Clotilde Rabasa Sobrevilla
Expediente 2075/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2075/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/10/2016
Partes del expediente
- Clotilde Rabasa Sobrevilla
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
PRIMERO: SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO: SEGUNDO: PUBLÍQEUSE LA PRESENTE DETERMINACIÓN EN EL SISE. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1516/2016-6-B, promovido por Inmobiliaria La Ceiba del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado Juan José Granda Pastrana, contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el quince de junio de dos mil dieciséis, Inmobiliaria La Ceiba del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado Juan José Granda Pastrana, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES: "El H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas." ACTOS RECLAMADOS: "Reclamo el decreto conforme al ámbito de su competencia, de las reformas por la que se adiciona el artículo 131 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; que modifica el texto del capítulo III, el texto del primero y segundo párrafos del artículo 14 y se adiciona la fracción IX al artículo 17 del Reglamento para el Uso de Suelo Comercial y la Prestación de Servicios Establecidos en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; así como la adición de un segunda párrafo al artículo 54 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por la inminente aplicación en perjuicio de mi representada por su notoria inconstitucionalidad." Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1o., 5o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, recibida el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; cuyo Secretario encargado del despacho, por auto de diecisiete siguiente, la admitió a trámite bajo el número 1516/2016, pidió su informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento (fojas 122 a 124). Finalmente, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio, previo diferimiento, al tenor del acta que antecede, y concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracciones I, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 (relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito) y 16/2016 (relativo, entre otras cosas, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, pues se reclama la inconstitucionalidad de normas generales por su sola entrada en vigor, supuesto en el cual la competencia para conocer del juicio de amparo recae en el juez de distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en el que el destinatario debe acatarlas. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, la titular de este órgano jurisdiccional procede a la fijación del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá; conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable al asunto que nos ocupa por identidad de razón, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En tal virtud, de acuerdo al contenido íntegro de la demanda de amparo, el informe justificado y las constancias que lo apoyan, la presente litis versa en determinar la existencia, procedencia y constitucionalidad de los actos reclamados que se hacen consistir esencialmente en: La iniciativa, discusión y aprobación de la reforma a los artículos 54 del Bando de Policía y Gobierno, 131 del Reglamento de Construcción, 14 y 17 del Reglamento para el Uso de Suelo Comercial y la Prestación de Servicios Establecidos, todos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; acordada en sesión de cabildo de doce de mayo de dos mil dieciséis. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Ayuntamiento del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al rendir su informe justificado aceptó su participación en el procedimiento de creación de las normas impugnadas (fojas 129 a 131). En consecuencia, deben tenerse por ciertos los actos reclamados, pues sus manifestaciones constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2o, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, cabe señalar que la certeza de los actos atribuidos a tales autoridades se entiende implícita, atendiendo al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J.65/2000 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo". Por tanto, al no existir prueba en contrario, resultan ciertos los actos reclamados. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía de amparo se reclaman, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, se tiene que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 6o. y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. (.)" "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". De la interpretación armónica de los citados artículos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Dicha normatividad, como puede apreciarse, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, es lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como la facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva. Por ende, quien alega una afectación a su interés jurídico debe demostrar ser titular del derecho que aduce fue violado, y que derivado de esa violación resultó afectado en su esfera jurídica. Luego, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, esto es, asiste interés jurídico a la parte quejosa cuando es titular de un derecho subjetivo público o privado que resulte lesionado por el acto de autoridad reclamado. La existencia de un derecho subjetivo supone la reunión de tres elementos: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir de la obligada la satisfacción de ese interés mediante la prestación debida. El interés es exclusivo, actual y directo, si es personal, existe al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por él conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Ese interés estará reconocido y protegido por la ley, cuando haya una norma jurídica creada para garantizar en forma directa e inmediata su satisfacción. