Clever Arías Rodríguez

Expediente 616/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
616/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Clever Arías Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presente autos, de los que se advierte que mediante proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve, se decretó el archivo del presente juicio de amparo , determinación que fue firmada de manera autógrafa por la Secretaria y el entonces Juez de Distrito, omitiéndose así la firma electrónica de este último, motivo por el cual el expediente físico y el electrónico no coinciden en ese aspecto; en consecuencia, con fundamento, en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, y para el solo efecto de regularizar el procedimiento y subsanar la omisión apuntada, se instruye al Oficial SISE a fin de que digitalice el mencionado auto de archivo para efectos de que obre constancia electrónica de su dictado y del destino que se le dio al presente juicio, así como a los cuadernos incidentales que derivan del mismo, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese y cúmplase por parte del Oficial SISE. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3470/2018, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy Fe/*arga*/*

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. CUENTA CON AUTOS. Vista la cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa que es a quien le afecta el sentido de la presente resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en los autos del juicio de amparo en que se actúa; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo II-616/2018 promovido por Clever Arías Rodríguez, contra actos del Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo le resultó el carácter de tercero interesado a Miguel Rivera Villa, quien fue debidamente emplazado como se desprende autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: El Juez Menor del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán. La Notificadora y/o Ministro Ejecutor adscrita al Juzgado Menor del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, con funciones en el municipio de Tuzantla. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Asimismo en este momento LA SECRETARIA CERTIFICA: Que de autos no se advierte que obren los acuses de recibo de los oficios 11065 y 1106, a través de los cuales se notificó a las responsables de mérito el auto de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, relativo al avocamiento de este órgano para el conocimiento del presente juicio; sin embargo a través de una llamada telefónica realizada al Juzgado Menor del Distrito Judicial de Zitácuaro al número 017151533024, Dinora Hurtado López, quien dijo ser escribiente adscrita al mismo, hizo saber a la suscrita que dichos oficios se recibieron en las instalaciones de ese juzgado y fueron del conocimiento de las responsables el seis de agosto del presente año. El JUEZ: Vista la certificación que antecede, se ordena continuar con la celebración de la presente audiencia constitucional, en virtud de que aún y cuando no obran los acuses de recibo con los cuales se dio cuenta en la certificación que antecede, al ya tener conocimiento actualmente dichas autoridades de que este juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del amparo en que se actúa, a fin de evitar dilaciones inútiles en el procedimiento, se estima innecesario esperar la llegada por correo de los acuses respectivos para resolver el presente asunto, por tanto, se ordena continuar con la audiencia constitucional. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente obran en dos cuadernos de pruebas por separado, las documentales que la autoridad responsable remitió como sustento de su informe justificado. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo II-616/2018, promovido por CLEVER ARIAS RODRÍGUEZ, por su propio derecho; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el once de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, recibido en esa misma data por el Oficial de Partes del Juzgado Cuarto de Distrito con sede en esta ciudad, CLEVER ARIAS RODRÍGUEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, respecto de los actos reclamados al Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán y otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- ADMISIÓN DEMANDA.- Previa su aclaración, en auto de veintiséis de junio del año en curso, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, admitió dicho libelo constitucional, registrándolo con el número II-492/2018; se ordenó solicitar a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y reservó proveer lo relativo al emplazamiento de terceros interesados. TERCERO.- RETURNO DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO CON SEDE EN ESTA CIUDAD Y AVOCAMIENTO DE ESTE JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. En proveído de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, ordenó returnar el juicio II-492/2018 de su índice a este Juzgado Tercero, virtud al previo conocimiento que este tuvo de un diverso juicio de amparo (VII-831/2017), que al igual que en el que se actúa, tuvo su origen en el juicio ejecutivo mercantil 272/2016, del índice del Juzgado Menor Mixto del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, en relación con el auto de exequendo y su ejecución, returno que realizó con fundamento en el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, aprobado en sesión ordinaria del tres de febrero del dos mil dieciséis. CUARTO.- AVOCAMIENTO DE ESTE JUZGADO TERCERO DE DISTRITO.