso del Estado de Baja California. Por tal motivo, mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil veinte, la parte quejosa amplió su demanda respecto a un nuevo acto reclamado al Congreso Local en el Estado de Baja california, en los términos siguientes: "ACTO RECLAMADO: Consistente en la omisión de realizar todos y cada uno de los estudios necesarios consistentes en determinar cuántos Agentes del Ministerio Público del Fuero Común deben de existir para atender la demanda de las denuncias penales que de oficio o a petición de parte, se van gestando año tras año, para si con plena certeza destinar el presupuesto necesario para contar con el número de Agentes del Ministerio Público del Fuero Común y Policías Ministeriales, y demás herramientas de trabajo, necesarios que permita realizar una labor de investigación y persecución de delitos de forma pronta y expedita, pues la carga de trabajo que tiene el Agente del Ministerio Público del Fuero Común que está atendiendo la investigación, se retrasa al estar impedido humanamente a ser más expedito en integrar la investigación por la carencia de más agentes investigadores y policías, personal auxiliar, ya que tiene que atender más de mil carpetas de investigación, acudir a las audiencias, rendir informes en los amparos, por lo que mientras se siga sin contar con más Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, aun dividiéndose esa carga de trabajo, dichos Agentes son insuficientes, y para ello se tiene que tener estudios recursos humanos y técnicos que denoten y prueban cuantas carpetas de investigación pueden estar a cargo por persona; lo cual se ha omitido realizar por parte de la H. Autoridad Responsable al igual que determinar y autorizar el presupuesto que permita cumplir con una debida, pronta y expeditez de procuración de justicia." Consecuentemente, el veintidós de enero de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo por lo que hace al capítulo de actos reclamados. TERCERO. Reposición del procedimiento. El diecisiete de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo. Inconforme con esa resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali dentro del amparo en revisión administrativo 453/2022, quien determinó revocar la sentencia impugnada y reponer el procedimiento. Por tal motivo, en acatamiento a lo ordenado, se previno a la parte quejosa en los términos indicados por el tribunal de alzada. Es decir, para que aclarara o precisara cuáles eran los recursos materiales y humanos que, ante su falta, afectaban la integración de la carpeta de investigación 0204-2016-06354. Asimismo, se proveyó respecto al medio de prueba ofertado por la parte quejosa con posterioridad a la audiencia constitucional celebrada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Con base en lo expuesto, mediante escrito registrado con folio 7246 la parte quejosa desahogó la prevención en los términos siguientes: "2.- con relación a aclarar o precisar cuáles son los recursos materiales y humanos a qué me refiero que hacen falta y que afectan en el caso la integración de la carpeta de investigación de referencia serían los siguientes: De los materiales: 1.- Sistema de cómputo; 2.- Un vehículo automotor que le permita estarse desplazando a su oficina, al juzgado, a los lugares y domicilios en lo que se encuentren los indicios y/o testigos a entrevistar, y desde luego gasolina. 4.- Un celular o una Tablet con servicio de internet móvil para que pueda estar debidamente comunicado, que le sirva para tomar fotografías, que esté cargado de la legislación necesaria y datos de investigación a la inmediatez respecto de sus disposición; 5.- Una agenda que le permita llevar un control de sus citas para atender a las víctimas, las audiencias. De los Humanos: 1. Una asistente o auxiliar, que le permita estar haciendo trabajos de oficina, como ordenar los expedientes, sacar copias, interponer los diversos oficios para judicializar, informar cuando son amparos, llevar una agenda, toma de fotografías, de forma tal que el Fiscal pueda estar de lleno en la integración de la carpeta de investigación. 2.- Agentes y/o policías de investigación que le auxilien a investigar todos los indicios, realizar entrevistas, para lo cual se le deba de proporcionar a dicho agente de investigación las herramientas para ello, como es cámara fotográfica o de video, teléfono celular con internet, un arma para su defensa personal. Para poder determinar la medida de las necesidades materiales y humanas aludidas, se debe tener claro y preciso: a) Humanamente cuantas carpetas de investigación deben de llevar por Fiscal, y se determine de acuerdo al delito de que se trate el tiempo máximo en que se debe integrar dicha carpeta de investigación para cumplir con la expedites de la procuración de Justicia, y evitar que el transcurso del tiempo vaya afectando la memoria de los testigos y la perdida de los indicios y/o vestigios de los daños causado (sic) por la comisión del delito. b) En respeto a los derechos humanos del Fiscal, cuantas horas de trabajo debe desempeñar y cuantas debe de descansar [.]." En consecuencia, el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se requirió informe justificado al Fiscal General del Estado de Baja California, con sede en Mexicali y posteriormente se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Justificación Lo anterior, en razón de que si bien se reclaman diversas omisiones, lo cierto es que sus consecuencias jurídicas tienen ejecución en esta ciudad, lo que actualiza la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda, su ampliación y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la justicia federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Agencia Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad. La omisión de integrar la carpeta de investigación con número único de caso 0204-2016-06354 y solicitar su judicialización. La falta de respuesta a la petición formulada por escrito el dos de abril de dos mil diecinueve. Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California. Ahora Fiscal General del Estado de Baja California, Mexicali. La omisión de girar órdenes para proveer de recursos materiales y humanos tendentes a que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Agencia Especializada en Delitos Patrimoniales, agote todas las diligencias necesarias para integrar la carpeta de investigación con número único de caso 0204-2016-06354 y solicite su judicialización. La falta de respuesta a la petición formulada por escrito el cinco de marzo de dos mil diecinueve. Gobernador Constitucional en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California. La omisión de girar órdenes para proveer de recursos materiales y humanos tendentes a que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Agencia Especializada en Delitos Patrimoniales, agote todas las diligencias necesarias para integrar la carpeta de investigación con número único de caso 0204-2016-06354 y solicite su judicialización. La falta de respuesta a la petición formulada por escrito el cinco de marzo de dos mil diecinueve. Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California. La omisión de girar órdenes para proveer de recursos materiales y humanos tendentes a que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Agencia Especializada en Delitos Patrimoniales, agote todas las diligencias necesarias para integrar la carpeta de investigación con número único de caso 0204-2016-06354 y solicite su judicialización. La falta de respuesta a la petición formulada por escrito el cinco de marzo de dos mil diecinueve. La omisión de realizar todos y cada uno de los estudios necesarios para determinar cuántos Agentes del Ministerio del Fuero Común deben de existir para atender la demanda de denuncias penales se van gestando cada año y con base en ello destinar el presupuesto necesario para contar con el número de agentes del ministerio público, policía ministeriales y demás herramientas de trabajo que permitan una labor de investigación y persecución de los delitos, pronta y expedita. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. Estudio de inexistencia de omisiones al analizar certeza de los actos. En este asunto se reclaman diversos actos atribuidos a múltiples autoridades responsables; por ende, a efecto de dar claridad sobre cuáles de ellos resultan ciertos se realizará su análisis en diversos apartados de este considerando. Así, resulta conveniente precisar que para determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, debe atenderse a lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018. La segunda sala analizó con base en el estudio de los precedentes sostenidos por los tribunales colegiados contendientes, si resultaba factible o no que los jueces de distrito, ante el reclamo de actos de omisión, podían analizar en el apartado de existencia de la sentencia si la autoridad responsable tenía o no el deber o aptitud de actuar, o si este aspecto era propio del fondo (negativa del amparo). Lo anterior, toda vez que por un lado un tribunal colegiado tomó la postura de estimar que analizar las condiciones del procedimiento de origen y las obligaciones de las autoridades responsables no era un elemento a estudiar para determinar la existencia o inexistencia de la omisión reclamada, al ser una cuestión de fondo; mientras que el diverso órgano jurisdiccional, al revisar el sobreseimiento, estimó correcta la determinación del juez de distrito sobre la inexistencia de la omisión, y al confirmar el sobreseimiento, incorporó el estudio de la aptitud e, incluso, de las atribuciones de la responsable. En ese sentido, la aludida sala estableció que en el caso de una omisión, no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica es que: a) Sí actuaron; o, b) No actuaron porque no estaban en condiciones de hacerlo. Por tanto, los ministros razonaron que justamente en la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, es dónde deben revisarse las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen, al ser el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Con base en lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que en el caso en que los actos reclamados sean omisiones, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. Así, se concluyó que la existencia o inexistencia de la omisión reclamada constituye un elemento cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa. Establecido lo anterior, se procede a analizar la certeza o no de las omisiones reclamadas en los términos siguientes. I. Inexistencia de la omisión de dar respuesta a la petición formulada el cinco de marzo de dos mil diecinueve. En primer término, se considera que no es cierta la omisión de dar respuesta a la petición formulada por escrito el cinco de marzo de dos mil diecinueve, reclamada al Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Lo anterior, dado que así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea para desvirtuar su negativa. En ese sentido, la inexistencia se corrobora con las documentales que la responsable adjuntó a su informe justificado, de las que se desprende que el dos de abril de dos mil diecinueve -esto es, previo a la presentación de la demanda de amparo- el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, dio respuesta a la solicitud presentada por la parte quejosa. Además, la contestación recaída fue colocada en los cristales de la puerta principal de entrada al edificio sede del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en razón de que el promovente no señaló domicilio procesal ni diverso medio de contacto para oír y recibir notificaciones. Ello, como se corrobora con las documentales que remitió el congreso responsable, las cuales adquieren pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, por tratarse de actuaciones emitidas por funcionarios en el ejercicio de sus funciones. De ahí que, si la demanda de amparo fue presentada el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, para entonces, la autoridad responsable en cita ya había atendido la petición de la parte quejosa, lo que hizo de su conocimiento en la cédula que fijó en los estrados; por ende, el acto que le reclamó en este juicio, en los términos planteados no existía. Decisión. En consecuencia, se sobreseerse en el presente juicio de amparo con relación a dicha autoridad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. II. Omisiones de girar órdenes y realizar estudios. En diverso aspecto, como se indicó, la parte quejosa reclama del Gobernador, Congreso y Fiscal General todos del Estado de Baja California, el siguiente acto reclamado: La omisión de girar órdenes para proveer de los recursos materiales y humanos tendentes a que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Delitos Patrimoniales, agote todas las diligencias necesarias para integrar la carpeta de investigación con número único de caso 0204-2016-06354 y solicite su judicialización. Además, de lo anterior, también se reclama al Congreso del Estado de Baja California, el acto reclamado identificado como: La omisión de realizar todos y cada uno de los estudios necesarios para determinar cuántos agentes del ministerio público del orden común deben existir para atender la demanda de las denuncias penales que se van gestando cada año y con ello destinar el presupuesto necesario para contar con suficientes elementos y herramientas materiales que les permitan una labor de investigación y persecución de los delitos en forma expedita. Análisis de omisiones. Las autoridades responsables señaladas al rendir sus informes justificados en relación a dichos actos negaron su existencia. Sin embargo, en el caso, las afirmaciones realizadas por las autoridades responsables no pueden considerarse como una negativa lisa y llana para efectos de analizar su existencia, ya que se está en presencia de actos de naturaleza omisiva. En efecto, para analizar la certeza o inexistencia de los actos reclamados cuando se está ante omisiones, debe analizarse si para las autoridades señaladas como responsables existe la obligación legal que en su caso le imponga la carga de actuar en el sentido indicado por la parte