Coastal Energy Solutions Pte. Ltd

Expediente 574/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
574/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Coastal Energy Solutions Pte. Ltd

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    (EXPEDIENTILLO) Vista la certificación que antecede, se advierte que a las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 574/2023 y el asunto se encuentra en estudio para dictar la resolución correspondiente; en tales condiciones, fórmese el expedientillo correspondiente. Por otra parte, glósese el oficio del Juzgado responsable, mediante el cual remite las constancias que indica, de las que se toma conocimiento y se ordena agregar al presente expedientillo para en su momento adjuntarlas al cuaderno principal. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 574/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; y C) Emplazamiento y apersonamiento de las terceras interesadas. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se precisa que la quejosa y tercera interesada ..., ofrecieron la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, asimismo, la última mencionada ofertó diversas documentales. Se admiten y desahogan los elementos probatorios dada su especial naturaleza. Al no haber más pruebas por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que las terceras interesadas los formularon e invocaron la improcedencia del juicio; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo *****, promovido por ***** por conducto de su apoderado, contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; y, RESULTANDO. Primero. Demanda. La empresa quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales tutelados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, se requirió informe justificado, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, se fijó hora y fecha para la audiencia de ley. Tercero. Trámite. La representación social Federal no intervino, se rindió el informe de ley; se emplazó a la parte tercera interesada, y la audiencia constitucional se celebró acorde al acta previa. CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 38 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, emitidos por una autoridad residente dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La sentencia de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, emitida en el concurso mercantil *** por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de diez de abril anterior, que acordó desfavorable la solicitud de requerir a la comerciante aclarar gastos de operación ordinaria erogados. *Tercero. Existencia de los actos reclamados. La certeza de las actuaciones combatidas quedó acreditada con los informes justificados rendidos y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, materia común, Quinta Época, página 153, de registro 394182, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados: 1. El veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se admitió la solicitud de declaración en concurso mercantil de ******. Con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Concursos Mercantiles, la juzgadora concursal dictó como medida precautoria la prohibición a la comerciante de realizar pagos de obligaciones vencidas con anterioridad a la fecha de admisión de la demanda, la suspensión de todo procedimiento de ejecución contra los bienes y derechos que integren el activo fijo y circulante; realizar operaciones de enajenación o gravamen de los bienes principales de la empresa; así como transferencias de recursos o valores a favor de terceros, sin perjuicio de las operaciones ordinarias y prestaciones laborales. 2. El tres de marzo de dos mil diecisiete, la A Quo ordenó a *** retener los recursos fideicomitidos en el fideicomiso ****; giró oficio al Juzgado Trigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México para no ejecutar embargo contra la comerciante, en el juicio ejecutivo mercantil ********. Requirió a ***** depositar ante la autoridad judicial, los pagos que debía hacer a la comerciante con motivo del contrato número ******, hasta en tanto la concursada compareciera y cumpliera las medidas emitidas en el auto de admisión. 3. El cuatro de abril de dos mil diecisiete, la juzgadora emitió la siguiente determinación: Ciudad de México, a cuatro de abril de dos mil diecisiete. Se tienen por hechas las manifestaciones que vierte el ocursante y aun cuando en el sistema jurídico mexicano, exista la posibilidad de transmitir por cesión de derechos la facultad de cobrar remuneraciones futuras, como en el caso sucede en referencia al contrato *****, celebrado entre *******, en favor de ******, con el fin de pagar o garantizar una obligación sin embargo, la inflexibilidad de ese pacto debe ceder ante las disposiciones de orden público que entran en juego cuando el cedente queda sujeto a concurso mercantil, por ello la administración y aplicación de los activos futuros del comerciante ya no podrán regirse por las estipulaciones comunes, en donde se comprometan anticipadamente los ingresos esperados en el porvenir, porque estarán regulados por normas de orden público y de índole taxativo que deben prevalecer frente las predisposiciones efectuadas en un título privado, por lo que en caso de concurso, ya no podrá continuar vigente la predisposición de ingresos futuros destinados al pago de ciertos créditos a favor de algunos acreedores por el comerciante en el contrato de cesión de derechos futuros. Consecuentemente, gírese atento oficio a *******, para que proceda a depositar a este juzgado los pagos que originalmente debía hacer a la comerciante demandada, con independencia de la cesión de derechos referida en su oficio presentado ante este órgano jurisdiccional el quince de marzo del año en curso y derivada del contrato **** de fecha veintinueve de agosto del dos mil trece, por virtud de las providencias precautorias decretadas en el auto de veinticuatro de enero del dos mil diecisiete y hasta en tanto la comerciante demandada comparezca y empiece a dar cumplimiento puntual a la providencia decretada en autos, apercibido de doble pago en caso de no cumplir con lo anterior." *Asimismo y en cumplimiento a las medidas decretadas en auto admisorio, gírese atento oficio a ********, con la finalidad de que retenga los pagos recibidos por *******, en su carácter de cesionaria de los derechos de cobro derivados del contrato número ***** denominado "Servicio Integral de Compresión para Gas Amargo con capacidad de ***** instalado en una plataforma auto elevable (Jack-up), para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción ******" de fecha 29 de agosto de 2013, por virtud del Contrato de Cesión de Derechos de Cobro que consta en el instrumento Notarial número **** de fecha 15 de septiembre de 2015, pasado ante la fe del notario Público número ******** de Ciudad del Carmen Campeche, ya sea que reciba dichos recursos por cuenta propia o por cuenta de un fideicomiso, contrato de mandato o por cualquier otro motivo, apercibido que de no hacerlo en el término de tres días se le impondrá una multa."*********Inconforme, **** Fiduciaria en el contrato de Fideicomiso *****, interpuso recurso de revocación, resuelto en sentencia de ocho de junio de dos mil diecisiete (engrosada el cinco de septiembre de dos mil diecisiete), declarado infundado. 4. El veintiocho de julio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el juicio de concurso mercantil ********************En el segundo punto resolutivo se declaró abierta la etapa de conciliación por ciento ochenta y cinco días; se ordenó al comerciante suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha en que comience a surtir efectos la sentencia de concurso mercantil; suspender durante la etapa de conciliación todo mandamiento de embargo o ejecución contra bienes y derechos del comerciante, con las excepciones del artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles, entre otros. 5. El trece de septiembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable consideró que las medidas cautelares dictadas en autos de veinticuatro de enero, tres de marzo y cuatro de abril, todos de dos mil diecisiete, fueron sustituidas por los resolutivos de la declaratoria de concurso mercantil. Se ordenó y requirió normalizar los pagos del contrato de prestación de servicios ****** y fideicomiso *****, a la paraestatal y fiduciaria respectivamente, como sigue: "Ciudad de México, a trece de septiembre dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que mediante sentencia de veintiocho de julio de dos mil diecisiete se declaró en concurso mercantil a la comerciante **** cuando se estableció lo siguiente: "DÉCIMO PRIMERO.- Se ordena al comerciante suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha en que comience a surtir efectos esta sentencia de concurso mercantil, salvo los que sean indispensables para la operación ordinaria de la empresa, respecto de los cuales deberá informar a este juzgado dentro de las veinticuatro horas siguientes de efectuados. DÉCIMO SEGUNDO.- Se ordena que durante la etapa de conciliación se suspenda todo mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos del comerciante, con las excepciones a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles, es decir, el mandamiento de embargo o ejecución de carácter laboral, en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del apartado A, del artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias, ampliando el monto de los salarios a los dos años anteriores al concurso mercantil" En atención a ello, las medidas cautelares provisionales concedidas por este órgano jurisdiccional a través de los autos de veinticuatro de enero, tres de marzo y cuatro de abril todos ellos del dos mil diecisiete, fueron sustituidas por dichos puntos resolutivos, y, por ende, dejaron de surtir sus efectos. Así y por cuanto hace al escrito de cuenta registrado con el número 18730, signado por ******, en su carácter de apoderada de *****, personalidad que se le y reconoce en términos del instrumento notarial número treinta y ocho mil seiscientos setenta y siete pasado ante la fe del notario público número ****** de la Ciudad de México, y en atención a su contenido se provee: Infórmese a la promovente, que por lo que respecta a la medida cautelar de cuatro de abril del dos mil diecisiete, la misma, dejó de surtir sus efectos, por consiguiente, en lo que concierne a los derechos de cobro relativos al contrato *****, deberá de normalizarlos como lo venía haciendo hasta antes del dictado del referido proveído, en atención a que es necesario que la concursada reciba el flujo de dinero que le corresponde a fin de hacer frente a las operaciones ordinarias, lo que deberá ser informado en términos del resolutivo décimo primero de la resolución de fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete. Por otra parte y a fin de que la comerciante este en aptitud de informar el pago de las operaciones ordinarias que debe realizar, infórmese ****** que debido a que dejaron de surtir efectos las medidas cautelares ordenadas en los autos de veinticuatro de enero, tres de marzo y cuatro de abril todos ellos del dos mil diecisiete, que estaba sujeta a cumplir, en consecuencia, se le requiere para que de inmediato normalice los pagos que venía efectuando a la comerciante respecto del fideicomiso número **** derivado de los derechos de cobro del contrato número ***** e informe la fecha en la cual empezó a dar cumplimiento con lo requerido, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por la cantidad de ****** de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 1067 bis del Código de Comercio. Asimismo, como lo solicita el ocursante, devuélvase la copia certificada, que indica en su escrito, de mérito, previa toma de razón que de su recibo que obre en autos. En relación al escrito registrado con el número 18875 signado por ******, apoderado de la comerciante, personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial cuarenta mil ciento treinta y tres, pasado ante la fe de los notarios públicos ***** y ****** de la Ciudad De México, y atención a su contenido se provee: Dígasele al ocursante, que el término de veinticuatro horas que reclama como insuficiente, se estableció en la sentencia de concurso mercantil y, por ende, la suscrita no puede modificarlo, alterarlo o revocarlo, aunado a que el requerimiento que se le hizo dentro de este término, es únicamente para que informe sobre sus gastos de operación ordinarios, lo que debió de tener contemplado en vista de los innumerables requerimientos que solicitó a este órgano a fin de que pudiera manejar la viabilidad de la empresa. *Por lo que respecta a la entrega de los derechos de cobro derivados del contrato número ********, derivado del fideicomiso *******, dígasele que se esté a lo acordado en líneas que anteceden. 6. El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la juzgadora concursal dictó las siguientes determinaciones: *******".Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por ******, quien promueve en su carácter de delegada fiduciaria de ****** FIDUCIARIA EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO ******, personalidad que tiene debidamente reconocida en autos, y en atención a su contenido al efecto se provee: En cuanto al primer punto del escrito de cuenta y respecto a la aclaración que refiere la ocursante, dígasele que ello lo debió de hacer valer a través el (sic) medio de impugnación correspondiente, puesto que al auto de veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, ya no puede ser revocado por la suscrita, aunado a que la aclaración solicitada se refiere a aspectos diversos sobre los cuales se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos. En relación al primer punto en donde insiste en que se aclare el requerimiento formulado, dígasele a la ocursante que los términos sobre los cuales han sido fijadas las medias (sic) cautelares se encuentran perfectamente claros, desde el auto de trece de septiembre del dos ml (sic) diecisiete, en el cual se indicó lo siguiente: "En consecuencia, se le requiere para que de inmediato normalice los pagos que venía efectuando a la comerciante respecto del fideicomiso número ***** derivado e informe la fecha en la cual empezó a dar cumplimiento con lo requerido..." De donde se aprecia que la obligación de normalizar los pagos de manera inmediata no significa otra cosa sino la de efectuar los pagos como los venía haciendo previo al concurso mercantil, como se reitera mediante auto de treinta de octubre del dos mil diecisiete, lo que evidentemente significa que la fiduciaria sabrá como lo explica, en su propio escrito, los términos sobre los cuáles deberá realizarlos ya sea cumpliendo con los pagos comprometidos, considerando la cuenta receptora, o la cuenta de ingresos, o de remanentes si pagaba o no los servicios impuestos o demás, pues sólo ella era la encargada de efectuarlos, razón por la cual queda subsistente el requerimiento ordenado en autos y una vez que fenezca el término que se le concedió en el auto de veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, se acordara lo que en derecho corresponda. En relación al segundo punto, en el cual se alega que las sumas de dinero entregadas a ****, se hicieron en cumplimiento al propio fideicomiso *****, porque así se pactó en la cláusula que indica y que sólo ha cumplido con los términos del fideicomiso y que al exigírsele la devolución, la medida se constituye en una medida restitutoria y no conservadora. Dígasele que dadas las medidas precautorias que se emitieron por medio del auto de cuatro de abril del dos mil diecisiete, en las cuales se le ordenó retener los pagos que se recibieran a nombre de la concursada, por encima del fideicomiso y, por ende, se le impedía a la hoy ocursante entregar las cantidades a cualquiera otra persona, debido a ello no es verdad que el requerimiento para exhibir esas cantidades, carezca de legalidad o se aparte de la naturaleza de las medidas cautelares. Por otra parte, según lo dispuesto por los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, la suscrita como rectora del procedimiento, con independencia de que la concursada haya instaurado en contra de la promovente el juicio que aduce ello no impide que se cumpla con la exhibición de las cantidades solicitadas. Tampoco es procedente la petición que se hace en el punto cuatro, consistente en requerir a **** para los fines que indica, dado a que la supervivencia de la empresa como factor predominante en el objeto de los juicios concursales, deberá de estar sobre cualquier trato entre particulares (fideicomiso) y si bien se hizo mención al banco promovente como fiduciario, fue para que el orden administrador y financiero del fideicomiso sirviera para recibir los pagos y encausarlos a un mejor fin, pero al mostrar la contumacia de la fiduciaria promovente resulta necesario obtener tales ingresos del fondo de origen. Finalmente y en cuanto a la prórroga que indica en el punto cinco, se le concede un término de veinte días para que dé cumplimiento con la rendición de cuentas requerida por la suscrita, bajo el entendido de que subsiste el requerimiento decretado en autos. Sin perjuicio de lo anterior guárdense en el seguro del juzgado los documentos que al efecto exhibe." ******". Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por *****, quien promueve en su carácter de apoderado de la comerciante ******, personalidad que tiene debidamente reconocida en autos, téngase por hechas las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta y, en atención a su contenido, al efecto se provee: Tomando en consideración la reiterada conducta contumaz por parte de **** FIDUCIARIA EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO ***, para entregar las cantidades que le corresponden a la comerciante, respecto de los derechos de cobro como contraprestación al amparo del contrato de prestación de servicios, número ***** cuyo objeto es la prestación del servicio integral de compresión para gas amargo con capacidad de **** instalado en la Plataforma Autoelevable (JACK-UP) para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción *****, lo que ha generado un estado de insolvencia en las finanzas de la concursada para cumplir con los gastos necesarios para su subsistencia y en vista de que el objeto de la Ley de Concursos Mercantiles, es la conservación de las empresas en estado de crisis para lo cual el Estado tiene un interés preponderante y fundamental, como parte del interés público cuya observancia es conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de pago de las obligaciones ponga en riesgo su viabilidad, aunado a que conforme a las facultades concedidas a la suscrita por la referida ley para la aplicación de las medidas necesarias para cumplir con el referido objeto; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, como lo solicita la concursada, gírese atento oficio a *****, para el efecto de que sin rescindir el contrato por cuestiones inherentes al concurso mercantil en que se actúa, realice el desglose del porcentaje que le corresponde únicamente a la concursada ******, respecto del pago por sus servicios derivados del multireferido contrato y lo ponga a disposición del conciliador designado en este concurso mercantil ******, en el local de este órgano jurisdiccional a través de un billete de depósito, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, y la cantidad que resta la entregue como lo venía haciendo a ******* FIDUCIARIA EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO ******, fiduciaria en el contrato de fideicomiso ******. Lo anterior, para el efecto de que el conciliador con la cantidad consignada realice los pagos necesarios respecto de los gastos generalizados y administre el resto en uso de sus atribuciones concedidas en términos de la Ley de Concursos Mercantiles, sin que obste la existencia del fideicomiso de referencia dado el orden público de la Ley de Concursos Mercantiles, que prevalece sobre los intereses particulares. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Aislada número I.3º.C.230 C (10ª), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia Civil, publicada en la página 2736, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2012476, que es del tenor literal siguiente: 'FIDEICOMISO O CESIÓN DE DERECHOS. EN CASO DE CONCURSO MERCANTIL, LAS REMUNERACIONES FUTURAS DERIVADAS DE UN CONTRATO PRIVADO DE TRACTO SUCESIVO, A FIN DE GARANTIZAR O PAGAR UNA OBLIGACIÓN, NO PODRÁN CONTINUAR VIGENTES, DADO QUE LA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS ACTIVOS FUTUROS ESTARÁN REGULADAS POR NORMAS DE ORDEN PÚBLICO QUE RIGEN PARA EL CEDENTE O FIDEICOMITENTE.' Bajo el percibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por la cantidad de ******, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 1067 bis del Código de Comercio, de aplicación supletoria (sic) la Ley de Concursos Mercantiles. Asimismo, se requiere al conciliador designado en este concurso mercantil ******, para que una vez que tenga a disposición el pago requerido, cumpla de inmediato con el pago del impuesto al valor agregado, del arrendamiento de la plataforma y los impuestos correspondientes, por ser considerados como gastos de operación. Notifíquese." Contra dichas determinaciones se interpusieron sendos recursos de revocación, resueltos el dieciséis de enero de dos mil dieciocho en sentencias engrosadas el doce de febrero de dos mil diecinueve. En el amparo en revisión ****** el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito revocó la protección constitucional concedida y negó el amparo, respecto de la ulterior determinación, en resolución dicta ******* 7. El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la juzgadora dictó la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, que fue objeto de impugnación en segunda instancia (toca civil ********* y sus acumulados ...), resuelto el seis de febrero de dos mil diecinueve. 8. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la juzgadora concursal dictó la siguiente determinación: "Ciudad de México, a veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos los escritos suscritos por ***** en su carácter de apoderado de la comerciante, personalidad que tiene reconocida en autos, y atento a su contenido al efecto se provee: Con relación al escrito con número de registro 13382, tomando en consideración que en el juicio de amparo *******, promovido por ****** cuyo acto reclamado lo constituye el auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, con fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, determinó sobreseer en dicho juicio, la cual fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante sentencia de catorce de junio de la presente anualidad, dictada en el R.C. ******; asimismo, en el juicio de amparo ******, promovido por *****, cuyo acto reclamado lo constituye el auto de ocho de diciembre del año próximo pasado, mediante resolución de diez de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el R. C. ***** del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, determinó negar la suspensión definitiva; en consecuencia, la suscrita se encuentra en aptitud de continuar con la ejecución del auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete. En ese orden de ideas, gírese oficio a ******, para que dé cumplimiento a lo ordenado en auto de ocho de diciembre del año próximo pasado, que en lo conducente dice: **********".Tomando en consideración la reiterada conducta contumaz por parte de *******, fiduciaria en el contrato de fideicomiso *******, para entregar las cantidades que le corresponden a la comerciante, respecto de los derechos de cobro como contraprestación al amparo del contrato de prestación de servicios, número ***** cuyo objeto es la prestación del servicio integral de compresión para gas amargo con capacidad de ***** instalado en la Plataforma Autoelevable (JACK-UP) para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción *****, lo que ha generado un estado de insolvencia en las finanzas de la concursada para cumplir con los gastos necesarios para su subsistencia y en vista de que el objeto de la Ley de Concursos Mercantiles, es la conservación de las empresas en estado de crisis para lo cual el Estado tiene un interés preponderante y fundamental, como parte del interés público cuya observancia es conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de pago de las obligaciones ponga en riesgo su viabilidad, aunado a que conforme a las facultades concedidas a la suscrita por la referida ley para la aplicación de las medidas necesarias para cumplir con el referido objeto; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, como lo solicita la concursada, gírese atento oficio a *****, para el efecto de que sin rescindir el contrato por cuestiones inherentes al concurso mercantil en que se actúa, realice el desglose del porcentaje que le corresponde únicamente a la concursada ******, respecto del pago por sus servicios derivados del multireferido contrato y lo ponga a disposición del conciliador designado en este concurso mercantil *******, en el local de este órgano jurisdiccional a través de un billete de depósito, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, y la cantidad que resta la entregue como lo venía haciendo a *** FIDUCIARIA EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO *****, fiduciaria en el contrato de fideicomiso ******* Lo anterior, para el efecto de que el conciliador con la cantidad consignada realice los pagos necesarios respecto de los gastos generalizados y administre el resto en uso de sus atribuciones concedidas en términos de la Ley de Concursos Mercantiles, sin que obste la existencia del fideicomiso de referencia dado el orden público de la Ley de Concursos Mercantiles, que prevalece sobre los intereses particulares." Ahora bien, atento a lo manifestado por el conciliador ***** mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de la presente anualidad, el pago que corresponde a la comerciante por concepto de "ingreso por compresión de gas amargo" correspondiente al mes de noviembre de dos mil diecisiete es de ***** más el impuesto al valor agregado; y por el mes de diciembre de dos mil diecisiete, es de ***** más el impuesto al valor agregado, por lo que el total a pagar por los dos meses asciende a ****** más el impuesto al valor. Por otro lado, visto el escrito con número de registro 14261, dado que en el juicio de amparo *******, promovido por ***, cuyo acto reclamado lo constituye el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, con fecha once de abril de dos mil dieciocho, la Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la novena Región, determinó sobreseer en dicho juicio, la cual fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, médiate sentencia de uno de junio de la presente anualidad, dictada en el R.C.*******; en consecuencia, es procedente requerir a ****, el cumplimiento del auto de treinta de octubre del año próximo pasado, en tal virtud, previo a requerir dicho cumplimiento, requiérase al conciliador para que se pronuncie respecto al monto que deba exhibir dicha institución bancaria. Sin perjuicio de lo anterior, guárdese en el seguro del juzgado las documentales indicadas. Contra dicha determinación se interpuso recurso de revocación declarado infundado en sentencia de seis de agosto de dos mil dieciocho (engrosada el veintidós de marzo de dos mil diecinueve), que a su vez fue materia del juicio de amparo indirecto **** del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y posterior revisión R.C. **** del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que negó el amparo. 9. El seis de julio de dos mil dieciocho, el conciliador solicitó entregar a la comerciante ********, petición que motivó la siguiente determinación: Ciudad de México, doce de julio de dos mil dieciocho. Con conocimiento de las partes, se tiene por hecha la certificación de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el conciliador ******, personalidad que tiene reconocida en autos, y atento a su contenido se provee: . Se tiene al conciliador dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho y al efecto informa el monto que ****** debe devolver a la comerciante en atención a lo ordenado en auto de treinta de octubre del año inmediato anterior. Por tanto, requiérase a *******, en su carácter de fiduciaria del contrato de fideicomiso *****, para que de cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, que en lo conducente señala:***********". Bajo ese contexto, y al quedar clara la libertad de la fiduciaria para continuar con la normalidad del pago de los derechos de cobro que únicamente le corresponden de manera exclusiva a la comerciante como se venían haciendo antes del concurso, en consecuencia con fundamento en la sentencia de concurso mercantil emitida y en lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 26 de la Ley de Concursos Mercantiles y como lo solicita la comerciante a través de su escrito 20318, en el punto 28 requiérase a **** en su carácter de fiduciaria del contrato de fideicomiso para que entregue directamente a la comerciante ***** los fondos que normalmente venía realizando hasta antes del concurso mercantil, pertenecientes exclusivamente a la referida concursada derivados del fideicomiso número ***** de once de septiembre de dos mil quince. Bajo apercibimiento que de no informarlo en el término de cinco días, se le impondrá una multa por la cantidad de ****** conforme a la fracción II del artículo 1067 Bis del Código de Comercio. Asimismo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Concursos Mercantiles y a fin de dar seguridad a los acreedores de que las cantidades liberadas a la comerciante serán aplicados correctamente, se requiere a *****, asistida por el conciliador ******, para que mes con mes informen, el flujo recibido por la institución fiduciaria, así como la aplicación de los mismos, apercibido (s) que de no hacerlo o que de los mismos se aprecie aplicación anormal de tales ingresos, se le impondrá a cada uno una multa por la cantidad de ***** conforme a la fracción II del artículo 1067 Bis del Código de Comercio." Ahora bien, en atención a lo señalado por el conciliador en el escrito que se provee, la cantidad que la institución bancaria señalada deberá devolver a la comerciante es de **** equivalente a ***** tomando el tipo de cambio que utilizó ****** para pagar la contraprestación pactada en el contrato de prestación de servicios identificado con el número *****. Notifíquese." Dicha determinación fue objeto del recurso de revocación fallado el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (engrosado el veintidós de marzo de dos mil diecinueve), declarado infundado, analizado posteriormente en el amparo indirecto y revisión ******, donde el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, negó el amparo. 10. El once de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, resolvió en definitiva el procedimiento especial de medidas cautelares previas al arbitraje, radicado con el índice **** en cuyos puntos resolutivos se lee: "PRIMERO. Se ordena a ****** que se abstenga de rescindir, terminar, suspender o afectar de cualquier manera el cumplimiento o ejecución del contrato celebrado el 29 de agosto de 2013 identificado con el número ******* con motivo del concurso mercantil o la quiebra de ****, quien forma parte del consorcio que suscribió dicho contrato con el carácter de proveedor, o bien que con motivo de dicho contrato retenga o suspenda los pagos de dicho contrato de prestación de servicios. SEGUNDO. Se ordena a ****** que se abstenga de rescindir, terminar, suspender o afectar de cualquier manera el cumplimiento o ejecución del contrato celebrado el 29 de agosto de 2013 identificado con el número ***** con motivo de la subcontratación por parte del representante común del consorcio (*** de un proveedor idóneo para sustituir a *****, en la prestación de los servicios relativos al complimiento de dicho contrato, debiendo realizarse la sustitución en acatamiento al contrato de prestación de servicios, salvaguardando la debida y probada experiencia, capacidad y cualidad del prestador del servicio y de sus subcontratistas. TERCERO. Se ratifica la autorización para que ******, indistintamente lleven a cabo los pagos relacionados a la PAE Agosto *** respecto de las labores que correspondía realizar a ******, en términos del contrato de participación conjunta y del instrumento regulador del consorcio, ambos de fecha 19 de febrero del 2013, a efecto de que se cumplan las obligaciones de los contratos de fletamento a casco desnudo del 14 de octubre de 2013 y/o del contrato de servicios celebrado con **** el 29 de agosto de 2013 con número ****, debiendo compensarse los pagos en cuestión con los ingresos derivados del contrato de servicios que corresponderían a los remanentes o en su caso a los ingresos directos que correspondan a *******, siempre y cuando dichos pagos correspondan a (1) Contribuciones fiscales; (2) Prestaciones laborales de los operarios y empleados de la plataforma y (3) Gastos de conservación, mantenimiento y operación ordinará de la plataforma ******". 