Clinica Dental Catedral, Sociedad Civil
Expediente 1677/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1677/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/09/2018
Partes del expediente
- Clinica Dental Catedral, Sociedad Civil
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de veinte días concedido a la parte quejosa, mediante proveído de quince de agosto del año en curso (fojas 805 y 806), para efecto de que recogiera y realizara los trámites inherentes a la publicación de los edictos ordenados en autos, con el objeto de emplazar al tercero interesado Mario Chávez Sánchez, o bien, acreditar su imposibilidad para hacerlo, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se decretaría el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; sin que a la fecha haya dado cumplimiento a lo anterior. Entonces, en virtud de que con el actuar de la parte quejosa, se retrasa la impartición de justicia, la cual en términos del arábigo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser pronta y expedita, además de que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en una formalidad esencial del procedimiento y por ello, se impide que este Órgano Jurisdiccional pueda pronunciarse respecto al fondo de lo planteado en el presente asunto y no puede estar sujeto al arbitrio de las partes; es decir, el interés particular en esta litis constitucional de la parte agraviada, no puede por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia estar por encima del interés público. En esas condiciones y en cumplimiento al apercibimiento efectuado en el referido auto de quince de agosto del año en curso (fojas 805 y 806), al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el dispositivo 63, fracción II, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en el ordinal 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con el primero de los preceptos aludidos. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Resulta aplicable por analogía, la Jurisprudencia 2a/J.64/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos once, Tomo XVI, Julio de dos mil dos, Novena Época, que a la letra dice: ** Asimismo, la Jurisprudencia II. 2º.C.J/27., emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página mil ochocientos sesenta y ocho, Tomo XXXVII, Julio de dos mil diez, Novena Época, que a la letra dice:
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes para que obre como corresponda la copia certificada del oficio que remite el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual, en lo que al caso interesa, acusa recibo del juicio de amparo 822/2018 que le fue enviado y recibió el nueve de agosto de la presente anualidad, siendo turnado en la misma fecha al Juzgado Primero de Distrito de ese Centro Auxiliar, para que en auxilio de las labores de este Tribunal Federal, dicte la sentencia correspondiente.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por Delegada del Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual, en cumplimiento al proveído de diecinueve de julio de la presente anualidad (foja 105), en el que se le requirió a efecto de que diera cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio; sin embargo, informa que se agotó la chequera con la que libera los pagos correspondientes para dar cumplimiento a las ejecutorias dictadas y a su vez, solicitó una nueva al banco Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander (México), Sociedad Anónima, como lo justifica con la documental que exhibe; en consecuencia, para estar en condiciones de dar total cumplimiento al fallo protector, necesita una prórroga; por tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos el comunicado de mérito, para los efectos legales correspondientes En ese tenor, tal y como lo peticiona la autoridad oficiante de conformidad con el arábigo citado en el párrafo que antecede, se le concede una prórroga por el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que quede hecha la notificación del presente proveído, a efecto de que la responsable de mérito, esté en condición de acatar la ejecutoria dictada en autos de manera cabal; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento de multa decretado mediante auto de veintisiete de junio del año que transcurre (fojas 99 a 100).
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos signados por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 114 a 116), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de doce de julio del año que transcurre (foja 117), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el treinta y uno de mayo del año que transcurre (fojas 49 a 81), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ". 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Director de Administración y Desarrollo de Personal realice las gestiones necesarias y devuelva al peticionario de amparo las cantidades que se le descontaron, por el "concepto 53", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales, desde la fecha de otorgamiento de su pensión (febrero de dos mil dieciocho). Lo que deberá efectuar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo protector." De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa el contenido del artículo 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. Devolver al peticionario del amparo las cantidades que se le descontaron por el concepto 53 (fondo de pensiones) desde febrero de dos mil dieciocho. Luego, por oficio y anexos recibidos el once de julio de la presente anualidad en la oficialía de partes de este juzgado de distrito, signados por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas114 a 116), informó que dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, es decir desincorporaron de su esfera jurídica lo previsto en los artículos 11 fracción II, 13 segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, y devolvieron la cantidad de $5,118.14 (cinco mil ciento dieciocho pesos 14/100 moneda nacional) por los descuentos efectuados desde febrero del presente año, por concepto 53 (fondo de pensiones). Al respecto, es oportuno descartar que con la anterior respuesta, se dio vista a la quejosa mediante proveído de doce de julio del presente año, la cual le fue notificada por lista el dieciocho de julio del mismo año, por lo que es evidente que tuvo pleno conocimiento de la respuesta dada por la autoridad responsable. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos y garantías violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en el artículo vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, debido a que se concedió la suspensión de los actos reclamados, por ende, déjese el mismo por separado y una vez transcurridos cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa; en tanto que en términos del ordinal vigésimo, fracción III del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de ahí que, en su momento, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda.
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