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona, sujeto activo, tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés y otra persona, sujeto pasivo, que podrá ser un particular, tratándose de derechos subjetivos privados, tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada, que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". De igual forma, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra señala: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Por su parte, el interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico, según se advierte de la redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, en la que se exceptúa expresamente a los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. El interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Ilustra lo anterior, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Es pues, el interés legítimo, aquél interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, a diferencia del interés simple o jurídicamente irrelevante que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado, y por ende, éste no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Así, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. Al respecto, cobra aplicación la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Como puede apreciarse, el interés legítimo abrió la gama de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues no se exige la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. Empero, dicho interés debe estar garantizado por un derecho objetivo (sin que necesariamente dé lugar a un derecho subjetivo) y debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otro tipo. En otros términos, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no está dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica de la persona, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico, en cuyo caso cabe hablar de un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Lo anterior, impone al juez constitucional la obligación de analizar en el caso concreto las relaciones jurídicas en que se insertan las personas. Para ello no sólo interesa la relación directa de la autoridad o de la ley con el quejoso (dimensión vertical), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentra, por ejemplo, con otros particulares (dimensión horizontal), en virtud de las cuales exista una correa de transmisión con los efectos perjudiciales de los actos reclamados. En suma, quien acude al juicio de amparo debe acreditar que le asiste interés jurídico, o en su caso, interés legítimo, para reclamar la insubsistencia del acto reclamado, y no inferirse con base en presunciones. En el primer supuesto debe demostrar, como elementos constitutivos del interés jurídico: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En el segundo caso, deberá probar que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Así lo sostuvo la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver el amparo en revisión del que emanó la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Ahora bien, en el caso del amparo contra leyes aplica la misma regla, esto es, la procedencia de la acción constitucional se condiciona a la existencia del principio de agravio. Por tanto, el juicio de amparo procede contra normas generales que se estimen violatorias de los derechos humanos y/o garantías constitucionales cuando exista un principio de afectación, para lo cual en la ley se contemplan dos momentos posibles: a) por su sola entrada en vigor, y b) cuando existe un acto de aplicación. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, la jurisprudencia introdujo la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas, en función de las posibilidades de afectación de una norma general. En la actualidad, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido, desde entonces, la noción de norma autoaplicativa, como aquella norma que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. En cambio, la norma heteroaplicativa es aquella que precisa de la realización de un acto para actualizar el perjuicio, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso, comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. En ese orden de ideas, el concepto de distinción se basa en la noción de contenido normativo condicionado: Si se trata de un contenido normativo incondicionado, la norma es autoaplicativa. