Cleotilde Bailón Barrera

Expediente 1776/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1776/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
18/04/2018

Partes del expediente

  • Cleotilde Bailón Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1776/2017-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido, asimismo remítase copia autorizada del presente auto al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos, apareciendo de los mismos que se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la Juez responsable, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I y II; en esas condiciones, remítase a las autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, la sentencia de veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, en cumplimiento al auto de veintidós de marzo de la presente anualidad, que en lo conducente establecen: ...Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que el ocho de febrero de dos mil dieciocho, se formó el cuaderno provisional con motivo del Jesús Abad Jiménez, autorizada de la parte quejosa, por el cual señaló nuevo domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones y documentos. En atención a su contenido, se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Privada de las Nieves, número seis, colonia Chapultepec, Cuernavaca, Morelos, de igual forma, a fin de no vulnerar el procedimiento se ordena notificar la sentencia dictada el veintiuno de febrero actual, en dicho domicilio. NOTIFÍQUESE...sentencia que en lo conducente establece: ...ÚNICO. SE SOBRESEE...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que el ocho de febrero de dos mil dieciocho, se formó el cuaderno provisional con motivo del Jesús Abad Jiménez, autorizada de la parte quejosa, por el cual señaló nuevo domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones y documentos. En atención a su contenido, se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Privada de las Nieves, número seis, colonia Chapultepec, Cuernavaca, Morelos, de igual forma, a fin de no vulnerar el procedimiento se ordena notificar la sentencia dictada el veintiuno de febrero actual, en dicho domicilio. NOTIFÍQUESE...

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, primero de marzo de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, suscrita por el Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, en la que manifiesta su imposibilidad de notificar a la parte quejosa, la resolución de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, por las razones que en ella expone, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte la resolución de referencia, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado y los subsecuentes autos, aún los de carácter personal, para todos los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE... RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1776/2017-IV, promovido por CLEOTILDE BAILÓN BARRERA, por su propio derecho; y R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada en esa misma fecha a la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, CLEOTILDE BAILÓN BARRERA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Municipal de Cuernavaca, Morelos y Actuario adscrito a dicho juzgado. SEGUNDO.- Por auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, se registró con el número 1776/2017-IV, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en los términos del acta que antecede, y; C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. SEGUNDO.- Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Orienta el criterio anterior la tesis P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la quejosa. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama los siguientes actos: I.- El embargo, la privación de bienes y actos de molestia, emitidos dentro del juicio ejecutivo mercantil 39/2016. TERCERO.- Son ciertos los actos reclamados toda vez que así lo admitieron las autoridades responsables al rendir sus informes justificados (fojas 26 y 27), lo que se encuentra corroborado con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 36/2016, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, de las que se advierten: I.- La diligencia de embargo practicada por la Actuaria responsable, en el domicilio ubicado en Reforma Agraria edificio exterior 48, número interior 7, colonia Unidad Habitacional Fovissste las Águilas, Cuernavaca Morelos, el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, en la que trabó embargo sobre los siguientes bienes: a) Una pantalla Hisense, serie S/N50J1420ZH03683, modelo 50H3, color negra, entre 50 y 60 pulgadas. b) Mueble multiusos color chocolate de entre "60 y 80 cm de alto, 1.30 y 1.50 de largo y una anchura de 40cm, el cual cuenta con dos cajones de lso cuales se aprecia un jalador de manos color gris matálico y de igual madera y 2 entrepaños. c) Una lavadora marca EASY modelo LIE14500PB1, con serie 0706529888 color blanca. (fojas 54 y 55 anexo I) II.- Acuerdo de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, a través del cual la Juez responsable, a petición de la parte actora, revoca la designación de José Emilio Octavio Bajonero Rodríguez, como depositario judicial de los bienes embargados y tuvo por designada como nueva depositaria judicial a Gloria Olea Giles, por lo que ordenó se requiriera a José Emilio Octavio Bajonero Rodríguez, la entrega de los bienes embargados (fojas 75 anexo I). III.