Clotilde Hernández Montiel
Expediente 376/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Clotilde Hernández Montiel
Actuaciones
- Principal
México, Ciudad de México, a veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se hace constar que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo que se le autorizara el acceso al expediente electrónico para realizarle las notificaciones vía electrónica, o en su caso, el domicilio que señaló en su escrito inicial de demanda; sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna al respecto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de junio de dos mil veintiuno, y en consecuencia, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de diez de junio de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por **********. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al quince de febrero de dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales, se ordena que el presente proveído se le notifique por lista. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REUBICACIÓN DE NUEVO TITULAR. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del juez Guillermo Campos Osorio, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez Rodolfo Sánchez Zepeda, a partir del dieciséis del mes y año en curso. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.
- Principal
En la Ciudad de México, a diez de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA...EL CONTENIDO DEL AUTO DE 10 DE JUNIO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:.."En la Ciudad de México, a diez de junio de dos mil veintiuno. PARTE QUEJOSA ....quien es parte actora en el procedimiento de origen. quien se ostenta autorizado de la quejosa, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el ocursante haya promovido la demanda y presentado anexos del juicio de origen, con el que aduce acreditar la personalidad con la que se ostenta, de manera electrónica; en virtud, que fue omiso en realizar la protesta que exige el artículo 12, inciso f), segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, para que dicho documento público no perdiera su valor probatorio. AUTORIDADES RESPONSABLES - Se tiene como autoridad responsable a la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y no así a los magistrados integrantes de dicha sala, por lo que será ésta quien deberá rendir el informe justificado correspondiente y en su caso remitir las constancias relativas, de conformidad con lo establecido en la contradicción de tesis 99/97, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. LO ES LA SALA CUANDO SE RECLAMA UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR ELLA EN UN ASUNTO DE SU COMPETENCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA EN QUE LA HAYA DICTADO. - Juzgado Octavo de Proceso Oral en Materia Familiar de la Ciudad De México ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictada por la Sala responsable, en el Toca ... que declaró fundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictado por el juez responsable, en los autos juicio oral en materia familiar de nulidad de matrimonio ...promovido por la quejosa, en contra de ... y revocó el proveído en el que se desechó la demanda y, en su lugar, ordena su admisión y se requiere a la actora para que proporcione domicilio del albacea de la sucesión de Alfonso Camargo López. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA De lo anterior, se advierte que los actos que reclama la quejosa, no le ocasiona una afectación de imposible reparación, debido a que no afecta materialmente alguno de los derechos sustantivos de los quejosos, por lo que SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE AMPARO, CON RELACIÓN AL NUMERAL 107 FRACCIÓN V, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DEL MISMO ORDENAMIENTO. Ahora bien, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone que: "El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, el artículo 107 constitucional establece como regla general que, tratándose de amparo directo, éste sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio o después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto o bi-instancial. Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquellos por virtud de los cuales se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución definitiva favorable en dicho juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, sin tener que esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; por lo tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación sobre derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son estrictamente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y, por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, siempre que se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo adverso. Así, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesariamente debe producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En tal virtud, los actos que reclama la quejosa, el presente juicio de garantías no la dejan sin defensa ni constituyen una violación de carácter irreparable, la resolución de sala que declaró fundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictado por el juez responsable, y revocó el proveído en el que se desechó la demanda y, en su lugar, ordenó su admisión y requiere a la actora para que proporcione domicilio del albacea, sólo tiene efectos intraprocesales, ya que es un acto intermedio; máxime que en el presente caso no se ha dictado sentencia en cuanto al fondo de la controversia. De ahí que el acto reclamado no afecta de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos, pues no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que no se causa un gravamen