quejosa, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, dado que de no tener el órgano gubernativo dentro de su cúmulo de atribuciones la de conducirse en el sentido que se le exige, la omisión que se le atribuye será jurídicamente inexistente; por lo que no se pueden tener por ciertos ese tipo de actos por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma, con criterios subjetivos. Además, cuando los actos reclamados sean omisiones o hechos negativos, la parte quejosa no tiene el deber de acreditar su existencia, sino que corresponde a las autoridades responsables demostrar que no incurrieron en aquéllas. Esto es, lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido en el sentido de presumir la existencia de las omisiones o actos negativos atribuidos a las autoridades responsables, a menos de que éstas demuestren que no incurrieron en esos actos, ya sea porque sí actuaron en el sentido pretendido o sí realizó un acto positivo, o bien, porque no pudieran atribuírsele tales actos por no tener el deber legal o de hecho de actuar en ese sentido. Lo cual significa que no es la parte quejosa quien debe demostrar la falta de actuación de la autoridad responsable o el acto negativo, puesto que, por regla general, el que niega no está obligado a probar, a menos que su negativa implique una afirmación. Por tanto, el contenido de los criterios citados lleva a establecer un beneficio en favor de la parte quejosa en el sentido de que, al reclamar un acto omisivo o hecho negativo, tiene en su favor una presunción de certeza, a menos de que la autoridad demuestre que no incurrió en ellos, o bien, porque no pudiera atribuírsele tales actos por no tener el deber legal o de hecho de actuar en ese sentido. II.I Omisiones atribuidas al Congreso y Gobernador ambos del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Establecido el marco jurisprudencial respecto al análisis de omisiones en el juicio de amparo indirecto, en este apartado se analizarán las omisiones que se atribuyen a las autoridades responsables Congreso y Gobernador ambos del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Esto, porque las omisiones que se les reprochan guardan estrecha relación sobre el tema que tratan, es decir, lo relativo a no proveer de los recursos materiales y humanos necesarios al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, a fin de que agote todas las diligencias necesarias para terminar de integrar la carpeta de investigación con numero único de caso 0204-2016-06354 y proceda a judicializar el mismo; otorgar el presupuesto necesario a la Fiscalía General del Estado de Baja California, para contar con suficientes elementos y herramientas materiales que les permitan una labor de investigación y persecución de los delitos en forma expedita. Así, como realizar todos y cada uno de los estudios necesarios para determinar cuántos Agentes del Ministerio del Fuero Común deben de existir para atender la demanda de denuncias penales se van gestando cada año y con base en ello destinar el presupuesto necesario para contar con el número de agentes del ministerio público, policía ministeriales y demás herramientas de trabajo que permitan una labor de investigación y persecución de los delitos, pronta y expedita. En efecto, la parte quejosa refiere que dichas autoridades responsables al anunciar la implementación del sistema acusatorio adversarial se vería disminuido considerablemente el rezago en la impartición de justicia. No obstante, refiere que la carpeta que se formó con motivo de la denuncia de una simple desposesión, ya lleva casi siete años sin poder judicializarse y que ello merma la confianza de los ciudadanos en las instituciones de procuración de justicia, lo que vulnera el principio de prontitud en la misma. Como se ve, los actos reclamados que atribuye la parte quejosa a esas autoridades descansa esencialmente en el hecho de que -a su parecer- las autoridades responsables tienen la obligación de proporcionar recursos (materiales y humanos) para que cobre eficacia la aplicación sistema acusatorio adversarial en la manera que fue anunciado, es decir, con prontitud y expedites en el actuar de sus intervinientes, en el caso concreto, a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad. Cuestión a resolver. Por tal motivo, a efecto de resolver la litis o problema jurídico planteado, este órgano jurisdiccional considera que deben formularse las siguientes preguntas: ¿Existe alguna disposición legal que obligue a las autoridades responsables a proporcionar los recursos humanos y materiales para que la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, terminar de integrar la carpeta de investigación con numero único de caso 0204-2016-06354 y proceda a judicializarla? ¿El Congreso del Estado de Baja California cuenta con alguna obligación derivada de una disposición legal que para realizar los estudios necesarios a fin de determinar cuántos Agentes del Ministerio del Fuero Común deben de existir para atender la demanda de denuncias penales se van gestando cada año y con base en ello destinar el presupuesto necesario para contar con el número de agentes del ministerio público, policía ministeriales y demás herramientas de trabajo que permitan una labor de investigación y persecución de los delitos, pronta y expedita? Respuesta. Tales interrogantes deben contestarse en sentido negativo y, por ende, concluirse que las autoridades responsables no tienen la obligación legal de actuar en los términos que exige la parte quejosa. Justificación. Como se observa del estudio integral de la demanda de amparo, su ampliación y los diversos alegatos que presentó la parte quejosa, la omisión que se atribuye a las autoridades responsables recae en el hecho de que se considera que es obligación del Congreso y Gobernador ambos del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, dotar de los recursos humanos y materiales a la a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, a fin de que pueda terminar de integrar la carpeta de investigación con numero único de caso 0204-2016-06354 y proceda a judicializarla. Además, que a su parecer, el congreso responsable debe realizar los estudios necesarios para determinar cuántos Agentes del Ministerio del Fuero Común deben de existir para atender la demanda de denuncias penales se van gestando cada año y con base en ello destinar el presupuesto necesario para contar con el número de agentes del ministerio público, policía ministeriales y demás herramientas de trabajo que permitan una labor de investigación y persecución de los delitos, pronta y expedita. Sin embargo, se estima que tal razonamiento resulta incorrecto. Ello es así, en razón de que en el ámbito de competencia de las responsables no se encuentra la de proporcionar recursos humanos y materiales a la Fiscalía General del Estado de Baja California, ni realizar los estudios que indica la parte quejosa. Por cuanto hace al Congreso del Estado de Baja California, sus atribuciones se encuentran limitadas al ejercicio de las funciones legislativas, de fiscalización, así como el de la gestoría comunitaria y