- Proveído de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, la Juez responsable ordenó el uso de la fuerza pública y fractura de cerraduras para dar cumplimiento al auto de dieciséis de junio de dos mil diecisiete (fojas 106 anexo I) IV.- Diligencia de requerimiento de bienes practicada por la Actuaria responsable, en el domicilio ubicado en Reforma Agraria edificio exterior 48, número interior 7, colonia Unidad Habitacional Fovissste las Águilas, Cuernavaca Morelos, el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, en la que la fedataria hizo constar que entendió la diligencia con Cleotilde Bailón Barrera, asimismo, hizo constar que se entregaron los bienes embargados a la nueva depositaria judicial. Consecuentemente, se encuentran acreditados los actos reclamados por la quejosa. CUARTO.- Previamente al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, debe estudiarse lo relativo a la procedencia del presente juicio de garantías, por ser ésta una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1985, Quinta Época, Tomo Parte VIII, página 262, que textualmente señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, la Juez responsable, al rendir su informe justificado argumentó que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.). Le asiste la razón a la autoridad responsable por las siguientes consideraciones jurídicas: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la tesis 2a. LXXX/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la agraviada acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Sin embargo, es preciso señalar, que en el caso, de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo la quejosa se encuentra obligada a justificar que tiene interés jurídico, puesto que reclama actos provenientes de un tribunal judicial, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). A fin de lograr una mejor comprensión del por qué se arriba a la conclusión inicialmente apuntada, resulta menester señalar los antecedentes de los actos reclamados que derivan del juicio ejecutivo mercantil 39/2016 del índice del Juzgado de Paz Municipal de Cuernavaca, del que se desprende lo siguiente: I. Ante el Juzgado de Paz Municipal de Cuernavaca, se tramita el juicio ejecutivo mercantil 39/2016 promovido por el endosatario en propiedad LEOBARDINI CASTRO HERNÁNDEZ contra AMADA ESPAÑA BAJONERO BAILÓN de quien demandó el pago de la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL) por concepto de suerte principal; el pago de intereses moratorios a razón del 10% mensual desde la fecha de incumplimiento de pago y el pago de gastos y costas (fojas 1 a 3 anexo I). II. El diez de marzo de dos mil dieciséis, se dictó auto de exequendo con efectos de mandamiento en forma, en el que la Juez responsable comisionó al actuario de su adscripción para que, requiriera de pago al deudor, respecto de las prestaciones reclamadas, y para el caso de negativa, se procediera embargar bienes de su propiedad suficientes para garantizar el adeudo (fojas 5 anexo I). III. El diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, a las trece horas, la Actuaria responsable, llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la demandada en el domicilio ubicado en Reforma Agraria edificio exterior 48, número interior 7, colonia Unidad Habitacional Fovissste las Águilas, Cuernavaca Morelos, en la que trabó embargo sobre los siguientes bienes: a) Una pantalla Hisense, serie S/N50J1420ZH03683, modelo 50H3, color negra, entre 50 y 60 pulgadas. b) Mueble multiusos color chocolate de entre "60 y 80 cm de alto, 1.30 y 1.50 de largo y una anchura de 40cm, el cual cuenta con dos cajones de lso cuales se aprecia un jalador de manos color gris matálico y de igual madera y 2 entrepaños. c) Una lavadora marca EASY modelo LIE14500PB1, con serie 0706529888 color blanca. (fojas 54 y 55 anexo I) IV.- Mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete la demandada AMADA ESPAÑA BAJONERO BAILÓN dio contestación a la demanda entablada en su contra (foja 58 a 60 anexo I). V.- Por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, la Juez responsable, a petición de la parte actora, revocó la designación de José Emilio Octavio Bajonero Rodríguez, como depositario judicial de los bienes embargados y tuvo por designada como nueva depositaria judicial a Gloria Olea Giles, por lo que ordenó se requiriera a José Emilio Octavio Bajonero Rodríguez, la entrega de los bienes embargados (fojas 75 anexo I). VI.- Proveído de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, la Juez responsable ordenó el uso de la fuerza pública y fractura de cerraduras para dar cumplimiento al auto de dieciséis de junio de dos mil diecisiete (fojas 106 anexo I) VII.