11. El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, el entonces Primer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, dictó el fallo correspondiente al toca ***** y sus acumulados, donde desaprobó el convenio presentado por la concursada con la mayoría de sus acreedores, y ordenó reponer el procedimiento en la etapa de conciliación, para el efecto de reconocer a ciertos acreedores y éstos pudieran considerarse en la propuesta del convenio concursal. Contra lo resuelto, ****** interpuso juicio de amparo que tocó conocer al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito (expediente ******* y sus acumulados .../2019 y ../2019). El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, el entonces Tribunal Unitario concedió la suspensión definitiva para el efecto de mantener las cosas en el estado que guardaban y no seguir ejecutando la reposición. *Para cumplir con la suspensión, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte se ordenó mantener en el cargo de depositario a *********, otorgado desde el tres de junio de dos mil diecinueve. Contra lo resuelto en el fondo de la controversia, se dictó sentencia el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, conforme a los siguientes puntos resolutivos: *******". PRIMERO.- El Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito (y por ende, este propio órgano auxiliar por asumir su competencia al resolver este asunto), CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para conocer y resolver respecto de las ampliaciones de demanda por cuanto a los actos reclamados consistentes en el proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve (emitido en el concurso mercantil de origen), así como la omisión de resolver el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de siete de enero de dos mil veinte, atribuidos al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por los motivos, razones y para proceder en los términos expresados en la consideración PRIMERA de este fallo. SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ****, por los motivos y razones expuestos en la consideración NOVENA de la presente sentencia de amparo. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ****** y a ****** por su propio derecho, como acreedor reconocido y en su carácter de cesionario de *****, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en la consideración SEXTA de esta sentencia, por los motivos, razones y para los efectos expuestos en el considerando último de este fallo constitucional. "**** El último considerando del fallo, en lo conducente dice: **********".Efectos de la protección constitucional********En las relatadas consideraciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo son los siguientes: **** I. La autoridad responsable ordenadora (tribunal de apelación) deberá dejar insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado. II. Hecho lo anterior, deberá emitir una resolución en la que analice de nueva cuenta los recursos de apelación hechos valer, empero, en esta ocasión, prescinda de sustentar su decisión judicial en el contenido de los artículos 166, 233 y 266 de la Ley de Concursos Mercantiles, al menos desde la visión adoptada en el fallo aquí examinado y, en su lugar, considere que para efectos de examinar la no aprobación del convenio concursal así como la declaratoria de quiebra de la empresa quejosa, no resulta menester contar con la sentencia ejecutoria que resuelva las apelaciones contra la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, pues los derechos de esos acreedores impugnantes, una vez designados como acreedores reconocidos mediante sentencia ejecutoria, podrán ser ejercidos en la forma prevista en el artículo 143 de la propia norma concursal. Concesión que deberá hacerse extensiva a los actos reclamados atribuidos (por ambas quejosas) al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, evento que incluye el proveído de tres de junio de dos mil diecinueve, materia de la ampliación de demanda de ****** en su carácter de acreedor reconocido y como cesionario de *****; lo anterior, dado que la ejecución del acto reclamado al Tribunal Unitario responsable, no deriva de una impugnación por vicios propios, por tanto, su inconstitucionalidad depende de aquél por el que se concedió el amparo.."*******. Inconformes, se interpuso recurso de revisión radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el expediente 405/2022, resuelto el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, que confirmó la sentencia impugnada. 12. Con motivo de la rendición del vigésimo quinto informe bimestral de labores, mediante promoción registrada con el folio 6899 la quejosa solicitó regularizar el procedimiento para que la propia juzgadora se pronuncie sobre la opinión técnica del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, contenida en los oficios ***** e ******, y cuestione a la comerciante sobre el pago realizado bajo los conceptos Participación Conjunta **** y Servicios Jurídicos Internacionales Arbitraje Singapur, a fin de que explicase la relación como gasto de operación ordinaria. A dicha pretensión recayó la siguiente determinación: "En diez de abril de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Juez, con el escrito registrado con el número 6899. Conste. Ciudad de México, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese al cuaderno principal el escrito presentado por ***** apoderado de ******* personalidad que tiene debidamente acreditada en los presentes autos y, atento a su contenido, se provee: No ha lugar a tener por hechas las manifestaciones que vierte, en la medida que no es parte en el presente concurso mercantil *******". Inconforme, la parte impetrante interpuso recurso de revocación, fallado el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, declarado infundado. Esta última determinación integra la materia del acto reclamado. Quinto. Consideración preliminar. Constituye un hecho notorio que a partir del conocimiento de las actuaciones judiciales emitidas en el concurso mercantil *** por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, amén de su impugnación constitucional como actos reclamados, el suscrito ha emitido sentencias donde consideró en parte actualizada la posibilidad de un estudio de fondo, o bien, la improcedencia, cuando la parte quejosa no es la comerciante o la empresa fiduciaria involucradas en el proceso. La postura adoptada hasta entonces, ha sido orientada conjugando la revisión casuística, bajo las condiciones, circunstancias y términos de cada acto de autoridad, donde predominó la posición de las partes recurrentes señaladas y los derechos que el concurso mercantil ha buscado hacer prevalecer. Desde luego, de modo alguno implica una contradicción orgánica sino el reconocimiento implícito de las condiciones de cada asunto, pues la materia de la queja ha involucrado aspectos procesales, o bien, el capital vinculado al concurso mercantil. Como de ello da cuenta la parte considerativa de cada sentencia que informa de los fundamentos, argumentos y condiciones que han permitido optar por una u otra solución, aunque no se hubiere manifestado expresamente. Esas circunstancias han sido matizadas en algún grado por precedentes afines al criterio propio, generados y discutidos en diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, cuyo ejercicio argumentativo e interpretativo incluso ha sido invocado únicamente como respaldo de las posiciones que en concepto de esta autoridad constitucional, tienen aplicación. Indefectiblemente, el juzgamiento efectuado desde luego se justifica en la plenitud judicial que permite la inexistencia de criterio obligatorio sobre la diversidad de los temas abordados, que deja abierta la posibilidad de justificar argumentativamente, de las premisas a la conclusión, el criterio abordado en cada fallo. Contexto de circunstancias que tampoco ha sido ajeno a los procesos conexos, que han derivado en conclusiones encontradas en puntos específicos por parte de órganos constitucionales, tanto Juzgados de Distrito como Tribunales Colegiados de Circuito. En lo particular, los temas atinentes al flujo de capital relacionado al concurso mercantil de origen, ya sea requerimientos de pago, órdenes de entrega, identificación de beneficiarios o mecanismos preparatorios para esos fines, que han sido reclamados como actos de autoridad, cuando la parte quejosa no es la comerciante o la empresa fiduciaria involucradas, han sido abordados bajo la óptica del sobreseimiento según las circunstancias señaladas. Empero, en concepto de este juzgador constitucional, esa metodología ha resultado limitada para explicar los derechos inmersos, desarrollar el funcionamiento del concurso mercantil, su interacción con el fideicomiso involucrado y justificar plenamente el criterio adoptado. De ello se sigue apartarse de los precedentes y sistemática procesal empleada (que derivó en el criterio del sobreseimiento), para adoptar una forma diversa de abordar el estudio del tema señalado o quizá posteriores, para los casos donde la acción constitucional no involucre como parte quejosa a la comerciante o la fiduciaria. Lo cual de modo alguno implica obviar la técnica del juicio de amparo en general merced de soslayar las reglas de procedencia, dado que las causales de improcedencia son normas de excepción a la conformación del juicio, de interpretación estricta y por ende operan dentro del ámbito de aspectos que palpablemente son claros e indiscutibles y por sí solos tienen una justificación, de una forma tal clara y evidente que no exista duda respecto de su actualización, y por ende tampoco requiere ni demanda una argumentación extensa, consistente, ni exige valorar pruebas más allá de lo evidente. De seguir recurriendo a esa argumentaciones, se reduce el margen de explicación que ameritan los temas planteados en torno al capital administrado, orbita sobre la comerciante, vincula al concurso mercantil y las relaciones comerciales conexas indirectamente, cuya demanda de revisión se ha señalado, cuando la parte quejosa no es la comerciante o la fiduciaria involucradas, conforme a la figura de la legitimación, el interés jurídico y si de su conjugación deviene una afectación a los propios derechos patrimoniales, al margen de éstas últimas. En armonía con esas premisas, aun cuando pudiera resultar innecesario, se informa a las partes el abandono de la metodología empleada y la adopción del estudio de fondo para resolver según el caso lo amerite, sobre el capital vinculado al concurso mercantil, como se dijo, para desarrollar y analizar de forma exhaustiva y precisa los puntos de la litis, conforme a las figuras indicadas. Esta prospección rebasa funcionalmente el ámbito de la improcedencia, por cuanto a la necesidad de explicar diversas premisas para contestar las cuestiones que integran la litis, y descarta prima facie la grada de exposición que en su caso justificaría acudir a esta última, en casos análogos. Precisión que no tiene la finalidad de legitimar decisiones subsecuentes, sino explicar que no solo la comerciante y fiduciaria, deben obtener una respuesta "de fondo", en la dimensión que ameritan las figuras generadas más allá de lo evidente. Esto es, una explicación a la quejosa fundada y motivada que concluya si tiene o no razón en sus argumentaciones, al margen de acoger afinidad con la conclusión que sentencia sus recursos, pues tiene a su favor la prerrogativa constitucional de conocer las razones que en concepto de la autoridad conducen el iter discursivo de las premisas al resultado. Tal circunstancia es necesaria para depurar los temas procesales que han distendido contradicciones en la apreciación judicial, e impulsar criterios que a su vez faciliten a las partes el entendimiento definitivo del funcionamiento de las figuras jurídicas, conforme a las cuales opera el concurso mercantil en los puntos señalados. Además, de ese modo se podrán establecer los términos y condiciones bajo las cuales las partes como en este caso la quejosa, pueden intervenir, así como los aspectos que en concepto de este juzgador sucesivamente ya deben quedar firmes, y en ese sentido, limitar al menos formalmente el margen de error o impugnación. Asimismo, la decisión adoptada es idónea porque genera un mecanismo asertivo que acelerara en alguna medida la resolución del proceso concursal en general, pues al analizar la controversia de fondo permitirá que las partes en definitiva cuenten con los elementos suficientes para identificar las consideraciones conforme a las cuales deben interactuar procesalmente. Por ello, el análisis orientado por los conceptos de violación enfatizara la técnica y sistemática interpretativa de los principios, que rigen en el concurso mercantil de los cuales se sigue la aplicación de las razones prácticas en los temas señalados, que involucran tanto aspectos sustantivos por ejemplo el flujo de capital, como adjetivos atinentes a la intervención en el desarrollo de la secuela concursal. Aspecto que a juicio del resolutor tiene fundamento en el principio de seguridad jurídica, tutelado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues de esa forma las partes ya sabrán que esperar del proceso. Importa subrayar que el criterio adoptado de modo alguno supedita las causales de improcedencia o genera reglas novedosas en torno a ellas, pues en caso de presentarse, como ha sucedido en determinados casos propios que también se tienen a la vista como hecho notorio, se emitirá el pronunciamiento de improcedencia o sobreseimiento según corresponda, bajo las condiciones apuntadas. También deben considerarse los efectos y consecuencias que pueden seguirse, cuando la parte quejosa es quien promueve o prepara el acto reclamado mediante la interposición del recurso ordinario que lo precede, la determinación recurrida o ambas. Esto es, en el proceso el medio de impugnación obtuvo una respuesta general, que con independencia de su contenido o extensión, es un reconocimiento implícito de la posibilidad procesal de promover en el expediente, para hacer valer una acción, excepciones, defensas, alegar contra las consideraciones que componen la controversia incluso exponer posiciones impeditivas, extintivas o modificativas de los derechos en pugna, bajo la expectativa de verse afectados por tener la titularidad de las prerrogativas donde se alega. Es así pues de carecer del derecho a obtener la posición sustentada por la juzgadora federal señalada como autoridad responsable, el medio de impugnación hubiere sido desechado de plano y procesalmente ese hubiere sido el resultado, y eso sería el objeto de la demanda de amparo. Empero, en este caso el mero hecho de haber promovido el recurso o preparado en alguna medida el acto reclamado, hace que la quejosa, por esa razón, sea receptora del acto recamado y tiene el interés y derecho a una decisión judicial conforme a la Constitución Federal, que exponga los argumentos que conducen la conclusión, pues el afirmarla únicamente se traduce en una posición dogmática que por sí sola ameritaría la protección constitucional, en caso de existir materia suficiente para ello. Por ello, se insiste, en casos análogos al presente y siguiendo las reglas fijadas en este apartado, por lo general debe analizarse "de fondo" la causa de pedir expresada en los conceptos de violación. Sexto. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia, lo aleguen o no las partes, conforme al último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En concepto de la parte tercera interesada se actualiza la causal de improcedencia prevista en las fracciones XI y XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque carece de legitimación para defender recursos en el concurso mercantil, que implica carecer de interés jurídico, conclusión respaldada en diversos fallos. Es inviable la improcedencia alegada, porque la legitimación de la quejosa para defender el monto vinculado eventualmente al acto reclamado, así como la óptica bajo la cual se aborda para demostrar la falta de afectación, conforme a lo señalado en el apartado previo son temas de fondo que descartan la improcedencia, como tampoco lo son aquellos aspectos del proceso susceptibles de interpretación. Además, la litis de cada asunto de los invocados por la impetrante tiene características específicas, que en realidad obliga a revisar cada asunto en lo particular e impide de manera generalizada, asumir una regla que haga improcedente todos los asuntos donde intervenga la quejosa. Al no existir diversa causa que impida analizar la controversia, invocada por las partes o advertida de oficio, procede revisar la constitucionalidad del acto reclamado. Séptimo. Conceptos de violación. 1. El acto reclamado contraviene las garantías tuteladas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en relación a los ordinales 1°, 7, 43 fracción VIII y 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, y 1077 del Código de Comercio. La juzgadora ha reconocido el pago de la renta como gasto ordinario de operación, que la quejosa tiene legitimación para alegar cuanto sea afectada por un acto de molestia y que la comerciante debe realizar los pagos ordinarios de operación. Es incorrecto dejar de pronunciarse sobre las opiniones del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, previstas en los oficios ***** e ******, en cuanto a cuestionar que la comerciante sobre el pago de los conceptos: "participación conjunta ******" y "servicios jurídicos internacionales arbitraje en Singapur", para que justifique por qué son un gasto de operación ordinaria, porque no están previstos con esa categoría. La quejosa tiene legitimación para vigilar esos conceptos por ser recursos entregados a la comerciante que deben fiscalizarse para cumplir con el pago de la renta del artefacto naval, pues no se ha cubierto y es de su propiedad, y eso afecta por dejar de respetar el derecho a laborar a bordo de ella. Desestimar la petición de la quejosa por no formar parte del concurso mercantil deja de revisar si los gastos erogados permiten la operación propia y de la comerciante, con quien se tiene relación de negocios a causa de la renta de la plataforma **********. 2. Contrario a lo resuelto, la quejosa no actuó como acreedor, sino derivado de un sinnúmero de resoluciones violatorias del derecho de propiedad de la plataforma ****** El acto reclamado pretende dejar sin efectos el contrato de fletamento, sin previa audiencia de la comerciante. Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizadas como fueron agrupadas porque son temas afines, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, aunque no corresponda a la forma planteada por la quejosa. La Constitución Federal reconoce el principio de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para estar en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Sobre lo indicado, cabe destacar el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, que en lo relativo dice: *"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". *El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo invocado, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el por qué y para qué de la conducta de la autoridad. *Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Ahora, el acto reclamado se sostiene de la siguiente argumentación: *******- El auto impugnado no desconoce el derecho al pago de la renta, que debe solventarse como fue pactado y a la comerciante le corresponde una parte. - Como la recurrente no es parte, no puede cuestionar los gastos erogados por la comerciante, acorde al artículo 4 de la Ley de Concursos Mercantiles, porque es un tercero con interés en el pago de la renta y para proteger esa prerrogativa se han tomado las siguientes decisiones: 1. La resolución de cinco de abril de dos mil veintiuno, que reconoció la legitimación de impugnar el auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno. 2. El auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, donde se requirió a la conciliadora a realizar el pago de la renta de la plataforma como gasto ordinario. 3. Acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, que admitió a trámite el incidente de restitución a la masa. Tales autos corroboran que la inconforme no es parte ni tiene legitimidad para actuar en el concurso, la intervención de la comerciante solo puede afectar a los acreedores y el especialista; el ser fideicomisario en el fideicomiso ****** no lo legitima cuestionar gastos, pues es un aspecto procesal que solo atañe a las partes. Conforme a esos aspectos, el primer concepto de violación es infundado. El tema toral que se discute es la posibilidad jurídica de la quejosa de cuestionar gastos erogados por la comerciante, bajo determinado conceptos, con base en la premisa de haber sido pagados de forma injustificada y que eso tiene el efecto de impedir sufragar la renta del artefacto naval denominado *****. Ahora bien, el supuesto donde la quejosa adquiere legitimación para defender el cobro del fletamento se analizó en el amparo en revisión R.C. ****** del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, bajo las siguientes consideraciones: ******". Como se lee, la fiduciaria es la encargada de registrar y administrar los ingresos derivados del contrato celebrado con *****, así como de distribuir el dinero realizando los gastos ordinarios necesarios para mantener la plataforma y la planta de gas con base en la cual se da cumplimiento a lo pactado en el contrato ********* y, una vez hechos esos pagos, también tiene el deber de repartir los ingresos remanentes a los fideicomitentes, conforme a los porcentajes pactados en la cláusula trascrita. Relacionado a lo anterior, se tiene que a través del fideicomiso, a la quejosa únicamente se le garantiza el pago de la renta de la plataforma (letra B, inciso c, punto tercero de la cláusula trascrita). La quejosa como fideicomisaria en segundo lugar, según lo pactado en el contrato de fideicomiso ********* es beneficiaria a razón del fletamento que provee (servicio), a diferencia de los fideicomisarios y fideicomitentes en tercer lugar, los cuales cedieron su patrimonio al fideicomiso. Esta particularidad es relevante en este caso, porque los términos en que se dictó el auto de 14 de enero de 2019, es decir, la orden dada a la fiduciaria de no realizar pagos hasta en tanto haga saber a la juez concursal el desglose de las cantidades que le corresponden a cada uno de los beneficiarios, implica que no se pague la renta de la plataforma con la que se presta el servicio de extracción de gas amargo. Esto es, a través de esta medida cautelar es posible que se altere no solo la administración de los recursos pertenecientes al fideicomiso (los cuales solo pueden ser defendidos por la fiduciaria), sino además, el monto particular que corresponde a la quejosa por concepto de fletamento de la plataforma, es decir, del servicio que presta periódicamente.. *Esta circunstancia es suficiente para justificar la legitimación procesal de la quejosa como tercera ajena al concurso mercantil, para intentar recurrir dentro del concurso mercantil, la medida cautelar dictada el día 14 de enero de 2019. Esto, con independencia de que en el fondo le asista razón o no en su reclamo, pues eso es en todo caso la materia del recurso de revocación que deberá tramitarse a razón de la protección constitucional que se le otorga ***********". Como se advierte el precedente citado corrobora que en la quejosa ciertamente no es parte y bajo esa consideración no puede impugnar toda clase de determinaciones en el concurso mercantil. Además, el tribunal colegiado analizó un supuesto en el cual se ordenó directamente no entregar numerario y/o pagar a la quejosa el monto particular que corresponde por concepto de fletamento de la plataforma, prestado periódicamente. Circunstancia que se consideró suficiente para justificar la legitimación procesal de la ahora quejosa, como tercera ajena al concurso mercantil, para alegar en defensa del numerario. Bajo esa consideración, el acto reclamado no ordena directamente restringir pagos a la quejosa como beneficiaria inmediata del pago de la renta de la plataforma petrolera, porque no ordena a la administradora de los recursos que tiene el deber de garantizar su pago, restringir o limitar su entrega, o bien, posponer su entrega. *En realidad el acto reclamado constituye la respuesta a una interpretación formulada sobre la opinión técnica de un órgano auxiliar, en relación a la administración de recursos ejercida por la comerciante, bajo la premisa de que parte de ese capital debe destinarse al pago de renta, lo cual descarta una afectación directa. *Tales circunstancias conllevan que la afectación alegada y que en concepto de la quejosa es atribuible a la comerciante, se trate de una generada de forma indirecta, lo cual ubica el reclamo bajo una regla análoga al precedente analizado únicamente en cuanto a que debe demostrarse la afectación. Esto es, la eventual restricción alegada dado que no se genera por orden directa de la juzgadora, como se analizó en el precedente citado, conlleva una prueba de daño como efecto o consecuencia. Al respecto, lo infundado del concepto de violación es que el propósito de la defensa a la renta de la plataforma petrolera se sustenta en una indagación a la administración de la comerciante, y no en la actividad probatoria de la quejosa. *Lo anterior, porque de la revisión a los conceptos bajo los cuales la quejosa ha dispersado el capital recibido, se buscan obtener inconsistencias que no se justifiquen conforme a los rubros objetados. *Bajo esa lógica, el pago de la renta como concepto contenido en el contrato de fideicomiso como gasto ordinario, no tiene respaldo en la actividad administrativa de la comerciante al menos bajo la modalidad señalada por la quejosa. Es así porque las medidas que se han tomado en el concurso incluidas las órdenes dirigidas a la fiduciaria como administradora de los recursos comunes, son para que a la concursada únicamente se le entreguen sus propios recursos. Además, las medidas tomadas en cuanto a la dispersión de fondos para la concursada, no restringen la obligación de la fiduciaria para señalar los gastos que deban pagarse de forma prioritaria, sino que mantiene el monopolio de la defensa de los recursos fidecomitidos, entendidos como los recursos que recibe a causa del objeto para el cual fue constituido. *Lo cual genera una presunción a favor de la comerciante en cuanto a que los fondos que le han sido entregados le pertenecen y se amparan en el derecho de cobro propio, o bien, que la fiduciaria ha garantizado el pago de los gastos ordinarios de operación como la renta, al consentir que la concursada no reintegre capital. Entonces si el alegato de la quejosa es que no se ha pagado la renta del artefacto naval, y que los recursos entregados a la comerciante están integrados por una parte que le pertenece porque ese concepto no ha sido pagado, conlleva que de ese reclamo debe responder la fiduciaria. Lo cual se sustenta en que el "Contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago identificado con el número ******", se creó como un mecanismo de administración de los ingresos derivados del contrato de prestación de servicios ****** suscrito con *****, para el pago de los gastos ordinarios necesarios para mantener la plataforma "*******", como instrumento para cumplir lo pactado con la empresa estatal, y una vez hechos, el fiduciario debe transferir el remanente a los fideicomitentes acorde a los porcentajes pactados. El fideicomiso ***** capta y/o cobra todos los recursos provenientes del contrato suscrito con ******, para integrar una única unidad que la fiduciaria debe administrar y por los cuales tiene el deber de responder, e incluye las partes reclamadas por la quejosa. Lo cual se corrobora de la cláusula décima segunda del contrato de fideicomiso *****, donde la fiduciaria tiene la facultad total y/o sin salvedades de defender los montos provenientes de la masa de recursos, bajo diversos conceptos y/o cuentas, subcuentas que identifican o etiquetan su aplicación una vez recibidos. Tales precisiones dejan claro que las entidades partes del fideicomiso (incluida la quejosa) no suscribieron dividir los recursos provenientes de ******, por el contrario, previeron la creación de una unidad financiera y sujetaron su administración también a una única unidad administrativa y contenciosa, para su distribución y defensa, a cargo de la entidad que los capta. *Entonces, si todos los recursos que entregue la paraestatal integran el patrimonio fideicomitido, de facto excluye la posibilidad de escindir porciones del capital, incluidos los gastos comunes, pues su pago y cálculo se dejó a cargo y responsabilidad de la fiduciaria. Lo cual conlleva que la fiduciaria debió garantizar el pago de la renta desde la recepción de los recursos, para depurar los que entregó a la comerciante y en su caso, reducir de estos últimos los que no le correspondían. De lo contrario conlleva consentir que los puestos a disposición de la concursada solo le pertenecen a ella, y en se sentido una administración injustificada o irregular, solo le afecta a sus acreedores, pues el obligado directamente al pago de la renta es al fiduciaria. En ese sentido, es infundado el segundo concepto de violación porque no es necesario formal o nominalmente promover como acreedor, para obtener la respuesta señalada en el acto reclamado. En efecto, si la juzgadora responsable concluyó que la impetrante carece de legitimación para cuestionar las actuaciones de la comerciante, en cuanto a la forma administrar los recursos, es porque se pretenden debatir de facto derechos análogos a los de un acreedor. Para lo cual es innecesario sustentar en la pretensión bajo un título en particular, si el objeto o materia a incorporar al proceso, delatan la finalidad, que como en el caso demuestran incompatibilidad. En cuanto a los criterios invocados como sustento de los conceptos de violación, no favorecen a la quejosa. Las jurisprudencias y tesis aislada de rubros: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA AL ACTO PRIVATIVO.", "AUDIENCIA, GARANTÍA DE DEBIDO PROCESO.", "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SU ALCANCE.", únicamente señalan que las autoridades en general deben justificar sus decisiones conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Empero, dicho fue acatado por la autoridad responsable, porque la quejosa no tiene razón en sus alegaciones y esa conclusión fue justificada en esta sentencia, y con ese ejercicio judicial se cumplen los principios constitucionales exigidos en los criterios invocados. En cuanto a los criterios de rubros: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADVIERTAN QUE EL RESPETO A SO DERECHOS Y LIBERTADES DE ACCESO A LA JUSTICIA, GARANTÍA DE AUDIENCIA Y TUTELA JURISDICCIONAL SE SUPEDITÓ A REQUISITOS INNECESARIOS, EXCESIVOS, CARENTES DE RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD, EN EJERCICIO DE AQUÉL, DEBEN ANALIZAR PREPONDERANTEMENTE TAL CIRCUNSTANCIA, AUN CUANDO NO EXISTA CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO AL RESPECTO.", "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER AFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". No favorecen a la quejosa porque acorde a la materia de estudio y los conceptos de violación, como aspecto adicional al objeto de revisión, no conllevan la privación de un derecho en un proceso seguido en forma de juicio o un procedimiento, donde la quejosa debe alegar como parte formal y material. Lo cual se respalda en las conclusiones del caso, pues si bien la impetrante alega la nulificación a derechos contractuales, en realidad su planteamiento no corresponde a una medida tomada en el concurso, y los derechos discutidos en la secuela que derivó en el acto reclamado atañe sólo a las partes que reconoce la ley aplicable. Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo. Finalmente, no se analizan los alegatos formulados en el trámite del juicio de amparo, porque no forman parte de la litis, conforme a la tesis P./J. 27/94, del Tribunal Pleno, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a *****, por conducto de su apoderado, contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL SIETE DE DICIEMBRE DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo *****, promovido por ***** por conducto de su apoderado, contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; y, RESULTANDO. Primero. Demanda. La empresa quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales tutelados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, se requirió informe justificado, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, se fijó hora y fecha para la audiencia de ley. Tercero. Trámite. La representación social Federal no intervino, se rindió el informe de ley; se emplazó a la parte tercera interesada, y la audiencia constitucional se celebró acorde al acta previa. CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 38 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, emitidos por una autoridad residente dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La sentencia de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, emitida en el concurso mercantil *** por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de diez de abril anterior, que acordó desfavorable la solicitud de requerir a la comerciante aclarar gastos de operación ordinaria erogados. *Tercero. Existencia de los actos reclamados. La certeza de las actuaciones combatidas quedó acreditada con los informes justificados rendidos y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, materia común, Quinta Época, página 153, de registro 394182, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados: 1. El veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se admitió la solicitud de declaración en concurso mercantil de ******. Con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Concursos Mercantiles, la juzgadora concursal dictó como medida precautoria la prohibición a la comerciante de realizar pagos de obligaciones vencidas con anterioridad a la fecha de admisión de la demanda, la suspensión de todo procedimiento de ejecución contra los bienes y derechos que integren el activo fijo y circulante; realizar operaciones de enajenación o gravamen de los bienes principales de la empresa; así como transferencias de recursos o valores a favor de terceros, sin perjuicio de las operaciones ordinarias y prestaciones laborales. 2. El tres de marzo de dos mil diecisiete, la A Quo ordenó a *** retener los recursos fideicomitidos en el fideicomiso ****; giró oficio al Juzgado Trigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México para no ejecutar embargo contra la comerciante, en el juicio ejecutivo mercantil ********. Requirió a ***** depositar ante la autoridad judicial, los pagos que debía hacer a la comerciante con motivo del contrato número ******, hasta en tanto la concursada compareciera y cumpliera las medidas emitidas en el auto de admisión. 3. El cuatro de abril de dos mil diecisiete, la juzgadora emitió la siguiente determinación: Ciudad de México, a cuatro de abril de dos mil diecisiete. Se tienen por hechas las manifestaciones que vierte el ocursante y aun cuando en el sistema jurídico mexicano, exista la posibilidad de transmitir por cesión de derechos la facultad de cobrar remuneraciones futuras, como en el caso sucede en referencia al contrato *****, celebrado entre *******, en favor de ******, con el fin de pagar o garantizar una obligación sin embargo, la inflexibilidad de ese pacto debe ceder ante las disposiciones de orden público que entran en juego cuando el cedente queda sujeto a concurso mercantil, por ello la administración y aplicación de los activos futuros del comerciante ya no podrán regirse por las estipulaciones comunes, en donde se comprometan anticipadamente los ingresos esperados en el porvenir, porque estarán regulados por normas de orden público y de índole taxativo que deben prevalecer frente las predisposiciones efectuadas en un título privado, por lo que en caso de concurso, ya no podrá continuar vigente la predisposición de ingresos futuros destinados al pago de ciertos créditos a favor de algunos acreedores por el comerciante en el contrato de cesión de derechos futuros. Consecuentemente, gírese atento oficio a *******, para que proceda a depositar a este juzgado los pagos que originalmente debía hacer a la comerciante demandada, con independencia de la cesión de derechos referida en su oficio presentado ante este órgano jurisdiccional el quince de marzo del año en curso y derivada del contrato **** de fecha veintinueve de agosto del dos mil trece, por virtud de las providencias precautorias decretadas en el auto de veinticuatro de enero del dos mil diecisiete y hasta en tanto la comerciante demandada comparezca y empiece a dar cumplimiento puntual a la providencia decretada en autos, apercibido de doble pago en caso de no cumplir con lo anterior." *Asimismo y en cumplimiento a las medidas decretadas en auto admisorio, gírese atento oficio a ********, con la finalidad de que retenga los pagos recibidos por *******, en su carácter de cesionaria de los derechos de cobro derivados del contrato número ***** denominado "Servicio Integral de Compresión para Gas Amargo con capacidad de ***** instalado en una plataforma auto elevable (Jack-up), para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción ******" de fecha 29 de agosto de 2013, por virtud del Contrato de Cesión de Derechos de Cobro que consta en el instrumento Notarial número **** de fecha 15 de septiembre de 2015, pasado ante la fe del notario Público número ******** de Ciudad del Carmen Campeche, ya sea que reciba dichos recursos por cuenta propia o por cuenta de un fideicomiso, contrato de mandato o por cualquier otro motivo, apercibido que de no hacerlo en el término de tres días se le impondrá una multa."*********Inconforme, **** Fiduciaria en el contrato de Fideicomiso *****, interpuso recurso de revocación, resuelto en sentencia de ocho de junio de dos mil diecisiete (engrosada el cinco de septiembre de dos mil diecisiete), declarado infundado. 4. El veintiocho de julio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el juicio de concurso mercantil ********************En el segundo punto resolutivo se declaró abierta la etapa de conciliación por ciento ochenta y cinco días; se ordenó al comerciante suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha en que comience a surtir efectos la sentencia de concurso mercantil; suspender durante la etapa de conciliación todo mandamiento de embargo o ejecución contra bienes y derechos del comerciante, con las excepciones del artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles, entre otros. 5. El trece de septiembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable consideró que las medidas cautelares dictadas en autos de veinticuatro de enero, tres de marzo y cuatro de abril, todos de dos mil diecisiete, fueron sustituidas por los resolutivos de la declaratoria de concurso mercantil. Se ordenó y requirió normalizar los pagos del contrato de prestación de servicios ****** y fideicomiso *****, a la paraestatal y fiduciaria respectivamente, como sigue: "Ciudad de México, a trece de septiembre dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que mediante sentencia de veintiocho de julio de dos mil diecisiete se declaró en concurso mercantil a la comerciante **** cuando se estableció lo siguiente: "DÉCIMO PRIMERO.- Se ordena al comerciante suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha en que comience a surtir efectos esta sentencia de concurso mercantil, salvo los que sean indispensables para la operación ordinaria de la empresa, respecto de los cuales deberá informar a este juzgado dentro de las veinticuatro horas siguientes de efectuados. DÉCIMO SEGUNDO.- Se ordena que durante la etapa de conciliación se suspenda todo mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos del comerciante, con las excepciones a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles, es decir, el mandamiento de embargo o ejecución de carácter laboral, en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del apartado A, del artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias, ampliando el monto de los salarios a los dos años anteriores al concurso mercantil" En atención a ello, las medidas cautelares provisionales concedidas por este órgano jurisdiccional a través de los autos de veinticuatro de enero, tres de marzo y cuatro de abril todos ellos del dos mil diecisiete, fueron sustituidas por dichos puntos resolutivos, y, por ende, dejaron de surtir sus efectos. Así y por cuanto hace al escrito de cuenta registrado con el número 18730, signado por ******, en su carácter de apoderada de *****, personalidad que se le y reconoce en términos del instrumento notarial número treinta y ocho mil seiscientos setenta y siete pasado ante la fe del notario público número ****** de la Ciudad de México, y en atención a su contenido se provee: Infórmese a la promovente, que por lo que respecta a la medida cautelar de cuatro de abril del dos mil diecisiete, la misma, dejó de surtir sus efectos, por consiguiente, en lo que concierne a los derechos de cobro relativos al contrato *****, deberá de normalizarlos como lo venía haciendo hasta antes del dictado del referido proveído, en atención a que es necesario que la concursada reciba el flujo de dinero que le corresponde a fin de hacer frente a las operaciones ordinarias, lo que deberá ser informado en términos del resolutivo décimo primero de la resolución de fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete. Por otra parte y a fin de que la comerciante este en aptitud de informar el pago de las operaciones ordinarias que debe realizar, infórmese ****** que debido a que dejaron de surtir efectos las medidas cautelares ordenadas en los autos de veinticuatro de enero, tres de marzo y cuatro de abril todos ellos del dos mil diecisiete, que estaba sujeta a cumplir, en consecuencia, se le requiere para que de inmediato normalice los pagos que venía efectuando a la comerciante respecto del fideicomiso número **** derivado de los derechos de cobro del contrato número ***** e informe la fecha en la cual empezó a dar cumplimiento con lo requerido, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por la cantidad de ****** de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 1067 bis del Código de Comercio. Asimismo, como lo solicita el ocursante, devuélvase la copia certificada, que indica en su escrito, de mérito, previa toma de razón que de su recibo que obre en autos. En relación al escrito registrado con el número 18875 signado por ******, apoderado de la comerciante, personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial cuarenta mil ciento treinta y tres, pasado ante la fe de los notarios públicos ***** y ****** de la Ciudad De México, y atención a su contenido se provee: Dígasele al ocursante, que el término de veinticuatro horas que reclama como insuficiente, se estableció en la sentencia de concurso mercantil y, por ende, la suscrita no puede modificarlo, alterarlo o revocarlo, aunado a que el requerimiento que se le hizo dentro de este término, es únicamente para que informe sobre sus gastos de operación ordinarios, lo que debió de tener contemplado en vista de los innumerables requerimientos que solicitó a este órgano a fin de que pudiera manejar la viabilidad de la empresa. *Por lo que respecta a la entrega de los derechos de cobro derivados del contrato número ********, derivado del fideicomiso *******, dígasele que se esté a lo acordado en líneas que anteceden. 6. El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la juzgadora concursal dictó las siguientes determinaciones: *******".Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por ******, quien promueve en su carácter de delegada fiduciaria de ****** FIDUCIARIA EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO ******, personalidad que tiene debidamente reconocida en autos, y en atención a su contenido al efecto se provee: En cuanto al primer punto del escrito de cuenta y respecto a la aclaración que refiere la ocursante, dígasele que ello lo debió de hacer valer a través el (sic) medio de impugnación correspondiente, puesto que al auto de veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, ya no puede ser revocado por la suscrita, aunado a que la aclaración solicitada se refiere a aspectos diversos sobre los cuales se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos. En relación al primer punto en donde insiste en que se aclare el requerimiento formulado, dígasele a la ocursante que los términos sobre los cuales han sido fijadas las medias (sic) cautelares se encuentran perfectamente claros, desde el auto de trece de septiembre del dos ml (sic) diecisiete, en el cual se indicó lo siguiente: "En consecuencia, se le requiere para que de inmediato normalice los pagos que venía efectuando a la comerciante respecto del fideicomiso número ***** derivado e informe la fecha en la cual empezó a dar cumplimiento con lo requerido..." De donde se aprecia que la obligación de normalizar los pagos de manera inmediata no significa otra cosa sino la de efectuar los pagos como los venía haciendo previo al concurso mercantil, como se reitera mediante auto de treinta de octubre del dos mil diecisiete, lo que evidentemente significa que la fiduciaria sabrá como lo explica, en su propio escrito, los términos sobre los cuáles deberá realizarlos ya sea cumpliendo con los pagos comprometidos, considerando la cuenta receptora, o la cuenta de ingresos, o de remanentes si pagaba o no los servicios impuestos o demás, pues sólo ella era la encargada de efectuarlos, razón por la cual queda subsistente el requerimiento ordenado en autos y una vez que fenezca el término que se le concedió en el auto de veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, se acordara lo que en derecho corresponda. En relación al segundo punto, en el cual se alega que las sumas de dinero entregadas a ****, se hicieron en cumplimiento al propio fideicomiso *****, porque así se pactó en la cláusula que indica y que sólo ha cumplido con los términos del fideicomiso y que al exigírsele la devolución, la medida se constituye en una medida restitutoria y no conservadora. Dígasele que dadas las medidas precautorias que se emitieron por medio del auto de cuatro de abril del dos mil diecisiete, en las cuales se le ordenó retener los pagos que se recibieran a nombre de la concursada, por encima del fideicomiso y, por ende, se le impedía a la hoy ocursante entregar las cantidades a cualquiera otra persona, debido a ello no es verdad que el requerimiento para exhibir esas cantidades, carezca de legalidad o se aparte de la naturaleza de las medidas cautelares. Por otra parte, según lo dispuesto por los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, la suscrita como rectora del procedimiento, con independencia de que la concursada haya instaurado en contra de la promovente el juicio que aduce ello no impide que se cumpla con la exhibición de las cantidades solicitadas. Tampoco es procedente la petición que se hace en el punto cuatro, consistente en requerir a **** para los fines que indica, dado a que la supervivencia de la empresa como factor predominante en el objeto de los juicios concursales, deberá de estar sobre cualquier trato entre particulares (fideicomiso) y si bien se hizo mención al banco promovente como fiduciario, fue para que el orden administrador y financiero del fideicomiso sirviera para recibir los pagos y encausarlos a un mejor fin, pero al mostrar la contumacia de la fiduciaria promovente resulta necesario obtener tales ingresos del fondo de origen. Finalmente y en cuanto a la prórroga que indica en el punto cinco, se le concede un término de veinte días para que dé cumplimiento con la rendición de cuentas requerida por la suscrita, bajo el entendido de que subsiste el requerimiento decretado en autos. Sin perjuicio de lo anterior guárdense en el seguro del juzgado los documentos que al efecto exhibe." ******". Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por *****, quien promueve en su carácter de apoderado de la comerciante ******, personalidad que tiene debidamente reconocida en autos, téngase por hechas las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta y, en atención a su contenido, al efecto se provee: Tomando en consideración la reiterada conducta contumaz por parte de **** FIDUCIARIA EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO ***, para entregar las cantidades que le corresponden a la comerciante, respecto de los derechos de cobro como contraprestación al amparo del contrato de prestación de servicios, número ***** cuyo objeto es la prestación del servicio integral de compresión para gas amargo con capacidad de **** instalado en la Plataforma Autoelevable (JACK-UP) para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción *****, lo que ha generado un estado de insolvencia en las finanzas de la concursada para cumplir con los gastos necesarios para su subsistencia y en vista de que el objeto de la Ley de Concursos Mercantiles, es la conservación de las empresas en estado de crisis para lo cual el Estado tiene un interés preponderante y fundamental, como parte del interés público cuya observancia es conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de pago de las obligaciones ponga en riesgo su viabilidad, aunado a que conforme a las facultades concedidas a la suscrita por la referida ley para la aplicación de las medidas necesarias para cumplir con el referido objeto; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, como lo solicita la concursada, gírese atento oficio a *****, para el efecto de que sin rescindir el contrato por cuestiones inherentes al concurso mercantil en que se actúa, realice el desglose del porcentaje que le corresponde únicamente a la concursada ******, respecto del pago por sus servicios derivados del multireferido contrato y lo ponga a disposición del conciliador designado en este concurso mercantil ******, en el local de este órgano jurisdiccional a través de un billete de depósito, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, y la cantidad que resta la entregue como lo venía haciendo a ******* FIDUCIARIA EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO ******, fiduciaria en el contrato de fideicomiso ******. Lo anterior, para el efecto de que el conciliador con la cantidad consignada realice los pagos necesarios respecto de los gastos generalizados y administre el resto en uso de sus atribuciones concedidas en términos de la Ley de Concursos Mercantiles, sin que obste la existencia del fideicomiso de referencia dado el orden público de la Ley de Concursos Mercantiles, que prevalece sobre los intereses particulares. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Aislada número I.3º.C.230 C (10ª), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia Civil, publicada en la página 2736, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2012476, que es del tenor literal siguiente: 'FIDEICOMISO O CESIÓN DE DERECHOS. EN CASO DE CONCURSO MERCANTIL, LAS REMUNERACIONES FUTURAS DERIVADAS DE UN CONTRATO PRIVADO DE TRACTO SUCESIVO, A FIN DE GARANTIZAR O PAGAR UNA OBLIGACIÓN, NO PODRÁN CONTINUAR VIGENTES, DADO QUE LA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS ACTIVOS FUTUROS ESTARÁN REGULADAS POR NORMAS DE ORDEN PÚBLICO QUE RIGEN PARA EL CEDENTE O FIDEICOMITENTE.' Bajo el percibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por la cantidad de ******, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 1067 bis del Código de Comercio, de aplicación supletoria (sic) la Ley de Concursos Mercantiles. Asimismo, se requiere al conciliador designado en este concurso mercantil ******, para que una vez que tenga a disposición el pago requerido, cumpla de inmediato con el pago del impuesto al valor agregado, del arrendamiento de la plataforma y los impuestos correspondientes, por ser considerados como gastos de operación. Notifíquese." Contra dichas determinaciones se interpusieron sendos recursos de revocación, resueltos el dieciséis de enero de dos mil dieciocho en sentencias engrosadas el doce de febrero de dos mil diecinueve. En el amparo en revisión ****** el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito revocó la protección constitucional concedida y negó el amparo, respecto de la ulterior determinación, en resolución dicta ******* 7. El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la juzgadora dictó la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, que fue objeto de impugnación en segunda instancia (toca civil ********* y sus acumulados ...), resuelto el seis de febrero de dos mil diecinueve. 8. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la juzgadora concursal dictó la siguiente determinación: "Ciudad de México, a veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos los escritos suscritos por ***** en su carácter de apoderado de la comerciante, personalidad que tiene reconocida en autos, y atento a su contenido al efecto se provee: Con relación al escrito con número de registro 13382, tomando en consideración que en el juicio de amparo *******, promovido por ****** cuyo acto reclamado lo constituye el auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, con fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, determinó sobreseer en dicho juicio, la cual fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante sentencia de catorce de junio de la presente anualidad, dictada en el R.C. ******; asimismo, en el juicio de amparo ******, promovido por *****, cuyo acto reclamado lo constituye el auto de ocho de diciembre del año próximo pasado, mediante resolución de diez de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el R. C. ***** del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, determinó negar la suspensión definitiva; en consecuencia, la suscrita se encuentra en aptitud de continuar con la ejecución del auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete. En ese orden de ideas, gírese oficio a ******, para que dé cumplimiento a lo ordenado en auto de ocho de diciembre del año próximo pasado, que en lo conducente dice: **********".Tomando en consideración la reiterada conducta contumaz por parte de *******, fiduciaria en el contrato de fideicomiso *******, para entregar las cantidades que le corresponden a la comerciante, respecto de los derechos de cobro como contraprestación al amparo del contrato de prestación de servicios, número ***** cuyo objeto es la prestación del servicio integral de compresión para gas amargo con capacidad de ***** instalado en la Plataforma Autoelevable (JACK-UP) para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción *****, lo que ha generado un estado de insolvencia en las finanzas de la concursada para cumplir con los gastos necesarios para su subsistencia y en vista de que el objeto de la Ley de Concursos Mercantiles, es la conservación de las empresas en estado de crisis para lo cual el Estado tiene un interés preponderante y fundamental, como parte del interés público cuya observancia es conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de pago de las obligaciones ponga en riesgo su viabilidad, aunado a que conforme a las facultades concedidas a la suscrita por la referida ley para la aplicación de las medidas necesarias para cumplir con el referido objeto; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, como lo solicita la concursada, gírese atento oficio a *****, para el efecto de que sin rescindir el contrato por cuestiones inherentes al concurso mercantil en que se actúa, realice el desglose del porcentaje que le corresponde únicamente a la concursada ******, respecto del pago por sus servicios derivados del multireferido contrato y lo ponga a disposición del conciliador designado en este concurso mercantil *******, en el local de este órgano jurisdiccional a través de un billete de depósito, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, y la cantidad que resta la entregue como lo venía haciendo a *** FIDUCIARIA EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO *****, fiduciaria en el contrato de fideicomiso ******* Lo anterior, para el efecto de que el conciliador con la cantidad consignada realice los pagos necesarios respecto de los gastos generalizados y administre el resto en uso de sus atribuciones concedidas en términos de la Ley de Concursos Mercantiles, sin que obste la existencia del fideicomiso de referencia dado el orden público de la Ley de Concursos Mercantiles, que prevalece sobre los intereses particulares." Ahora bien, atento a lo manifestado por el conciliador ***** mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de la presente anualidad, el pago que corresponde a la comerciante por concepto de "ingreso por compresión de gas amargo" correspondiente al mes de noviembre de dos mil diecisiete es de ***** más el impuesto al valor agregado; y por el mes de diciembre de dos mil diecisiete, es de ***** más el impuesto al valor agregado, por lo que el total a pagar por los dos meses asciende a ****** más el impuesto al valor. Por otro lado, visto el escrito con número de registro 14261, dado que en el juicio de amparo *******, promovido por ***, cuyo acto reclamado lo constituye el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, con fecha once de abril de dos mil dieciocho, la Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la novena Región, determinó sobreseer en dicho juicio, la cual fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, médiate sentencia de uno de junio de la presente anualidad, dictada en el R.C.*******; en consecuencia, es procedente requerir a ****, el cumplimiento del auto de treinta de octubre del año próximo pasado, en tal virtud, previo a requerir dicho cumplimiento, requiérase al conciliador para que se pronuncie respecto al monto que deba exhibir dicha institución bancaria. Sin perjuicio de lo anterior, guárdese en el seguro del juzgado las documentales indicadas. Contra dicha determinación se interpuso recurso de revocación declarado infundado en sentencia de seis de agosto de dos mil dieciocho (engrosada el veintidós de marzo de dos mil diecinueve), que a su vez fue materia del juicio de amparo indirecto **** del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y posterior revisión R.C. **** del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que negó el amparo. 9. El seis de julio de dos mil dieciocho, el conciliador solicitó entregar a la comerciante ********, petición que motivó la siguiente determinación: Ciudad de México, doce de julio de dos mil dieciocho. Con conocimiento de las partes, se tiene por hecha la certificación de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el conciliador ******, personalidad que tiene reconocida en autos, y atento a su contenido se provee: . Se tiene al conciliador dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho y al efecto informa el monto que ****** debe devolver a la comerciante en atención a lo ordenado en auto de treinta de octubre del año inmediato anterior. Por tanto, requiérase a *******, en su carácter de fiduciaria del contrato de fideicomiso *****, para que de cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, que en lo conducente señala:***********". Bajo ese contexto, y al quedar clara la libertad de la fiduciaria para continuar con la normalidad del pago de los derechos de cobro que únicamente le corresponden de manera exclusiva a la comerciante como se venían haciendo antes del concurso, en consecuencia con fundamento en la sentencia de concurso mercantil emitida y en lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 26 de la Ley de Concursos Mercantiles y como lo solicita la comerciante a través de su escrito 20318, en el punto 28 requiérase a **** en su carácter de fiduciaria del contrato de fideicomiso para que entregue directamente a la comerciante ***** los fondos que normalmente venía realizando hasta antes del concurso mercantil, pertenecientes exclusivamente a la referida concursada derivados del fideicomiso número ***** de once de septiembre de dos mil quince. Bajo apercibimiento que de no informarlo en el término de cinco días, se le impondrá una multa por la cantidad de ****** conforme a la fracción II del artículo 1067 Bis del Código de Comercio. Asimismo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Concursos Mercantiles y a fin de dar seguridad a los acreedores de que las cantidades liberadas a la comerciante serán aplicados correctamente, se requiere a *****, asistida por el conciliador ******, para que mes con mes informen, el flujo recibido por la institución fiduciaria, así como la aplicación de los mismos, apercibido (s) que de no hacerlo o que de los mismos se aprecie aplicación anormal de tales ingresos, se le impondrá a cada uno una multa por la cantidad de ***** conforme a la fracción II del artículo 1067 Bis del Código de Comercio." Ahora bien, en atención a lo señalado por el conciliador en el escrito que se provee, la cantidad que la institución bancaria señalada deberá devolver a la comerciante es de **** equivalente a ***** tomando el tipo de cambio que utilizó ****** para pagar la contraprestación pactada en el contrato de prestación de servicios identificado con el número *****. Notifíquese." Dicha determinación fue objeto del recurso de revocación fallado el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (engrosado el veintidós de marzo de dos mil diecinueve), declarado infundado, analizado posteriormente en el amparo indirecto y revisión ******, donde el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, negó el amparo. 10. El once de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, resolvió en definitiva el procedimiento especial de medidas cautelares previas al arbitraje, radicado con el índice **** en cuyos puntos resolutivos se lee: "PRIMERO. Se ordena a ****** que se abstenga de rescindir, terminar, suspender o afectar de cualquier manera el cumplimiento o ejecución del contrato celebrado el 29 de agosto de 2013 identificado con el número ******* con motivo del concurso mercantil o la quiebra de ****, quien forma parte del consorcio que suscribió dicho contrato con el carácter de proveedor, o bien que con motivo de dicho contrato retenga o suspenda los pagos de dicho contrato de prestación de servicios. SEGUNDO. Se ordena a ****** que se abstenga de rescindir, terminar, suspender o afectar de cualquier manera el cumplimiento o ejecución del contrato celebrado el 29 de agosto de 2013 identificado con el número ***** con motivo de la subcontratación por parte del representante común del consorcio (*** de un proveedor idóneo para sustituir a *****, en la prestación de los servicios relativos al complimiento de dicho contrato, debiendo realizarse la sustitución en acatamiento al contrato de prestación de servicios, salvaguardando la debida y probada experiencia, capacidad y cualidad del prestador del servicio y de sus subcontratistas. TERCERO. Se ratifica la autorización para que ******, indistintamente lleven a cabo los pagos relacionados a la PAE Agosto *** respecto de las labores que correspondía realizar a ******, en términos del contrato de participación conjunta y del instrumento regulador del consorcio, ambos de fecha 19 de febrero del 2013, a efecto de que se cumplan las obligaciones de los contratos de fletamento a casco desnudo del 14 de octubre de 2013 y/o del contrato de servicios celebrado con **** el 29 de agosto de 2013 con número ****, debiendo compensarse los pagos en cuestión con los ingresos derivados del contrato de servicios que corresponderían a los remanentes o en su caso a los ingresos directos que correspondan a *******, siempre y cuando dichos pagos correspondan a (1) Contribuciones fiscales; (2) Prestaciones laborales de los operarios y empleados de la plataforma y (3) Gastos de conservación, mantenimiento y operación ordinará de la plataforma ******". 