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Apoya lo esgrimido, la Jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." De lo anterior se colige, que el criterio de clasificación de heteroaplicabilidad y autoaplicabilidad es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, legítimo o simple, el concepto de individualización incondicionada no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Esto es, lo que la clasificación avanza es un criterio de distinción formal: exige determinar si los efectos de la norma están condicionados o no a la realización de un acto, suceso o hecho posteriores; pero esta noción no indica, en sí misma, con base en qué criterio material de afectación se ha de definir si esos efectos están condicionados o no, lo cual resultaba innecesario en la jurisprudencia, pues siempre se suponía el concepto de interés jurídico, dado que no existía una noción alternativa como, por ejemplo, el interés legítimo. Luego, la distinción entre normas autoaplicativas y heteroaplicativas, así como la diferencia de contenidos normativos condicionados y no condicionados, es una concepción formal que depende de la noción material de afectación que se adopte. Tales consideraciones fueron sostenidas por la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver el amparo en revisión del que emanó la tesis 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." Bajo ese marco, la Primera Sala estimó que las normas autoaplicativas y heteroaplicativas se deben seguir distinguiendo por el concepto de individualización incondicionada, la cual, conforme al actual artículo 107 constitucional, puede proyectarse en dos espacios de afectación posible, a saber, el de interés jurídico y el de interés legítimo. Tratándose de interés jurídico, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurren en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando esos efectos trascienden en la afectación de un derecho subjetivo; es decir, cuando de forma personal y directa se creen, transformen o extingan situaciones concretas de derecho, en dos escenarios distintos: a) Esas normas establezcan obligaciones de hacer o no hacer directamente a los particulares, o b) Generen hipótesis normativas cuya actualización inmediata traigan aparejadas consecuencias jurídicas para ellos. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas. En ambos supuestos se entiende que la noción de afectación es un agravio personal y directo a un derecho subjetivo, por lo que cabría afirmar que los quejosos son destinatarios directos de estas normas. Tratándose de interés legítimo, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos, igualmente, ocurren en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando esos efectos trascienden en la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Por tanto, los quejosos no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada. Así, las normas autoaplicativas en el contexto del interés legítimo sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación que reúne las características de jurídicamente relevante, cualificado, actual y real. La afectación debe estar garantizada por el derecho objetivo y, en caso de concederse el amparo, el quejoso podrá obtener un beneficio jurídico; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa en grado suficiente para ser personal o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, cuya comprobación pasa por verificar que, en caso de otorgarse el amparo, el quejoso obtendría un beneficio jurídico; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación, para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas. Dicho criterio quedó plasmado en la diversa tesis 1a. CCLXXXII/2014 (10a.), de rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO. Tratándose de interés legítimo, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Conforme a esta definición de interés legítimo, los quejosos no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada, pues se requiere un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas." En el particular, la parte quejosa impugna las reformas al Bando de Policía y Gobierno, Reglamento de Construcción y Reglamento para el Uso de Suelo Comercial y la Prestación de Servicios Establecidos, todos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; aprobadas en sesión de cabildo de doce de mayo de dos mil dieciséis. Ahora bien, ha sido criterio reiterado del Alto Tribunal que en un amparo contra leyes es menester realizar el examen de diversas cuestiones, como son la identificación precisa de los actos reclamados a través del examen integral de la demanda de amparo, la identificación de la naturaleza de las normas que se combatan, esto es, si son de naturaleza autoaplicativa, o bien, heteroaplicativa y, en este último caso, identificar el primer acto de aplicación en perjuicio del promovente; luego, examinar la procedencia del juicio de amparo, todo lo cual implica un examen de índole jurisdiccional, que es propio de los órganos judiciales federales. En relación a la identificación de los actos reclamados, ha establecido, además, que para determinar qué disposición o disposiciones jurídicas se combaten, debe atenderse de manera decisiva a los conceptos de violación. Esto es, para determinar cuál es la inconstitucionalidad que de modo preciso se