- Diligencia de requerimiento de bienes practicada por la Actuaria responsable, en el domicilio ubicado en Reforma Agraria edificio exterior 48, número interior 7, colonia Unidad Habitacional Fovissste las Águilas, Cuernavaca Morelos, el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, en la que la fedataria hizo constar que entendió la diligencia con Cleotilde Bailón Barrera, asimismo, hizo constar que se entregaron los bienes embargados a la nueva depositaria judicial. De los antecedentes relatados se desprende que el actor en el juicio LEOBARDINI CASTRO HERNÁNDEZ demandó en la vía ejecutiva mercantil a AMADA ESPAÑA BAJONERO BAILÓN el pago de la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL) por concepto de suerte principal; el pago de intereses moratorios a razón del 10% mensual desde la fecha de incumplimiento de pago y el pago de gastos y costas. En ese orden de ideas, en la presente instancia constitucional, la quejosa se ostenta como tercera extraña al juicio ejecutivo mercantil 39/2016 y reclama el embargo, la privación de sus bienes y actos de molestia, emitidos dentro de dicho juicio ejecutivo mercantil, consecuentemente, el interés jurídico de quien promueve la acción constitucional, sólo se puede actualizar en la medida que demuestre que dichos actos de autoridad reclamados le han causado molestias relacionadas a su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Ahora bien, respecto a la condición del quejosa con relación a los bienes embargados, materia de la litis, para determinar si los actos que reclama le pueden ocasionar un perjuicio en sus derechos sustantivos, debe decirse que aun cuando la quejosa señala ser la propietaria de los bienes embargados, tal afirmación debe ser probada de manera plena dentro de la presente instancia constitucional, por recaer en la parte quejosa la carga de la prueba. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 1/2002, que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, tomo XV, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". En ese sentido la quejosa, señala en su demanda de amparo que es la propietaria y poseedora del inmueble ubicado en calle Reforma Agraria edificio exterior 48, interior 7, colonia Unidad Habitacional Fovissste Las Águilas, Cuernavaca, Morelos y sus accesorios, por lo que conforme al artículo 976 del Código Civil existe la presunción a su favor de la posesión de los bienes muebles contenidos en su propiedad y para acreditar lo anterior ofreció como pruebas: 1.- Copia al carbón de la diligencia de requerimiento de bienes de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete (foja 8). 2.- Original de la cédula de notificación personal dirigida a José Emilio Bajonero Rodríguez (foja 9). 3.- Copia simple de la credencial para votar de la quejosa (foja 10). 4.- Copia simple de la credencial para votar de José Emilio Bajonero Rodríguez, (foja 11). La copia al carbón de la diligencia de requerimiento de bienes de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete; si bien, se trata de un documento público y tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, únicamente es idóneo para demostrar que dicha diligencia fue entendida con la quejosa porque se encontraba en el inmueble ubicado en calle Reforma Agraria edificio exterior 48, interior 7, colonia Unidad Habitacional Fovissste Las Águilas, Cuernavaca, Morelos; sin embargo, no tiene el alcance probatorio para acreditar que la quejosa es la propietaria y poseedora del referido inmueble ni de los bienes embargados, pues se reitera únicamente dicha documental acredita que en el momento de la diligencia la quejosa se encontraba en el referido domicilio. De igual forma, el original de la cédula de notificación personal dirigida a José Emilio Bajonero Rodríguez, es un documento público y tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pero únicamente es idóneo para demostrar la notificación del acuerdo que tiene inserto a la persona a quien se encuentra dirigido; sin embargo, por su propia naturaleza jurídica e información que contiene, es ineficaz para demostrar que la quejosa es la propietaria y poseedora del inmueble Reforma Agraria edificio exterior 48, interior 7, colonia Unidad Habitacional Fovissste Las Águilas, Cuernavaca, Morelos y para probar la propiedad de los bienes embargados. Por cuanto a la copia simple de la credencial para votar de la quejosa, si bien, tiene valor de indicio, al relacionarla con la diligencia de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, en la que la actuaria asentó que CLEOTILDE BAILÓN BARRERA, se identificó con la credencial del "IFE original 0000072899302" datos que corresponden a la fotocopia simple que fue exhibida por la quejosa, razón por la cual se le otorga valor de indicio; sin embargo, no es un documento idóneo, por sí mismo, para acreditar ni siquiera que el domicilio que aparece en la credencial corresponda al de su titular, mucho menos es eficaz para demostrar que la quejosa es la propietaria o poseedora del inmueble que aparece en dicho documento. Sirven de apoyo a la anterior la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la Novena Época con número de registro 167262, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: VI.1o.C. J/26, página: 986 del rubro y texto siguiente: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." Así como la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, en la Novena Época, con número de registro: 194372, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia(s): Común, Tesis: XIV.3o.3 K, página: 1392 del rubro y texto siguientes: "DOMICILIO, LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO HACE PRUEBA PLENA DEL. SÓLO SE LE DEBE OTORGAR VALOR INDICIARIO. La credencial de elector con fotografía no es un documento público idóneo para acreditar el domicilio de una persona; debe ser adminiculada con otras pruebas de las permitidas por la ley, que demuestren que la oferente realiza sus actividades cotidianas en el mismo domicilio que indica la documental, debido a que los registros del Instituto Federal Electoral se forman con los datos