11. El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, el entonces Primer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, dictó el fallo correspondiente al toca ***** y sus acumulados, donde desaprobó el convenio presentado por la concursada con la mayoría de sus acreedores, y ordenó reponer el procedimiento en la etapa de conciliación, para el efecto de reconocer a ciertos acreedores y éstos pudieran considerarse en la propuesta del convenio concursal. Contra lo resuelto, ****** interpuso juicio de amparo que tocó conocer al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito (expediente ******* y sus acumulados .../2019 y ../2019). El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, el entonces Tribunal Unitario concedió la suspensión definitiva para el efecto de mantener las cosas en el estado que guardaban y no seguir ejecutando la reposición. *Para cumplir con la suspensión, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte se ordenó mantener en el cargo de depositario a *********, otorgado desde el tres de junio de dos mil diecinueve. Contra lo resuelto en el fondo de la controversia, se dictó sentencia el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, conforme a los siguientes puntos resolutivos: *******". PRIMERO.- El Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito (y por ende, este propio órgano auxiliar por asumir su competencia al resolver este asunto), CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para conocer y resolver respecto de las ampliaciones de demanda por cuanto a los actos reclamados consistentes en el proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve (emitido en el concurso mercantil de origen), así como la omisión de resolver el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de siete de enero de dos mil veinte, atribuidos al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por los motivos, razones y para proceder en los términos expresados en la consideración PRIMERA de este fallo. SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ****, por los motivos y razones expuestos en la consideración NOVENA de la presente sentencia de amparo. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ****** y a ****** por su propio derecho, como acreedor reconocido y en su carácter de cesionario de *****, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en la consideración SEXTA de esta sentencia, por los motivos, razones y para los efectos expuestos en el considerando último de este fallo constitucional. "**** El último considerando del fallo, en lo conducente dice: **********".Efectos de la protección constitucional********En las relatadas consideraciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo son los siguientes: **** I. La autoridad responsable ordenadora (tribunal de apelación) deberá dejar insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado. II. Hecho lo anterior, deberá emitir una resolución en la que analice de nueva cuenta los recursos de apelación hechos valer, empero, en esta ocasión, prescinda de sustentar su decisión judicial en el contenido de los artículos 166, 233 y 266 de la Ley de Concursos Mercantiles, al menos desde la visión adoptada en el fallo aquí examinado y, en su lugar, considere que para efectos de examinar la no aprobación del convenio concursal así como la declaratoria de quiebra de la empresa quejosa, no resulta menester contar con la sentencia ejecutoria que resuelva las apelaciones contra la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, pues los derechos de esos acreedores impugnantes, una vez designados como acreedores reconocidos mediante sentencia ejecutoria, podrán ser ejercidos en la forma prevista en el artículo 143 de la propia norma concursal. Concesión que deberá hacerse extensiva a los actos reclamados atribuidos (por ambas quejosas) al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, evento que incluye el proveído de tres de junio de dos mil diecinueve, materia de la ampliación de demanda de ****** en su carácter de acreedor reconocido y como cesionario de *****; lo anterior, dado que la ejecución del acto reclamado al Tribunal Unitario responsable, no deriva de una impugnación por vicios propios, por tanto, su inconstitucionalidad depende de aquél por el que se concedió el amparo.."*******. Inconformes, se interpuso recurso de revisión radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el expediente 405/2022, resuelto el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, que confirmó la sentencia impugnada. 12. Con motivo de la rendición del vigésimo quinto informe bimestral de labores, mediante promoción registrada con el folio 6899 la quejosa solicitó regularizar el procedimiento para que la propia juzgadora se pronuncie sobre la opinión técnica del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, contenida en los oficios ***** e ******, y cuestione a la comerciante sobre el pago realizado bajo los conceptos Participación Conjunta **** y Servicios Jurídicos Internacionales Arbitraje Singapur, a fin de que explicase la relación como gasto de operación ordinaria. A dicha pretensión recayó la siguiente determinación: "En diez de abril de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Juez, con el escrito registrado con el número 6899. Conste. Ciudad de México, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese al cuaderno principal el escrito presentado por ***** apoderado de ******* personalidad que tiene debidamente acreditada en los presentes autos y, atento a su contenido, se provee: No ha lugar a tener por hechas las manifestaciones que vierte, en la medida que no es parte en el presente concurso mercantil *******". Inconforme, la parte impetrante interpuso recurso de revocación, fallado el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, declarado infundado. Esta última determinación integra la materia del acto reclamado. Quinto. Consideración preliminar. Constituye un hecho notorio que a partir del conocimiento de las actuaciones judiciales emitidas en el concurso mercantil *** por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, amén de su impugnación constitucional como actos reclamados, el suscrito ha emitido sentencias donde consideró en parte actualizada la posibilidad de un estudio de fondo, o bien, la improcedencia, cuando la parte quejosa no es la comerciante o la empresa fiduciaria involucradas en el proceso. La postura adoptada hasta entonces, ha sido orientada conjugando la revisión casuística, bajo las condiciones, circunstancias y términos de cada acto de autoridad, donde predominó la posición de las partes recurrentes señaladas y los derechos que el concurso mercantil ha buscado hacer prevalecer. Desde luego, de modo alguno implica una contradicción orgánica sino el reconocimiento implícito de las condiciones de cada asunto, pues la materia de la queja ha involucrado aspectos procesales, o bien, el capital vinculado al concurso mercantil. Como de ello da cuenta la parte considerativa de cada sentencia que informa de los fundamentos, argumentos y condiciones que han permitido optar por una u otra solución, aunque no se hubiere manifestado expresamente. Esas circunstancias han sido matizadas en algún grado por precedentes afines al criterio propio, generados y discutidos en diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, cuyo ejercicio argumentativo e interpretativo incluso ha sido invocado únicamente como respaldo de las posiciones que en concepto de esta autoridad constitucional, tienen aplicación. Indefectiblemente, el juzgamiento efectuado desde luego se justifica en la plenitud judicial que permite la inexistencia de criterio obligatorio sobre la diversidad de los temas abordados, que deja abierta la posibilidad de justificar argumentativamente, de las premisas a la conclusión, el criterio abordado en cada fallo. Contexto de circunstancias que tampoco ha sido ajeno a los procesos conexos, que han derivado en conclusiones encontradas en puntos específicos por parte de órganos constitucionales, tanto Juzgados de Distrito como Tribunales Colegiados de Circuito. En lo particular, los temas atinentes al flujo de capital relacionado al concurso mercantil de origen, ya sea requerimientos de pago, órdenes de entrega, identificación de beneficiarios o mecanismos preparatorios para esos fines, que han sido reclamados como actos de autoridad, cuando la parte quejosa no es la comerciante o la empresa fiduciaria involucradas, han sido abordados bajo la óptica del sobreseimiento según las circunstancias señaladas. Empero, en concepto de este juzgador constitucional, esa metodología ha resultado limitada para explicar los derechos inmersos, desarrollar el funcionamiento del concurso mercantil, su interacción con el fideicomiso involucrado y justificar plenamente el criterio adoptado. De ello se sigue apartarse de los precedentes y sistemática procesal empleada (que derivó en el criterio del sobreseimiento), para adoptar una forma diversa de abordar el estudio del tema señalado o quizá posteriores, para los casos donde la acción constitucional no involucre como parte quejosa a la comerciante o la fiduciaria. Lo cual de modo alguno implica obviar la técnica del juicio de amparo en general merced de soslayar las reglas de procedencia, dado que las causales de improcedencia son normas de excepción a la conformación del juicio, de interpretación estricta y por ende operan dentro del ámbito de aspectos que palpablemente son claros e indiscutibles y por sí solos tienen una justificación, de una forma tal clara y evidente que no exista duda respecto de su actualización, y por ende tampoco requiere ni demanda una argumentación extensa, consistente, ni exige valorar pruebas más allá de lo evidente. De seguir recurriendo a esa argumentaciones, se reduce el margen de explicación que ameritan los temas planteados en torno al capital administrado, orbita sobre la comerciante, vincula al concurso mercantil y las relaciones comerciales conexas indirectamente, cuya demanda de revisión se ha señalado, cuando la parte quejosa no es la comerciante o la fiduciaria involucradas, conforme a la figura de la legitimación, el interés jurídico y si de su conjugación deviene una afectación a los propios derechos patrimoniales, al margen de éstas últimas. En armonía con esas premisas, aun cuando pudiera resultar innecesario, se informa a las partes el abandono de la metodología empleada y la adopción del estudio de fondo para resolver según el caso lo amerite, sobre el capital vinculado al concurso mercantil, como se dijo, para desarrollar y analizar de forma exhaustiva y precisa los puntos de la litis, conforme a las figuras indicadas. Esta prospección rebasa funcionalmente el ámbito de la improcedencia, por cuanto a la necesidad de explicar diversas premisas para contestar las cuestiones que integran la litis, y descarta prima facie la grada de exposición que en su caso justificaría acudir a esta última, en casos análogos. Precisión que no tiene la finalidad de legitimar decisiones subsecuentes, sino explicar que no solo la comerciante y fiduciaria, deben obtener una respuesta "de fondo", en la dimensión que ameritan las figuras generadas más allá de lo evidente. Esto es, una explicación a la quejosa fundada y motivada que concluya si tiene o no razón en sus argumentaciones, al margen de acoger afinidad con la conclusión que sentencia sus recursos, pues tiene a su favor la prerrogativa constitucional de conocer las razones que en concepto de la autoridad conducen el iter discursivo de las premisas al resultado. Tal circunstancia es necesaria para depurar los temas procesales que han distendido contradicciones en la apreciación judicial, e impulsar criterios que a su vez faciliten a las partes el entendimiento definitivo del funcionamiento de las figuras jurídicas, conforme a las cuales opera el concurso mercantil en los puntos señalados. Además, de ese modo se podrán establecer los términos y condiciones bajo las cuales las partes como en este caso la quejosa, pueden intervenir, así como los aspectos que en concepto de este juzgador sucesivamente ya deben quedar firmes, y en ese sentido, limitar al menos formalmente el margen de error o impugnación. Asimismo, la decisión adoptada es idónea porque genera un mecanismo asertivo que acelerara en alguna medida la resolución del proceso concursal en general, pues al analizar la controversia de fondo permitirá que las partes en definitiva cuenten con los elementos suficientes para identificar las consideraciones conforme a las cuales deben interactuar procesalmente. Por ello, el análisis orientado por los conceptos de violación enfatizara la técnica y sistemática interpretativa de los principios, que rigen en el concurso mercantil de los cuales se sigue la aplicación de las razones prácticas en los temas señalados, que involucran tanto aspectos sustantivos por ejemplo el flujo de capital, como adjetivos atinentes a la intervención en el desarrollo de la secuela concursal. Aspecto que a juicio del resolutor tiene fundamento en el principio de seguridad jurídica, tutelado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues de esa forma las partes ya sabrán que esperar del proceso. Importa subrayar que el criterio adoptado de modo alguno supedita las causales de improcedencia o genera reglas novedosas en torno a ellas, pues en caso de presentarse, como ha sucedido en determinados casos propios que también se tienen a la vista como hecho notorio, se emitirá el pronunciamiento de improcedencia o sobreseimiento según corresponda, bajo las condiciones apuntadas. También deben considerarse los efectos y consecuencias que pueden seguirse, cuando la parte quejosa es quien promueve o prepara el acto reclamado mediante la interposición del recurso ordinario que lo precede, la determinación recurrida o ambas. Esto es, en el proceso el medio de impugnación obtuvo una respuesta general, que con independencia de su contenido o extensión, es un reconocimiento implícito de la posibilidad procesal de promover en el expediente, para hacer valer una acción, excepciones, defensas, alegar contra las consideraciones que componen la controversia incluso exponer posiciones impeditivas, extintivas o modificativas de los derechos en pugna, bajo la expectativa de verse afectados por tener la titularidad de las prerrogativas donde se alega. Es así pues de carecer del derecho a obtener la posición sustentada por la juzgadora federal señalada como autoridad responsable, el medio de impugnación hubiere sido desechado de plano y procesalmente ese hubiere sido el resultado, y eso sería el objeto de la demanda de amparo. Empero, en este caso el mero hecho de haber promovido el recurso o preparado en alguna medida el acto reclamado, hace que la quejosa, por esa razón, sea receptora del acto recamado y tiene el interés y derecho a una decisión judicial conforme a la Constitución Federal, que exponga los argumentos que conducen la conclusión, pues el afirmarla únicamente se traduce en una posición dogmática que por sí sola ameritaría la protección constitucional, en caso de existir materia suficiente para ello. Por ello, se insiste, en casos análogos al presente y siguiendo las reglas fijadas en este apartado, por lo general debe analizarse "de fondo" la causa de pedir expresada en los conceptos de violación. Sexto. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia, lo aleguen o no las partes, conforme al último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En concepto de la parte tercera interesada se actualiza la causal de improcedencia prevista en las fracciones XI y XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque carece de legitimación para defender recursos en el concurso mercantil, que implica carecer de interés jurídico, conclusión respaldada en diversos fallos. Es inviable la improcedencia alegada, porque la legitimación de la quejosa para defender el monto vinculado eventualmente al acto reclamado, así como la óptica bajo la cual se aborda para demostrar la falta de afectación, conforme a lo señalado en el apartado previo son temas de fondo que descartan la improcedencia, como tampoco lo son aquellos aspectos del proceso susceptibles de interpretación. Además, la litis de cada asunto de los invocados por la impetrante tiene características específicas, que en realidad obliga a revisar cada asunto en lo particular e impide de manera generalizada, asumir una regla que haga improcedente todos los asuntos donde intervenga la quejosa. Al no existir diversa causa que impida analizar la controversia, invocada por las partes o advertida de oficio, procede revisar la constitucionalidad del acto reclamado. Séptimo. Conceptos de violación. 