del Plan de Desarrollo Legislativo como documento rector y guía en materia de planeación y gestión legislativa de un congreso estatal, es decir, definir los objetivos, estrategias y líneas en materia de legislación y fiscalización del gasto público, no así la de proveer recursos humanos y materiales a la Fiscalía General del Estado para que desarrollen su actividad de procuración de justicia; ello de conformidad con los artículos 2º, 16 y 16-BIS de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California. Dichos numerales son del tenor literal siguiente: "ARTICULO 2. El Poder Legislativo es el órgano de gobierno del Estado de Baja California, al que le corresponde el ejercicio de las funciones legislativas, de fiscalización, así como el ámbito de la gestoría comunitaria, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Local le confieren, así como las demás que le otorgan la presente Ley, y otras disposiciones legales." "ARTICULO 16. Son atribuciones del Congreso del Estado, las que derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Local y de las Leyes que de ella emanen, de la presente Ley y de los Reglamentos respectivos." "ARTÍCULO 16 BIS. El Plan de Desarrollo Legislativo es el documento rector y guía en materia de planeación y gestión legislativa de una legislatura. Dicho Plan establece las directrices a que deberá sujetarse el Congreso del Estado para definir objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de legislación, fiscalización del gasto público, gestoría comunitaria y modernización institucional del Poder Legislativo; de conformidad con sus atribuciones." Por su parte, el Gobernador del Estado de Baja California, únicamente cuenta con facultades para conducir la Administración Pública Estatal, que será Centralizada y Paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los asuntos del orden administrativo del Gobierno del Estado, que estarán a cargo de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Hacienda, las Secretarías y las Direcciones del Ramo, y definirá las bases de creación de las entidades Paraestatales, la intervención del Gobernador en su operación y las relaciones entre éstas y la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Hacienda, las Secretarías y las Direcciones del Ramo, ello de conformidad con el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. En el artículo 49 del citado ordenamiento legal, también se encuentran las facultades y obligaciones del titular del ejecutivo estatal, que son: "I.- Promulgar, ejecutar y hacer que se cumplan las leyes, decretos y demás disposiciones que tengan vigencia en el Estado. II.- Iniciar ante el Congreso leyes y decretos que redunden en beneficio del pueblo. Dentro de los noventa días siguientes a la instalación de cada legislatura constitucional, podrá optar por el Gobierno de Coalición, en cuyo caso y sin perjuicio de lo anterior, acordará las políticas públicas convenidas, turnándolas para su registro y seguimiento al Congreso del Estado. III.- Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado, así como el garantizar a toda persona residente en el mismo, el real disfrute de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, bienestar y mejor calidad de vida. IV.- Presentar cada año al Congreso, a más tardar el día primero de Diciembre, los Proyectos de Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal siguiente. V.- Rendir un informe general, por escrito, del estado que guarde la Administración Pública, remitiéndolo al Congreso a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias; sin perjuicio de lo anterior, podrá emitir un mensaje ante el Congreso, bajo protesta de decir verdad, en cuyo caso cada grupo parlamentario tendrá derecho a expresar su opinión sobre el contenido del mismo. Tanto el Gobernador del Estado, como los grupos parlamentarios, tendrán por una sola ocasión, derecho de réplica. El Gobernador del Estado podrá ser invitado por la mayoría de los Diputados del Congreso para que rinda un informa parcial de actividades cuando éstos lo consideren conveniente. Con excepción de los supuestos previstos en el artículo 100 de esta Constitución, así como las disposiciones en materia electoral, el titular del Poder Ejecutivo podrá informar mensualmente a la población a través de los medios de comunicación y redes sociales, los avances y resultados en la solución de la problemática de la entidad. De la misma forma, el Gobernador del Estado podrá ejercer las facultades contenidas en la presente fracción en uno o varios de los municipios de Baja California. VI.- Pedir y dar informes al Congreso y al Tribunal Superior de Justicia. VII.- Designar a un Consejero de la Judicatura del Poder Judicial; VIII.- Visitar los Municipios del Estado cuando lo estime conveniente, proveyendo lo necesario en el orden administrativo, dando cuenta al Congreso, o al Tribunal Superior, de las faltas que notare y cuyo remedio corresponda a dichos Poderes, y solicitar al Congreso del Estado la suspensión de Ayuntamientos, que declare que éstos han desaparecido y la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley prevenga, proponiendo al Congreso en su caso los nombres de los vecinos, para que designe a los integrantes de los Consejos Municipales, en los términos de esta Constitución y las Leyes respectivas. IX.- Prestar a los Tribunales el auxilio que éstos requieran para el ejercicio expedito de sus funciones y hacer cumplir sus fallos y sentencias. X.- Nombrar y remover libremente a los secretarios y demás funcionarios y empleados cuyo nombramiento y remoción no corresponda a otra autoridad. Los nombramientos del Secretario de Integración y Bienestar Social, y del Secretario de la Honestidad y la Función Pública, estarán sujetos a la ratificación del Congreso conforme lo señala esta Constitución; Cuando opte por el Gobierno de Coalición, someterá a cada uno de los Titulares de las Dependencias del Ejecutivo Estatal, por separado a ratificación del Congreso del Estado por mayoría simple de los miembros presentes. Si en el primer nombramiento no se alcanzara la mayoría de votos, el Gobernador del Estado hará un segundo nombramiento distinto, que deberá ser votado en los mismos términos y condiciones que el primero; si el segundo nombramiento no alcanzara la mayoría de votos, el Gobernador del Estado hará el nombramiento definitivo; XI.- Cuidar la recaudación y correcta inversión de los caudales del Estado. XII.- Fomentar, impulsar y promover el desarrollo sustentable de la pesca y acuacultura en el Estado, considerando la participación del sector social y privado, así como coordinarse con la Federación y los Municipios de nuestra Entidad, cuando su intervención sea requerida para el ejercicio de las atribuciones que en esta materia les competan de conformidad con la presente Constitución y las leyes que correspondan. XIII.- Expedir los títulos profesionales con arreglo a las leyes y reconocer la validez de los que se expidan, en otras entidades de la Federación, observando lo dispuesto en la fracción V del Artículo 121 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. XIV.