proporcionados por los ciudadanos que acuden al mismo a pedir su anotación; sin embargo, la verificación que practica la autoridad electoral de los datos que se le proporcionan sólo puede entenderse para efectos del propio registro, no así para hacer prueba plena ante autoridad diversa como serían los órganos jurisdiccionales respecto de los domicilios de los electores, ya que ningún precepto legal apoya tal eficacia, que no debe entenderse comprendida en la naturaleza pública de dicho documento, pues ello a lo sumo acreditaría que ante dicho registro determinada persona manifestó tener el domicilio que se indica en su credencial de elector y, en su caso, que ante el mismo presentó determinada constancia tendiente a acreditarlo, mas ese registro no sustituye la potestad jurisdiccional de examinar el alcance y valor probatorio de tales elementos justificativos, cuya eficacia sólo a ésta corresponde establecer dentro del procedimiento en el que se cumplan sus formalidades esenciales; razón por la cual la credencial mencionada no hace prueba plena del domicilio de la persona, según lo pretende la oferente y es correcto que el juzgador únicamente le otorgara el valor de indicio." También sirve de sustento al criterio sostenido la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de la Novena Época, con número de registro 176204, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia(s): Civil, Tesis: IV.2o.C.42 C, página: 2438 del rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO ES APTA PARA DEMOSTRARLA. El solo hecho de que en la credencial de elector aparezca el domicilio del bien inmueble del que una persona se ostenta poseedor, no tiene el alcance de probar que el titular de ella sea poseedor del domicilio que en esa tarjeta se asienta, sino, a lo más, que habita en él, lo que es insuficiente para demostrar que tiene una posesión jurídica." Por lo que respecta a la copia simple de la credencial para votar de José Emilio Bajonero Rodríguez, dicho documento por su naturaleza y datos que contiene no es idóneo ni eficaz para demostrar que la quejosa es la propietaria o poseedora del inmueble ubicado en calle Reforma Agraria edificio exterior 48, interior 7, colonia Unidad Habitacional Fovissste Las Águilas, Cuernavaca, Morelos, ni la propiedad a su favor de los bienes muebles embargados. De lo expuesto, es factible concluir que las pruebas que exhibió la quejosa no son idóneas tampoco eficaces ni suficientes para acreditar que es la propietaria o poseedora del inmueble ubicado en calle Reforma Agraria edificio exterior 48, interior 7, colonia Unidad Habitacional Fovissste Las Águilas, Cuernavaca, Morelos, ni para demostrar la propiedad a su favor de los bienes muebles embargados. En ese tenor, no opera la presunción que contenida en el artículo 976 del Código Civil del Estado de Morelos que establece: "ARTICULO 976.- PRESUNCION EN FAVOR DE POSEEDOR DE BIEN INMUEBLE. La posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles que se hallen en él." Lo anterior es así, porque las pruebas que ofreció la quejosa en el presente juicio de amparo, como se estableció en los párrafos que anteceden, no acreditan la propiedad de los bienes embargados ni en su caso que sea la poseedora del inmueble ubicado en calle Reforma Agraria edificio exterior 48, interior 7, colonia Unidad Habitacional Fovissste Las Águilas, Cuernavaca, Morelos; lo que resultaba necesario; de ahí que se insiste al no ofrecer alguna tendiente a acreditar la propiedad de los bienes embargados en el juicio ejecutivo mercantil 39/2016, a efecto de demostrar una afectación a su esfera jurídica causada con motivo de los actos reclamados, pues en el caso particular tiene la carga procesal de demostrar su afirmación de ser la propietario de los bienes sobre los que recayeron los actos reclamados, a efecto de establecer que dichos actos afectan su interés jurídico; no obstante ello, se reitera, la quejosa no demostró la propiedad ni la posesión de los bienes embargados y por ende su interés jurídico. En mérito de lo expuesto, al no haber demostrado la quejosa su interés jurídico para acudir a la presente instancia constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de amparo; de ahí que debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de dicha ley, al no quedar acreditado, para efectos exclusivos del presente juicio de garantías, que la quejosa es la propietaria o poseedora del inmueble ubicado en Reforma Agraria edificio exterior 48, interior 7, colonia Unidad Habitacional Fovissste Las Águilas, Cuernavaca, Morelos ni de los bienes embargados. En ese orden de ideas, no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados al haberse tornado improcedente el presente juicio de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 335, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS 1776/2017-IV, promovido por CLEOTILDE BAILÓN BARRERA, en contra de los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, que se reclamaron al Juez de Paz Municipal de Cuernavaca, y Actuaria adscrita al mencionado Juzgado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así mismo, en cumplimiento del acuerdo general 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a sentencias dictadas por en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hasta hoy veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron. DOY FE.

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