1. El acto reclamado contraviene las garantías tuteladas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en relación a los ordinales 1°, 7, 43 fracción VIII y 75 de la Ley de Concursos Mercantiles, y 1077 del Código de Comercio. La juzgadora ha reconocido el pago de la renta como gasto ordinario de operación, que la quejosa tiene legitimación para alegar cuanto sea afectada por un acto de molestia y que la comerciante debe realizar los pagos ordinarios de operación. Es incorrecto dejar de pronunciarse sobre las opiniones del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, previstas en los oficios ***** e ******, en cuanto a cuestionar que la comerciante sobre el pago de los conceptos: "participación conjunta ******" y "servicios jurídicos internacionales arbitraje en Singapur", para que justifique por qué son un gasto de operación ordinaria, porque no están previstos con esa categoría. La quejosa tiene legitimación para vigilar esos conceptos por ser recursos entregados a la comerciante que deben fiscalizarse para cumplir con el pago de la renta del artefacto naval, pues no se ha cubierto y es de su propiedad, y eso afecta por dejar de respetar el derecho a laborar a bordo de ella. Desestimar la petición de la quejosa por no formar parte del concurso mercantil deja de revisar si los gastos erogados permiten la operación propia y de la comerciante, con quien se tiene relación de negocios a causa de la renta de la plataforma **********. 2. Contrario a lo resuelto, la quejosa no actuó como acreedor, sino derivado de un sinnúmero de resoluciones violatorias del derecho de propiedad de la plataforma ****** El acto reclamado pretende dejar sin efectos el contrato de fletamento, sin previa audiencia de la comerciante. Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizadas como fueron agrupadas porque son temas afines, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, aunque no corresponda a la forma planteada por la quejosa. La Constitución Federal reconoce el principio de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para estar en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Sobre lo indicado, cabe destacar el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, que en lo relativo dice: *"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". *El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo invocado, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el por qué y para qué de la conducta de la autoridad. *Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Ahora, el acto reclamado se sostiene de la siguiente argumentación: *******- El auto impugnado no desconoce el derecho al pago de la renta, que debe solventarse como fue pactado y a la comerciante le corresponde una parte. - Como la recurrente no es parte, no puede cuestionar los gastos erogados por la comerciante, acorde al artículo 4 de la Ley de Concursos Mercantiles, porque es un tercero con interés en el pago de la renta y para proteger esa prerrogativa se han tomado las siguientes decisiones: 1. La resolución de cinco de abril de dos mil veintiuno, que reconoció la legitimación de impugnar el auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno. 2. El auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, donde se requirió a la conciliadora a realizar el pago de la renta de la plataforma como gasto ordinario. 3. Acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, que admitió a trámite el incidente de restitución a la masa. Tales autos corroboran que la inconforme no es parte ni tiene legitimidad para actuar en el concurso, la intervención de la comerciante solo puede afectar a los acreedores y el especialista; el ser fideicomisario en el fideicomiso ****** no lo legitima cuestionar gastos, pues es un aspecto procesal que solo atañe a las partes. Conforme a esos aspectos, el primer concepto de violación es infundado. El tema toral que se discute es la posibilidad jurídica de la quejosa de cuestionar gastos erogados por la comerciante, bajo determinado conceptos, con base en la premisa de haber sido pagados de forma injustificada y que eso tiene el efecto de impedir sufragar la renta del artefacto naval denominado *****. Ahora bien, el supuesto donde la quejosa adquiere legitimación para defender el cobro del fletamento se analizó en el amparo en revisión R.C. ****** del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, bajo las siguientes consideraciones: ******". Como se lee, la fiduciaria es la encargada de registrar y administrar los ingresos derivados del contrato celebrado con *****, así como de distribuir el dinero realizando los gastos ordinarios necesarios para mantener la plataforma y la planta de gas con base en la cual se da cumplimiento a lo pactado en el contrato ********* y, una vez hechos esos pagos, también tiene el deber de repartir los ingresos remanentes a los fideicomitentes, conforme a los porcentajes pactados en la cláusula trascrita. Relacionado a lo anterior, se tiene que a través del fideicomiso, a la quejosa únicamente se le garantiza el pago de la renta de la plataforma (letra B, inciso c, punto tercero de la cláusula trascrita). La quejosa como fideicomisaria en segundo lugar, según lo pactado en el contrato de fideicomiso ********* es beneficiaria a razón del fletamento que provee (servicio), a diferencia de los fideicomisarios y fideicomitentes en tercer lugar, los cuales cedieron su patrimonio al fideicomiso. Esta particularidad es relevante en este caso, porque los términos en que se dictó el auto de 14 de enero de 2019, es decir, la orden dada a la fiduciaria de no realizar pagos hasta en tanto haga saber a la juez concursal el desglose de las cantidades que le corresponden a cada uno de los beneficiarios, implica que no se pague la renta de la plataforma con la que se presta el servicio de extracción de gas amargo. Esto es, a través de esta medida cautelar es posible que se altere no solo la administración de los recursos pertenecientes al fideicomiso (los cuales solo pueden ser defendidos por la fiduciaria), sino además, el monto particular que corresponde a la quejosa por concepto de fletamento de la plataforma, es decir, del servicio que presta periódicamente.. *Esta circunstancia es suficiente para justificar la legitimación procesal de la quejosa como tercera ajena al concurso mercantil, para intentar recurrir dentro del concurso mercantil, la medida cautelar dictada el día 14 de enero de 2019. Esto, con independencia de que en el fondo le asista razón o no en su reclamo, pues eso es en todo caso la materia del recurso de revocación que deberá tramitarse a razón de la protección constitucional que se le otorga ***********". Como se advierte el precedente citado corrobora que en la quejosa ciertamente no es parte y bajo esa consideración no puede impugnar toda clase de determinaciones en el concurso mercantil. Además, el tribunal colegiado analizó un supuesto en el cual se ordenó directamente no entregar numerario y/o pagar a la quejosa el monto particular que corresponde por concepto de fletamento de la plataforma, prestado periódicamente. Circunstancia que se consideró suficiente para justificar la legitimación procesal de la ahora quejosa, como tercera ajena al concurso mercantil, para alegar en defensa del numerario. Bajo esa consideración, el acto reclamado no ordena directamente restringir pagos a la quejosa como beneficiaria inmediata del pago de la renta de la plataforma petrolera, porque no ordena a la administradora de los recursos que tiene el deber de garantizar su pago, restringir o limitar su entrega, o bien, posponer su entrega. *En realidad el acto reclamado constituye la respuesta a una interpretación formulada sobre la opinión técnica de un órgano auxiliar, en relación a la administración de recursos ejercida por la comerciante, bajo la premisa de que parte de ese capital debe destinarse al pago de renta, lo cual descarta una afectación directa. *Tales circunstancias conllevan que la afectación alegada y que en concepto de la quejosa es atribuible a la comerciante, se trate de una generada de forma indirecta, lo cual ubica el reclamo bajo una regla análoga al precedente analizado únicamente en cuanto a que debe demostrarse la afectación. Esto es, la eventual restricción alegada dado que no se genera por orden directa de la juzgadora, como se analizó en el precedente citado, conlleva una prueba de daño como efecto o consecuencia. Al respecto, lo infundado del concepto de violación es que el propósito de la defensa a la renta de la plataforma petrolera se sustenta en una indagación a la administración de la comerciante, y no en la actividad probatoria de la quejosa. *Lo anterior, porque de la revisión a los conceptos bajo los cuales la quejosa ha dispersado el capital recibido, se buscan obtener inconsistencias que no se justifiquen conforme a los rubros objetados. *Bajo esa lógica, el pago de la renta como concepto contenido en el contrato de fideicomiso como gasto ordinario, no tiene respaldo en la actividad administrativa de la comerciante al menos bajo la modalidad señalada por la quejosa. Es así porque las medidas que se han tomado en el concurso incluidas las órdenes dirigidas a la fiduciaria como administradora de los recursos comunes, son para que a la concursada únicamente se le entreguen sus propios recursos. Además, las medidas tomadas en cuanto a la dispersión de fondos para la concursada, no restringen la obligación de la fiduciaria para señalar los gastos que deban pagarse de forma prioritaria, sino que mantiene el monopolio de la defensa de los recursos fidecomitidos, entendidos como los recursos que recibe a causa del objeto para el cual fue constituido. *Lo cual genera una presunción a favor de la comerciante en cuanto a que los fondos que le han sido entregados le pertenecen y se amparan en el derecho de cobro propio, o bien, que la fiduciaria ha garantizado el pago de los gastos ordinarios de operación como la renta, al consentir que la concursada no reintegre capital. Entonces si el alegato de la quejosa es que no se ha pagado la renta del artefacto naval, y que los recursos entregados a la comerciante están integrados por una parte que le pertenece porque ese concepto no ha sido pagado, conlleva que de ese reclamo debe responder la fiduciaria. Lo cual se sustenta en que el "Contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago identificado con el número ******", se creó como un mecanismo de administración de los ingresos derivados del contrato de prestación de servicios ****** suscrito con *****, para el pago de los gastos ordinarios necesarios para mantener la plataforma "*******", como instrumento para cumplir lo pactado con la empresa estatal, y una vez hechos, el fiduciario debe transferir el remanente a los fideicomitentes acorde a los porcentajes pactados. El fideicomiso ***** capta y/o cobra todos los recursos provenientes del contrato suscrito con ******, para integrar una única unidad que la fiduciaria debe administrar y por los cuales tiene el deber de responder, e incluye las partes reclamadas por la quejosa. Lo cual se corrobora de la cláusula décima segunda del contrato de fideicomiso *****, donde la fiduciaria tiene la facultad total y/o sin salvedades de defender los montos provenientes de la masa de recursos, bajo diversos conceptos y/o cuentas, subcuentas que identifican o etiquetan su aplicación una vez recibidos. Tales precisiones dejan claro que las entidades partes del fideicomiso (incluida la quejosa) no suscribieron dividir los recursos provenientes de ******, por el contrario, previeron la creación de una unidad financiera y sujetaron su administración también a una única unidad administrativa y contenciosa, para su distribución y defensa, a cargo de la entidad que los capta. *Entonces, si todos los recursos que entregue la paraestatal integran el patrimonio fideicomitido, de facto excluye la posibilidad de escindir porciones del capital, incluidos los gastos comunes, pues su pago y cálculo se dejó a cargo y responsabilidad de la fiduciaria. Lo cual conlleva que la fiduciaria debió garantizar el pago de la renta desde la recepción de los recursos, para depurar los que entregó a la comerciante y en su caso, reducir de estos últimos los que no le correspondían. De lo contrario conlleva consentir que los puestos a disposición de la concursada solo le pertenecen a ella, y en se sentido una administración injustificada o irregular, solo le afecta a sus acreedores, pues el obligado directamente al pago de la renta es al fiduciaria. En ese sentido, es infundado el segundo concepto de violación porque no es necesario formal o nominalmente promover como acreedor, para obtener la respuesta señalada en el acto reclamado. En efecto, si la juzgadora responsable concluyó que la impetrante carece de legitimación para cuestionar las actuaciones de la comerciante, en cuanto a la forma administrar los recursos, es porque se pretenden debatir de facto derechos análogos a los de un acreedor. Para lo cual es innecesario sustentar en la pretensión bajo un título en particular, si el objeto o materia a incorporar al proceso, delatan la finalidad, que como en el caso demuestran incompatibilidad. En cuanto a los criterios invocados como sustento de los conceptos de violación, no favorecen a la quejosa. Las jurisprudencias y tesis aislada de rubros: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA AL ACTO PRIVATIVO.", "AUDIENCIA, GARANTÍA DE DEBIDO PROCESO.", "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SU ALCANCE.", únicamente señalan que las autoridades en general deben justificar sus decisiones conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Empero, dicho fue acatado por la autoridad responsable, porque la quejosa no tiene razón en sus alegaciones y esa conclusión fue justificada en esta sentencia, y con ese ejercicio judicial se cumplen los principios constitucionales exigidos en los criterios invocados. En cuanto a los criterios de rubros: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADVIERTAN QUE EL RESPETO A SO DERECHOS Y LIBERTADES DE ACCESO A LA JUSTICIA, GARANTÍA DE AUDIENCIA Y TUTELA JURISDICCIONAL SE SUPEDITÓ A REQUISITOS INNECESARIOS, EXCESIVOS, CARENTES DE RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD, EN EJERCICIO DE AQUÉL, DEBEN ANALIZAR PREPONDERANTEMENTE TAL CIRCUNSTANCIA, AUN CUANDO NO EXISTA CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO AL RESPECTO.", "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER AFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". No favorecen a la quejosa porque acorde a la materia de estudio y los conceptos de violación, como aspecto adicional al objeto de revisión, no conllevan la privación de un derecho en un proceso seguido en forma de juicio o un procedimiento, donde la quejosa debe alegar como parte formal y material. Lo cual se respalda en las conclusiones del caso, pues si bien la impetrante alega la nulificación a derechos contractuales, en realidad su planteamiento no corresponde a una medida tomada en el concurso, y los derechos discutidos en la secuela que derivó en el acto reclamado atañe sólo a las partes que reconoce la ley aplicable. Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo. Finalmente, no se analizan los alegatos formulados en el trámite del juicio de amparo, porque no forman parte de la litis, conforme a la tesis P./J. 27/94, del Tribunal Pleno, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a *****, por conducto de su apoderado, contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.".

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