alega, debe atenderse a los razonamientos que se hagan valer en la demanda de amparo. Al respecto, cobra aplicación la tesis P. XXXVIII/90, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Para determinar el precepto que se combate, tratándose de amparo contra leyes, debe atenderse no sólo al capítulo de actos reclamados sino al estudio integral de la demanda y de manera especial a los conceptos de violación que se aduzcan, pues es atendiendo a los razonamientos que se hacen valer como puede determinarse cuál es la norma que se ataca de inconstitucional." Hecho lo anterior, para examinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, se debe hacer un análisis jurisdiccional, a fin de dilucidar la naturaleza de las disposiciones reclamadas, ya sea autoaplicativa, por no establecer condición alguna para su individualización, o bien, heteroaplicativa, cuando se observa que para que nazca la obligación que refieren las normas se requiere de un acto de particular o de autoridad, esto es, que su sola vigencia no vincula al gobernado a su cumplimiento, pues su aplicación jurídica o material en un caso concreto, se halla sometida a la realización de un evento; ello bajo el concepto de "individualización incondicionada", desarrollado en párrafos que anteceden. En este punto, debe tenerse en consideración que para que el juicio de amparo contra leyes o disposiciones de observancia general sea procedente cuando se reclama una norma por su sola entrada en vigor, no basta que su naturaleza sea autoaplicativa, sino, además, se requiere que cause perjuicio al quejoso. Luego, para determinar si causa perjuicio la norma, es indispensable verificar si el quejoso se halla o no en el supuesto hipotético de la disposición jurídica de que se trate, lo cual es materia de prueba, por lo que amerita el examen jurisdiccional de las pruebas que, en su caso, se aporten para tal extremo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis 3a. LII/91, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA UNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA. No debe confundirse el carácter de autoaplicativa de la ley, con el interés jurídico para reclamarla en amparo, pues mientras que aquél se refiere a la obligatoriedad del mandato legal desde que entra en vigor, el segundo se relaciona con la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse, tomando en cuenta que el artículo 4o. de la Ley de Amparo previene que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente con que las disposiciones de la ley resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el quejoso se encuentra en los supuestos de las normas que pretenda impugnar, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo." Por otro lado, si se trata de normas heteroaplicativas, también debe realizarse un examen jurisdiccional, a fin de determinar si se acredita la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, el cual puede presentarse de muy diversas maneras. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 12/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia." Sobre esa base, se tiene en el particular que la quejosa combate en forma específica, entre otros, los artículos 54, segundo párrafo, del Bando de Policía y Gobierno; 131, segundo párrafo, del Reglamento de Construcción; 14, párrafos primero y segundo y 17, fracción IX, del Reglamento para el Uso de Suelo Comercial y la Prestación de Servicios Establecidos; todos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; preceptos que precisan: Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. "Artículo 54. Se requiere de licencia de funcionamiento, constancia de factibilidad de actividad o giro comercial, permiso o autorización del Ayuntamiento para lo siguiente: (.) Para el efecto de la emisión de permisos, licencias y autorizaciones, los reglamentos respectivos determinarán los casos en que se destinarán los espacios para estacionamiento gratuito, con las excepciones previstas en el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 124 BIS de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas." Reglamento de Construcción para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. "Artículo 131. (.): Las edificaciones deberán contar con los espacios para estacionamiento de vehículos, de acuerdo a su tipología, su uso y a su ubicación, los cuales se establecen en la Tabla No. 1, de este reglamento. Para el caso de las plazas comerciales, el uso del servicio de estacionamiento será gratuito y de libre acceso, con las excepciones previstas en el segundo párrafo, fracción IV, del artículo 124 BIS, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas." Reglamento para el Uso de Suelo Comercial y la Prestación de Servicios Establecidos en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. "ARTICULO 14. Para los efectos de este reglamento, se consideran tiendas de autoservicio y locales comerciales, los establecimientos que vendan al publico en general toda clase de productos alimenticios, de uso personal, para el hogar y otros, en que los clientes se despachan por si mismos y pagan el importe de sus compras al salir y por plaza comercial se entenderá a aquella construcción definitiva o provisional, que agrupe a servicios y/o locales