- Conceder, conforme a la Ley, conmutación de penas. XV.- Celebrar convenios sobre límites del Estado sometiéndolos a la aprobación del Congreso para los efectos del artículo 27 fracción XX de esta Constitución. XVI.- Formular y expedir los reglamentos para el buen despacho de la administración pública. XVII.- Decretar expropiación de bienes por causas de utilidad pública, en la forma que determinen las leyes. XVIII.- Tener el mando directo de la fuerza pública de los municipios cuando el Congreso del Estado suspenda o declare desaparecidos a los Ayuntamientos, y tomar en caso de invasión o de trastornos interiores, medidas extraordinarias para hacer respetar la Soberanía del Estado y restablecer el orden con la aprobación del Congreso del Estado. XIX.- Conceder licencias de acuerdo a la Ley del Servicio Civil y demás disposiciones aplicables en la materia y aceptar las renuncias de los funcionarios y empleados del Ejecutivo. XX.- Proveer a la ejecución de las obras públicas y dictar las medidas necesarias para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano sustentable, así como participar en coordinación con los Municipios, en la planeación y regulación de las zonas de conurbación, en los términos que establezcan las leyes aplicables. XXI.- Fomentar el turismo, el desarrollo industrial, agrícola, ganadero y el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía. XXII.- Celebrar convenios con la Federación sobre participación de impuestos y coordinar sus esfuerzos en el Estado, a efecto de atender lo relativo a educación, salubridad y asistencia pública y para la construcción de caminos vecinales, así como en aquellas obras cuya ejecución pueda llevarse a cabo en cooperación con el Gobierno Federal y sujetándose el Ejecutivo Local a lo dispuesto por las Leyes respectivas. XXIII.- Presentar ternas al Congreso del Estado para la designación del Fiscal General del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, y para el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales; XXIV.- Solicitar la remoción de los Fiscales a los que se refiere la fracción anterior en términos de esta Constitución; XXV.- Planear y conducir el desarrollo integral del Estado en la esfera de su competencia, establecer procedimientos de participación y de consulta popular en el Sistema de Planeación Democrática, coordinar la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, integrando a este los planes municipales que formulen los Ayuntamientos y con la participación de los grupos sociales organizados; de conformidad con las disposiciones legales que emita el Congreso del Estado, y XXVI.- Intervenir mediante el organismo de la administración pública paraestatal que determine la ley, en la formulación y aplicación de programas de movilidad, priorizando el respeto a la dignidad humana y el transporte público, así como en la prestación y regulación de dicho servicio, conforme a la Ley de la materia. XVII.- Promover y fomentar el derecho a la movilidad, garantizando la seguridad vial del peatón, conductor, pasajero, así como el acceso a un transporte público y privado de calidad para los habitantes del Estado. XXVIII.- Las demás que le señalen expresamente esta Constitución y las Leyes Federales." De lo transcrito se desprende que tampoco corresponde al titular del ejecutivo dotar de recursos humanos y materiales a ninguna de las unidades de la Fiscalía General del Estado, a fin de dar celeridad a la integración de las carpetas de su conocimiento. Decisión. En consecuencia, al ser inexistente las omisiones que se atribuyen a las autoridades responsables Gobernador y Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, se sobresee en el presente juicio de amparo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. II.II. Omisión atribuida al Fiscal General del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Por otro lado, se estima que es igualmente inexistente la omisión atribuida por la parte quejosa al Fiscal General del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. En efecto, como se indicó, la parte quejosa reclama a la referida autoridad responsable la omisión de proporcionar los recursos humanos y materiales para que la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, terminar de integrar la carpeta de investigación con numero único de caso 0204-2016-06354 y proceda a judicializarla Sin embargo, se considera que la omisión atribuida a la autoridad responsable es inexistente. Ello es así ya que del marco legal aplicable que rige las actuaciones del Fiscal General del Estado de Baja California no se encuentra alguna que directamente le imponga la obligación de proporcionar los recursos humanos y materiales para que la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, terminar de integrar la carpeta de investigación con numero único de caso 0204-2016-06354 y proceda a judicializarla. Tampoco se desprende la obligación de aportar los recursos humanos y materiales que el impetrante describió en el escrito aclaratorio, consistentes en: "De los materiales: 1.- Sistema de cómputo; 2.- Un vehículo automotor que le permita estarse desplazando a su oficina, al juzgado, a los lugares y domicilios en lo que se encuentren los indicios y/o testigos a entrevistar, y desde luego gasolina. 4.- Un celular o una Tablet con servicio de internet móvil para que pueda estar debidamente comunicado, que le sirva para tomar fotografías, que esté cargado de la legislación necesaria y datos de investigación a la inmediatez respecto de sus disposición; 5.- Una agenda que le permita llevar un control de sus citas para atender a las víctimas, las audiencias. De los Humanos: 1. Una asistente o auxiliar, que le permita estar haciendo trabajos de oficina, como ordenar los expedientes, sacar copias, interponer los diversos oficios para judicializar, informar cuando son amparos, llevar una agenda, toma de fotografías, de forma tal que el Fiscal pueda estar de lleno en la integración de la carpeta de investigación. 2.- Agentes y/o policías de investigación que le auxilien a investigar todos los indicios, realizar entrevistas, para lo cual se le deba de proporcionar a dicho agente de investigación las herramientas para ello, como es cámara fotográfica o de video, teléfono celular con internet, un arma para su defensa personal. Para poder determinar la medida de las necesidades materiales y humanas aludidas, se debe tener claro y preciso: a) Humanamente cuantas carpetas de investigación deben de llevar por Fiscal, y se determine de acuerdo al delito de que se trate el tiempo máximo en que se debe integrar dicha carpeta de investigación para cumplir con la expedites de la procuración de Justicia, y evitar que el transcurso del tiempo vaya afectando la memoria de los testigos y la perdida de los indicios y/o vestigios de los daños causado (sic) por la comisión del delito. b) En respeto a los derechos humanos del Fiscal, cuantas horas de trabajo debe desempeñar y cuantas debe de descansar [.]