Clotilde Rabasa Sobrevilla

Expediente 1536/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1536/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
03/12/2019

Partes del expediente

  • Clotilde Rabasa Sobrevilla

Actuaciones

  1. Principal

    I.- Primeramente, se hace saber a las partes que mediante oficio SEADS/1405/2019, de trece de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por Luis Francisco Trejo Sánchez, Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción en suplencia por ausencia del Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México; a través del cual comunica la adscripción de Lucia Anaya Ruiz Esparza, como titular de este órgano jurisdiccional. II.- La certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Clotilde Rabasa Sobrevilla. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Archivo Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Incidente de Suspensión Toda vez que en el presente no se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. Registros correspondientes Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. Documentos y tomos para devolver a las partes Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Juez del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1536/2019-VIII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: La audiencia de remate de diez de agosto de dos mil diecisiete, emitida en el expediente 372/2011, del índice del Juzgado del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Asimismo, hace valer como concepto de violación las ilegales notificaciones realizadas por edictos de cuatro y doce de julio, tres de agosto de dos mil diecisiete, derivadas del expediente antes citado, así como las publicaciones de los edictos en el periódico denominado Cuarto Poder de diez , catorce y dieciocho de julio de dos mil diecisiete. En atención a lo anterior, oficiosamente, se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, misma que consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos; improcedencia que se actualiza respecto al acto que reclama la promovente. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad. De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. Ahora, a fin de evidenciar que se actualiza la causa de improcedencia anunciada, es preciso tener a la vista como hecho notorio, los autos del diverso juicio de amparo 1340/2019-I, de la estadística de este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como el principio jurídico contenido en la jurisprudencia, de texto y rubro siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. En el caso particular, se colma el primer y segundo requisito para ser un acto consentido y que le causa directamente perjuicio, resulta ser la audiencia de remate de diez de agosto de dos mil diecisiete, emitida en el expediente 372/2011, del índice del Juzgado de Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cintalapa de Figueroa, Chiapas; acto que incuestionablemente le causa un agravio a la referida impetrante. Ahora bien, por lo que hace al tercer requisito, que establece que la agraviada se haya conformado con el acto reclamado; esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo, éste se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18, de la propia ley, establece que los plazos se computarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Lo expuesto se corrobora con el contenido de la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Así, debe aclararse que la impetrante de amparo tuvo conocimiento del acto que por esta vía se combate, cuando menos desde el tres de octubre de dos mil diecinueve, por las consideraciones que a continuación se vierten. En el juicio de amparo 1340/2019-I, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se trae a la vista como hecho notorio, tal y como se indicó en párrafos que preceden, destacan los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con residencia en esta ciudad, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, residentes en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, la aquí quejosa, interpuso demanda de amparo contra el auto de veinte de septiembre de dos mil diecinueve dictado dentro del expediente 372/2011, del índice del Juzgado de Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en el que se le requiere para que dentro del término de cinco días acuda ante el Notario Público designado a firmar la escritura de adjudicación, que por razón de turno le tocó conocer a este Juzgado. 2. Seguidamente mediante escrito de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, al desahogar la prevención decretada en proveído diecisiete de octubre del presente año, la parte quejosa en el punto segundo, manifestó bajo protesta de decir verdad que la audiencia de remate realizada dentro del expediente 372/2011, se llevó a cabo el diez de agosto de dos mil diecisiete, acto que le causa perjuicio en el presente asunto; finalmente, en auto de veintinueve de octubre se admitió el juicio de amparo 1340/219. En ese orden jurídico, una vez analizado el escrito demanda del citado juicio, se advierte que la parte quejosa en el capítulo V, manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los hechos desde el tres de octubre pasado del año en curso. En consecuencia, el término para presentar la demanda de amparo venció el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, pues tuvo