destinados al comercio, conectadas por áreas comunes y circulaciones, que se constituyen en espacios de interactuación social. En las tiendas de autoservicio y plazas comerciales, se podrán instalar como servicios complementarios, fuentes de soda, loncherías, expendios de alimentos cocinados para su consumo en el establecimiento y otros relacionados con su giro principal." "ARTICULO 17. Además de la solicitud que se alude en el artículo anterior, se deberán cumplir los siguientes requisitos: (.) IX. Disponer de lugares de estacionamiento de vehículos en la cantidad que señale tanto el programa de desarrollo urbano como los reglamentos municipales; para el caso de las plazas comerciales, el uso de servicio de estacionamiento será gratuito y de libre acceso, con las excepciones previstas en el segundo párrafo, fracción IV, del artículo 124 BIS de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas." Los citados numerales, como puede apreciarse, regulan diversos aspectos relativos, en esencia, al funcionamiento de los estacionamientos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En efecto, el artículo 54 del Bando de Policía y Gobierno establece que para el otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones, en los casos expresamente previstos en dicha normatividad, entre los que destacan el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicio, así como las construcciones y uso específico de uso de suelo, los reglamentos respectivos determinarán los casos en que se destinarán los espacios para estacionamiento gratuito, con las excepciones previstas en el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 124 BIS de la Ley de Desarrollo Urbano de la Entidad. Por su parte, el artículo 131 del Reglamento de Construcción dispone que las edificaciones deberán contar con los espacios para estacionamiento de vehículos, de acuerdo a su tipología, su uso y a su ubicación, y en el caso de las plazas comerciales, que el uso del servicio de estacionamiento será gratuito y de libre acceso, con las excepciones previstas en el segundo párrafo, fracción IV, del artículo 124 BIS, de la Ley de Desarrollo Urbano de la Entidad Finalmente, los artículos 14 y 17 del Reglamento para el Uso de Suelo Comercial y la Prestación de Servicios Establecidos señalan, en lo que interesa, que por plaza comercial se entiende aquella construcción definitiva o provisional, que agrupe a servicios y/o locales destinados al comercio, conectadas por áreas comunes y circulaciones, que se constituyen en espacios de interactuación social; asimismo, que los interesados en obtener licencia de funcionamiento para la apertura de este tipo de giros comerciales, deberán cumplir, entre otros requisitos, de disponer de lugares de estacionamiento de vehículos en la cantidad que señale tanto el programa de desarrollo urbano como los reglamentos municipales, cuyo uso, en el caso de las plazas comerciales, será gratuito y de libre acceso, con las excepciones previstas en el segundo párrafo, fracción IV, del artículo 124 BIS de la Ley de Desarrollo Urbano de la Entidad. Cabe precisar, como se advierte de la lectura del acta de sesión de cabildo en que fueron aprobadas tales disposiciones, que las mismas se emitieron en cumplimiento al artículo tercero transitorio del Decreto por el cual se reformaron y adicionaron, entre otros, el artículo 124 BIS, fracción IV, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial de la Entidad el 17 de febrero de 2016. El nuevo texto del precepto reformado quedó redactado en los siguientes términos: "Articulo 124 bis. Las construcciones deberán ajustarse a las normas generales siguientes: (.) IV. Dispondrán de lugares de estacionamiento de vehículos en la cantidad que señalen tanto los planes de desarrollo urbano, como los reglamentos municipales; Tratándose de plazas comerciales, el uso del servicio de estacionamiento deberá ser gratuito y de libre acceso, se exceptúa de lo anterior el servicio proporcionado a los usuarios que no adquieran bienes o servicios en la plaza o centro comercial y únicamente hagan uso del servicio de estacionamiento publico, dicha tarifa estará establecida en las leyes de ingresos de los municipios que correspondan. El incumplimiento de esta disposición, será sancionado conforme lo disponga el reglamento de construcción municipal, el bando de policía y buen gobierno y la ley de ingresos del municipio correspondiente." Conforme al citado numeral, el legislador dispuso que en el Estado de Chiapas toda edificación debía disponer de lugares de estacionamiento de vehículos y, que en el caso de las plazas comerciales, el uso del servicio de estacionamiento sería gratuito y de libre acceso, exceptuándose de lo anterior el servicio proporcionado a los usuarios que no adquirieran bienes o servicios en la plaza o centro comercial y únicamente hicieran uso del servicio de estacionamiento publico, en cuyo supuesto la tarifa quedaría establecida en las leyes de ingresos de los municipios. De lo que se sigue, que los artículos combatidos en la presente instancia constitucional complementan la norma estatal que decretó la gratuidad en el servicio de estacionamiento público que se presta en las plazas o centros comerciales que operan en cada municipio de