de imposible reparación, existiendo por ende la posibilidad de que se pueda obtener una sentencia favorable a sus intereses, y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama, y en caso contrario, tal acto es factible de impugnarse como violación procesal a través del amparo directo que en su caso, pueda promover en contra de la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen. En consecuencia, con fundamento en los numerales invocados y con apoyo además en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. En otro aspecto, se tienen por autorizadas a las profesionistas, así como a las personas que señala en términos de la última parte, segundo párrafo, del artículo 12, con relación al segundo párrafo del artículo 24, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que quien los designa no tiene reconocida la personalidad. En esas mismas líneas, se le tiene por autorizada la consulta vía electrónica, del expediente en que se actúa, toda vez que el nombre de usuario que proporciona "LiderJuridico" se encuentran registrados en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico, atendiendo a lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto a su señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones, así como a su solicitud de que se le autorice el acceso al expediente electrónico para notificaciones vía electrónica; requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, manifieste si es su deseo que se le autorice el acceso al expediente electrónico para notificaciones vía electrónica, o en su caso, el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no desahogar dentro del término concedido para tal efecto, o no hacer manifestación alguna al respecto, no se le autorizará el acceso al expediente electrónico para notificaciones vía electrónica y se tendrá como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señaló. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis I.1o.P.35 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 2366, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, que dice: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. SI EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS SOLICITA QUE SE LE PRACTIQUEN VÍA ELECTRÓNICA, PERO DEL ESCRITO DE DEMANDA O DEL APERSONAMIENTO A JUICIO, SE ADVIERTE QUE SU AUTORIZANTE (QUEJOSO O TERCERO INTERESADO) INDICÓ UN DOMICILIO CONVENCIONAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE PRECISE CUÁL ES LA VÍA QUE ELIGE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. Si el autorizado en términos amplios solicita que las notificaciones de los autos o resoluciones emitidos en el juicio de amparo se le practiquen vía electrónica, pero del escrito de demanda o del apersonamiento a juicio, se advierte que su autorizante (quejoso o tercero interesado) indicó un domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, el Juez de Distrito debe requerir a éste para que -por sí o sus autorizados- precise cuál es la vía que elige para esos fines. Lo anterior, porque debe tomarse en consideración que los autorizados que el quejoso o, en su caso, el tercero interesado puedan designar en el trámite del controvertido constitucional, no pueden ser partes para efectos del juicio de amparo, pues esa calidad no se las reconoce el artículo 5o. de la Ley de Amparo, ya que únicamente tienen ese carácter: el quejoso, el tercero interesado, la autoridad responsable y el Ministerio Público de la Federación; sino que de conformidad con los diversos 12 y 24 de la propia ley, los autorizados sólo son representantes de aquéllos en la litis constitucional, con el propósito de que realicen actos procesales a favor de los intereses legales de la parte que los designó, tan es así, que por mandato legal, no pueden sustituir o delegar dicha autorización a un tercero. Por tanto, a los autorizados no se les puede desvincular o desligar de la parte procesal -principal- a la que representan, pues quien se beneficia o se perjudica de las decisiones adoptadas tanto de trámite como de fondo que se emitan en el juicio de amparo, es su autorizante (quejoso o tercero interesado). Es decir, cualquier acto procesal que los autorizados realicen durante la tramitación y resolución del juicio de amparo, no lo hacen "a nombre propio", sino como representantes de la persona (física o moral) quien los autoriza. En consecuencia, en atención al hecho de que según la notificación que se practique en el caso concreto, ésta surte efectos de manera distinta conforme al artículo 31 de la Ley de Amparo, no puede aceptarse que existan dos clases de notificación y, por ende, dos cómputos para una misma parte procesal, como por ejemplo, que por un lado la directa parte quejosa señale la forma "tradicional" para oír y recibir notificaciones mediante la referencia de un domicilio convencional para esos fines en su escrito de demanda y, por otro, sus autorizados (en ese mismo ocurso o en uno diverso) adopten como vía de notificación la electrónica, pues no se trata de dos partes procesales distintas entre sí, sino los segundos son únicamente representantes de la parte principal que conforma al juicio de amparo, o sea, la parte quejosa. De ahí la necesidad de que el Juez de Distrito requiera al autorizante para que precise cuál vía de notificación es la que elige para los efectos legales a que haya lugar." PETICIÓN A LAS PARTES. Conforme a lo dispuesto en los artículos 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal, ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 55 51 33 81 00, ext. 1904, con un horario de atención de las nueve a las trece horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa" NOTIFIQUESE
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