- En auto de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional, se avocó al conocimiento del juicio de amparo II-492/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, para ahora registrarlo con el número II-616/2018, se acusó el recibo correspondiente al juzgado remitente, se ordenó notificar dicho avocamiento a las partes, dar la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y emplazar al tercero interesado MIGUEL RIVERA VILLA, lo cual aconteció según se advierte de la constancia que obra a fojas 139 de este expediente; finalmente, seguido el juicio por sus demás trámites, tuvo verificativo la audiencia constitucional que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama los actos siguientes: 1.- El auto de exequendo dictado el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en el juicio ejecutivo mercantil 272/2016, promovido por Robertín Cambrón Correa, en su carácter de endosatario en procuración de Miguel Rivera Villa, en contra de Clever Arias Rodríguez, reclamado al Juez Menor del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán. 2.- La ejecución del auto referido en el punto anterior, atribuida a la Notificadora adscrita a dicho órgano jurisdiccional, en el juicio citado. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO.- Del contenido integral de los informes justificados, se advierte la existencia de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con las constancias que exhibió la juzgadora responsable, consistentes en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 272//2015, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278." CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de garantías, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia siguiente: "Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95." En la especie, este juzgado considera se actualiza la se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción X. Ahora bien, la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]." Al respecto debe decirse, que el juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, lo cual configura la cosa juzgada. La cosa juzgada es una forma que las leyes procesales han previsto, como regla que materializa la seguridad y la certeza jurídicas que resultan de haberse seguido un juicio que culminó con sentencia firme. En efecto, la autoridad de la cosa juzgada que se atribuye a la sentencia definitiva no se funda en una ficción, sino en la necesidad imperiosa de poner fin a las controversias, a efecto de dar certidumbre y estabilidad a los derechos del litigio, como consecuencia de la justicia impartida por el Estado, por medio de los Jueces. En el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido éste como el que fue seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual da seguridad y certeza jurídica a las partes. Así también, la cosa juzgada se encuentra prevista en el artículo 17 de la propia Constitución Federal, en cuya parte que interesa establece: "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.". Ello, porque la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales se logra, exclusivamente, sólo en cuanto la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico, como resultado de un juicio regular, que se ha concluido en todas sus instancias y ha llegado al punto en que lo decidido ya no sea susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar el diverso derecho de acceso a la justicia, establecido en el propio artículo 17 constitucional, pues dentro de tal prerrogativa se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman un conflicto, sino también el derecho a que se garantice la ejecución de la decisión del órgano jurisdiccional. Luego, la autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que la seguridad jurídica se funda; por tanto, debe respetarse con todas sus consecuencias jurídicas. Así, en un proceso en el que el interesado tuvo adecuada oportunidad de ser escuchado en su defensa y de ofrecer pruebas para acreditar sus afirmaciones, además de que el litigio fue decidido ante las instancias judiciales que las normas del procedimiento señalan, la cosa juzgada resultante de esa tramitación no puede ser desconocida, pues en ella descansa el respeto al Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que se haya hecho efectivo el debido proceso, con sus formalidades esenciales. El valor que la seguridad y la certeza jurídica tienen para el Estado no está a discusión, como tampoco lo está el hecho de que las sentencias definitivas establecen, con carácter rígido, la verdad legal del caso concreto. Esta última, en su inmutabilidad, eficacia y ejecutabilidad, materializa respecto a quienes fueron parte en el juicio, sus garantías de seguridad y certeza jurídica. A través del sistema jurídico debe buscarse proveer de certeza a los litigantes, de modo tal que la actividad jurisdiccional se desarrolle una sola vez y culmine con una sentencia definitiva y firme, por lo cual no debe consentirse la impugnación de la cosa juzgada y no debe abrirse, por tanto, una nueva relación procesal respecto de una cuestión jurídica que ya está juzgada y cuyas etapas procesales se encuentran definitivamente cerradas; la impugnación de la cosa juzgada es irracional, pues la autoridad de esta última, en nuestro sistema, debe estimarse absoluta, sin que pueda considerarse que la cosa juzgada se establezca sólo por razones de oportunidad y utilidad, y que puedan también por excepción justificar su sacrificio, en aras de dotar de eficacia a la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, así como para evitar el desorden y el mayor daño que podría derivarse de la