la Entidad. Ello, al disponer en su conjunto que para el otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones, así como para la construcción y uso específico de uso de suelo en el municipio de Tuxtla Gutiérrez para el giro de plaza comercial, los interesados tienen la obligación de disponer de lugares de estacionamiento de vehículos, cuyo servicio ha de ser gratuito y de libre acceso, salvo los casos expresamente previstos en la Ley de Desarrollo Urbano. Disposiciones de carácter general que la quejosa impugna en la presente instancia constitucional sin que exista acto de aplicación de los supuestos que prevén, esto es, como normas de carácter autoaplicativo que le originaron perjuicios por su sola entrada en vigor; reclamo que resulta compatible con la naturaleza de las normas, pues su contenido se actualiza con su sola vigencia. En efecto, al establecer que en las plazas o centros comerciales el servicio de estacionamiento público será gratuito, es de estimarse que las citadas normas inciden en la esfera jurídica del gobernado en forma incondicional, al menos en quienes al momento de su entrada en vigor ya se encontraban operando un giro comercial de esa naturaleza, habida cuenta que la nueva disposición les obliga a suspender definitivamente el cobro del servicio de estacionamiento que hasta ese día venían prestando, lo que de suyo supone una afectación patrimonial ante la imposibilidad de seguir recibiendo una ganancia que percibían con regularidad. De ahí que se sostenga que los artículos impugnados tienen carácter autoaplicativo, y como tal, no requieren de un acto de aplicación para actualizar un perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, pues éste se actualiza con la sola vigencia de la norma. Ahora, dicha circunstancia resulta insuficiente por si sola para tener por colmado el interés jurídico de la quejosa, quien se encontraban obligada a demostrar, en todo caso, encontrarse en el supuesto específico de la norma que le causa perjuicio, máxime que la entrada en vigor de la norma autoaplicativa solamente afecta a quienes se hallan en el supuesto de la disposición jurídica, según fue puesto de relieve en párrafos que anteceden. Al respecto, si bien la peticionaria se ostentó en su demanda como propietaria de un centro comercial establecido en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, lo cierto es que no acreditó fehacientemente ser prestadora del servicio de estacionamiento público en aquel lugar y, además, que por dicho servicio cobrara al usuario una contraprestación autorizada. Ciertamente, la quejosa acompañó a su demanda, entre otros documentos, la licencia de funcionamiento con número de folio SDU/DOT/USyCA/FUNC/0156/2016, de catorce de abril de dos mil dieciséis, de cuyo contenido se aprecia la renovación de su permiso para seguir operando el giro de plaza comercial denominado "Plaza Galerías Boulevard", en el domicilio ubicado en Boulevard Belisario Domínguez, número 1861, municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con vigencia hasta el cuatro de abril de dos mil diecisiete. Asimismo, exhibió el dictamen de factibilidad y uso de suelo con número de folio SDU/DOT/USyCA/FACT/0202/2016, de primero de marzo de dos mil dieciséis, por el cual se revalidó aquél que le fue otorgado para el uso específico de plaza comercial en el predio ubicado en Boulevard Belisario Domínguez, número 1861, municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con vigencia de un año a vencerse al primero de marzo de dos mil diecisiete. Tales documentales, empero, carecen de idoneidad para demostrar que la peticionaria se ha constituido en prestadora del servicio de estacionamiento público a cambio de una contraprestación en el centro comercial cuya propiedad detenta, pues mientras la primera alude únicamente a la autorización para operar el giro de plaza comercial, no así el de estacionamiento, la segunda reitera la viabilidad de la actividad desarrollada en el predio, es decir, la que tiene autorizada la quejosa y no otra. Sin que pase desapercibido para quien esto resuelve, que la última de las documentales examinadas refiera en su reverso que la beneficiaria del dictamen debía cumplir con la obligación de contar con cajones de estacionamiento, pues el sólo hecho de que el uso de suelo autorizado precisara de aquél requisito en modo alguno supone que la peticionaria también contara con licencia para prestar el servicio de estacionamiento público, habida cuenta que en términos del Reglamento de Estacionamientos y Parquímetros para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dicha actividad comercial debe ser autorizada por la Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. De forma que, la obligación de disponer de cajones de estacionamiento para poder operar una plaza comercial a que se halla sujeta la quejosa, no representa por si misma un permiso para prestar el servicio de estacionamiento público, y mucho menos, a cambio de un cobro, pues tal actividad precisa de la obtención de una licencia que se halla condicionada al cumplimiento de requisitos diversos a los exigidos para el funcionamiento de una plaza comercial. Aserto en el que no se soslaya que la peticionaria demostró ser la propietaria de un giro de