Club Deportivo Tdmrci, S.C.
Expediente 1209/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1209/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Club Deportivo Tdmrci, S.C.
Actuaciones
- Principal
MESA III "... Vistos los autos y la certificación de cuenta; se advierte que, en la especie, mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de garantías .. como esa determinación no fue recurrida . se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente..."
- Principal
...Vista la demanda promovida por ***, en representación de la persona moral Club Deportivo TDMRCI, S.C., contra actos de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, y otras autoridades. Registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto 1209/2021. Desechamiento. En principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, el quejoso reclama la omisión de las responsables de emitir un acuerdo mediante el que se declaren inhábiles los días cuatro, cinco, seis y siete de octubre de dos mil veintiuno, así como, la omisión para dar a conocer la forma en que se computarán los plazos en los días señalados, ante la toma de las instalaciones que alberga la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Oaxaca, en Ciudad Judicial, por manifestantes. Bajo esa tesitura, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el normativo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)". La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo en vigor, en su artículo 107, fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos de imposible reparación. Lo anterior es trascendente en la medida que bajo la vigencia de la Ley de Amparo anterior (publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación), los actos de imposible reparación comprendían además de afectación a derechos sustantivos, también los actos procesales o formales cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior; así acontecía con el presupuesto de la personalidad, al cobijo de la jurisprudencia P./J. 4/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". En efecto, la redacción de la actual Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, proporcionando mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio biinstancial contra esta clase de actos, pues a través de una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Dicho en otras palabras, hoy día para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, se requiere, primero, que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", esto es, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; segundo, que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión totalmente opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, donde la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", en los juicios de amparo iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de aquel criterio, por su incompatibilidad con el nuevo texto legal. Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, la jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- si no que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Como se adelantó, la parte quejosa se duele de la omisión de las responsables de emitir un acuerdo mediante el que se declaren inhábiles los días cuatro, cinco, seis y siete de octubre de dos mil veintiuno, así como, la omisión para dar a conocer la forma en que se computarán los plazos en los días señalados, ante la toma de las instalaciones que alberga la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Oaxaca, en Ciudad Judicial, por manifestantes. En ese sentido, se estima que la omisión de emitir un acuerdo que declare inhábiles los días cuatro, cinco, seis y siete de octubre de dos mil veintiuno, y sus efectos jurídicos, no constituye un acto de imposible reparación, dada su propia naturaleza intraprocesal, pues no afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que en favor del justiciable, consagran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Ello es así, porque de acuerdo a lo señalado por la parte quejosa en el capítulo de "conceptos de violación" dichas responsables no han emitido acuerdo alguno en relación a la promoción presentada por su representada relativo al ofrecimiento de pruebas dentro del recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa contra el crédito fiscal contenido en el oficio SF/SI/DAIF/II-1/D1471/2021, en consecuencia, resulta evidente que la omisión de la responsable de emitir acuerdo alguno relativo a la suspensión de términos y plazos, no ha transgredido derechos sustantivos de la parte quejosa, pues la misma no se ve transgredida en una afectación real al encontrarse pendiente el acuerdo a su ocurso de referencia, mismo que podría resultar en favor de los intereses de dicha quejosa. Máxime que, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado la parte quejosa aduce que la afectación que sufre se traduce en la merma de su derecho de exhibir pruebas adicionales en el recurso de revocación en contra del crédito fiscal contenido en el oficio SF/SI/DAIF/II-1/d-1471/2021, de catorce de julio de dos mil veintiuno. Lo anterior es así, pues a su vez dicha afectación propiamente no transgrede ni transgrediría derechos sustantivos, ya que dicho recurso, se encuentra en trámite, tal y como se aprecian de lo señalado por la impetrante, bajo protesta de decir verdad; lo cual quiere decir que aún existe la posibilidad de que la hoy quejosa pueda obtener una resolución favorable al final del procedimiento que haga que la violación procesal que reprocha resulte intrascendente, dado que equivaldría a la prosecución del procedimiento por todas sus etapas hasta el dictado de la resolución correspondiente, donde pueden repararse tales violaciones, en caso de que obtenga un fallo favorable. Ahora, en la hipótesis contraria, en caso de que se dicte resolución en dicho recurso de revocación en contra del crédito fiscal contenido en el oficio SF/SI/DAIF/II-1/d-1471/2021, de catorce de julio de dos mil veintiuno, y ésta le fuera desfavorable a la parte justiciable Club Deportivo TDMRCI, S.C., la misma puede reclamarla a través del juicio de nulidad, y, de manera excepcional, por medio del juicio biinstancial, una vez generada la afectación sustantiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." (Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes dos de mayo del presente año, Décima Época). En ese contexto, si el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, entonces, el juicio de amparo indirecto debe reputarse improcedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos analizados en párrafos que anteceden. Por las razones expuesta, se reitera que la omisión de las responsables de emitir un acuerdo mediante el que se declaren inhábiles los días cuatro, cinco, seis y siete de octubre de dos mil veintiuno, así como, la omisión para dar a conocer la forma en que se computaran los plazos los días señalados que reclama la parte quejosa, no se trata de un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues como se anticipó, la afectación de la que se duele la parte quejosa se traduce en la afectación a su derecho de exhibir pruebas adicionales en el recurso de revocación en contra del crédito fiscal contenido en el oficio SF/SI/DAIF/II-1/d-1471/2021, de catorce de julio de dos mil veintiuno y, por ende, se desecha de plano la demanda de garantías. Domicilio Se tiene como domicilio el que indica y como autorizados en los términos que señala con las amplias facultades del artículo 12 de la ley de amparo a Pedro Lozano Jiménez, Paulina Mariela Ramírez Ramírez, Carlos Gómez Luna, Magdiel Vladimir Hernández Robles, Wendy Jenyffer Venegas Rojas, Óscar Caballero Cervantes y Andrés Gregorio Avendaño Hernández, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala en dichos términos. Ahora toda vez que la parte quejosa proporciona correo electrónico para oír y recibir notificaciones; en su atención y a efecto de agilizar la tramitación del juicio en el que se actúa y tomando en cuenta la situación que actualmente vive el país con motivo de la pandemia derivada del virus SARSCoV2 (COVID-19); aunado a que el espíritu de los Acuerdos Generales 8/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país, y toda vez que la impetrante proporciona el correo electrónico notificaciones@jurisdiccional.com.mx, se faculta al actuario llevador de este expediente para notificarle éste y los subsecuentes proveídos que lo ameriten por dicho medio. Además, vista la certificación de cuenta, se autoriza a los usuarios RODRIGOHP y LUIS.LOZANO, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico y recibir notificaciones; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Medios electrónicos De igual manera, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno citado determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, se autoriza al peticionario de amparo uso de dichos medios electrónicos en los términos descritos con antelación. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez, que la este juicio fue promovido electrónicamente, tramítese de esa forma, hasta su conclusión. Transparencia Finalmente, (.) NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
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