conservación de una sentencia que, como acto jurídico, contenga algún vicio de nulidad que la torna ilegal. De ahí que, en nuestro medio, los principios que inspiran la inmutabilidad de las sentencias son absolutos, y no deben ceder frente a algunos otros de origen también constitucional, como el de incongruencia en las resoluciones, pues aceptando que el proceso se encuentra debidamente garantizado, en la medida que el propio sistema está integrado por diversas instancias y medios de defensa que permiten a los interesados, impugnar oportunamente las decisiones jurisdiccionales, a fin de reparar cualquier vicio del que las decisiones judiciales pudieran adolecer, cuando estos han sido cuestionados y decidida impugnación o aceptado en sus términos, por falta de ejercicio de recursos en su contra se vuelven inmodificables, inimpugnables, inmutables y se tornan obligatorias por ser la verdad legal, al descansar precisamente en dicha inmutabilidad, los principios de seguridad y certeza jurídica. La cosa juzgada formal en realidad constituye una expresión de la institución jurídica de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad y en sentido estricto es la que se califica como material e implica la imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse en cualquier proceso futuro, sin desconocer que la formal es condición necesaria para que la material se produzca. Resulta aplicable, la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Época: Novena Época Registro: 197717 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Septiembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: I.1o.T. J/28 Página: 565 COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 11541/94. Salvador Montes Rico. 2 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo directo 5041/95. Ferrocarriles Nacionales de México. 1o. de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo en revisión 551/97. Juan Hernández Muñoz y otros. 26 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo directo 8501/97. Francisco Castro López. 21 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretario: Rigoberto Calleja López. Amparo directo 8781/97. Aca Ropa, S.A. de C.V. 21 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García." En términos de lo preceptuado, el juicio de amparo que nos ocupa resulta improcedente, pues de la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de exequendo dictado el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en el juicio ejecutivo mercantil 272/2016, promovido por Robertín Cambrón Correa, en su carácter de endosatario en procuración de Miguel Rivera Villa, en contra de Clever Arias Rodríguez, atribuido al Juez Menor del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán; así como la ejecución del mismo reclamada a la Notificadora adscrita a dicho órgano jurisdiccional, en el juicio citado. Luego, de autos se aprecia la existencia de un diverso juicio de amparo VII-831/2017, del índice del este propio juzgado, en el que existe identidad en el quejoso y los actos que reclama, consistente en el auto de exequendo dictado el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en el juicio ejecutivo mercantil 272/2016, promovido por Robertín Cambrón Correa, en su carácter de endosatario en procuración de Miguel Rivera Villa, en contra de Clever Arias Rodríguez, reclamado al Juez Menor del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán; así como la ejecución del mismo atribuida a la Notificadora adscrita a dicho órgano jurisdiccional, en el juicio citado. El aludido juicio de amparo VII-831/2017, se resolvió el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en el sentido de sobreseerlo con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV de la misma ley, pues en ella se determinó en esencia que de las pruebas existentes en esos autos, se advertía que la parte quejosa tuvo pleno conocimiento del auto de exequendo de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 272/2016, desde el cuatro de julio de dos mil dieciséis, fecha en que se le notificó de manera personal el auto reclamado, motivo por el cual se consideró que desde esa data estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo, y que si la demanda de garantías la presentó hasta el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, era indudable que lo había realizado fuera del plazo que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo cual, como ya se dijo se determinó considerar los actos reclamados consentidos y por tanto sobreseer el juicio con base en la causal de improcedencia ya referida en líneas precedentes. La sentencia de amparo mencionada en el párrafo anterior, causó ejecutoria el diecinueve de abril del mismo año y se ordenó su archivo el veintitrés del mes y año en cita. En ese aspecto, se advierte que en el juicio de amparo que nos ocupa, se están reclamando los mismo actos a las mismas autoridades respecto de todo lo cual ya se dictó sentencia en un diverso juicio de amparo cuya sentencia ya causó ejecutoria, circunstancia que actualiza, de forma indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 237445 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 181-186, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 91 COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volúmenes 109-114, página 71. Amparo en revisión 5221/77. Vicente Feregrino G. y otros. 14 de junio de 1978. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. Secretario: José Alejandro Luna Ramos. Volúmenes 139-144, página 77. Amparo en revisión 4393/79. Comisariado de Bienes Comunales "La Cabecera y sus Barrios". 