la citada naturaleza, lo cual presume que cuenta con cajones de estacionamiento en el predio en que se halla constituida su negociación, mas dicha circunstancia no implica necesariamente que en aquellos espacios se proporcione el servicio de estacionamiento publico a cambio de una retribución -ello en el entendido de que en la actualidad también existen centros comerciales en los que el servicio de estacionamiento es gratuito- y mucho menos supone que sea la quejosa quien opera este último giro, pues hoy en día es una práctica común que los dueños de plazas comerciales contraten con terceros la prestación del servicio relativo en sus instalaciones. Luego, al no acreditar la calidad de prestadora del servicio de estacionamiento público en una plaza comercial que se ubique en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, deviene inconcuso que las normas autoaplicativas impugnadas no deparan perjuicio alguno a la quejosa, máxime que éstas inciden únicamente en quienes desarrollan esa actividad comercial, grupo al que no demostró pertenecer la peticionaria. De ahí que carezca de interés jurídico o legítimo para reclamar en sede constitucional su inaplicabilidad presente y futura. Sin que obste a lo anterior, que en la demanda de amparo la quejosa haya manifestado bajo protesta de decir verdad que se hallaba sujeta a la normatividad combatida, ya que el interés jurídico, como presupuesto de la acción constitucional, debe estar probado fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. Apoya lo esgrimido, por identidad jurídica, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, de rubro y texto: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADO SIN QUE BASTE LA PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EL QUEJOSO ESTA SUJETO A ELLAS. De acuerdo con los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, es al quejoso a quien corresponde demostrar que el ordenamiento recurrido afecta su interés jurídico; luego entonces, si no se demuestra esa circunstancia, es legal el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, sin que pueda asumirse una postura inversa porque se haya manifestado bajo protesta de decir verdad la sujeción a la norma y los perjuicios que ocasiona, en tanto que son afirmaciones que para poder ser tomadas en cuenta deben estar respaldadas por cualquiera de los medios de prueba establecidos por la ley." Asimismo, no representa obstáculo a la anterior determinación, que la demanda de amparo haya sido admitida a trámite por esta juzgadora, ya que dicha actuación no supone la imposibilidad de que se actualice una causa de improcedencia con posterioridad, a saber, al momento de fallar en definitiva, pues la admisión del juicio de amparo constituye la regla general que se ve exceptuada únicamente al advertirse la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo cual no acontece en el caso del interés jurídico, pues es el propio trámite de la instancia el que permite al quejoso acreditarlo hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Ilustra lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO PUEDE ESTIMARSE ACREDITADO CON LA SIMPLE ADMISION DE LA DEMANDA. La circunstancia de que el juez federal haya admitido la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, por haber apreciado que reunía los requisitos del artículo 116 del propio ordenamiento, no es obstáculo para que, una vez agotadas las fases del procedimiento constitucional, al emitirse el fallo correspondiente, pudiera considerarse que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, del citado cuerpo legal, toda vez que las causas de improcedencia entre ellas la falta de interés jurídico deben examinarse previamente al estudio de la inconstitucionalidad planteada. Además, el desechamiento de la demanda de garantías sólo es procedente cuando, al ser presentada, se advierta una causa de improcedencia indudable y notoria, y si en el caso se dio dicha hipótesis, la parte quejosa, durante la tramitación del juicio de garantías y aun en la audiencia constitucional, estuvo en aptitud de aportar pruebas idóneas para demostrar su interés jurídico y al no hacerlo, dio lugar a que sobreseyera en el juicio respectivo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 6o. y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional; con fundamento en el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, la suscrita se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 509, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de la sentencia. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SEXTO. Captura de sentencia. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 75, 77, 79, 124, y demás aplicables de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: PRIMERO: Se sobresee en el presente juicio de amparo 1516/2016-6-B, promovido por Inmobiliaria La Ceiba del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado, en contra de actos del Ayuntamiento del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por las razones vertidas en el cuarto considerando del presente fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos quinto y sexto de este fallo. Notífiquese personalmente.
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