Club Atletico Lagunero
Expediente 983/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Club Atletico Lagunero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; quince de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que en auto de esta fecha causó ejecutoria la sentencia de amparo, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No otorgó. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración y el duplicado de destrucción, en términos de los artículos 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; quince de noviembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.
- Principal
Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Licenciada Maribel Villanueva Salas.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el quince de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, José Adolfo Graciano Cuevas en su carácter de representante legal de Club Atlético Lagunero, Asociación Civil, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de las autoridades y los actos que a continuación se transcriben: "3. AUTORIDADES RESPONSABLES. CON EL CARÁCTER DE ORDENADORAS. ---1. EL C. PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO; de la cual emana el acto reclamado en el presente amparo, dentro del juicio laboral número 3/422/2006. ---EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS. ---1. Actuario adscrito a la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO, con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de Lerdo, Durango; de la cual emana el acto reclamado en el presente amparo, dentro de los autos del expediente número 3/422/2006. 4.- ACTOS RECLAMADOS. --- PRIMERO. Señalo como acto reclamado la falta de emplazamiento y/o notificación así como todas las consecuencias procesales, dentro del juicio laboral número 3/422/2006". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo inicialmente se turnó al Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, quien en auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, returnó el asunto a este juzgado federal, al actualizarse los supuestos del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales. En proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional aceptó el returno planteado, se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 983/2022-IIB; se previno al quejoso para que aclarar su demanda. Previo escrito aclaratorio, mediante acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, motivo por el cual se solicitó el informe justificado correspondiente; se emplazó al tercero interesado y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado el quince de febrero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, por tratarse de un juicio de amparo indirecto que corresponde a la competencia territorial de este juzgado de distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa, es el siguiente: La falta de emplazamiento así como todas las consecuencias procesales, dentro del juicio laboral número 3/422/2006. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Gómez Palacio, Durango, pues así lo confiesa dicha autoridad al rendir su informe justificado. Lo que además se corrobora con las documentales que allegó la Junta responsable, consistente en copia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario laboral 3/422/2006; documental que goza de valor probatorio pleno, al tenor lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, al no haber duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En ese sentido, el suscrito no advierte se actualice alguna causal de improcedencia de oficio, ni alegada por las partes, por lo que es procedente examinar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Decisión judicial. Sustancialmente el quejoso sostiene que la autoridad responsable trasgrede los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que su representada no ha sido emplazada legalmente o notificada al juicio laboral número 3/422/2006 que se tramita en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Gómez Palacio, Durango. Son INFUNDADOS los conceptos de violación que hace valer el quejoso, sin que en el caso resulte procedente la suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, ello de conformidad con lo dispuesto por la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora." Por lo tanto, en el caso que nos ocupa el estudio de la diligencia de emplazamiento reclamada se realizará únicamente con base en los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. Precisado lo anterior, cabe decir que el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, literalmente establece: "ARTÍCULO 743.- La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará, la resolución entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante legal de aquélla. III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, y si estuvieren éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el Actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el Actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye". La interpretación sintáctica y semántica del precepto transcrito, conduce a establecer que el emplazamiento al demandado debe practicarse personalmente en el domicilio señalado por los litigantes, y cumpliendo con los siguientes requisitos: 1. El emplazamiento debe de hacerse de manera personal al interesado en el domicilio designado para ello, mediante el cercioramiento de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación. 