." Aunado a que de un análisis integral a los autos que integran este sumario, se desprende que el promovente se duele, en esencia, de la omisión del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales del Fuero Común del Municipio de Tijuana, de integrar la carpeta de investigación con numero único de caso 0204-2016-06354 y proceda a su judicialización, ya que a su criterio, ello se debe a la ausencia de los recursos materiales y humanos que reseña. a. Inexistencia de obligación legal. En primer término, la parte quejosa sostiene que la autoridad responsable es omisa en cumplir con las obligaciones que le impone el artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el diverso 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que a continuación se transcriben: "Artículo 16. Justicia pronta Toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de los plazos legalmente establecidos. Los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas." "ARTÍCULO 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." b. Marco normativo que rige a la Fiscalía General del Estado de Baja California. La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, establece que tal institución tendrá como finalidad la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos, procurar justicia de manera eficaz, efectiva y apegada a derecho; combatir a la delincuencia, disminuirla, prevenir el delito, fortalecer el Estado de Derecho, así como promover, proteger y garantizar los derechos de reparación integral, de verdad y de no repetición para la sociedad en general. Asimismo, la Fiscalía General ejercerá atribuciones en materia de Seguridad Pública de conformidad con las leyes aplicables en la materia. Por su parte, el ordinal 14 del citado cuerpo normativo, contempla las facultades del Fiscal General del Estado, entre las que se encuentran: "I. Determinar la política, criterios y prioridades institucionales, ejerciendo por sí o por conducto de las Fiscalías y demás órganos de la Fiscalía General, los fines institucionales previstos en la presente Ley; II. Emitir con apego a los preceptos constitucionales federales y estatales, los reglamentos, decretos, acuerdos, convenios, protocolos, instrumentos y acciones relativas a los asuntos que sean competencia de la Fiscalía General; así como proponer al Gobierno del Estado los anteproyectos de leyes relacionados con la seguridad pública, la prevención, investigación y persecución del delito; III. Desarrollar las políticas de seguridad pública del Estado, así como proponer al Ejecutivo del Estado las acciones de gobierno, normatividad, instrumentos, programas y estrategias para le prevención de los delitos, combate a la delincuencia y otros factores que incidan en la misma; IV. Designar y remover a los servidores públicos de la institución, con excepción de los casos que la ley establezca; así como ejercer la disciplina y administración de todo el personal de la Fiscalía General, resolviendo sobre su ingreso, adscripción, sustitución, promoción, renuncia, permiso, licencia, estímulos y sanciones, cuando sean procedentes; V. Coordinar el Centro Estatal de Inteligencia, en los términos y mecanismos que señalen las leyes respectivas; VI. Establecer coordinaciones, agencias, oficinas, departamentos; así como crear las fiscalías, unidades especializadas o direcciones, de acuerdo a las necesidades del servicio y margen presupuestal; VII. Emitir instrucciones de carácter particular, o general, al personal a su cargo, sobre el ejercicio de sus funciones, y delegar las atribuciones propias de su cargo a sus subordinados cuando sea procedente conforme a derecho y a las necesidades del servicio; VIII. Celebrar contratos o convenios para el mejor desempeño de sus funciones; IX. Proponer el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Institución y someterlo a la consideración del Congreso del Estado; X. Comparecer ante el Congreso del Estado para informar de los asuntos a su cargo; XI. Ejercer las facultades que el Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California y la normatividad aplicable, le confieren al Procurador General de Justicia del Estado en la tramitación de procedimientos penales, bajo el sistema tradicional inquisitivo mixto; y XII. Ejercer las facultades que el Código Nacional de Procedimientos Penales le confieren al Procurador en la tramitación de los procedimientos penales; XIII. Ejercer las facultades y atribuciones que en materia de Seguridad Publica correspondan para el correcto despacho de sus asuntos; XIV. Representar a la Fiscalía General del Estado en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos de gobiernos locales, federales, nacionales e internacionales; XV. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; XVI. Participar en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; XVII. Participar en el sistema de atención a las víctimas y ofendidos por la comisión de delitos; XVIII. Solicitar la colaboración de otras autoridades, así como auxiliar a las que lo soliciten, directamente o por conducto de la Fiscalía Central, en la persecución de los probables autores o partícipes del hecho delictivo, en los términos que dispongan las leyes, acuerdos, convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados para tal efecto, y XIX. Las demás que le confieren las leyes y reglamentos." Interpretación. Del contenido de los numerales transcritos, se observa que el artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla que los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas. Para efectos de una debida observancia a tal prerrogativa, -en el caso concreto- se parte de la premisa que mientras el ministerio público no paralice totalmente la investigación y realice las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, no se configura una dilación injustificada. De tal modo que -las circunstancias específicas de cada asunto y su complejidad- definen el tiempo que le tomará a la representación social solicitar la aplicación de medidas cautelares y/o formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Con relación al invocado artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, se obtiene que en éste se contemplan los medios de defensa extraordinarios que toda persona tiene a su alcance que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la citada Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales, y que éste debe ser sencillo y rápido Tópico que se encuentra satisfecho a través del medio de impugnación contemplado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual, cualquiera de las partes intervinientes en el proceso penal, pueden hacer valer ante cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación. Conclusión. Del marco normativo expuesto, se obtiene que si bien es cierto que dentro de las facultades del Fiscal General del Estado, destacan las previstas en las fracciones I, VI, VII y IX del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, como recursos a su alcance para lograr una efectiva impartición de justicia, también lo es, que de ellas no se observa alguna obligación que directamente se imponga al referido titular de proveer los recursos materiales y humanos que