Cleotilde Hernandez Suarez

Expediente 774/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
774/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Cleotilde Hernandez Suarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de primero de diciembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. De igual manera, visto el estado que guardan los autos, se desprende que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto, se sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita, y deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos se advierte que la quejosa CLEOTILDE HERNÁNDEZ SUAREZ, reclama del JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL FEDERAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, los actos que hizo consistir en: La determinación dictada el primero de octubre de dos mil veinte, por la que tiene por cumplida la sentencia emitida en el juicio oral mercantil 792/2019. Ahora bien, del expediente se desprende que el veinticinco del presente mes y año, se agregó el informe justificado de la autoridad responsable, informando a este juzgado que estima que en caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso numeral 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dado que en el acto reclamado no es la última resolución en etapa de ejecución. En ese sentido, para justificarlo anterior permitió la vinculación de las constancias de origen, a las que de su naturaleza y carácter de expediente electrónico, adquieren valor probatorio pleno, con fundamento en términos de los artículos 9, 21, 37, 71 y 74 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, de dichas constancias se advierte efectivamente que se actualiza de forma indudable la causa de improcedencia hecha valer por dicha autoridad, cuyo estudio resulta oficioso al ser una cuestión de orden público. La citada fracción XXIII del artículo 61, de la ley de la materia, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, del referido ordenamiento. En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, esto es, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien, aquella por la que se ordena el archivo definitivo del expediente respectivo. La interpretación del referido precepto permite establecer que, por regla general, el juicio de amparo en vía indirecta procede contra actos que tengan verificativo después de concluido el juicio natural, en etapa de ejecución de sentencia, sólo cuando se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual, además, podrán impugnarse los vicios que en su caso se hubiesen cometido durante el mismo y que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. Ahora bien, por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que por "última resolución", debe entenderse como aquella determinación en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total -y no parcial- de la sentencia respectiva o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Consecuentemente, el presente juicio resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu de la citada ley, pues es evidente que el quejoso debió reclamar la resolución en que se declaró totalmente cumplida la sentencia, y no un auto previo en el que se dio por cumplida parcialmente la misma, como es el caso. De lo anterior se colige, que en el caso ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu de la citada ley, a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las ONCE HORAS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, quedando sin efecto la misma. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Por cuestión de método, glósese en primer lugar al expediente, el informe justificado rendido por la autoridad responsable; con su contenido, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Asimismo, informa que se autorizó el acceso remoto al juicio oral mercantil 792/2019-I de su índice; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 21, 37, 71 y 74 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que se proceda a realizar la vinculación de dichas constancias con el expediente en que se actúa. Por otro lado, agréguese a los autos la razón de cuenta, mediante la cual el Actuario Judicial adscrito informa que no le fue posible emplazar a la tercero interesada BBVA, Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA, Bancomer, por los motivos que indica; en tal virtud, resérvese acordar lo conducente hasta consultar las actuaciones del juicio de origen, una vez que sean vinculadas al presente expediente electrónico como se ha ordenado. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el escrito aclaratorio signado por la citada quejosa Hernández Suarez, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda promovida por CLEOTILDE HERNÁNDEZ SUAREZ contra actos del JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL FEDERAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, enviándole para tal efecto copia simple de la demanda. Solicítese a la responsable para que en caso de que sea cierto el acto que se le atribuye, al rendir el respectivo informe justificado, se remitan las constancias a que alude el artículo 117, párrafo cuarto, de la ley de la materia, enviando el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva del expediente de que se trate, a fin de analizar su constitucionalidad. Indíquese a la autoridad responsable que preferentemente deberán remitir el informe de ley y las constancias solicitadas en el párrafo anterior, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba, o en su defecto al correo electrónico oficial de este juzgado, que es: 8jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se señalan las ONCE HORAS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesado a la moral BBVA, Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA, Bancomer, quien deberá ser emplazada por conducto de quien legalmente la represente, por el Actuario Judicial adscrito, corriéndole traslado con copia simple de la demanda y del aclaratorio; haciéndole saber la hora y fecha que se fijaron para la celebración de la audiencia constitucional para que comparezca a este juicio; la prevenga para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; y la aperciba que en caso de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal, se le harán por lista, en términos de lo dispuesto en el artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que, tomando en consideración la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 y el esquema de trabajo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, las partes únicamente podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, previo a la celebración de la aludida audiencia, así lo deberán informar por escrito a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud de acordar lo respectivo para que aquélla se suscite mediante videoconferencia en términos del numeral 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64, de la ley de referencia. También hágaseles saber que este juzgado podrá brindar atención e información a los justiciables a través del correo institucional que quedó precisado en párrafos anteriores o en el teléfono 4448389300 (extensión 1611) o en el celular 4442380496. Asimismo, se hace de su conocimiento que la devolución de los documentos originales que aquí se ofrezcan, será hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 119 de la citada legislación, se tienen como pruebas de su parte, la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y podrán ser tomadas en consideración al momento de dictar la resolución, sin perjuicio de que se haga relación de las mismas en la audiencia constitucional. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, lo que incluye a la autoridad responsable, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese personalmente a la parte tercero interesada.

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