2. Si no está presente el interesado o su representante, debe dejársele citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada y en caso de que no obstante el citatorio, no se encuentre presente el interesado o su representante, la notificación debe hacerse a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, y si estuvieren éstos cerrados, debe fijarse una copia de la resolución en la puerta de entrada, pero en ambos casos debe de asentarse con claridad los elementos de convicción en que se apoye para practicar la diligencia. Ahora bien, la obligación de cerciorarse de que el lugar en que se constituye el actuario para practicar la diligencia de emplazamiento sea el que corresponde al domicilio del demandado, constituye un imperativo legal. Sin embargo, la posibilidad que tiene el fedatario de utilizar elementos de convicción para cumplir ese fin, implica que está en posibilidad de describir los rasgos fisonómicos de la persona con quien entiende la diligencia, y en su caso, de dar fe de los signos exteriores y demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda la diligencia, los que constituyen solamente actos potestativos para el actuario, el que tiene la facultad de acudir a algún otro elemento que le genere convicción de que el lugar en que practique el emplazamiento es aquél en el que el trabajador prestó sus servicios y que constituye la fuente de trabajo. Ello, porque el legislador al establecer, el "cercioramiento" del domicilio como requisito para la práctica del emplazamiento pretendió proveer de opciones al funcionario judicial encargado de la práctica de la diligencia, instituyéndolas de manera enunciativa y no limitativa, de tal manera que, para dar posibilidad de cercioramiento, de que el lugar en que se constituya a practicar el emplazamiento, tenga la opción de hacerlo por los medios que estime pertinentes. No obstante, esa forma optativa con que cuenta el fedatario judicial para cerciorarse del domicilio del demandado queda a su discreción practicarla con tal de que esos medios resulten eficaces. En el caso concreto, de las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad responsable, a las que se otorga el carácter de instrumental de actuaciones y producen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en el citatorio y diligencia de emplazamiento se asentó lo siguiente: El examen del citatorio de veintinueve de noviembre y la diligencia de emplazamiento de diez y once de julio ambas de dos mil seis antes citadas, permite arribar a la lógica y jurídica convicción de que en su práctica se observaron los lineamientos prescritos en el artículo 743, fracciones I, II y último párrafo del mencionado artículo, toda vez que en el acta respectiva, el fedatario adscrito a la Junta responsable asentó que en el domicilio en que se había constituido, era el de la demandada para el efecto de verificar tal acto procedimental, consignando además con claridad como elementos convictivos en que se apoyó su certeza de ser el domicilio correcto, la nomenclatura con el nombre de la calle avenida Universidad sin número, colonia Filadelfia en Gómez Palacio, Durango, así el rótulo exterior del domicilio como la ubicación de la colonia, así como el dicho de una persona de nombre José Espinoza Sánchez, quien dijo ser vigilante de la fuente demandada y quien le manifestó que en ese lugar tiene el mayor asentamiento de sus negocios el representante legal de Club Atlético A.C., y ser el domicilio correcto de la demandada, y que no se encontraba presente en ese momento el representante legal; por lo que el diez de julio de dos mil seis, le dejó cita de espera, a fin de que lo esperara el día once siguiente a las diez horas con cuarenta minutos por no haberlo encontrado presente en ese momento. Bajo ese contexto, es evidente que en relación con esta primer diligencia, es decir, el citatorio de espera no existe motivo para estimarla contraventora del dispositivo legal en consulta, toda vez que el fedatario dio cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, en tanto que bastó con que el actuario consignara, haber tenido conocimiento de la certeza del domicilio en que se había constituido para emplazar, por decir el nombre de la calle y nomenclatura oficial, así como el rótulo y que el mismo pertenecía al demandado por el informe proporcionado por la persona que lo atendió quien dijo llamarse José Espinoza Sánchez, y ser vigilante de la fuente de trabajo demandada, puesto que éstos son datos suficientes para dar cabal cumplimiento al último párrafo del precepto en cita. Sirve de sustento la tesis de jurisprudencia 4ª./J. 26/94, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 29, del Tomo 79, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro son: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA LABORAL. CUANDO SE PRACTICAN CON PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO POR NO ESTAR PRESENTE ESTE NI SU REPRESENTANTE A PESAR DEL CITATORIO QUE SE DEJO, EL ACTUARIO DEBE ASENTAR LOS ELEMENTOS QUE LO LLEVARON A LA CONVICCION DE QUE AQUELLA VIVE, TRABAJA O ES DEL DOMICILIO, SIN ESTAR OBLIGADO A CERCIORARSE DE TALES EXTREMOS. Para que la notificación personal se haga en la forma que establece la fracción IV del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, es necesario que previamente se hayan satisfecho los requisitos que establecen las fracciones I y III de ese precepto, es decir, que con anterioridad el actuario ya se haya constituido en la casa o local señalado; que ya se haya cerciorado de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en esa localidad y que, no habiéndolo encontrado, le dejó citatorio con la persona del domicilio que lo atendió; a partir de ahí, siguiendo la regla procesal, si pese al citatorio no están presentes el interesado o su representante, el actuario hará la notificación por conducto de la persona que se encuentre en la casa o local y sea del domicilio, haciendo constar en el acta las circunstancias relativas como pueden ser, entre otras, el nombre de la persona que lo atendió, sus características personales, el puesto que desempeña, el carácter con que se ostentó, la razón de que esté en el domicilio, la relación que guarda con el interesado, pero sin que sobre tales datos se tenga que cerciorar, porque la obligación de