9 de julio de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. Volúmenes 145-150, página 69. Amparo en revisión 3121/80. Comisariado Ejidal del Poblado de "San Jerónimo Pilitas", Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México. 16 de marzo de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Volúmenes 151-156, página 125. Amparo en revisión 432/81. Ignacio Santos Jiménez y otros. 24 de agosto de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Volúmenes 181-186, página 49. Amparo en revisión 5986/83. Comisariado Ejidal del Poblado Coahuila, Municipio de Mexicali, Estado de Baja California. 26 de enero de 1984. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Nota: En los Informes de 1980 y 1984, la tesis aparece bajo el rubro "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES.". Finalmente, también resulta aplicable la tesis siguiente: "Época: Séptima Época Registro: 232137 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 205-216, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 142 LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTIAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia. Amparo en revisión 1131/85. Fraccionamiento Chapultepec de Ensenada, S.A. 22 de octubre de 1985. Mayoría de diecinueve votos. Disidentes: Noé Castañón León y Fausta Moreno Flores. Ponente: Santiago Rodríguez Roldán. Secretario: Roberto Terrazas Salgado." En las condiciones anotadas lo que procede es sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, en relación con la fracción X del diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el acto reclamado respecto del que se ha decretado el sobreseimiento, al constituir un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que ello genere agravio alguno a la quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "Época: Octava Época Registro: 394984 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 1028 Página: 708 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S. N. C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.3o.J/58, Gaceta número 70, pág. 57; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XII-Octubre, pág. 363." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución reclamados, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad atribuida al acto de la ordenadora. Es aplicable la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "Época: Séptima Época Registro: 253622 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 91-96, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 286 AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. Séptima Epoca, Sexta Parte: Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 329/76. Alejandro y América Vázquez Talavera. 26 de octubre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 314/76. José María Moreno y Manuel de Jesús Argüello. 3 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 481/76. Patricio Cámara Peón. 15 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 247/76. José Jesús Mijangos Rosado. 17 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 485/76. Patricio Cámara Peón. 29 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Ismael Colmenares Martínez. Secretario: Leonardo Rodríguez Bastar. Nota: En el Informe de 1976, página 449, la tesis aparece bajo el rubro "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO.",en la página 450, "AUTORIDADES EJECUTORAS. SOBRESEIMIENTO.", y en la página 463, "SOBRESEIMIENTO. ES EXTENSIVO RESPECTO A AUTORIDADES EJECUTORAS.". En el Informe de 1977, la tesis aparece bajo el rubro "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO.". Sin que el sobreseimiento decretado, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2002139 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. LXXXI/2012 (10a.) Página: 1587 DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio Zaragoza Rojas y otro. 5 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón." QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por CLEVER ARIAS RODRÍGUEZ, contra los actos y autoridades que precisadas quedaron los considerandos tercero y cuarto del presente fallo, por las razones expuestas en los mismos. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma GERARDO ORTÍZ PÉREZ DE LOS REYES, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, ESPERANZA FUENTES REYES.- Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. SE RECIBE DESPACHO. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta Ciudad, a través del cual devuelve diligenciado número 163/2018 orden 796, que fue enviado para que en auxilio de las labores de este juzgado emplazara a juicio al tercero interesado Miguel Rivera Villa, lo cual acredita con las constancias que anexa. SE ACUERDA OFICIO. Ahora bien, se hace constar que en proveído de diecisiete de agosto del presente año, se reservó proveer al respecto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el escrito suscrito por Robertin Cambron Correa, quien refiere ser el endosatario en procuración del aquí tercero con interés; atento a su contenido, se tiene al ocursante apersonándose dentro de los presentes autos; asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones personales el que refiere en su escrito; y, dado lo asentado en la certificación secretarial que antecede, autoriza únicamente para recibir notificaciones a Rocío Soto Velázquez y Kenia Yunuén Gordillo Soto, sin la plenitud de facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo por no habérselos conferido expresamente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.JCMZ

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