el impetrante enlistó en el escrito mediante el cual desahogó la prevención impuesta. Aunado a lo anterior, si bien es cierto que el reclamo de la parte quejosa descansa sobre la premisa de que la carpeta de investigación con numero único de caso 0204-2016-06354 no ha sido judicializada, por falta de los recursos humanos y materiales que indica, también lo es que del escrito inicial de demanda se desprende que no tiene la certeza de que tal dilación se deba a tales carencias, ya que refiere: Lo que pone en relieve que el quejoso desconoce el motivo real por el cual la aludida carpeta de investigación no ha sido judicializada, pues expone una serie de suposiciones para configurar que la omisión que en este juicio pretende combatir recae en la falta de recursos materiales y humanos. Aunado a que de la propia respuesta otorgada por el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, se desprende que la falta de judicialización de la carpeta de investigación no se debió a la falta de recursos materiales y humanos, como se observa a continuación: De tal modo que la omisión de dotar de los recursos materiales y humanos que el solicitante de garantías atribuye al Fiscal General del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, es inexistente dado que no se encuentra dentro de las facultades que se contemplan en la Ley Orgánica que rige a tal institución, aunado a que la agencia del ministerio público que tiene a cargo la carpeta de investigación iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por la parte quejosa, indicó que ya cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios. Máxime, que no corresponde al Fiscal General del Estado la administración general de los recursos económicos, materiales y humanos de la institución que lidera, sino a la Oficialía Mayor, que es la que está a cargo de su estructura orgánica; lo anterior de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Decisión. En consecuencia, al ser inexistente la omisión que se atribuye a la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, se sobresee en el presente juicio de amparo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Por otro lado, las autoridades responsables, que a continuación se indican, en su denominación correcta, rindieron sus informes justificados de la siguiente manera: Autoridad responsable Acto reclamado Sentido del informe Fojas Gobernador del Estado de Baja California. Omisión de dar respuesta a la petición elevada el cinco de marzo de dos mil diecinueve Cierto 357 y 358 Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Denominación oficial actual: Fiscal General del Estado de Baja California, con sede en Mexicali Omisión de dar respuesta a la petición elevada el cinco de marzo de dos mil diecinueve Cierto 367 a 369 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, ciudad. Omisión de integrar la carpeta de investigación con número único de caso 0204-2016-06354 y solicite su judicialización. Niega 85-86 352-353 La falta de respuesta al escrito presentado el dos de abril de dos mil diecinueve. Cierto 373-377 Es cierta la omisión reclamada al Gobernador del Estado de Baja California, Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, ahora Fiscal General del Estado de Baja California, ambos con sede en la ciudad de Mexicali, y al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, consistentes en la falta de respuesta a los escritos presentados el cinco de marzo y dos de abril de dos mil diecinueve, respectivamente, ya que al rendir los informes justificados correspondientes así lo admitieron. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Procedencia del juicio. Examinada la certeza de los actos reclamados y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si en la especie se actualiza algún motivo de improcedencia, sea que las partes lo hagan valer o no, ya que su estudio es de orden público y preferente. En ese contexto, por cuestión de orden, dado que la parte quejosa reclama diversos actos a las autoridades que señaló como responsables, estos se atenderán de forma separada. I. Cesación de efectos. Este órgano jurisdiccional, de oficio, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con relación a los actos reclamados consistentes en: 1. La falta de respuesta a las peticiones elevadas el cinco de marzo de dos mil diecinueve, atribuidas al Gobernador del Estado de Baja California y al Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, ambos con sede en Mexicali. 2. La omisión del Agente del Ministerio Publico Titular de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales del Fuero Común del Municipio de Tijuana, Baja California, de dar respuesta a la petición elevada el dos de abril de dos mil diecinueve. Justificación. Lo anterior, al haber cesado los efectos de tales actos reclamados, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la misma ley. Marco normativo. Para demostrar lo expuesto, es pertinente citar el contenido del marco normativo conducente de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Del texto de los artículos reproducidos, se advierte que la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de este, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de su derecho constitucional. Por ello, se precisa que para que sea aplicable esta causal de improcedencia, es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad, apareciendo una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido; de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado, lo que en el caso ocurrió. Ahora bien, bajo este marco normativo, corresponde poner en contexto los actos que motivaron el presente juicio de amparo. Caso concreto. Como se indicó, los actos reclamados que se analizan en este apartado consisten en: 1. La falta de respuesta a las peticiones elevadas el cinco de marzo de dos mil diecinueve, atribuidas al Gobernador del Estado de Baja California y al Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, ambos con sede en Mexicali. 2. La omisión del Agente del Ministerio Publico Titular de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales del Fuero Común del Municipio de Tijuana, Baja California, de dar respuesta a la petición elevada el dos de abril de dos mil diecinueve. Así, el Gobernador del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en su informe justificado aceptó que en efecto la parte quejosa presentó ante sus oficinas un escrito el cinco de marzo de dos mil diecinueve. Sin embargo, mediante oficio 012140 de treinta de enero de dos mil veinte, se contestó la petición formulada. Lo anterior, como lo acreditó con la documental respectiva, a la que le reviste valor probatorio pleno. Empero señaló que no fue posible hacerla del conocimiento del promovente, en virtud de que no señaló en su escrito petitorio, un domicilio para oír y recibir notificaciones, teléfono o cualquier otro medio para localizarlo. A su vez, la diversa autoridad responsable en su denominación actual Fiscalía General del Estado de Baja California, por conducto de su Consejero Jurídico, al rendir su informe justificado, indicó que mediante oficio SA/571/2021, de dos de agosto de dos mil veintiuno, dio contestación a la petición realizada por la parte quejosa el cinco de marzo de dos mil diecinueve, al tenor de lo expuesto en el citado informe. Finalmente, el ahora Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Tijuana, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, en su informe justificado aceptó que en efecto la aquí quejosa presentó ante sus oficinas un escrito el dos de abril de dos mil diecinueve. Sin embargo, en fecha trece de julio de dos mil veintiuno, dio respuesta a la petición, constancia que acompañó a su informe y a la que esta autoridad le otorga valor probatorio pleno Conclusión. De lo anteriormente plasmado se aprecia lo siguiente: 1. El Gobernador del Estado de Baja California dio contestación a la petición formulada por la parte quejosa el treinta de enero de dos mil veinte. 2. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Tijuana, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales dio contestación a la solicitud del quejoso mediante oficio de trece de julio de dos mil veintiuno. 3. Finalmente, la autoridad responsable Fiscalía General del Estado de Baja California, por conducto de su Consejero Jurídico, emitió su respuesta al rendir su informe justificado el dos de agosto de dos mil veintiuno y de las cuales tuvo pleno conocimiento la quejosa, con las notificaciones que realizó este órgano jurisdiccional, incluso para efectos de una eventual ampliación de demanda. Lo anterior, deja en evidencia que si bien las respuestas emitidas por las responsables fueron hechas en una data posterior a la presentación de la demanda de amparo -diecinueve de julio de dos mil diecinueve- lo cierto es que durante la substanciación del juicio, ya emitieron respuestas por escrito a las peticiones que de forma individual presentó la quejosa el cinco de marzo y dos de abril de dos mil diecinueve. Así, las respuestas se estiman de manera congruente a lo pedido y además se hicieron del conocimiento pleno a la parte quejosa por conducto de este órgano jurisdiccional, ante la imposibilidad manifestada por las autoridades responsables. Decisión. En las relatadas circunstancias, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados analizados en este considerando, con fundamento en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63 fracción V, de la misma legislación. II. Definitividad. Por otro lado, esta autoridad estima que con relación al acto reclamado consistente en la omisión de integrar la carpeta de investigación con número único de caso 0204-2016-06354 reclamada al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, se actualiza de una manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, con relación a lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, con base en las consideraciones sostenidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a las jurisprudencias 27/2018 y 28/2018. En efecto, al resolver la contradicción de tesis en cita, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que de los artículos 16, párrafo décimo cuarto, y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el constituyente previó el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante la autoridad judicial, es decir, ante el juez de control, las actuaciones u omisiones del Ministerio Público de investigar un delito. Así, los ministros razonaron que la intención del legislador ha sido darle mayor presencia a las víctimas y a los ofendidos por el delito, pero también evitar que el propio agente del Ministerio Público sea obstáculo de los intereses de las víctimas. Con base en ello, argumentaron que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el juez de control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Lo anterior, ya que el juez de control es quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determinará si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no y, que contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en razón de que la decisión del juez de Control no admite recurso ordinario alguno. Además, indicaron que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Aunado a ello, la Primera Sala sostuvo que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación y, que puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Asimismo, se razonó que no se soslayaba que el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como plazo para la impugnación ante el juez de control, el de diez días posteriores a que sea notificada la determinación controvertida; sin embargo, se entendía que los actos omisivos, por su especial naturaleza, no se consuman en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que los haga concluir. De ahí que, por certeza jurídica, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, debían impugnarse por la víctima u ofendido dentro del plazo de diez días, contados a partir de que tengan conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal. Por tanto, se concluyó que la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el juez de control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional, con lo que se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse solo como caso excepcional. Caso concreto. Como se indicó, la parte quejosa reclama al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales la omisión de integrar la carpeta de investigación con número único de caso 0204-2016-06354. Sin embargo, como se indicó, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece a favor de la víctima u ofendido la posibilidad de impugnar las omisiones del órgano investigador ante el juez de control, lo que representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En esas condiciones, la parte quejosa debió agotar el recurso que la propia constitución consigna a su favor en términos de lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, en relación con el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al no haberlo hecho, opera en su perjuicio el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 943, libro 57, agosto de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Decisión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en análisis, se sobresee el juicio de amparo. Innecesario estudio de causales. En atención a la actualización de la causal de improcedencia aludida, resulta innecesario analizar las diversas invocadas por las autoridades responsables ya que no cambiaría el sentido de la presente resolución. Improcedente estudio de conceptos. Por las mismas razones, no es viable el estudio del fondo de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, respecto a los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto. Notifíquese. Así lo resolvió y firma José Alejandro Velázquez Aguilar, secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la titular, mediante oficio CCJ/ST/3756/2023 de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante Jazmín Itzel Mondragón Isais, secretaria proyectista que autoriza y da fe. Doy fe.
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