asegurar la veracidad de la información que recibe no se establece en ninguna disposición en esta fase de la diligencia, independientemente de que ello retardaría y dificultaría las actuaciones de modo innecesario, puesto que el actuario ya hizo todo lo posible porque la notificación llegara al interesado que, inclusive, desacató el citatorio". En relación con el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, este Juzgado de Distrito considera que el mismo establece las reglas básicas de la primera notificación personal, y que la finalidad de éstas es la de garantizar que tal notificación se haga a la persona directamente interesada o a su representante legal, y que por esa razón se exige que el actuario se cerciore de que la persona habita, trabaja o tiene su domicilio en la localidad señalada para hacer la notificación, y que haga constar los elementos que lo llevaron a tal convicción; asimismo, se ha estimado que en los casos en que no están presentes el interesado y su representante, debe dejárseles el citatorio respectivo en poder de alguna persona del domicilio, sin que sea necesario que el notificador se cerciore del nombre de esta persona, ni del carácter con que se ostente, toda vez que el numeral en comento no lo exige, así como tampoco ningún otro de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, para dejar un citatorio para la diligencia del emplazamiento, requiere previamente la satisfacción de dos elementos, esto es, los requisitos previstos en la primera fracción del precepto legal en estudio: a) que el actuario se constituyó en la casa o local señalados para hacer la notificación personal de que se trate; requisito de precisión que se exige al notificador en todos los casos a que se refiere este artículo, obviamente, como garantía de que la exactitud de la diligencia será comprobable si se pone en duda; y b) que se cercioró de que la persona que debe ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en ese lugar, para lo cual, en ambos casos está obligado el fedatario público a señalar con claridad los elementos de convicción en que se apoye. En este entorno, si no estuviera presente el interesado o su representante, según la hipótesis de la fracción III, se le debe dejar citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada, partiendo de la base de que hay alguien que sale a dar razón de lo inquirido. Esta observación se confirma por la circunstancia de que como la fracción III en examen rige el caso en que no está presente el interesado o su representante, ello significa que el domicilio está abierto, que hay una o varias personas y que faltando el interesado o su representante, hay con quien dejarle el citatorio, esto es, dejándolo en poder de alguna persona en el domicilio señalado, pues tal proceder asegura hasta donde es racionalmente posible que el interesado o su representante quede enterado de la cita. En virtud de lo anterior, tal y como sucede en el caso concreto, basta que haya en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de la persona a quien ha de notificarse, y pueda confirmar que en ese lugar habita o trabaja la persona buscada, para que se estime válida la diligencia en este aspecto, como en el caso aconteció al cerciorarse el actuario responsable de que el domicilio era el del demandado por el dicho de José Espinoza Sánchez. Sirve de apoyo el criterio de Jurisprudencia, visible en la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XX, Noviembre de 2004, Tesis: 2a./J. 162/2004, Página: 68, cuyo texto literal es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. LOS ACTUARIOS ESTÁN OBLIGADOS A ASENTAR EN EL ACTA RESPECTIVA, CIERTOS DATOS QUE PERMITAN APOYAR SU DICHO, SIN LLEGAR AL EXTREMO DE EXPRESAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, Y DEMÁS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE, SI ÉSTA SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE Y A DECIR POR QUÉ SE ENCUENTRA EN EL LUGAR. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, basta que se encuentre en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de la persona a quien ha de notificarse, y pueda confirmar que en ese lugar habita o trabaja la persona buscada, sin que se le pueda obligar a dar su nombre o a que se identifique, o a dar razón del porqué de su presencia en el domicilio, pues ninguna disposición legal prevé dicha circunstancia. En esa virtud, el que el actuario exprese o no en su acta determinadas características de la persona que lo atendió, no cambia la afirmación que hace en el sentido de haber sido atendido o recibido por una persona, pues el hecho de que la última parte del precepto legal que se analiza, obligue al actuario a señalar con claridad los elementos de convicción en que se apoye, no llega al extremo de mencionar los rasgos físicos de la persona, ni su edad o sexo, o cualquier otro dato, por lo que ha de bastar su afirmación en el sentido de que hubo alguien que le proporcionó la información requerida, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia. Lo anterior es así, ya que resultaría carente de sentido común la exigencia de la pormenorización de determinados elementos de identificación de una persona, pues ante la fe pública de que está investido el actuario en el ejercicio de sus funciones, difícil resulta pensar que pudieran desvirtuarse las características por éste asentadas, cuando sean negadas por quien impugna la notificación, pues sería la prueba de hechos negativos, es decir, que no existe una persona con tales características, a diferencia de las circunstancias respecto de que se cercioró de ser el domicilio correcto, por ser una situación objetivamente demostrable. Ello en el entendido de que nada le impide señalar cuantos datos estime necesarios para apoyar su dicho respecto de la persona que lo atendió al practicar la diligencia, dado que esa es una forma de corroborar, en