conocimiento el tres, surtió efectos el cuatro y empezó a transcurrir a partir del siete, todos de la citada mensualidad, sin contar los días que mediaron como inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 19, de la Ley de la Amparo, y el artículo 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior puede apreciarse gráficamente en el siguiente calendario. Octubre 2019 LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 1 2 3 (A) 4 (B) 5 6 7 inicio 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 fenece 26 27 28 29 30 31 Fecha en que tuvo conocimiento de todo lo actuado del expediente 372/2011, analizada que fue la demanda en el juicio de amparo 1340/2019. B) Fecha en que surtió efectos la notificación. C) Plazo de quince días para promover el juicio de garantías. D) Días inhábiles. Por lo que, si la solicitante de amparo combatió por esta vía el acto reclamado en comento, hasta el trece de noviembre de dos mil diecinueve, fecha en que presentó su demanda de amparo, según se aprecia del sello de recepción respectivo que obra en la primera hoja de la demanda de referencia; es indudable que la misma es extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso la Jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva. Luego, al no haberse reclamado oportunamente el acto en análisis implica un consentimiento tácito por parte de la quejosa Clotilde Rabasa Sobrevilla, que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, del tenor siguiente: ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo y debe sobreseerse en el juicio respectivo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por los motivos expuestos con anterioridad. Guarda aplicación el criterio de la literalidad siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 108, fracción I, se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el que señala en su escrito de demanda y como autorizadas para tales efectos, en términos amplios del artículo 12, de la ley de la materia, a ***, toda vez que así lo solicitó. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    I. Los oficios de cuenta signados por el Tesorero y Presidente ambos del Municipio de Villaflores, Chiapas, por medio del cual señalan domicilio, designan personas para para oír y recibir notificaciones; así también, solicitan prórroga para el cumplimiento de la ejecutoria. II. El oficio signado por el Apoderado Legal del Municipio de Villaflores, Chiapas, por medio del cual señala y autorizados para oír y recibir notificaciones, asimismo realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria. III. El estado de autos, del que se advierte que la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, hasta el momento no ha remitido las constancias relativas a las gestiones que realizó e informo mediante oficio 1124/2ªS/F/2019, de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Al efecto, se acuerda: Tocante al punto I, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2°, glósense a los autos los oficios de cuenta para que obren como correspondan. Por otro lado, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que mencionan las oficiantes y con fundamento en el artículo 9, párrafo I, de la ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que mencionan, no así como autorizados en términos del artículo 12, de la ley de la materia. Por otra parte, en relación a la prórroga dígaseles que este órgano de control constitucional, se reserva proveer hasta en tanto, las autoridades vinculadas demuestren con la documentación fehaciente las gestiones que se encuentren realizando para cumplir con el laudo dictado en el juicio de origen; ello en razón de que en los oficios de cuenta manifestaron que han enviado diversas misivas a la Secretaría de Hacienda y al Congreso del Estado, para la autorización de una ampliación presupuestal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiéraseles para que dentro de un término de veinticuatro horas, contadas a partir de que sean debidamente notificadas del presente proveído, remitan las constancias relativas. Apercibidos que de no cumplir con lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 193, en relación con el 258, de la ley de la materia; se impondrá a cada uno, una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto al punto II, dígase al oficiante que no ha lugar a tener por rendido el informe requerido, toda vez que de conformidad con el artículo 9º, de la ley de la materia, las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, a través de un apoderado legal, si no por conducto del servidor público a quien las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, o bien, por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos. Dicho dispositivo legal prevé lo siguiente: "Artículo 9. Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso podrán por medio de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos. El Presidente de la República será representado en los términos que se señalen en el acuerdo general que expida y se publique en el Diario Oficial de la Federación. Dicha representación podrá recaer en el propio Consejero Jurídico, en el Procurador General de la República o en los secretarios de estado a quienes en cada caso corresponda el asunto, en términos de las leyes orgánicas y reglamentos aplicables. Los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación. En el citado acuerdo general se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos por los mismos. Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, así como los gobernadores y jefe de gobierno de éstos, procuradores General de la República y de las entidades federativas, titulares de las dependencias de la administración pública federal, estatales o municipales, podrán ser sustituidos por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, o bien por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos. Cuando el responsable sea una o varias personas particulares, en los términos establecidos en la presente Ley, podrán comparecer por sí mismos, por conducto de un representante legal o por conducto de un apoderado." El párrafo primero del artículo transcrito establece dos reglas generales para que las autoridades puedan comparecer al juicio de amparo. La primera, consistente en que podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. La segunda, que consiste en que podrán comparecer a través de los delegados que designen por medio de oficio. El párrafo segundo de la norma transcrita prevé una excepción a la primera de las referidas reglas generales, dirigida únicamente al Presidente de la República, conforme la cual el Ejecutivo Federal será representado en los términos que se señalen en el acuerdo general que expida y se publique en el Diario Oficial de la Federación. En el párrafo tercero se dispone otra excepción a la primera de las reglas generales enunciadas, pero dirigida exclusivamente a los órganos legislativos Federales, de los Estados y del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como los gobernadores y jefe de gobierno de éstos, Procurador General de la República y de las entidades federativas, titulares de las dependencias de la administración pública federal, estatales o municipales, conforme a la cual tales autoridades podrán ser sustituidas por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, o bien, por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos. Finalmente, en el párrafo cuarto se establece que cuando los particulares sean señalados como autoridades responsables, podrán comparecer por sí mismos, por conducto de un representante legal o de un apoderado. En el caso, la autoridad de quien se cuestiona la legitimación de su promovente, es la del Apoderado Legal del Municipio de Villaflores, con residencia en esa misma ciudad, por tanto, es aplicable el tercer párrafo, del citado artículo 9º, de la Ley de Amparo, el cual señala entre otras cosas, que las dependencias de la administración pública federal, estatales o municipales, podrán ser sustituidas por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, o bien, por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos. En ese sentido, su representación para efectos de la interposición de promociones, corresponde a los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, no así a través de apoderados legales, pues el citado artículo 9º, de la Ley de Amparo, no prevé la representación de las autoridades responsables en esos términos; como sí ocurre, en cambio, tratándose de particulares cuando actúan con el carácter de responsables, en cuyo caso pueden comparecer por sí mismos, por conducto de un representante legal o de un apoderado. Lo anterior, ya que la representación de las autoridades para procurar su defensa, depende de que se efectúe por el titular de su oficina de asuntos jurídicos, o bien, por quien esté facultado expresamente para ese efecto en disposiciones generales. En consecuencia, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta únicamente para que obre como corresponda. Relativo al punto III, con fundamento en los artículos 192 y 193, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Presidente de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, remita las constancias relativas en las que se demuestre el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en específico, informe el resultado de los oficios que giró al Congreso del Estado y a la Secretaría de Hacienda del Estado, para que informaran si el Ayuntamiento Municipal de Villaflores, Chiapas, había realizado las adecuaciones a su presupuesto para hacer frente a las obligaciones de pago y realizar los trámites administrativos ante el Registro Único, de conformidad con el artículo 49, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con la finalidad de registrar la deuda y radicar los recursos para la ejecución y pago del laudo a favor de la parte quejosa, de igual manera, informe cuáles han sido las medidas dictado a fin de tener por cumplido el laudo dictado en el juicio laboral de origen, en el entendido de que en la ejecutoria de mérito se le dijo que a fin de tenerlo por cumplido, podría hacer uso de las medidas de apremio que prevén el artículo 731, de la Ley Federal del Trabajo y en su caso, en términos del artículo 395, del Código Penal para el Estado de Chiapas, en relación con el 222, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, debería dar vista al Ministerio Público por la posible comisión del delito de desobediencia, al ser una cuestión de orden público. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no informar lo antes requerido o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 193, relacionado con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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