su caso, la razón pormenorizada de su actuación." De ahí que, el funcionario al llevar a cabo la diligencia de notificación, tiene por disposición de la ley la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió la diligencia de emplazamiento con la persona que dijo ser José Espinoza Sánchez, quien dijo ser vigilante de la fuente de trabajo demandada, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario. Tiene aplicación al respecto la tesis visible en la página 202, del Tomo XI, Marzo de 1993, Instancia Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." En otro contexto, respecto del único agravio esgrimido por el quejoso consistente en que la autoridad responsable viola lo dispuesto en los artículos 14 y 16 Constitucionales, es INFUNDADO. Lo anterior es así, en tanto que el hoy quejoso sí fue emplazado al juicio laboral 3/422/2006, pues contrario a lo estipulado por el quejoso en los autos del citado juicio laboral obran la cita de espera de diez de julio y la diligencia de emplazamiento de once de julio ambas de dos mil seis, la cual fue apegada a derecho, según se asentó párrafos atrás, pues en ella se observaron los requisitos contenidos en 743, de la Ley Federal del Trabajo, para un correcto emplazamiento. En ese sentido no es verdad que se haya violado su garantía de audiencia. Finalmente, y en relación a que la autoridad responsable es omisa en fundamentar y motivar la diligencia de emplazamiento, es también INFUNDADO. Se afirma lo anterior, toda vez que la legalidad del emplazamiento ha de estudiarse a la luz de las normas que lo rigen y no de la garantía consagrada en el artículo 16 Constitucional, es decir, la licitud del llamamiento a juicio dependerá de que el actuario cumpla satisfactoriamente con los requisitos que en ese tema impone la ley de la materia y no de la motivación y fundamentación, que son temas que atañen a la orden judicial a cumplirse. Tiene aplicación la Tesis Aislada de la Novena Época, que dice: "EMPLAZAMIENTO. SU LEGALIDAD HA DE ESTUDIARSE A LA LUZ DE LAS NORMAS QUE LO RIGEN Y NO DE LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La fundamentación y motivación a que alude el artículo 16 de la Carta Magna entraña una cuestión propia de la autoridad ordenadora pero no de la ejecutora y, por ende, reclamar un acta de emplazamiento desde este punto de vista implica un desatino, puesto que la legalidad de tan relevante diligencia procesal debe examinarse a la luz de lo que prescriben las normas que la rigen y no del ámbito de la garantía constitucional que se invoca; es decir, la licitud del llamamiento a juicio dependerá de que el actuario cumpla satisfactoriamente con los requisitos que en ese tema impone la ley de la materia y no de la motivación y fundamentación, que son temas que atañen a la orden judicial a cumplirse." En consecuencia y por todas las consideraciones antes expuestas, es evidente que en el citatorio de diez de julio de dos mil seis y en la diligencia de emplazamiento de once de julio de dos mil doce, no existen motivos para estimarlas contraventoras de los dispositivos legales en consulta, ya que opuestamente a lo externado por el quejoso, el actuario asentó en el acta respectiva los medios a través de los cuales llegó al convencimiento de que el domicilio en el que practicó el emplazamiento era el del quejoso, siendo éstos por el dicho de José Espinoza Sánchez, así como por los signos exteriores del domicilio los cuales quedaron plasmados en la citada diligencia, toda vez que en el caso concreto bastó con que consignara el actuario, haber tenido conocimiento de la certeza del domicilio en que se había constituido para emplazar, por decir el nombre de la calle y nomenclatura oficial, el rótulo del lugar y que el mismo pertenecía al demandado por el informe proporcionado por la persona con quien entendió la diligencia de nombre José Espinoza Sánchez, puesto que éstos son datos suficientes para dar cabal cumplimiento a lo establecido por el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. SÉPTIMO. Sin que en el caso, resulte procedente aplicar el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de la jurisprudencia P./J. 121/2005, y que dio lugar a la tesis jurisprudencial número 70/2010, cuyo rubro y texto dicen: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto." Ello es así, porque el aquí quejoso en su demanda no reclamó el laudo emitido en el juicio natural como acto destacado; aunado a que no formuló ningún concepto de violación tendiente a combatir el laudo dictado en el juicio de origen, razón por la cual este órgano resolutor no emite la declaratoria de incompetencia a que se hace alusión en dicho criterio jurisprudencial. En las relatadas condiciones y ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación argumentados por el quejoso, lo procedente es NEGAR a Club Atlético Lagunero Asociación Civil, por conducto de su representante José Adolfo Graciano Cuevas, el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Club Atlético Lagunero Asociación Civil, por conducto de su representante José Adolfo Graciano Cuevas, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; tres de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Visto el oficio remitido por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, agréguese a los autos a fin de que obre como corresponda. Vista. Ahora, téngase al juzgado homólogo oficiante remitiendo las constancias que le fueron solicitadas en proveído de veintisiete de septiembre del año que transcurre y con las mismas dése vista a las partes, a fin de que se impongan de su contenido, para los efectos legales a que haya lugar. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa al oficio de cuenta, las que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas y tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese.
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